EL CAMBALACHE Y LA FISCALÍA

Aquel famoso tango de Santos Discépolo, Cambalache, escrito en los años 30 del siglo pasado, describía la degeneración de unos valores éticos que sintetizaba en la frase "los inmorales nos han igualado". A mi me parece que en muchos casos podríamos decir que nos han superado. La última expresión es el Comunicado de la UPF, la asociación del Fiscal General y que ha estado detrás de todos los nombramientos y actuaciones relevantes del FGE (y de la anterior), en una identificación de objetivos que a mi me produce sonrojo. Pues bien, para la UPF, las sentencias del Tribunal Supremo anulando el nombramiento del Fiscal de Sala de Menores, generan "un efecto pernicioso para la autonomía del Ministerio Fiscal, sentando un precedente que podría afectar en el futuro, además, a las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la Carrera Fiscal". Naturalmente, los no designados por el Fiscal General y apoyados por la UPF no deben tener expectativas de promoción. A esos se les debe negar hasta el derecho a combatir resoluciones arbitrarias. A esos, como si fueran la decoración de un festín que se están dando a costa del resto, no les queda más que mirar y callar. Dificil encuentro mayor falta de conexión con el terreno que la que tiene últimamente la UPF. Efectivamente, los Tribunales están para atender las reclamaciones cuando hay desviación de poder, cuando se producen abusos, prevaricaciones u otros delitos. Para eso están los Tribunales. Cuando la política de nombramientos es tan sesgada, tan abusiva, tan bochornosamente sectaria como la que padece la institución desde hace mucho tiempo, e incluso cuando se acentúa a los niveles de los últimos nombramientos, "las legítimas expectativas de promoción de las y los integrantes de la carrera fiscal", reclaman una instancia para poder revisar las arbitrariedades. Cuando cambie el Gobierno y si otro Fiscal General de diferente signo procede a perpetrar los abusos que han realizado los anteriores, seguro que la UPF empieza a entender de que estoy hablando. Pero hasta entonces, se espera que yo, y todos los demás -como las plantas del banquete-, que miremos, callemos y no se nos ocurra recurrir nada. Cambalache puro.

GRABAR A UN FISCAL JEFE

Se han publicado unas grabaciones a mi juicio inequívocas sobre las instrucciones que le da un Fiscal Jefe para el despacho del papel pendiente a una compañera que ha obtenido la baja por un embarazo de riesgo, para ella y para el feto, cuando contaba con 45 años de edad. Le dice, cosas como estas: -"Lo que si, L..., lo que te haya entrado hasta hoy lo dejas despachado". - "Quiero decirte que cuando tiene una baja, el trabajo que le ha entrado antes de la baja lo tiene que dejar... lo tiene que ir haciendo hasta dejarlo despachado". La fiscal dice: "¿Mientras estoy de baja?" Y el Jefe: "Lo tienes que hacer, si" (tres veces seguidas). -"Otras Fiscalías harán lo que sea, pero aquí, antes de darte la baja el trabajo era tuyo y por tanto lo tienes que hacer tu"... -"Te estoy diciendo que el trabajo que tienes pendiente, lo tienes que hacer tu. Solo eso. No tienes que seguir liberando el lote. Solo lo que te ha entrado hasta hoy. Es así". Y así, hablan durante mucho rato. Es decir, el jefe quiere que la fiscal despache el papel que le ha entrado antes de la baja durante la baja médica que se le da por embarazo de riesgo. Ello tiene una perspectiva indudable de género, y es groseramente contrario a derecho. El art. 26 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece una protección específica a la mujer embarazada, y más si se trata de un embarazo de riesgo, y no solo esa norma fundamental, sino también los arts. 8 y 14 de la Ley 3/2007 sobre igualdad efectiva entre hombres y mujeres, entre otras. Pero claro, no podía haberse sabido nada de esto si la mujer afectada no hubiera grabado la conversación con su fiscal jefe. De hecho, el fiscal jefe, antes de saber que la conversación estaba grabada, negó como testigo en el expediente disciplinario abierto a la fiscal por retrasos en la tramitación del papel, haber dado las mencionadas instrucciones a la mujer. Hubiera sido imposible sin la grabación conocer que el fiscal también faltó a la verdad en el expediente, y al no decir la verdad, cercenó el derecho de defensa de la fiscal y faltó a un deber profesional y de compañerismo elemental. Entonces, ¿es una "deslealtad" grabar a quien crees que te acosa para acreditar que te acosa? A mi me parece que lo que está mal es el acoso. El acosado carece muchas veces de mecanismos para poder acreditar lo que le está ocurriendo. Yo creo que nadie grabaría a un fiscal jefe por escuchar lo que se dice una y otra vez, sino por la sospecha, fundada en hechos anteriores, de que esos episodios pueden repetirse otra vez. Se graba por necesidad de obtener pruebas. Recuerdo hace algunos años otro caso de denuncia de acoso. Como no había pruebas objetivas, unos compañeros de la víctima llamamos a otros fiscales que habían compartido trabajo con la persona supuestamente acosadora, y varios nos dijeron que si, que era cierto y que con ellos había actuado de esa misma manera. Pero solo una fiscal de los que llamamos accedió a declarar en la Inspección sobre estos hechos, los demás rehusaron y una llegó a decir que no declaraba por miedo a que le hicieran algo si contaba lo que ocurrió. Una fiscal. Esas cosas las vamos aceptando como cosas que ocurren en la Fiscalía, pero eso es todo lo contrario de la normalidad. El acosado tiene que buscar pruebas legítimas que acrediten el acoso y la grabación es una medida perfectamente legal. Obviamente, en la Fiscalía los acosos no son pan de todos los días, pero ocurren. Y cuando ocurren hay que ofrecer pruebas porque si no el acosador se librará porque tiene la presunción de inocencia, una posición de poder, y a veces, el apoyo de alguna asociación que le ayude tras haberlo encumbrado. Hacen falta pruebas. En este caso lamentable, para mi, tan grave como lo que se le dice a la fiscal por el fiscal jefe es negarlo ante el Instructor de las Diligencias, que por otra parte, rehusó unir la grabacion al expediente, impidiendo así demostrar la mentira del Fiscal Jefe. Cosas que pasan. Todavía espero una reacción de la Fiscalía General ante estos hechos, tras sancionar a la fiscal por retrasos, lo que ha determinado a esta a recurrir su sanción ante el Tribunal Supremo. Si se retrasó injustificadamente en el despacho del papel (el retraso sancionable es el retraso "injustificado") mantendrán la sanción y ella habrá pagado por los retrasos, aunque no por ello dejará de contar con mi afecto personal y mi reconocimiento al esfuerzo que realizó durante varios meses de angustia por el riesgo de pérdida de su primera hija. Pero lo ocurrido con el Fiscal Jefe para mi es un bochorno que debería haber ya movilizado a la Fiscalía General a la remoción del mismo.

