REUNIÓN DE LA APIF CON EL MINISTERIO DE JUSTICIA

La dirección de la APIF se ha reunido esta mañana con el Ministro de Justicia y su equipo.   Un hombre cordial, correcto, sin regatear el tiempo que nos ha concedido.   Bien.   Es consciente -y nosotros- de que el tiempo que queda de legislatura no es largo, y que grandes cosas no podrán ya realizarse.   Pero aventura reformas en la LECr., en la LOPJ y en el Código Penal, si bien no de la entidad que planeaba su antecesor.   Le hemos planteado una serie de reclamaciones profesionales que parten -en su mayoría- de unos presupuestos: que no sean caras, que sean de su competencia y que sean de tramitación sencilla y rápida.   Están colgadas en la página de la APIF.    ¿Mi impresión?  Llevo ya conocidos varios ministros (el ver sus retratos colgados me hace tomar conciencia de los años que han pasado).   Y no tengo buenos recuerdos de casi ninguno.   Dicen, sonríen, anotan, prometen, pero luego no cumplen o hacen lo contrario de lo que prometieron.   Ojalá éste sea una excepción, pero habrá que esperar para juzgar.

LA CARNE

Mantenerse firme frente a las presiones del Gobierno no garantiza un buen FGE.  Pero sin mantenerse firme ante esas presiones es imposible ser un buen FGE.   El nuestro, afortunadamente, parece que está aguantado este bochornoso espectáculo de especulaciones y anuncios sobre la actuación de la Fiscalía.   Es muy difícil mantener la imparcialidad cuando te van dando la matraca sobre lo que tienes que hacer.   Al final no sabes si lo que tienes jurídicamente que hacer realmente lo haces porque lo tienes que hacer o porque te presionan para que lo hagas.   Las declaraciones de una líder del PP anunciando la querella de la Fiscalía contra el Presidente de la Generalidad castigan la imagen de imparcialidad de la Fiscalía.  Especialmente si -como señala El Mundo a través de la siempre bien informada María Peral- esa líder política es "la encargada de escenificar las prisas con las que quieren actuar el Gobierno y el partido".   Supongo que el FGE está soportando una fuerte presión estos días. Por el bien de la Fiscalía, debe aguantarlas; debe dejar que los profesionales que él mismo ha nombrado en los puestos claves afectados por la tormenta hagan su trabajo con criterios estrictamente profesionales.    El ideal hubiera sido que en estos años la imagen de la Fiscalía hubiera crecido en autonomía respecto de los poderes políticos y económicos.   Eso no tiene ya remedio, pero ahora hay que dejar las cosas claras. Y lo que diga el Gobierno, o la oposición, o el partido del Gobierno o cualquier político, será muy respetable, pero los profesionales deben actuar con criterios profesionales, siempre por esos criterios y solo por esos criterios.  Ayer las declaraciones de Eduardo Torres Dulce me gustaron porque dejaron claro que serán los hechos los que determinen si hay "carne de proceso penal, o carne de archivo" y que esa decisión sobre la clase de carne la tomará la Fiscalía con objetividad e imparcialidad.   Veremos.

