SE HAN OFENDIDO

Sendos comunicados de hoy, de vocales de la AF y del Secretariado de la UPF evidencian que no les gusta mi estilo de dación de cuentas de lo que ocurre en el Consejo Fiscal. Y bien que lo siento. Deben entender que llevo poco tiempo en el Consejo, y que todavía no me he acostumbrado a ciertas cosas: a los abusos del poder, a los tejemanejes, a la docilidad con la jerarquía, al sectarismo, a la sumisión al Gobierno de turno, a la cobardía..., en fin, sobre todo, que no me he acostumbrado a callarme cuando tenido el honor de ser elegido por mis compañeros. Así que me parece que tendremos que seguir teniendo paciencia: yo, con ciertas cosas que se hagan en la Fiscalía; y algunos, con tener que oir mi opinión sobre ellas.

LA APIF Y LA DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la tercera asociación (en número) de la Carrera Fiscal. Pero es una asociación creo que diferente. Porque tiene dos objetivos que son convergentes: la consecución de la despolitización de la Fiscalía y de la Justicia en España, y la defensa de los derechos profesionales de los fiscales. Esos derechos están amenazados, precisamente, por el alto grado de politización de la Fiscalía, que subordina las cuestiones profesionales a los intereses políticos de quienes la gobiernan. Así, a la Fiscalía le es vital tener un presupuesto propio para mejorar sus prestaciones, pero a la política le conviene que no lo tenga para poder seguir controlándola; a la Fiscalía le conviene que los mejores y más competentes ocupen los puestos de mayor responsabilidad, pero a la política le conviene que quienes los ocupen sean los más fieles y leales a sus intereses; a la Fiscalía le conviene que se garantice una actuación imparcial de la Fiscalía, pero al poder político eso no le conviene en absoluto. Y de esa manera, poco a poco, se perpetran atropellos de índole político-profesional que afectan a los fiscales, atropellos que siempre, provengan de gobiernos conservadores o progresistas, encuentran la oposición de la APIF. Esos atropellos, con el tiempo, aumentan en gravedad y en frecuencia. Los casos del fiscal Stampa, o el nombramiento de Dolores Delgado, o la política de nombramientos (de un sectarismo inexplicable) o el diseño y aplicación del sistema disciplinario para la Fiscalía (dirigido a intimidar de manera general mucho más que a reprochar conductas a los fiscales), son fenómenos que evidencian esa tendencia. La APIF tiene mucho trabajo. La nominación de la APIF como finalistas del Premio Hay Derecho (que se decidirá el próximo 27 de octubre) supone un espaldarazo a este modo de actuar asociativamente y al sacrificio y esfuerzo de los fiscales que se unen al proyecto. Y un reconocimiento de muchas personas que quieren ver como las cosas cambian en la Justicia.

LA REVOCACIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DE DOLORES DELGADO

El otro día, en el Ministerio de Justicia, comenté el escándalo de los nombramientos de la Fiscal General que hasta el TS había llegado a anular por arbitrariedad la designación del Fiscal de Menores, y se me dijo desde el Ministerio que "eso prueba que el sistema funciona". Si no fuera tan grave, sería para reirse. No se fijan en que el bloque afín a Dolores Delgado apoye y ascienda a un fiscal de la asociación de Dolores Delgado, desconociendo méritos, capacidades y fijándose en la "capacidad de generar empatía" del elegido, pero se congratulan de que el Tribunal Supremo le de la razón a un recurrente que arriesga sus 3.000 euritos de costas, que tiene que esperar muchos meses a que se resuelva el asunto, y que tiene que afrontar todo tipo de molestias procesales (buscar abogado, jurisprudencia, recopilar documentos, procurador, acudir a Tribunales y demás). Todo para evidenciar una arbitrariedad como las que se producen casi cada vez que hay que hacer un nombramiento importante. También es verdad que como le vas a pedir a un alto cargo del Ministerio que empatice con las víctimas profesionales de la anterior Ministra de Justicia, pero vamos, se trataba de un magistrado de profesión así que ir a la raíz del problema que padecemos no hubiera estado de más. Si los fiscales queremos empezar a respetarnos, deberíamos acabar con este estado de cosas: baremos de méritos, y en igualdad o similitud de los mismos, la antiguedad (que significa entre otras cosas, experiencia) debe prevalecer. No puede ser que se elija al último candidato (de docenas de peticionarios) y decir que se trata de alguien muy competente (o de carácter estupendo) para justificar ese nombramiento olvidandose del resto. Me alegro de que ese compañero haya ganado el recurso, y espero que las cosas empiencen a cambiar.

