POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, FISCALÍA Y CORRUPCIÓN

La perforación política de la Justicia que padece España desde hace más de 30 años parece estrechamente ligada a la corrupción.  La corrupción necesita para desarrollarse otras cosas (que los partidos políticos también procuran, por cierto, como la politización de los órganos de control administrativo y económico del Estado), pero desde luego el sistema de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como los aforamientos son factores importantes.   Para politizar la Justicia se precisa utilizar la sintonía ideológica con esos partidos de algunos jueces y fiscales y de algunas asociaciones profesionales de jueces y fiscales.   En la Judicatura está perfectamente claro y en la Fiscalía también.   La Fiscalía es una pieza clave en este entramado de politización y en nuestro caso el sistema electoral para el Consejo Fiscal y la actitud de las asociaciones mayoritarias ha sido crucial.    Dominan el Consejo Fiscal desde los años 80 con una proporción prácticamente inalterada de 6 vocales (AF) y 3 vocales (UPF) estando sus apoyos electorales muy lejos de esos porcentajes.  Pero el sistema electoral fue diseñado entre PP y PSOE, y les conviene a todos ellos.   Además, en el Consejo Fiscal -lo sabemos todos los fiscales- los vocales electos actúan con criterios de apoyo al propio o de intercambio de cromos.  Tras décadas de funcionamiento del sistema actual, la jerarquía dura, la que incluye las jefaturas de las fiscalías más importantes, acaba conformada por fiscales de AF y UPF en su mayoría, pero lo peor es que está conformada con criterios muy conservadores sin voluntad -ni siquiera idea- de cambiar las cosas.

Esa ausencia de voluntad de evolucionar, de mejorar, de corregir lo que está mal (confrontándose al legislador o al gobierno en las reclamaciones) es otra de las peores consecuencias de la politización de la justicia, pareja e inseparable a la intención de los políticos de controlar la Justicia.  Porque ese conservadurismo en el funcionamiento interno de la institución se ha convertido en una seña de identidad que se transmite de generación en generación de fiscales. ¿Debo recordar que en la Fiscalía el Reglamento es de 1969? ¿Debo recordar que hasta hace muy poco el Consejo Fiscal consideraba que las distribuciones de trabajo que acordaba un Jefe no eran recurribles en los Tribunales y que solo le han convencido los Tribunales?  ¿Debo recordar la opacidad del funcionamiento interno del CF, o de la Fiscalía General? ¿Debo recordar que no está regulado el sistema de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía? ¿Debo recordar que en la institución no existe un sistema de baremo de méritos profesionales, ni existe un proceso de selección que se parezca al sistema de elección de cargos en la Judicatura?  ¿Debo recordar la cantidad de problemas profesionales que no preocupan a nadie para cambiarlos, entre ellos los límites en la carga de trabajo? ¿La falta de garantías profesionales de los fiscales? ¿La falta de protocolos de acoso laboral, de garantías del régimen disciplinario?  En la Fiscalía se sabe bien quien puede influir sobre la carrera de cada quien, y siendo eso así, las mejoras que supongan enfrentamiento o reclamación, es que ni se piden.

En realidad,  ¿para que van a querer cambiar las cosas si ya les va bien a quienes pueden cambiarlas?  El Ministerio -sea conservador o socialista- no quiere cambios internos en la Fiscalía que les hagan perder influencia, los beneficiarios del sistema menos aún, los Fiscales Generales ni lo plantean...  Así que entre todos la Fiscalía toma globalmente -por el peso de la jerarquía- una deriva política que se acepta internamente y que es precisamente lo que consiste la politización.   Y con esa deriva, las reformas procesales que colocan al Fiscal en el centro del proceso penal producen lógicos recelos.  Pero además, se quedan sin resolver infinidad de problemas que hay que resolver.

Me comentaba hace tiempo un ex Fiscal General que no podía nombrar a fiscales para cargos relevantes sin apoyos en el Consejo Fiscal (en realidad si podía, pero es incómodo); y al tiempo me decía que era consciente de que esos apoyos por el sistema electoral vigente solo podían provenir de las asociaciones dominantes en el mismo.  Las mismas asociaciones que viven mejor según gobierne el partido al que se sienten más afín (de esa proximidad hay muchos ejemplos pero pondré uno cercano: el propio Portavoz nacional de la AF deja su puesto hace unas semanas para irse de asesor del Ministro de Justicia, Rafael Catalá).  Hay fiscales que saben que no tienen opciones de salir elegidos para ciertos puestos no obstante sus méritos profesionales: les faltan apoyos políticos.  Y entre ellos algunos, por tanto, no piden plazas.    Otros, méritos al margen, las piden con seguridad  porque tienen esos apoyos políticos -a algunos incluso "se les ofrecen" los puestos- con lo que el sistema perpetúa sus vicios y la coartada intelectual de aquel ex Fiscal General le ayudaba a tranquilizarse: no se cambian las cosas importantes porque hacerlo supondría cambiar ciertas cosas que no se quieren cambiar porque sería incómodo hacerlo.   Como los cambios son incómodos pues no se hacen.

Los partidos son conscientes de la politización (Ruíz Gallardón, 2013: "vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos") pero hasta ahora desde el poder incumplen sin pestañear promesas electorales y mantienen este sistema que es censurado nacional e internacionalmente.  Mientras, la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción alcanzan niveles históricos y nos coloca en el pelotón de cola de Europa.   ¿Y porqué entonces no renuncian a dominar la Justicia, o por lo menos a su capacidad de influir en la misma?    Pues esa es la pregunta.