EL CURSO DEL CONSEJO FISCAL

Hace unos meses la APIF organizó un curso sobre la defensa de los derechos de los fiscales en tanto que funcionarios públicos.   La necesidad del curso era palmaria, ya que se habían producido una serie de barbaridades en el seno de la Carrera fiscal para con los fiscales: desde que no se conteste a las quejas de los fiscales, a que se sostenga una distribución de trabajo de un fiscal jefe con la oposición de más del 80 por ciento de la plantilla, a la arbitrariedad en los nombramientos (cuotas, opacidad, argumentos como "la personalidad" de un candidato para elegirlo), cierre sistemático de filas con la jerarquía de la Carrera, hasta culminar con la expulsión de un fiscal por faltas inexistentes según declaró más tarde la jurisdicción contencioso administrativa.   Y todo ello sin mover un pelo.    El presente Consejo Fiscal llegó a sostener por unanimidad que la reclamación de un Fiscal por una decisión de su fiscal jefe relacionada con la asignación de un lote de trabajo que consideraba arbitraria no era recurrible ante los Tribunales.    Y todo ello mientras la opacidad en el funcionamiento de la institución es inaceptable para estado democrático, sin que los vocales electos se planten contra este estado de cosas.   Le pregunté el otro día al FGE las razones por las cuales la Fiscalía había quedado excluida de la Ley de Transparencia, sin que supiera darme explicaciones.  Ahora el Consejo Fiscal organiza un curso que lleva por título "El Consejo Fiscal y la defensa de los derechos estatutarios de los fiscales. Perspectivas de futuro".  Pero el curso es muy diferente del de la APIF.  Son ponentes la mayor parte de los vocales del presente Consejo y algunos de los anteriores.    Además de asociados relevantes de AF y UPF.   Pero no han invitado a ninguno de los dos asociados de la APIF que se han visto obligados a litigar en los Tribunales contra decisiones avaladas por el Consejo Fiscal, lo que les hace consumir tiempo, intranquilidades y dinero, ni tampoco a ningún representante de esta asociación para exponer allí nuestras quejas sobre como se lo montan.   Debemos recordar que esto es un curso institucional, no es un curso de amigos o un curso organizado por una asociación.  Que tiene interés para todos los fiscales, no solo para quienes forman parte de la jerarquía de la Carrera.   Por eso, con todo afecto, la APIF ha enviado al Director del curso, con copia al Fiscal General, una carta quejándonos de estos extremos.    La carta está publicada en la web de la APIF.

Mientras no se acepte que la Fiscalía está al servicio de la sociedad y no pertenece a unos pocos, vamos a estar de uñas.

COMUNICADO ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

Con la esperada ausencia de APM y AF (gobierna quien gobierna, no lo olvidemos), las demás asociaciones profesionales de jueces y fiscales han suscrito un Comunicado que recoge una serie de puntos en los que ha habido consenso en la lucha contra la corrupción.  Tal como yo lo veo el Comunicado es una señal de alarma a la sociedad del sistema judicial y fiscal que padecemos en España, una protesta contra la politización de la Justicia (que firma incluso JD, asociación por la que tengo auténtica simpatía, pero que tantas veces ha estado representada en el CGPJ a instancia de los partidos políticos progresistas).    Creo que hace falta adoptar las medidas que pedimos muchos jueces y fiscales en ese Comunicado, y también algunas más.  Algunos creen que es mejor ponerse de perfil y "ser fuertes".    Se equivocan.

COMUNICADO DE ASOCIACIONES JUDICIALES Y FISCALES CONTRA LA CORRUPCIÓN

La sociedad española atraviesa por una situación de máxima alarma ante las continuas noticias sobre casos de corrupción política que nos sobresaltan en los últimos tiempos. Las asociaciones de Jueces y Fiscales no pueden permanecer ajenas a esta grave situación y han convenido emitir el presente comunicado, apelando a la lealtad institucional y sentido del deber y responsabilidad constitucional de los poderes públicos para, de una vez por todas, atajar esta situación. Los continuos episodios de corrupción política que han visto la luz en los últimos tiempos socavan la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema democrático y generan un evidente riesgo de colapso de nuestro Estado de Derecho.

El desarrollo del modelo constitucional de Poder Judicial realizado por las sucesivas legislaturas democráticas ha ido pervirtiendo el modelo de separación de poderes que toda Constitución debe salvaguardar, tratando los partidos políticos -de uno y otro signo- de preservar relevantes facultades de control sobre quienes eventualmente tienen el deber juzgarles. Igualmente, el presupuesto destinado a Justicia dista mucho del existente en países de nuestro entorno. La consecuencia que de ambas circunstancias se deriva no es otra que el debilitamiento del Poder Judicial, único garante de corregir las desviaciones de poder, que con escandalosa frecuencia avergüenzan a la sociedad española. Sin embargo, la responsabilidad de la necesaria regeneración democrática no puede recaer en exclusiva en la Justicia penal. El Derecho penal es una herramienta necesaria e ineludible para la lucha contra la corrupción, si bien son precisas medidas en otros ámbitos, así como la implicación de la totalidad de los poderes públicos del Estado.

Por ello, las asociaciones firmantes entienden que resulta necesaria la adopción de las siguientes medidas:

* Evitar inaceptables injerencias del poder político en la elección de los integrantes del órgano de Gobierno del Poder Judicial.