LA CIRCULAR 2/2022 Y UNA AUTOJUSTIFICACIÓN EN DIFERIDO

La Circular de la FGE 2/2022, de 20 de diciembre sobre la actividad extraprocesal del Ministerio Fiscal en el ámbito de la investigación penal tiene mucha importancia porque marca el ámbito en el cual ha de desarrollarse en el futuro la actividad de investigación penal del Ministerio Fiscal, así como los límites a la misma, lo cual, considerando que está en el horizonte la atribución de la investigación penal al Ministerio Fiscal, convierte la Circular en un instrumento muy relevante. De todos los puntos que se abordan hay uno que me ha llamado la atención. Recordarán que hace tres años, cuando quien ahora ostenta la condición de Fiscal General era el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado, se inició una investigación penal contra un fiscal, Ignacio Stampa. Esas Diligencias de investigación fueron atribuidas -dado el aforamiento de Stampa- a la Físcalía del TSJ de Madrid, siendo asignadas a un fiscal serio y profesional. Pues bien, a la decisión de archivar las diligencias por no estar acreditados los hechos (comunicada al FGE por razón del art. 25 del EOMF), la Secretaría Técnica, por medio de su entonces titular realizó por escrito unas "sugerencias" al instructor a fin de practicar más diligencias. El instructor tomó nota e incorporó al expediente las sugerencias que le hacía el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, a fin de garantizar el derecho de defensa de Stampa. Practicadas las diligencias de prueba sugeridas, volvió a proponer el archivo, pero nuevamente, el Jefe de la Secretaría Técnica volvió a hacer "sugerencias", que el instructor rechazó practicar, pero lógicamente volvió a unir al expediente las sugerencias que se hacían porque si no el investigado era dificil que pudiera defenderse de una investigación que no se agotaba en la práctica de las actuaciones que instructor había decidido. Copia de esas "sugerencias" fueron entregadas al investigado, antes de que el asunto fuera avocado por el Fiscal Jefe de la Fiscalía y se procediera al espurgo de las mismas. Gracias a ese talante garantista del fiscal instructor pudo saber Stampa que le estaban realmente investigando desde las alturas de la institución contra el criterio del instructor, y pudo defenderse de las actuaciones que se iban a practicar contra él en las Diligencias, ya que si las "sugerencias" no se hubieran incorporado el investigado no podría entender como se defiende de actuaciones del instructor, y que cuando se practican le aparecen más diligencias, y más, y más. Bueno, pues ahora la Circular referida del FGE prohíbe lo que hizo el instructor al unir al expediente las "sugerencias" y legitima la falta de publicidad de lo que hizo como Secretario Técnico el propio FGE, y por tanto establece la posibilidad de que por parte de la jerarquía de la Fiscalía se puedan dar instrucciones al instructor de unas diligencias penales corrigiendo su criterio en perjuicio del investigado sin que quede rastro en el expediente y por tanto contra el criterio del investigado..., y del instructor. No se establecen límites, puesto que la instrucción del superior puede venir tanto en cuanto a lo que se hace, como a lo que no se hace; tanto a cuestiones de derecho como a cuestiones de diligencias de prueba. Pensemos que estamos en el terreno de la asunción por el Ministerio Fiscal de una función tan importante (la investigación penal) que ha venido atribuida a un juez en nuestro derecho, es decir, que parece que precisa de un investigador con cierta independencia, como garantía, entre otras cosas, del derecho de defensa. Extendiendo este tipo de prácticas, nunca podremos saber si se hacen también "sugerencias" -y se acatan- en los expedientes disciplinarios. Uno no sabe si reir o llorar. Realmente, con esta concepción del Ministerio Fiscal creo que es muy difícil que se pueda asumir la investigación criminal en sustitución de los jueces de instrucción, sin merma de garantías básicas. La Circular dice en su página 73 (de las 231 que tiene): "Las órdenes de servicio, incluidas las notas de visado, que pudieran haber sido dictadas por la respectivas jefaturas en relación con las investigaciones incoadas, las comunicaciones realizadas al amparo del art. 25 del EOMF..., en ningún caso serán incorporadas al procedimiento de diligencias de investigación, por no formar parte de estas".

PRESUPUESTO PARA LA FISCALÍA

El único camino para la Fiscalía de adquirir un mínimo de la autonomía funcional que establece nuestro Estatuto (autonomía que se establece respecto del Poder Judicial, en el que la Fiscalía "está integrada", art. 2 del EOMF), es que se la dote de un presupuesto propio y diferenciado en los Presupuestos Generales del Estado. Porque si no es así, si se sigue con el modelo actual de que cualquier actuación de la Fiscalía (incluyendo el sistema a través del cual se articula toda su actividad, que es el sistema informático) va a depender de la voluntad del Ministerio de Justicia, no hay autonomía posible. Ni plantillas, ni concursos, ni medios materiales, ni medios personales, ni cuestiones operativas, ni comisiones de servicio..., todo depende finalmente de que haya presupuesto, que administra el Ministerio. ¿Sabe esto el Fiscal General? Pues claro. Él lo sabe perfectamente, lo llegó a decir en el Parlamento, pero a él (como a sus antecesores) le nombró el Gobierno y eso marca mucho. Cuando le he preguntado porque no se planta y pide de una vez un presupuesto diferenciado, me encuentro con una pared. Lo hará "a su manera". La realidad es que no puede. Cuando le nombraron no puso como condición la implementación de un presupuesto propio para la Fiscalía: al aceptar el cargo así no se va a poner a reclamar al Gobierno un presupuesto, porque él considera que eso favorecería a la oposición. Por eso impidió que la cuestión se votara en el Consejo Fiscal, a pesar de que todos los presentes -incluso él- sabíamos que es algo indispensable. Este tipo de Fiscales Generales (siempre sostenidos dentro de la Carrera Fiscal por una asociación profesional politizada: en este momento, la UPF) carecen de la independencia de criterio necesaria, están a caballo de la dirección de una institución que requiere independencia del Gobierno, pero ellos mismos son tributarios de la forma de su nombramiento. El FGE (ni este, ni sus predecesores) no puede cambiar nada, porque solo dos cosas alterarían la posición del Ministerio Fiscal español: la primera, un cambio en el modo de elección del Fiscal General, de manera que no tuviera miedo a que sus actuaciones "favorecieran a la oposición"; la segunda, un presupuesto propio administrado por la Fiscalía, que no puede pedir porque su concepción de la Fiscalía le incapacita a provocar un enfrentamiento con el Gobierno, aunque fuera por algo que es imprescindible para la Institución. Ah, bueno, queda la consecución del presupuesto "a su manera", es decir, más o menos por indirectas, como Gila. Bueno, pues ojalá le funcione.