LA FARSA DE LOS NOMBRAMIENTOS EN LA FISCALÍA

El sistema de promoción en la Fiscalía es, en su conjunto, una farsa. Si por farsa se entiende, como sostengo, "una acción realizada para fingir o aparentar". Aquí estamos ante un sistema pomposo, lleno de trámites a cumplir, pero que intrínsecamente busca poder conferir toda la libertad al FGE para elegir a quien le de la gana para cada puesto. Para contentar a los perjudicados por este sistema, de tanto en tanto, se hacen concesiones, repartiendo un poco. Pero ese reparto está también viciado por la falta de garantías. Vamos a ver: para que haya un sistema objetivo, ha de acreditarse la intención de quien interviene de actuar de manera imparcial y objetiva. Eso está acreditado que no ocurre. Cada asociación presente en el Consejo Fiscal tira para los suyos, y no de ahora, sino desde siempre. Se ha normalizado ese modo de actuar. Además, debería haber unas reglas mínimas de evaluación, un sistema de baremo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos, unas exigencias anunciadas antes para cada puesto que se intenta cubrir. Pues no. Ni la Sección Permanente de Valoración (concebida en 2009 como una aproximación a la valoración de méritos) funciona, ni ha funcionado nunca; ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas. Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto. Es práctica frecuente en estos tiempos que se llame por la Fiscalía General a fiscales para que pidan determinados puestos. Cuando llaman, se sabe que van a ser designados, y por tanto, otros candidatos ya no piden, porque además se hace saber que se ha llamado a tal o cual candidato. Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de constraste. Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto porque hay que incrementar la cuota de mujeres en ciertos puertos, sería un argumento si no hubiera otras mujeres candidatas que la elegida, y especialmente si se anunciara en la convocatoria. Pero no se hace así: en realidad, cuando conviene elegir a una determinada mujer, el argumento del género se hace constar en la motivación. Y si lo que conviene es elegir a un determinado varón, se omite toda referencia al género. Voy, simplemente a título de ejemplo, a comparar un poco las trayectorias de las elegidas en el último concurso para dos plazas en el Tribunal Supremo con algunos datos de otros candidatos. Han sido elegidas las candidatas número 14 y número 24 de entre los peticionarios por orden de antiguedad. La 24 era la última de todos los candidatos. Ellas no tienen ninguna culpa de ser elegidas, vaya por delante, y por lo tanto, las felicito cordialmente. Pero unos datos nos ayudarán a entender porque digo que esto más que un concurso de méritos, es una auténtica farsa y un timo profesional para muchos fiscales. De la número 14 se resalta en la Nota Informativa de la Fiscalía, que es fiscal desde 1989, que desde 2015 está destinada en la Inspección Fiscal, y que fue vocal del Consejo Fiscal entre 2012 y 2014. Se omite que pertenece a la AF, y que aquel fue el famoso Consejo Fiscal autor del atropello que sufrió el fiscal Juan Antonio Frago, al que expulsaron injustamente con el voto favorable del Consejo Fiscal, y que supuso una condena durísima de la Audiencia Nacional a la Fiscalía. Bueno, cosas que pasan. De la número 24, que ingresa en la Carrera en 1994, se resalta que es una superespecialista en violencia de género, algo que sin duda debe ser verdad. Además, es Juez excedente. Los currículums de ambas acreditan que son dos buenas profesionales, pero no se aprecian méritos objetivos tan extraordinarios para superar a 13 y 23 compañeros y compañeras, respectivamente, con más antiguedad en el escalafón. Por ejemplo, la número 24 tiene una única publicación, un artículo publicado en un curso, en 2013. La número 14 recoge tres publicaciones de artículos doctrinales en su CV: el más antiguo de 2006; el más reciente de 2015. Hay candidatos con mucha mas producción científica (por ejemplo, el número 6, que además de haber sido fiscal jefe durante más de 15 años, tiene dos libros publicados, además de más de 10 artículos doctrinales). El numero 4 tiene un curriculum objetivamente mucho mejor. Doctor en Derecho, con amplísima experiencia internacional en la OLAF, y con una variedad en su experiencia (que incluye haber sido profesor asociado de derecho penal muchos años, o acreditar docencia de doctorado en inglés, o varias piublicaciones) incomparable con las elegidas. ¿Que no son mujeres? Vale (aunque esa exigencia hay que avisarla antes del concurso). Pues hay varias mujeres fiscales, de la máxima categoría profesional que ocupan los números 1, 2, 3, 7, 8 y 10, con muchos más años de servicio profesional, con mucho mayores responsabilidades profesionales asumidas (ha habido fiscales jefas en funciones, teniente fiscal durante muchos años de la Fiscalía Anticorrupción, Asistente nacional en Eurojust, o tenientes fiscales de la Fiscalía de Madrid, ni más ni menos) y además con mayor experiencia docente y producción científica. Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad. Si para una plaza hace falta (o se prefiere) alguien que haya pasado por el Consejo Fiscal, por la Inspección o ser una mujer, o una especialista en violencia de género, habría que indicarlo en la convocatoria. De esa manera, podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales. Esta verguenza la llevamos padeciendo décadas. Y es que no basta con resaltar lo brillante que es el elegido: hay que decir porqué es mejor que el no elegido. Especialmente cuando el escalafón nos marca ya un orden. Decir que la mejor es la última de los peticionarios requiere algo más que resaltar sus méritos. ¿O es que los 22 anteriores son unos incompetentes? ¿O es que no le importan a nadie? ¿O es que no tienen las influencias necesarias? ¿A que me voy acercando a la verdadera razón...? Las verdaderas razones de los nombramientos se esconden en muchos casos. Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.