* Incremento inmediato del presupuesto destinado a Justicia, equiparando el número de Jueces y Fiscales en España a la media europea.

* Dotación de medios materiales adecuados a los funcionarios públicos con competencias en la lucha contra la corrupción, reforzando especialmente el auxilio de los órganos judiciales y fiscales que investigan causas de este tipo (unidades de Policía Judicial, de auxilio de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado).

* Instauración de un nuevo modelo procesal penal, apto y eficaz para combatir las formas de criminalidad del siglo XXI y, especialmente, los complejos casos de delincuencia organizada y corrupción.

* Revisión del Código Penal a fin de sancionar como delito la financiación ilegal de partidos políticos.

* Mejora de la eficacia de la lucha contra el fraude fiscal, con el consiguiente incremento de medios personales y materiales en la inspección de la Agencia Tributaria.

* Reducción del número de aforados en el ámbito político y limitación de su aforamiento a los delitos cometidos en el ejercicio del cargo.

* Reforma de la Ley del Suelo y de las leyes que regulan la contratación pública para lograr una mayor transparencia en su ejecución.

A 5 de noviembre de 2014

Suscriben:

Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria

Asociación Profesional e Independiente de Fiscales

Foro Judicial Independiente

Jueces para la Democracia

Unión Progresista de Fiscales

LUIS NAVAJAS, TENIENTE FISCAL DEL TRIBUNAL SUPREMO

El FGE con el voto favorable de los vocales de la AF propuso ayer al Gobierno en nombramiento del fiscal Luis Navajas como número 1 de la Carrera Fiscal.   Todo lo que rodea este nombramiento me parece positivo.    Por un lado, Luis -que ha sido mi jefe desde hace ocho años- es un fiscal de gran categoría, un fiscal cuya independencia y al mismo tiempo lealtad a la Institución y a la ley valoro especialmente; y además un tipo muy llano, con gran sentido del humor, no interesado desde siempre en las historias de la política en la Fiscalía y preocupado mucho más por cada fiscal que por su adscripción ideológica.  Por tanto, alguien ideal para el puesto al que hoy ha sido promocionado.   Luis prestigiará a la Fiscalía General y también al Fiscal General.   Además, me encanta que la AF, finalmente, haya decidido, en un puesto fundamental en la Fiscalía, no apoyar a un candidato salido de entre sus filas por el mero hecho de serlo.   Luis era el más antiguo y competía con otros candidatos asociados a la AF.  Han apoyado a Luis unánimemente.   Pues me parece estupendo como signo de que algunas cosas pueden empezar a moverse, al menos si se compara con el tremendo Consejo anterior.    Desde luego no voy a pensar que después de tantos años de hacerse sistemáticamente lo contrario en las asociaciones dominantes, las cosas ya han cambiado.   Pero esto es un gesto espléndido que elogio sin reservas: no es un puesto cualquiera, es el número 2 del FGE.   Y este es el camino, que seguido durante algunos años, haría que la Fiscalía recuperara ciertas pulsiones que hoy se han perdido.    Una buena noticia