SE HAN OFENDIDO

Sendos comunicados de hoy, de vocales de la AF y del Secretariado de la UPF evidencian que no les gusta mi estilo de dación de cuentas de lo que ocurre en el Consejo Fiscal. Y bien que lo siento. Deben entender que llevo poco tiempo en el Consejo, y que todavía no me he acostumbrado a ciertas cosas: a los abusos del poder, a los tejemanejes, a la docilidad con la jerarquía, al sectarismo, a la sumisión al Gobierno de turno, a la cobardía..., en fin, sobre todo, que no me he acostumbrado a callarme cuando tenido el honor de ser elegido por mis compañeros. Así que me parece que tendremos que seguir teniendo paciencia: yo, con ciertas cosas que se hagan en la Fiscalía; y algunos, con tener que oir mi opinión sobre ellas.

LA APIF Y LA DESPOLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la tercera asociación (en número) de la Carrera Fiscal. Pero es una asociación creo que diferente. Porque tiene dos objetivos que son convergentes: la consecución de la despolitización de la Fiscalía y de la Justicia en España, y la defensa de los derechos profesionales de los fiscales. Esos derechos están amenazados, precisamente, por el alto grado de politización de la Fiscalía, que subordina las cuestiones profesionales a los intereses políticos de quienes la gobiernan. Así, a la Fiscalía le es vital tener un presupuesto propio para mejorar sus prestaciones, pero a la política le conviene que no lo tenga para poder seguir controlándola; a la Fiscalía le conviene que los mejores y más competentes ocupen los puestos de mayor responsabilidad, pero a la política le conviene que quienes los ocupen sean los más fieles y leales a sus intereses; a la Fiscalía le conviene que se garantice una actuación imparcial de la Fiscalía, pero al poder político eso no le conviene en absoluto. Y de esa manera, poco a poco, se perpetran atropellos de índole político-profesional que afectan a los fiscales, atropellos que siempre, provengan de gobiernos conservadores o progresistas, encuentran la oposición de la APIF. Esos atropellos, con el tiempo, aumentan en gravedad y en frecuencia. Los casos del fiscal Stampa, o el nombramiento de Dolores Delgado, o la política de nombramientos (de un sectarismo inexplicable) o el diseño y aplicación del sistema disciplinario para la Fiscalía (dirigido a intimidar de manera general mucho más que a reprochar conductas a los fiscales), son fenómenos que evidencian esa tendencia. La APIF tiene mucho trabajo. La nominación de la APIF como finalistas del Premio Hay Derecho (que se decidirá el próximo 27 de octubre) supone un espaldarazo a este modo de actuar asociativamente y al sacrificio y esfuerzo de los fiscales que se unen al proyecto. Y un reconocimiento de muchas personas que quieren ver como las cosas cambian en la Justicia.

LA REVOCACIÓN DE UN NOMBRAMIENTO DE DOLORES DELGADO

El otro día, en el Ministerio de Justicia, comenté el escándalo de los nombramientos de la Fiscal General que hasta el TS había llegado a anular por arbitrariedad la designación del Fiscal de Menores, y se me dijo desde el Ministerio que "eso prueba que el sistema funciona". Si no fuera tan grave, sería para reirse. No se fijan en que el bloque afín a Dolores Delgado apoye y ascienda a un fiscal de la asociación de Dolores Delgado, desconociendo méritos, capacidades y fijándose en la "capacidad de generar empatía" del elegido, pero se congratulan de que el Tribunal Supremo le de la razón a un recurrente que arriesga sus 3.000 euritos de costas, que tiene que esperar muchos meses a que se resuelva el asunto, y que tiene que afrontar todo tipo de molestias procesales (buscar abogado, jurisprudencia, recopilar documentos, procurador, acudir a Tribunales y demás). Todo para evidenciar una arbitrariedad como las que se producen casi cada vez que hay que hacer un nombramiento importante. También es verdad que como le vas a pedir a un alto cargo del Ministerio que empatice con las víctimas profesionales de la anterior Ministra de Justicia, pero vamos, se trataba de un magistrado de profesión así que ir a la raíz del problema que padecemos no hubiera estado de más. Si los fiscales queremos empezar a respetarnos, deberíamos acabar con este estado de cosas: baremos de méritos, y en igualdad o similitud de los mismos, la antiguedad (que significa entre otras cosas, experiencia) debe prevalecer. No puede ser que se elija al último candidato (de docenas de peticionarios) y decir que se trata de alguien muy competente (o de carácter estupendo) para justificar ese nombramiento olvidandose del resto. Me alegro de que ese compañero haya ganado el recurso, y espero que las cosas empiencen a cambiar.