VIVIR INAUGURANDO PANTANOS

 La FGE ha anunciado la firma de un Convenio de Prevención de Riesgos con el Ministerio de Justicia para los fiscales.   En una nota de prensa, indican que se firma el Convenio, "cumpliendo así las previsiones de la ley 31/95, de 8 de noviembre (LPRL)".  Con un par.    27 años de retraso.   Y argumentando ante el Tribunal de lo social que sí había una normativa de prevención de riesgos para los fiscales, al oponerse -la Fiscalía y el Ministerio- a la demanda de la APIF.   

Esto tiene dos aspectos, en mi opinión.   Por  un lado, el desparpajo de presentar como un "paso fundamental para la seguridad y salud de los fiscales" la reversión de una situación creada y mantenida por esta Fiscal General y la generalidad de sus antecesores (quizá con la excepción de Consuelo Madrigal, que quiso firmar un Convenio semejante al de ahora, y el Ministerio del desastroso Catalá lo rechazó), desde el año 1995.   El desprecio sostenido por derechos laborales reconocidos a todos los trabajadores en España, aunque no a los fiscales, ha sido permanente, y solo la actuación enérgica de unos fiscales llevando a los Tribunales a los incumplidores les ha forzado a empezar a asumir sus responsabilidades.

El segundo aspecto a considerar es que, con todos los defectos que tiene el Convenio, es un principio.  El Ministerio y la Fiscalía, por esta vía, reconocen lo que se les reprochaba en la demanda, y se comprometen a empezar a arreglarlo.   Es cierto que se trata de un Convenio que radica en el Ministerio la principal responsabilidad de la prevención de riesgos laborales de los fiscales, algo absurdo en mi opinión porque nuestros riesgos provienen de la asignación del trabajo que nos hace la Fiscalía.   Pero hoy sabemos que Ministerio y Fiscalía, Fiscalía y Ministerio, son entidades hermanas por vía de la muy escasa imparcialidad objetiva de la Fiscal General del Estado.  De manera que si el Ministerio reclama algo para sí, amén por lo que a la Fiscalía General se refiere.   A mandar, Ministra.  Aquí seguiremos inaugurando pantanos.   Y algunos aplaudiendo el corte de la cinta.