EL PEOR PROBLEMA DE LOS FISCALES

Entre la castrense estructura del Ministerio Fiscal español y la ausencia absoluta de garantías internas de que las reclamaciones de los fiscales serán examinadas y resueltas imparcialmente, el mayor problema que afrontan los fiscales en su quehacer diario es el de la distribución de trabajo.   Esa es una cuestión responsabilidad de los fiscales jefes, pero que al mismo tiempo sirve para medir su talla o su falta de ella.   El Consejo Fiscal suele hacer bloque con los fiscales jefes.  Eso es lógico en una Carrera en la que la jerarquía la componen en su mayoría asociados a los dos asociaciones que copan el Consejo Fiscal desde hace más de treinta años.  Han llegado a decir incluso, hace solo unos meses ante el recurso de un compañero, que las distribuciones de trabajo cuando son cuestionadas por los fiscales, no son recurribles ante los Tribunales.     Sin reparar sin duda en que una distribución de trabajo arbitraria es capaz de ser causa de acoso laboral; que ligada a la distribución de trabajo hay cuestiones esenciales, tales como la conciliación de la vida familiar y laboral (una broma para muchos fiscales que durante las noches o los fines de semana terminan de despachar el papel que les entra); o que pueden afectar a la salud y el equilibrio psíquico; o a la dignidad profesional; o al nivel del servicio que se presta (no es lo mismo calificar diez causas al mes, que calificar setenta) y también en ocasiones a los ingresos de los fiscales.  Porque una mala distribución del trabajo en una Fiscalía, permitiendo que unos pocos fiscales, en general más antiguos, se beneficien de la mayor cantidad de trabajo que se asigna a otros, determina que en caso de vacantes a cubrir por sustitución los más cargados no puedan materialmente hacer ese trabajo extra, que es retribuido.   Esta falta de compañerismo, que es un mal endémico en la Carrera, no se debería  tolerar ni un día más.   Si hay Fiscales Jefes que se ven incapaces de organizar equitativamente el trabajo de su Fiscalia, han de ser removidos porque esa es su primera obligación.  Y nunca renovados, razón por la cual considero esencial que antes de una renovación la plantilla sea oída en votación secreta.  Y si el Consejo Fiscal es incapaz de ser un árbitro imparcial en esta materia, hay que ir a los Tribunales (que se puede, esto sigue siendo incluso para la Carrera Fiscal un Estado de Derecho). Si una mala o injusta distribución de trabajo provoca depresiones, bajas, o menosprecio profesional, hay que empezar a denunciar (hay varias vías para ello).   Hay que agruparse sin miedo y denunciar.   La situación en la que viven demasiados fiscales es vejatoria y ofende al compañerismo.  Y no hay normas internas ni para establecer repartos ni para garantizar la equidad en los lotes.

Solo solucionando ese problema, o al menos, solo haciendo valer nuestros derechos al respecto, la Fiscalía mejorará.   Solo así podrá distribuirse la productividad equitativamente; solo así podrá recuperarse el sentido del compañerismo.   Y solo así muchos fiscales empezarán a sentirse otra vez partícipes de una tarea común.  

EL FISCAL GENERAL SE MUEVE A SOLICITUD DE LA APIF

Hay una enorme cantidad de cosas que hacer para mejorar la vida profesional de los fiscales y para darles unas garantías mínimas en su trabajo.  Eliminar la arbitrariedad es una de ellas.   La arbitrariedad es algo íntimamente ligado a la falta de transparencia, y si algo no hay en la Fiscalía es efectivamente, transparencia.   Pues bien, la APIF está trabajando intensamente en mejorar aspectos básicos en el funcionamiento de la Fiscalía.  Entre ellos, introducir con normalidad el derecho administrativo para los fiscales, crear condiciones para que puedan impugnarse las resoluciones que nos afectan, acabar con la opacidad y crear -si crear, porque la Fiscalía hoy está más anclada en la época preconstitucional que en el siglo XXI- una Institución donde todo el mundo sepa que puede hacer, que puede hacer la jerarquía, y como defenderse de los abusos.   En esta línea está la iniciativa de solicitar al FGE la creación de un Protocolo de actuación en casos de abusos laborales y sexuales, y de conciliación de la vida profesional de los fiscales.  Nos gusta como fiscales que el FGE se mueva en esta dirección.   Haremos muchas más cosas, porque el trabajo que hay delante es enorme. Y recordamos a los fiscales que todos somos necesarios y bienvenidos en esta tarea tan compleja.