LA FARSA DE LOS NOMBRAMIENTOS EN LA FISCALÍA

El sistema de promoción en la Fiscalía es, en su conjunto, una farsa. Si por farsa se entiende, como sostengo, "una acción realizada para fingir o aparentar". Aquí estamos ante un sistema pomposo, lleno de trámites a cumplir, pero que intrínsecamente busca poder conferir toda la libertad al FGE para elegir a quien le de la gana para cada puesto. Para contentar a los perjudicados por este sistema, de tanto en tanto, se hacen concesiones, repartiendo un poco. Pero ese reparto está también viciado por la falta de garantías. Vamos a ver: para que haya un sistema objetivo, ha de acreditarse la intención de quien interviene de actuar de manera imparcial y objetiva. Eso está acreditado que no ocurre. Cada asociación presente en el Consejo Fiscal tira para los suyos, y no de ahora, sino desde siempre. Se ha normalizado ese modo de actuar. Además, debería haber unas reglas mínimas de evaluación, un sistema de baremo de méritos, un sistema de clasificación de los candidatos, unas exigencias anunciadas antes para cada puesto que se intenta cubrir. Pues no. Ni la Sección Permanente de Valoración (concebida en 2009 como una aproximación a la valoración de méritos) funciona, ni ha funcionado nunca; ni hay baremos; ni hay anuncio de las condiciones requeridas para cada puesto, ni tampoco la justificación de las razones por las que se elige a uno y no a otro, son honestas. Se ocultan las verdaderas razones de la elección, que no tienen nada que ver con el mérito y la capacidad, ni con la experiencia, ni con el trabajo desempeñado, ni con nada de todo esto. Es práctica frecuente en estos tiempos que se llame por la Fiscalía General a fiscales para que pidan determinados puestos. Cuando llaman, se sabe que van a ser designados, y por tanto, otros candidatos ya no piden, porque además se hace saber que se ha llamado a tal o cual candidato. Si se sabe el nombre del elegido antes de conocer con quien puede competir, es claro que el concurso es una farsa. Las razones para elegir a unos y no a otros, no son objeto de constraste. Por ejemplo, elegir a alguien para un puesto porque hay que incrementar la cuota de mujeres en ciertos puertos, sería un argumento si no hubiera otras mujeres candidatas que la elegida, y especialmente si se anunciara en la convocatoria. Pero no se hace así: en realidad, cuando conviene elegir a una determinada mujer, el argumento del género se hace constar en la motivación. Y si lo que conviene es elegir a un determinado varón, se omite toda referencia al género. Voy, simplemente a título de ejemplo, a comparar un poco las trayectorias de las elegidas en el último concurso para dos plazas en el Tribunal Supremo con algunos datos de otros candidatos. Han sido elegidas las candidatas número 14 y número 24 de entre los peticionarios por orden de antiguedad. La 24 era la última de todos los candidatos. Ellas no tienen ninguna culpa de ser elegidas, vaya por delante, y por lo tanto, las felicito cordialmente. Pero unos datos nos ayudarán a entender porque digo que esto más que un concurso de méritos, es una auténtica farsa y un timo profesional para muchos fiscales. De la número 14 se resalta en la Nota Informativa de la Fiscalía, que es fiscal desde 1989, que desde 2015 está destinada en la Inspección Fiscal, y que fue vocal del Consejo Fiscal entre 2012 y 2014. Se omite que pertenece a la AF, y que aquel fue el famoso Consejo Fiscal autor del atropello que sufrió el fiscal Juan Antonio Frago, al que expulsaron injustamente con el voto favorable del Consejo Fiscal, y que supuso una condena durísima de la Audiencia Nacional a la Fiscalía. Bueno, cosas que pasan. De la número 24, que ingresa en la Carrera en 1994, se resalta que es una superespecialista en violencia de género, algo que sin duda debe ser verdad. Además, es Juez excedente. Los currículums de ambas acreditan que son dos buenas profesionales, pero no se aprecian méritos objetivos tan extraordinarios para superar a 13 y 23 compañeros y compañeras, respectivamente, con más antiguedad en el escalafón. Por ejemplo, la número 24 tiene una única publicación, un artículo publicado en un curso, en 2013. La número 14 recoge tres publicaciones de artículos doctrinales en su CV: el más antiguo de 2006; el más reciente de 2015. Hay candidatos con mucha mas producción científica (por ejemplo, el número 6, que además de haber sido fiscal jefe durante más de 15 años, tiene dos libros publicados, además de más de 10 artículos doctrinales). El numero 4 tiene un curriculum objetivamente mucho mejor. Doctor en Derecho, con amplísima experiencia internacional en la OLAF, y con una variedad en su experiencia (que incluye haber sido profesor asociado de derecho penal muchos años, o acreditar docencia de doctorado en inglés, o varias piublicaciones) incomparable con las elegidas. ¿Que no son mujeres? Vale (aunque esa exigencia hay que avisarla antes del concurso). Pues hay varias mujeres fiscales, de la máxima categoría profesional que ocupan los números 1, 2, 3, 7, 8 y 10, con muchos más años de servicio profesional, con mucho mayores responsabilidades profesionales asumidas (ha habido fiscales jefas en funciones, teniente fiscal durante muchos años de la Fiscalía Anticorrupción, Asistente nacional en Eurojust, o tenientes fiscales de la Fiscalía de Madrid, ni más ni menos) y además con mayor experiencia docente y producción científica. Compañeras que sacan más de 500 números en el escalafón y en algún caso más de diez años de prestación de servicios. Sobre eso, ni la Asociación de Fiscales, ni especialmente la Unión Progresista de Fiscales, dan explicaciones. Y por supuesto, la Fiscal General del Estado, nombra a quien quiere, pero que no se nos diga que es en atención al mérito y la capacidad, porque no es verdad. Si para una plaza hace falta (o se prefiere) alguien que haya pasado por el Consejo Fiscal, por la Inspección o ser una mujer, o una especialista en violencia de género, habría que indicarlo en la convocatoria. De esa manera, podrían discutirse las bases para establecer las exigencias de cada puesto. Pero no, aparentemente, es solo un concurso de méritos, concebidos estos con amplitud. Pero luego se elige por criterios subjetivos, cuando no caprichosos o arbitrarios, y obedeciendo en muchas ocasiones al reparto de candidatos entre los pertenecientes a las asociaciones profesionales. Esta verguenza la llevamos padeciendo décadas. Y es que no basta con resaltar lo brillante que es el elegido: hay que decir porqué es mejor que el no elegido. Especialmente cuando el escalafón nos marca ya un orden. Decir que la mejor es la última de los peticionarios requiere algo más que resaltar sus méritos. ¿O es que los 22 anteriores son unos incompetentes? ¿O es que no le importan a nadie? ¿O es que no tienen las influencias necesarias? ¿A que me voy acercando a la verdadera razón...? Las verdaderas razones de los nombramientos se esconden en muchos casos. Por eso la promoción en la Fiscalía es una farsa y las complicidades con este sistema equivocado son muy evidentes.

VIVIR INAUGURANDO PANTANOS

 La FGE ha anunciado la firma de un Convenio de Prevención de Riesgos con el Ministerio de Justicia para los fiscales.   En una nota de prensa, indican que se firma el Convenio, "cumpliendo así las previsiones de la ley 31/95, de 8 de noviembre (LPRL)".  Con un par.    27 años de retraso.   Y argumentando ante el Tribunal de lo social que sí había una normativa de prevención de riesgos para los fiscales, al oponerse -la Fiscalía y el Ministerio- a la demanda de la APIF.   

Esto tiene dos aspectos, en mi opinión.   Por  un lado, el desparpajo de presentar como un "paso fundamental para la seguridad y salud de los fiscales" la reversión de una situación creada y mantenida por esta Fiscal General y la generalidad de sus antecesores (quizá con la excepción de Consuelo Madrigal, que quiso firmar un Convenio semejante al de ahora, y el Ministerio del desastroso Catalá lo rechazó), desde el año 1995.   El desprecio sostenido por derechos laborales reconocidos a todos los trabajadores en España, aunque no a los fiscales, ha sido permanente, y solo la actuación enérgica de unos fiscales llevando a los Tribunales a los incumplidores les ha forzado a empezar a asumir sus responsabilidades.

El segundo aspecto a considerar es que, con todos los defectos que tiene el Convenio, es un principio.  El Ministerio y la Fiscalía, por esta vía, reconocen lo que se les reprochaba en la demanda, y se comprometen a empezar a arreglarlo.   Es cierto que se trata de un Convenio que radica en el Ministerio la principal responsabilidad de la prevención de riesgos laborales de los fiscales, algo absurdo en mi opinión porque nuestros riesgos provienen de la asignación del trabajo que nos hace la Fiscalía.   Pero hoy sabemos que Ministerio y Fiscalía, Fiscalía y Ministerio, son entidades hermanas por vía de la muy escasa imparcialidad objetiva de la Fiscal General del Estado.  De manera que si el Ministerio reclama algo para sí, amén por lo que a la Fiscalía General se refiere.   A mandar, Ministra.  Aquí seguiremos inaugurando pantanos.   Y algunos aplaudiendo el corte de la cinta.

