DESPERDICIO DE RECURSOS EN LA JUSTICIA

La estructura de los recursos en el proceso penal ha variado sustancialmente en nuestro país desde 2015.   Rige actualmente la doble instancia penal en la generalidad de los asuntos, y además todos ellos tienen potencialmente acceso al recurso de casación con diverso alcance.   Todo está bien y es la respuesta lógica que se da a una exigencia -tanto tiempo postergada- de garantizar un justo proceso.  Pero la realidad es que con este sistema competencial, demasiados jueces invierten demasiado tiempo en la resolución de cada asunto, que tiene ahora dos o tres instancias.  Así, en el caso de delitos castigados con penas de más de cinco años de prisión, tres magistrados conocen del asunto en primera instancia; otros tantos, abordarán el asunto en apelación; y por último, cinco magistrados cerrarán jurisdiccionalmente el asunto en casación.   El mayor atasco o carga de trabajo está ahora en las Audiencias Provinciales, donde se ha mantenido la competencia objetiva para conocer en primera instancia de asuntos con penas que superen el umbral de los cinco años de prisión, y además se añaden las apelaciones de las sentencias dictadas por órganos unipersonales.   Personalmente me parece que al aumetar las garantías incrementando el número de instancias, habría que aumentar las competencias para el enjuiciamiento en primera instancia de los jueces de lo penal (al fin y al cabo, un solo juez, lo que permite más fácilmente la creación de juzgados) y reservar las Audiencias para los delitos más graves en primera instancia y desde luego para las apelaciones.   Que once magistrados (3 AP+3 TSJ+ 5 TS) deban estar encargados de resolver el enjuiciamiento de cada delito castigado con pena superior a cinco años me parece un desperdicio de recursos escasos.  Habría que optimizar recursos, en mi modesta opinión, sin merma de garantías.  Y eso es perfectamente posible hoy día.