UN ASUNTO CAPITAL PARA LA CARRERA FISCAL

En el TSJ de Las Palmas se está dirimiendo un asunto que es capital para la Carrera Fiscal y también para la Fiscalía.  Se trata de un recurso contencioso administrativo que un competentísimo fiscal especializado en la materia ha planteado contra una distribución de trabajo acordada por el Fiscal Jefe.   El asunto tiene tela.   El Fiscal Jefe asigna un lote de trabajo a un fiscal que no lo había pedido habiendo otro compañero (el recurrente) interesado, sin oír a la Junta de Fiscales y luego, tras ser requerido a convocarla, sin permitir la votación.   Se desoyen por la Jefatura las solicitudes realizadas por el fiscal interesado a pesar de que con posterioridad a la asignación se aprueba en Junta unas reglas de distribución de lotes de trabajo que el Jefe se niega a aplicar al caso en cuestión.   El compañero agraviado recurre en alzada ante el Fiscal Jefe del TSJ de Canarias  en noviembre de 2013, con un escrito que debe servir de modelo de impugnación de este tipo de cuestiones para los Fiscales.   A la Junta se la oye votando, lo que es natural tratándose de un órgano colegiado (art. 26.4 de la Ley 30/1992 y 24.2 del Estatuto de Ministerio Fiscal).  Pero algunos Jefes creen que oír a la Junta es solo escuchar unas opiniones.  Con eso parece que les basta.   El recurrente se queja con abundancia de razones de ese modo de proceder, incluyendo varias vulneraciones individuales y orgánicas, que detalla minuciosamente.

La Inspección Fiscal (en consulta elevada por el Fiscal Jefe sobre quien era competente para conocer de la alzada) decidió que el asunto debía ser resuelto por el Consejo Fiscal, que se pronunció sobre la cuestión.  Y el Consejo Fiscal, en su habitual y cerrada defensa de la jerarquía, decide por unanimidad que "la decisión adoptada por el Fiscal Jefe..., no constituye en si mismo un acto o resolución administrativa susceptible de recurso en la vía administrativa, en los términos que determina el art. 107.1 de la LRJ-PAC, sino únicamente, de revisión dentro de la propia organización interna del Ministerio Fiscal...", señalando que no hace falta Junta para distribuir el trabajo entre los fiscales, y también que "a los meros efectos dialécticos" aún cuando debiera ser oída la Junta antes de tomar la decisión de sustituir o cambiar a fiscales en los lotes de trabajo, se trataría de una mera irregularidad subsanable a posteriori.  Por inmensa mayoría (11 votos a 1) se considera en el Consejo Fiscal que la decisión del Jefe no es contraria a la equidad, ni arbitraria ni irracional.

Y lo mejor de todo: el Consejo Fiscal (formado por los "defensores de los fiscales", que elegimos nosotros para que velen por nuestros derechos) considera por unanimidad que estas cuestiones afectan a la organización interna del Ministerio Fiscal "sin que puedan resultar fiscalizables en la vía jurisdiccional".

Unos campeones.

Afortunadamente, parece que están equivocados, y que si pueden ser fiscalizables estos actos en vía jurisdiccional.  Y ojalá el compañero gane su recurso y haga descender un poquito a la jerarquía de la Carrera al mundo de los derechos y garantías profesionales.

¿CAMBIAR AL FGE?

Leo -y me dicen que la noticia está bien construida y contrastada- un artículo en el periodico digital vozpopuli en el que se habla de "encontrar una salida digna" al FGE para nombrar a otro fiscal "con una voluntad más decidida y menos titubeante que Torres-Dulce, y, desde luego, con mayor sintonía hacia el departamento ministerial".  

Me alarma enormemente que esto pueda ser cierto aunque ya digo que me aseguran que la noticia la han contrastado bien.   El FGE es nombrado por el Gobierno y eso es ya un lastre para su credibilidad.   Pero desde hace unos años se estableció para el mismo un plazo de actuación como garantía para su actuar imparcial.   Ese plazo coincide con la legislatura y por tanto no le pueden echar.   No es una cuestión de salidas dignas, es que no pueden.    Si ese es el punto de partida para establecer una relación de diálogo y consenso, que es lo que ayer nos prometió el nuevo Ministro de Justicia en la toma de posesión de su equipo, vamos mal.    Con todas las discrepancias que yo pueda tener con el FGE, me parecería inadmisible una maniobra para echarle antes de que su plazo venza y un retroceso grande para la Fiscalía y para la credibilidad de la Justicia española.    La ventaja es que no pueden hacerlo sin contar con la anuencia del afectado, y en este tema, puede estar seguro el lector que yo cierro filas con el FGE (y no estará solo conmigo, seguro) si decide aguantar.