 

¿SE LLEVA BIEN CON LOLA?

 Hemos llegado a esto.  Cuando se habla de un aspirante a una plaza, en el legítimo derecho a la promoción profesional en condiciones de igualdad con otros candidatos, lo primero que alguien pregunta es  ¿se lleva bien con Lola? .   Porque esta parece ser la clave.   Después de colocar, con todo tipo de fundamento salvo el mérito y la capacidad en relación a otros candidatos, a un número muy importante de colegas de asociación en la máxima categoría de la Carrera, el resultado de ello es la convicción de que ya puedes ser antiguo, tener méritos en forma de publicaciones, clases, destinos en el extranjero o lo que tu quieras.  Si te llevas bien con Lola tienes esperanzas y si no, pues eso.   Ya no digamos si te tiene algo parecido a la manía.  Hay unos cuantos que parecen estar en esa lista de malditos.

Para mi un Fiscal General y, mirando con mayor amplitud, la misma Institución, debería procurar que los ascensos estuvieran fundados en una objetivación de méritos profesionales, a fin de conseguir que el talento tuviera reconocimiento y premio.   Para eso debería haber interés en generar algo parecido a un sistema objetivo de valoración de méritos.  De la misma manera, las garantías profesionales de los fiscales no deberían verse por la Institución como obstáculos a la actuación libérrima de quien manda, sino como salvaguardias de la correcta actuación del Ministerio Fiscal.   Ya, eso es lo que debería ser.  Pero en la realidad, y así va esto, nada de eso se ve así.   Un antiguo FGE me decía, cínicamente: "Salvador, se puede nombrar a quien te de la gana, en unos meses nadie se acuerda".   Tal cual.  Aquí se ha abusado tanto que claro que nos acordamos, no dan tiempo para el olvido.     Ha llegado a un punto que hay más talento por abajo que por arriba.

¿QUE ESCONDE LA FGE?

 Yo creo que la felicidad por los cargos, en muchas ocasiones, dura poco.  Alegría cuando te nombran, pero luego hay que afrontar muchas dificultades nuevas, especialmente cuando no se está preparado para el nuevo cometido.  Creo que a veces se puede producir infelicidad y ansiedad.  Me llega un artículo de ABC en el que se anuncia que los vocales de la AF en el Consejo Fiscal van a acudir a los Tribunales para reclamar los papeles "secretos" (por decisión de la FGE) relativos al tema de la investigación penal realizada al fiscal Ignacio Stampa.  Hacen bien esos compañeros.   ¿Que esconde la Fiscal General? ¿Porque no pueden conocer los vocales del Consejo Fiscal (y toda la Carrera) las tripas de una investigación penal que concluyó en archivo y que el propio afectado insiste en que se conozca?   Ya sabemos que la mano derecha de la Fiscal General a base de "sugerencias" y dilaciones prolongó la investigación (y el archivo) durante varios meses.  No sabemos -quizá ese es el secreto- cual era el título de actuación del Secretario Técnico en este asunto.  O bien actuaba por si mismo, sin competencia alguna para hacer "sugerencias" a nadie y, por tanto, mirando de cerca el Código Penal; o bien lo hacía por órdenes de la Fiscal General, y por tanto esta se habría involucrado directamente en las diligencias, debiendo entonces explicar porqué lo hizo en un asunto en que el fiscal investigado lo era de un caso defendido por el despacho propiedad de su pareja.  Y explicar porqué no hizo ella misma esas "sugerencias" que al ser ignoradas determinaron la avocación del asunto del Instructor designado.    A lo mejor ese es el "secreto" que no se quiere desvelar.  Pero puede haber más secretos.   Se publicó el otro día en El Periódico de Catalunya un artículo tremendo sobre una supuesta reunión entre el Fiscal Jefe del TSJ de Madrid, la FGE acompañada de su Secretario Técnico y el anterior Inspector Fiscal Jefe para debatir sobre el modo de avocar la investigación a Stampa en el TSJ por Carlos Ruiz de Alegría, en favor del Fiscal Jefe del TSJ.  ¿Es ese el secreto?  ¿Es cierto que la FGE intervino directamente en la avocación?  No es mala pregunta, y requiere explicación.   ¿Hay algo más todavía?  ¿Algo tan grave que compensa el bochorno de no revelar todo lo que hay?  ¿De verdad la Fiscal General va a dejar que sean los Tribunales quienes decidan esto?

Estamos acostumbrándonos en la Fiscalía a que se puedan hacer cosas graves sin que haya consecuencias para el que las hace, si el responsable está en la parte alta de la jerarquía.   A mi me parece increíble que algo así pueda pasar en una Fiscalía democrática; me parece muy mal que no se den todas las explicaciones posibles por parte de los responsables, incluida el hecho de que -como se ha publicado- se barajó abrir expediente a Ruiz de Alegría (el único tipo intachable en todo este affaire, además del propio Stampa); me parece una broma que para la mitad del Consejo Fiscal todo esto no requiera investigación alguna; y por último, creo que pone negro sobre blanco las manos en las que hoy día está la Fiscalía española.

LA REVISTA DE PRENSA DE LA FGE ¿HAY CENSURA?

 De un tiempo a esta parte voy mirando por encima las noticias que aparecen en el resumen de prensa de la FGE.  Con sorpresa veo que hay noticias que afectan a la FGE que no aparecen nunca.  Del asunto Stampa, por ejemplo, no se introduce noticia o comentario de prensa alguno: acabamos de conocer, por ejemplo, según información publicada en El Periódico de Catalunya el día de ayer, 27 de enero, que la Fiscal General citó en diciembre de 2020 a su despacho al entonces Fiscal Jefe del TSJ de Madrid tras la negativa del Instructor de las Diligencias a seguir mareando la perdiz sin archivar las actuaciones a "sugerencias" del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica de Dolores Delgado.   Claro, Dolores Delgado, al llamar a Caballero, asume un papel que había negado en el Consejo Fiscal y que Álvaro García también había negado en un briefing con periodistas en el Consejo Fiscal de fecha 24 de noviembre.  La idea que se barajaba en la reunión, según el periódico, era que quitar el asunto a Ruiz de Alegría por su jefe no era en realidad quitar nada, porque los asuntos son de los jefes y simplemente los delegan en sus subordinados.  Es decir, otra chapuza.   Si esa reunión que dice el Periódico de Catalunya se produjo (a la que asistieron también Fausto Cartagena y el propio Alvaro García), Lola no dijo la verdad en el Consejo Fiscal, y tampoco la dijo Alvaro García a los medios.  Por tanto, es importante que se sepa si es verdad o mentira que hubo esa reunión y si en el caso de que se produjera, si es cierto que se trataba de eludir la intervención en la avocación del Consejo Fiscal.   Porque si es verdad, a mi juicio es un asunto gravísimo que debería conducir a exigir la dimisión de la Fiscal General.   Pero oye, la revista de prensa, a lo suyo.    De la demanda que la APIF puso contra la FGE, o del Juicio celebrado el pasado día 19, tampoco hay noticias...  ¿Porqué?  ¿Es esto casualidad? ¿O hay censura?  Nada más le faltaría a la Institución que censurar las noticias que no le gustan al que manda...

