martes, 19 de septiembre de 2017

EL VALOR DE LA LEY

España es un país complejo, con un pasado complejo y compuesto de territorios complejos.  Mucha gente piensa diferente y hay ideas diferentes para casi todo.   Tenemos coletivamente un pasado turbulento, con una terrible guerra civil cuyos ecos todavía se escuchan, y una dictadura muy larga de un tipo sanguinario que murió en el poder.    Además,  hemos visto como algunos de nuestros representantes políticos desde la Transición han perpetrado delitos de corrupción, han manipulado la Justicia, se han comportado en demasiadas ocasiones de manera indigna y no han actuado en beneficio de todos sino solo de algunos.   A pesar de todo ello, somos un país de los más desarrollados del mundo, gozamos colectivamente de derechos y libertades que en muchos otros lugares ni sueñan, y además tenemos paz.    La fuerza que está detrás de esas ventajas, de ese marco privilegiado de convivencia, es la ley.    Una ley que es democrática, con todas las imperfecciones que se quiera apuntar.   Pero si la ley emana de un Parlamento de todos, sobre la base de una Constitución votada por todos, la ley es legítima y hay que obedecerla.   Podría decirse que el respeto colectivo a la ley es garantía de seguridad y progreso en nuestro futuro y el de nuestros hijos.    Claro que hay leyes injustas y algunas personas en España han conseguido una protección superior que el resto frente a las infracciones de la ley.  Por eso hay que tener una actitud crítica hacia la ley, buscando su mejora, y siempre vigilante ante quienes tienen poder para abusar.    Y hemos de ser conscientes de que podemos cambiar las leyes (incluida la Constitución) para que sigan siendo expresivas de la voluntad colectiva, pero es difícil concebir una libertad para todos fuera de la ley.  

Los fiscales tenemos una vocación que puede sintetizarse en la de defender la ley y exigir su aplicación.   Todo el mundo tiene que respetar la ley, pero los fiscales trabajamos para exigir que la misma se respete, como garantía de la libertad de todos y de la existencia de nuestra democracia.   Hay gente que este oficio le gusta y gente que no, pero eso es lo que hacemos: estudiamos las leyes y exigimos que se apliquen.    Ello no es incompatible con que nos gusten mucho o poco los dirigentes políticos, los gobiernos, nuestros jefes en la fiscalía o la línea más o menos politizada de la institución.      Mas o menos lo mismo que pasa a numerosos ciudadanos.    Pero por encima de ello, los fiscales buscamos la aplicación de la ley que ha de hacerse siempre en la más justa de las interpretaciones.

Lo que ha ocurrido en Cataluña, lo que está ocurriendo, es indudablemente una cuestión política, pero ha llegado un punto en que por algunos (o muchos) se ha decidido quebrantar la ley y por eso la Fiscalía debe actuar.  La ley ha de ser protegida y ese es el trabajo de la Justicia, constituyendo un delito para un fiscal no perseguir los delitos que se comentan.   Para justificar la vulneración de la ley se habla de derechos internacionales o subyacentes, o derechos naturales a decidir; pero oigo esos argumentos mucho más desde sectores políticos concretos o desde la ignorancia de las normas, que desde ámbitos jurídicos.    En mi opinión, esos supuestos derechos chocan  con la ley (por lo que dificilmente son derechos reconocibles en Tribunales nacionales o internacionales), y eso como fiscal es lo importante, aunque también chocan con el sentido común: el derecho a decidir de algunos se enfrenta con el derecho reconocido en la Constitución a decidir de todos por lo que es dificil que el conjunto quiera reconocer ese derecho únicamente a un sector de la población.   De todos modos, aquí las razones políticas son muchas y muy diversas y todas son legítimas, pero hay que respetar la ley.


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