 

¿SE LLEVA BIEN CON LOLA?

 Hemos llegado a esto.  Cuando se habla de un aspirante a una plaza, en el legítimo derecho a la promoción profesional en condiciones de igualdad con otros candidatos, lo primero que alguien pregunta es  ¿se lleva bien con Lola? .   Porque esta parece ser la clave.   Después de colocar, con todo tipo de fundamento salvo el mérito y la capacidad en relación a otros candidatos, a un número muy importante de colegas de asociación en la máxima categoría de la Carrera, el resultado de ello es la convicción de que ya puedes ser antiguo, tener méritos en forma de publicaciones, clases, destinos en el extranjero o lo que tu quieras.  Si te llevas bien con Lola tienes esperanzas y si no, pues eso.   Ya no digamos si te tiene algo parecido a la manía.  Hay unos cuantos que parecen estar en esa lista de malditos.

Para mi un Fiscal General y, mirando con mayor amplitud, la misma Institución, debería procurar que los ascensos estuvieran fundados en una objetivación de méritos profesionales, a fin de conseguir que el talento tuviera reconocimiento y premio.   Para eso debería haber interés en generar algo parecido a un sistema objetivo de valoración de méritos.  De la misma manera, las garantías profesionales de los fiscales no deberían verse por la Institución como obstáculos a la actuación libérrima de quien manda, sino como salvaguardias de la correcta actuación del Ministerio Fiscal.   Ya, eso es lo que debería ser.  Pero en la realidad, y así va esto, nada de eso se ve así.   Un antiguo FGE me decía, cínicamente: "Salvador, se puede nombrar a quien te de la gana, en unos meses nadie se acuerda".   Tal cual.  Aquí se ha abusado tanto que claro que nos acordamos, no dan tiempo para el olvido.     Ha llegado a un punto que hay más talento por abajo que por arriba.

¿QUE ESCONDE LA FGE?

 Yo creo que la felicidad por los cargos, en muchas ocasiones, dura poco.  Alegría cuando te nombran, pero luego hay que afrontar muchas dificultades nuevas, especialmente cuando no se está preparado para el nuevo cometido.  Creo que a veces se puede producir infelicidad y ansiedad.  Me llega un artículo de ABC en el que se anuncia que los vocales de la AF en el Consejo Fiscal van a acudir a los Tribunales para reclamar los papeles "secretos" (por decisión de la FGE) relativos al tema de la investigación penal realizada al fiscal Ignacio Stampa.  Hacen bien esos compañeros.   ¿Que esconde la Fiscal General? ¿Porque no pueden conocer los vocales del Consejo Fiscal (y toda la Carrera) las tripas de una investigación penal que concluyó en archivo y que el propio afectado insiste en que se conozca?   Ya sabemos que la mano derecha de la Fiscal General a base de "sugerencias" y dilaciones prolongó la investigación (y el archivo) durante varios meses.  No sabemos -quizá ese es el secreto- cual era el título de actuación del Secretario Técnico en este asunto.  O bien actuaba por si mismo, sin competencia alguna para hacer "sugerencias" a nadie y, por tanto, mirando de cerca el Código Penal; o bien lo hacía por órdenes de la Fiscal General, y por tanto esta se habría involucrado directamente en las diligencias, debiendo entonces explicar porqué lo hizo en un asunto en que el fiscal investigado lo era de un caso defendido por el despacho propiedad de su pareja.  Y explicar porqué no hizo ella misma esas "sugerencias" que al ser ignoradas determinaron la avocación del asunto del Instructor designado.    A lo mejor ese es el "secreto" que no se quiere desvelar.  Pero puede haber más secretos.   Se publicó el otro día en El Periódico de Catalunya un artículo tremendo sobre una supuesta reunión entre el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, la FGE acompañada de su Secretario Técnico y el anterior Inspector Fiscal Jefe para debatir sobre el modo de avocar la investigación a Stampa en el TSJ por Carlos Ruiz de Alegría, en favor del Fiscal Jefe del TSJ.  ¿Es ese el secreto?  ¿Es cierto que la FGE intervino directamente en la avocación?  No es mala pregunta, y requiere explicación.   ¿Hay algo más todavía?  ¿Algo tan grave que compensa el bochorno de no revelar todo lo que hay?  ¿De verdad la Fiscal General va a dejar que sean los Tribunales quienes decidan esto?