EL CONVENIO SOBRE RIESGOS LABORALES ENTRE LA FGE Y EL MINISTERIO DE JUSTICIA

Hace ya varios años, el Ministerio de Justicia rehusó firmar un Convenio con la FGE sobre la protección de los riesgos laborales de los Fiscales.  Desde el mes de enero de 2021, en que se retoman las intentonas de que se firme un Convenio marco para las bases de elaboración de un sistema de protección de riesgos laborales para los fiscales, ni la FGE ni el Ministerio han encontrado el momento para firmarlo.  Está elaborado un proyecto chapucero de Convenio, pero ni ese firman.  Firmarlo significa obligarse y para qué obligarse si sin obligarse no pasa nada.  Pero ahora han pasado unas cosas.  Por un lado, la APIF ha demandado a los deudores de seguridad y a esa demanda se ha adherido la asociación mayoritaria de fiscales.  El asunto está pendiente de sentencia, una sentencia incierta porque la UPF se opuso a la demanda sosteniendo que ya teníamos los fiscales un sistema de protección, pero que lo usábamos mal.   No se que pensará la Sala ante esto, espero que se analice la prueba en profundidad porque ese argumento, aunque falso, viniendo de una asociación profesional afectada por la normativa de riesgos, tiene un peso.   Pero el hecho de que la UPF se la juegue a los fiscales en una materia tan sensible como esta, simplemente para proteger al Ministerio de Justicia y a la Fiscal General, que a su vez les está regando de cargos a costa del resto de los fiscales, en si mismo también es importante.   Me cuesta creer que ante esa jugada, les dejen ahora colgados.  Es decir, que después de ponerse en evidencia, que el Secretariado de la UPF no vea ni un gesto sobre esta cuestión de aquellos con quienes comparten tantas cosas.   Todo es posible, pero yo creo que el Ministerio y la FGE van a dar un paso: con sentencia desestimatoria, con sentencia condenatoria (obligados por el Tribunal entonces) o sin sentencia.   Es un gesto de lealtad entre aliados en la batalla: no se deja a un soldado atrás, no les pueden dejar tirados, despues de rebajarse tanto.   En esta batalla, la UPF ha expresado claramente donde está.  Y eso lo hemos visto todos, también quienes privan de derechos laborales a los fiscales.  Así que algo seguro que van a hacer.

FELIX PANTOJA SOBRE NUESTROS DERECHOS LABORALES

 La UPF, profundizando en su posición, considera que el plan riesgos laborales del Ministerio de Rafael Catalá es mejorable, y elogia el trabajo de su asociado Felix Pantoja para ese fin. Veamos lo que escribió Pantoja a los componentes de la Comision que presidía el dia 26 de febrero de 2021 (incluida la presidenta de la UPF), y que esta aportado como prueba de que los fiscales carecemos de proteccion en riesgos laborales:

2.- Como todos somos conscientes, este derecho a la protección de los riesgos laborales de los fiscales, no lo tenemos reconocido, en las singularidades que el trabajo de los fiscales tiene, respecto del resto de los trabajadores del sector público al que pertenecemos, por lo que siempre ha sido y es necesario tener un plan de prevención y un servicio de prevención propio y ajustado al servicio público que, como trabajadores, prestamos.

Por proteger al Ministerio y a Lola, y asegurar así más y más nombramientos, estos son capaces de cualquier cosa, como llevamos viendo hace un tiempo.

LA UPF Y LOS RIESGOS LABORALES

El grado de sumisión al Ministerio y a la FGE de la UPF actual carece de precedentes.  Hace unos años, cuando Torres Dulce campeaba, tuve una conversación con una buena amiga y compañera de la AF en la que dije que, en mi opinión, la AF era más sectaria que la UPF.   Lo lamento mucho, Mónica.  Como esto no he visto nada igual nunca.  Es cierto que se compensa a la asociación en cargos que como decía uno el otro día, "no se nombran solos".  Pero es que aún así.   Ayer, en la vista sobre una demanda de la APIF en materia de riesgos laborales, un problema sangrante para la Carrera Fiscal, y un problema que no se resuelve desde hace mucho tiempo con consecuencias muy graves para cada uno de los fiscales, el letrado de la UPF se opuso a la demanda en condición de interesado.  Es decir, la UPF no reclama que se haga un Plan de prevención adecuado, vale. Cuando unos compañeros van a los Tribunales para reclamarlo, no se adhieren, bueno vale.  Pero pudiendo no ir, van a juicio, y combaten la demanda.   Es decir, perjudican a quien lucha por los derechos de los fiscales y favorecen a quienes lesionan los derechos de los fiscales.  Les "interesa" (como interesados) que no haya mejoras en prevención de riesgos a costa de abochornar a sus cómplices ministeriales.   Y quiebran el discurso de que toda la carrera está jodida con la situación actual: la UPF, no.  La UPF dice que hay un Plan y que el problema es que se usa mal.   De verdad, ¡que lástima!