CONCURSOS DE TRASLADO

Hay un serio problema en la Fiscalía (uno de tantos) que la jerarquía no encuentra como soluicionar.  Se trata de los concursos de traslado.  Hubo un tiempo en el que había un gran número de vacantes en la plantilla, de manera que podían convocarse concursos cada tres o cuatro meses y la gente podía moverse de donde está.   Hoy la plantilla está bloqueada y casi nadie se puede mover.  De hecho el sistema de concursos a resultas solo permite el cambio de los fiscales que quieren irse a otro sitio donde un fiscal deja vacante por haber encontrado hueco en otro lado.  La movilidad es mínima.  Y ello supone principalmente para los fiscales más jóvenes un grave perjuicio ya que llegan forzosos a un sitio y de ahí -les vaya bien o mal- no pueden salir.    Hay que pensar en soluciones a este problema.    Si se pudiera crear en cada Fiscalía una serie de plazas "flotantes", de manera que hubiera plazas que permitieran a los fiscales salir de esa Fiscalía y llevarse su nómina a la Fiscalía de destino, quedaría un hueco a ser cubierto por otro fiscal que a su vez pudiera llevarse también sus derechos económicos.   Habría que fijar un máximo de incorporaciones en las Fiscalias (un porcentaje máximo de la plantilla) para evitar que algunas se rellenaran a costa de otros.   Pero de esta manera podría haber movilidad.   No creo que sea complicado (conceptualmente es bastante sencillo), pero se trata de que importe algo que la plantilla pueda trabajar en condiciones satisfactorias aunque haya que dedicar unas horas a diseñar el sistema.   Podría tambíén estudiarse un sistema de intercambios de plazas entre fiscales con audiencia a otros fiscales interesados, como ocurre en otros cuerpos de la administración.  

Está claro que la plantilla bloqueada, en una institución en que las jubilaciones son mínimas en relación con el volumen de gente joven, genera una serie de problemas que solo importan a quien los padece, pero es que a veces se padece mucho por ello.

CON LOS FISCALES DE LAS PALMAS

Me fui ayer a la Fiscalía de Las Palmas a estar con los nueve compañeros que se han unido a este proyecto de cambio en la Justicia que es la APIF, y con otros fiscales de esa ciudad.   Tengo la sensación de que ahora va empezar una nueva época en la Fiscalía.   Son fiscales con ganas de cambiar, con ganas de acabar con la arbitrariedad, con la politización, con el miedo para decir lo que en realidad consideran que pasa y con ganas de cambiar las cosas y además fiscales con larga experiencia en el oficio.    Treinta años de lo mismo, es decir, de una alternancia de influencias y de composición de la jerarquía por parte de la AF y de la UPF (según gobierne el PP o el PSOE) han dejado las cosas muy claras: la Fiscalía no está bien, más bien está cada vez peor, las condiciones de trabajo de los fiscales no mejoran o empeoran, algunas jefaturas se ejercen de manera absolutamente contestada por la plantilla, que no puede hacer nada para hacer valer el sentido común o simplemente los derechos de cada cual y que cuenta con el respaldo de la jerarquía y del Consejo Fiscal que supuestamente está para defender a los fiscales que lo elegimos.   El sistema disciplinario sin garantías de ningún tipo, los salarios bajos, la categoría tercera vigente con lo que muchos fiscales hacen exactamente lo mismo que sus compañeros pero cobrando mucho menos.   Obligaciones impropias de fiscales como la estadística se mantienen y potencian; ningún poder existe internamente que sea contrapeso al poder de la jerarquía, ninguna defensa interna frente a posibles abusos.   Opacidad en las decisiones que nos afectan, falta de motivación en los actos del Consejo Fiscal o del FGE; imposibilidad de cambiar de destino por bloqueo de la plantilla y desinterés en crear alternativas que permitan cierta movilidad.    No tiene la jerarquía, como si todavía fuéramos aquí 1000 fiscales como hace 35 años, interés en que cambie nada.   Eso sí, cuando llegan las renovaciones de sus cargos, oye, se activan como campeones.    Todo esto no puede seguir así en nuestra opinión.  Por eso, cuando la APIF (que es naturalmente compatible con cualquier ideología individual, pero abiertamente hostil a la politización de la Justicia) recibe la incorporación de varios compañeros que dicen: "estamos aquí para ayudar a cambiar esto en beneficio de todos", pues uno cree que quizá estamos en el principio del cambio esperado.