Estamos acostumbrándonos en la Fiscalía a que se puedan hacer cosas graves sin que haya consecuencias para el que las hace, si el responsable está en la parte alta de la jerarquía.   A mi me parece increíble que algo así pueda pasar en una Fiscalía democrática; me parece muy mal que no se den todas las explicaciones posibles por parte de los responsables, incluida el hecho de que -como se ha publicado- se barajó abrir expediente a Ruiz de Alegría (el único tipo intachable en todo este affaire, además del propio Stampa); me parece una broma que para la mitad del Consejo Fiscal todo esto no requiera investigación alguna; y por último, creo que pone negro sobre blanco las manos en las que hoy día está la Fiscalía española.

LA REVISTA DE PRENSA DE LA FGE ¿HAY CENSURA?

 De un tiempo a esta parte voy mirando por encima las noticias que aparecen en el resumen de prensa de la FGE.  Con sorpresa veo que hay noticias que afectan a la FGE que no aparecen nunca.  Del asunto Stampa, por ejemplo, no se introduce noticia o comentario de prensa alguno: acabamos de conocer, por ejemplo, según información publicada en El Periódico de Catalunya el día de ayer, 27 de enero, que la Fiscal General citó en diciembre de 2020 a su despacho al entonces Fiscal Jefe del TSJ de Madrid tras la negativa del Instructor de las Diligencias a seguir mareando la perdiz sin archivar las actuaciones a "sugerencias" del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado.   Claro, Dolores Delgado, al llamar a Caballero, asume un papel que había negado en el Consejo Fiscal y que Álvaro García también había negado en un briefing con periodistas en el Consejo Fiscal de fecha 24 de noviembre.  La idea que se barajaba en la reunión, según el periódico, era que quitar el asunto a Ruiz de Alegría por su jefe no era en realidad quitar nada, porque los asuntos son de los jefes y simplemente los delegan en sus subordinados.  Es decir, otra chapuza.   Si esa reunión que dice el Periódico de Catalunya se produjo (a la que asistieron también Fausto Cartagena y el propio Alvaro García), Lola no dijo la verdad en el Consejo Fiscal, y tampoco la dijo Alvaro García a los medios.  Por tanto, es importante que se sepa si es verdad o mentira que hubo esa reunión y si en el caso de que se produjera, si es cierto que se trataba de eludir la intervención en la avocación del Consejo Fiscal.   Porque si es verdad, a mi juicio es un asunto gravísimo que debería conducir a exigir la dimisión de la Fiscal General.   Pero oye, la revista de prensa, a lo suyo.    De la demanda que la APIF puso contra la FGE, o del Juicio celebrado el pasado día 19, tampoco hay noticias...  ¿Porqué?  ¿Es esto casualidad? ¿O hay censura?  Nada más le faltaría a la Institución que censurar las noticias que no le gustan al que manda...