LA INIDONEIDAD SEGÚN LA FISCAL GENERAL DEL ESTADO

 En un sistema de nombramientos como el que está establecido en la Fiscalía, en particular en los periodos cíclicos en que se apodera la arbitrariedad de los criterios de elección, imponiendo esta sus designios, cualquier motivación es válida para nombrar a alguien de la cuerda, o para no nombrarlo.  Aquí he visto cómo se promocionaba a fiscales por su supuesto buen carácter (con un par), por su antigüedad, por su falta de antigüedad, por ser joven, por ser mayor, por ser mujer, por ser de confianza, por dar continuidad a una Fiscalía o por no darla.   He visto cómo se invitaba a retirar instancias, cómo se buscaba un tapado para un determinado puesto, cómo se pactaban puestos entre progresistas y conservadores.  He sido testigo de cómo bulos interesados se circulan para ayudar o perjudicar en nombramientos, he visto venganzas y favores.   He oído a vocales decir que lo importante es la Memoria de actuación, pero luego he visto cómo votan a quienes no presentan Memoria, siempre que sea de los propios y a la FGE le venga bien. Actuaciones varias con un denominador común: el mérito y la capacidad no se toman en cuenta sino como lejana referencia.   Ahora, además, vivimos una de esas épocas en las que la UPF (la asociación profesional de Lola) cierra filas con ésta para todo cuanto la Fiscal General precise y como consecuencia de ello se llevan su tajada en nombramientos.  Una tajada que siendo muy grande no acaba de saciarles y necesitan más y más, para lo cual se hacen más y más obedientes: así aceptan -entre otras cosas- que uno de los suyos vaya interfiriendo en una investigación penal sugiriendo al Instructor complicar de manera innecesaria la situación de otro fiscal.   Se tragan eso. Lo aceptan porque es de los suyos, si no lo fuera, volverían a ser fiscales con celo, con lo cual es claro que nunca son imparciales.    Convierten al Consejo Fiscal en un instrumento más para la arbitrariedad, no en un contrapeso.  Obedientes a Lola, no a quien les eligió para el puesto (bueno, a algunos de ellos no les eligió nadie, ya que han sido tantas las promociones que han tenido que han tenido que rellenar el Consejo con suplentes).  

Entre los argumentos para no elegir a una fiscal para un puesto ahora se ha introducido -de ser cierto lo que dice el último Comunicado de la AF- un nuevo factor de inidoneidad: haber sido Fiscal General del Estado, ya que ello le priva a la afectada de la imparcialidad y neutralidad debidas por el carácter político de su nombramiento.  Ese argumento lo sostiene ni más ni menos que Dolores Delgado, elegida por idénticos criterios pero a cargo de la dirección de la institución.   Es decir, Lola cree que ella sí puede tener afectada su imparcialidad y neutralidad, pero los demás, no.  No se da cuenta, quizá, de que sosteniendo ese argumento su veto -y cualquiera de sus actuaciones- está viciado de apariencia de parcialidad.  ¡Qué más le da!  De hecho, Lola promocionó a su antecesora en el cargo, sin que entonces la imparcialidad o la neutralidad le importaran nada, ni a ella ni a la UPF, ni que ese factor se mencionase para nada.    Aceptarse a sí misma como sectaria es algo nuevo.

No critico tanto el criterio (no hay duda de que ser Fiscal General supone el nombramiento de un Gobierno de un signo político, y por eso hay que combatir el sistema de elección) como el sectarismo de defender ese criterio solo para los que no son de los suyos.   Por eso impera la arbitrariedad en una parte de la Fiscalía, la más cercana a la jerarquía.   Evidentemente, no solo es responsable Lola.  El crimen tiene cooperadores necesarios (ahora los vocales de la UPF), como los tuvo también Torres Dulce con sus nombramientos, o Maza, o tantos otros, en los felices tiempos para la AF en que gobernaba el PP y la UPF protestaba como ahora lo hace la asociación mayoritaria.   

Mientras tanto, no hay tentativa alguna en la institución de crear un sistema objetivo de valoración de méritos que permita reducir un poco la arbitrariedad.   ¿Para qué?  Estas chapuzas ya les vienen bien.  Y nadie está en posición de luchar contra los abusos del poder, porque todos esperan algo de quienes lo detentan ahora, o de quienes lo pueden detentar si cambia la tortilla.  

ANGELES SANCHEZ CONDE, TENIENTE FISCAL DEL TS

 Parece que se confirma la elección de Ángeles Sánchez Conde como Teniente Fiscal, como número 1 de la Carrera Fiscal.  Me alegro por ella, siempre me ha caido bien, y en el poco tiempo que hemos estado trabajando juntos todo ha sido satisfactorio.   De estar en el Consejo Fiscal, yo hubiera apoyado a Javier Zaragoza, el más antiguo de los aspirantes, y a mi modo de ver con el mejor curriculum profesional de todos, y quien mejor podria haber abordado las gravisimas cuestiones profesionales que estan ahí.  Javier se ha quedado sin votos en el Consejo Fiscal, y lo siento.   Pero dicho esto, mirando al futuro, con un Ministerio Fiscal a la deriva por algunas actuaciones de la Fiscal General, la figura de la nueva Teniente Fiscal ha de ser la referencia para enderezar el rumbo.   No llega en un momento ideal, ni siquiera bueno, pero hay que confiar en su competencia y experiencia profesional, y en la seguridad de que desde donde está ni la pueden cambiar ni puede llegar a más en la Fiscalía, lo que ha de dotarla de la máxima independencia.

DESVERGÜENZA EN LOS NOMBRAMIENTOS EN LA FISCALÍA

 El título del post no hace justicia a lo que está ocurriendo en la Fiscalía en materia de nombramientos.  No se trata de recordar las cosas tremendas que en su día hizo la AF cuando gobernaba el PP, que yo recuerdo muy bien, y desde luego, no se trata de comparar.  Lo que está ocurriendo ahora con Dolores Delgado, decidida a competir por el puesto de peor Fiscal General del Estado que ha habido nunca,  no tiene precedentes, por lo menos en la cantidad de nombramientos sesgados.   A las plazas de fiscal de Sala que van saliendo, se amontonan peticionarios de la UPF, a sabiendas de que es ahora, o nunca.   Mientras, muchos fiscales ajenos a la UPF piensan que para qué pedir nada, si esto está siempre dado a los mismos.  Recuerdo  aquellas promesas y la fuerza con que llegaron hace cuatro de luchar por la igualdad entre todos los fiscales, la regeneración de la Carrera, y otras cosas necesarias que  decían: debutaron renegando de una huelga de fiscales contra el Ministerio socialista por los mismos motivos que habían defendido la misma huelga contra el Ministerio del PP, y de ahí, la Carrera cuesta abajo, aunque eso sí, casi todos ellos promocionados.   Las plazas no están dadas en realidad.  Las discusiones son intensas: ¿A quien de entre los candidatos de la UPF se va a nombrar ahora?    Mérito y capacidad: my ass!

IGNACIO STAMPA SEGÚN SU JUEZ

Me escribe quien fuera Juez del Juzgado donde Ignacio Stampa sirvió en Lanzarote. La carta me parece que merece la pena ser publicada porque revela la personalidad de quien ha sufrido un atropello en la Fiscalía, con pocos precedentes. Mientras que algunos dentro de la Institución persisten en revolcarse en el chapapote de la prepotencia, la percepción que tienen algunos de Stampa, seguramente semejante a la que ofrecen muchos fiscales españoles, es muy diferente. La única salida que devolvería algo de imagen para la Fiscalía sería el cese fulminante del Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica, o la dimisión de la Fiscal General. Y ofrecer una disculpa pública al compañero, que no sería la primera tras la de Luis Navajas. No creo que ocurra, haría falta grandeza para ello; pero al no reparar el daño, lo aumentan, y no solo hacia Stampa.  La carta que he recibido dice así: 

Estimado Sr. Viada: Permítame de antemano pedirle disculpas por mi atrevimiento. 