EL CONVENIO SOBRE RIESGOS LABORALES ENTRE LA FGE Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Hace ya varios años, el Ministerio de Justicia rehusó firmar un Convenio con la FGE sobre la protección de los riesgos laborales de los Fiscales.  Desde el mes de enero de 2021, en que se retoman las intentonas de que se firme un Convenio marco para las bases de elaboración de un sistema de protección de riesgos laborales para los fiscales, ni la FGE ni el Ministerio han encontrado el momento para firmarlo.  Está elaborado un proyecto chapucero de Convenio, pero ni ese firman.  Firmarlo significa obligarse y para qué obligarse si sin obligarse no pasa nada.  Pero ahora han pasado unas cosas.  Por un lado, la APIF ha demandado a los deudores de seguridad y a esa demanda se ha adherido la asociación mayoritaria de fiscales.  El asunto está pendiente de sentencia, una sentencia incierta porque la UPF se opuso a la demanda sosteniendo que ya teníamos los fiscales un sistema de protección, pero que lo usábamos mal.   No se que pensará la Sala ante esto, espero que se analice la prueba en profundidad porque ese argumento, aunque falso, viniendo de una asociación profesional afectada por la normativa de riesgos, tiene un peso.   Pero el hecho de que la UPF se la juegue a los fiscales en una materia tan sensible como esta, simplemente para proteger al Ministerio de Justicia y a la Fiscal General, que a su vez les está regando de cargos a costa del resto de los fiscales, en si mismo también es importante.   Me cuesta creer que ante esa jugada, les dejen ahora colgados.  Es decir, que después de ponerse en evidencia, que el Secretariado de la UPF no vea ni un gesto sobre esta cuestión de aquellos con quienes comparten tantas cosas.   Todo es posible, pero yo creo que el Ministerio y la FGE van a dar un paso: con sentencia desestimatoria, con sentencia condenatoria (obligados por el Tribunal entonces) o sin sentencia.   Es un gesto de lealtad entre aliados en la batalla: no se deja a un soldado atrás, no les pueden dejar tirados, despues de rebajarse tanto.   En esta batalla, la UPF ha expresado claramente donde está.  Y eso lo hemos visto todos, también quienes privan de derechos laborales a los fiscales.  Así que algo seguro que van a hacer.

FELIX PANTOJA SOBRE NUESTROS DERECHOS LABORALES

 La UPF, profundizando en su posición, considera que el plan riesgos laborales del Ministerio de Rafael Catalá es mejorable, y elogia el trabajo de su asociado Felix Pantoja para ese fin. Veamos lo que escribió Pantoja a los componentes de la Comision que presidía el dia 26 de febrero de 2021 (incluida la presidenta de la UPF), y que esta aportado como prueba de que los fiscales carecemos de proteccion en riesgos laborales:

2.- Como todos somos conscientes, este derecho a la protección de los riesgos laborales de los fiscales, no lo tenemos reconocido, en las singularidades que el trabajo de los fiscales tiene, respecto del resto de los trabajadores del sector público al que pertenecemos, por lo que siempre ha sido y es necesario tener un plan de prevención y un servicio de prevención propio y ajustado al servicio público que, como trabajadores, prestamos.

Por proteger al Ministerio y a Lola, y asegurar así más y más nombramientos, estos son capaces de cualquier cosa, como llevamos viendo hace un tiempo.

LA UPF Y LOS RIESGOS LABORALES

El grado de sumisión al Ministerio y a la FGE de la UPF actual carece de precedentes.  Hace unos años, cuando Torres Dulce campeaba, tuve una conversación con una buena amiga y compañera de la AF en la que dije que, en mi opinión, la AF era más sectaria que la UPF.   Lo lamento mucho, Mónica.  Como esto no he visto nada igual nunca.  Es cierto que se compensa a la asociación en cargos que como decía uno el otro día, "no se nombran solos".  Pero es que aún así.   Ayer, en la vista sobre una demanda de la APIF en materia de riesgos laborales, un problema sangrante para la Carrera Fiscal, y un problema que no se resuelve desde hace mucho tiempo con consecuencias muy graves para cada uno de los fiscales, el letrado de la UPF se opuso a la demanda en condición de interesado.  Es decir, la UPF no reclama que se haga un Plan de prevención adecuado, vale. Cuando unos compañeros van a los Tribunales para reclamarlo, no se adhieren, bueno vale.  Pero pudiendo no ir, van a juicio, y combaten la demanda.   Es decir, perjudican a quien lucha por los derechos de los fiscales y favorecen a quienes lesionan los derechos de los fiscales.  Les "interesa" (como interesados) que no haya mejoras en prevención de riesgos a costa de abochornar a sus cómplices ministeriales.   Y quiebran el discurso de que toda la carrera está jodida con la situación actual: la UPF, no.  La UPF dice que hay un Plan y que el problema es que se usa mal.   De verdad, ¡que lástima!