Sigo su blog desde hace tiempo y debo participarle mi más profunda admiración en particular por la defensa de la independencia y la imparcialidad. Pero tras ver su posicionamiento en el asunto "Stampa" dicha admiración se ha hecho más presente. Soy juez en Lanzarote. Una juez de trinchera, ni de grandes destinos ni de aspiraciones, simplemente de trinchera. Tuve ocasión de comenzar mi etapa profesional en Lanzarote, como segundo destino, acompañada de dos grandes fiscales, de los que aprendí muchisimo, y uno de ellos era D. Ignacio Stampa. 

No se si conoce directamente a Ignacio, pero por ello quiero contarle a quien apoya, desde mi humilde visión. No fuimos amigos. Ni siquiera nos tomamos un café. Tuvimos una relación estrictamente profesional. Tras el tiempo profesional compartido debo decir que nunca me he encontrado a nadie tan profesional, riguroso, autoexigente y con tanta capacidad de trabajo. Lo revisaba todo. Los foliados, la formación de las piezas separadas, examinaba minuciosamente las piezas de convicción, conocía a las personas y a los personajes. Tiene una amplia psicología, virtud que brillaba especialmente en los interrogatorios. Trabajaba ágilmente, siempre colaborador y proactivo. Respetaba con celo los plazos procesales y trataba exquisitamente a todos quienes trabajamos y compartimos tiempo con el. 

Ya se puede imaginar que compartimos la instrucción de causas de corrupción, causas que han resultado exitosas, no gracias a mi trabajo, pues soy un mero arbitro, yo no voy a juicio, sino gracias al trabajo titánico y minucioso del Fiscal. 

Recuerdo que en Sala preguntaban antes quien era el Fiscal que haría la toma de declaraciones. Cuando se informaba que iba a ser el Sr. Stampa había un resoplido. En muchas ocasiones directamente no se respondía a las preguntas del Fiscal. En otras, las más curiosas, el investigado dejaba de responder a mitad, cuando veía lo incisivo del interrogatorio. A mí me admiraba esa forma de interrogar tan rigurosa, llevándole a su terreno, hasta que en un momento del interrogatorio, no me explico cómo, el investigado había quedado encerrado en un par de preguntas de tal manera que si no respondía la verdad debía desdecirse de diversas respuestas previas. Siempre vi máxima amabilidad, con los Letrados y con los investigados. Y mucha humildad. 

En el primer interrogatorio, al poco tiempo de mi llegada, yo estaba esperando en Sala al Fiscal (grababamos todas las declaraciones en fase de instrucción). Pensaba que bajaría por la parte reservada a los profesionales del edificio. Allí estábamos haciendo tiempo. Pero no. Este Fiscal no entraba por la parte reservada. Este Fiscal entraba por la puerta con los Letrados y los investigados. Esperaba fuera de la Sala, como uno más. Ajeno por supuesto a las partes, concentrado, ausente, sin marcar una posición de superioridad. Siempre observé cortesía. Estrechamiento de manos y saludo cordial al comienzo y al final, como si se tratara de un buen combate. Solía llevar un pequeño folio con poquísimos apuntes, el resto estaba memorizado en su cabeza, fruto de un gran trabajo de fondo. Algún abogado me preguntaba con asombro si era cierto que el Fiscal lo llevaba todo en la cabeza, y es que eran causas de miles y miles de folios. 

Evidentemente no todo fue fácil. Este Fiscal ya tuvo que soportar pintadas injuriosas tamaño XXL en muros de edificios de Lanzarote, carteles a la puerta del Juzgado y una férrea campaña mediática escrita y radiada. Sin entender muy bien la suciedad que a veces embarra lo jurídico, entré en el juego de creerme alguna de esas noticias que se publicaban, fíjese lo reiterativo y la contundencia con la que se publicaban. Eran realmente escandalosas. Yo misma cogí el coche y salí disparada en una ocasión de mi casa al Juzgado, al leer en prensa que se había declarado la nulidad de parte del procedimiento por una mala instrucción (aludiendo a la mala praxis del Sr. Fiscal) pensando que había algún auto de la Ilma. Audiencia Provincial que acababan de notificar. Ingenua de mí, no era más que una de tantas noticias falsas. Pero hasta yo lo creí.Una de tantas que he vuelto a ver repetidas recientemente por una periodista canaria que ha tomado al Sr. Stampa como un muñeco de boxeo. Si hasta yo me lo creí, ¿que no creerá la opinión pública? 

Pero no, el procedimiento estaba perfecto, revisado, mimado y a día de hoy sentenciado y condenado prácticamente en su totalidad, pese a las continuas artimañas de las defensas y a lo difícil que es instruir causas de corrupción en sitios pequeños. Su despedida de Lanzarote fue una de las más numerosas que se recuerdan. Compañeros, abogados, policía, guardia civil, alumnos, forenses, funcionarios... faltó que se colara algún investigado para comprobar que efectivamente se marchaba. Se que también fue especial su despedida de Anticorrupción, donde llegaron multitud de ramos de flores con una nota que ponía "tu vales más que una plaza". 

Entiendo que es un Fiscal incómodo, (a veces hasta para el instructor, yo nunca he trabajado tanto) que no se vende ni se acobarda, audaz, trabajador y persistente. Con personalidad. Etico y leal a sus ideas, al que no se compra con un cargo, partidos de futbol o fiestas. No le interesan. Es un hombre hasta aburrido que bebe fanta naranja. Como le digo, mientras trabajábamos no tomamos ni un café. Primó siempre la profesionalidad del trabajo. No digo que no se pueda, pero Lanzarote es muy pequeño. A su marcha sí he mantenido el contacto, pues creo que es de merecer, y he observado estupefacta una campaña que le ha golpeado en el único punto donde podía dolerle. En su familia. Pese a ello su maravillosa mujer es su mejor apoyo. 

No doy crédito a lo que ha sucedido y a lo que sigue sucediendo. No quiero imaginar que sea tan sencillo mancillar a un Fiscal y tras ello, apartarle de los asuntos que despachaba y que la propia Carrera no se alce indignada. Yo, que he trabajado con el si lo hago y debo decir que cuanto más conozco las altas instancias, más me gusta mi trinchera. 

Perdóneme Sr. Viada el descaro, si me apura, de enviarle este correo electrónico, simplemente quería que supiera a quien apoya. 

Y perdóneme que he escrito Fiscal con mayúsculas continuamente. Ha sido completamente intencionado. 

 Un saludo, y toda mi admiración.

ELECCIONES AL COMITÉ DE ÉTICA

El Consejo Consultivo de Fiscales Europeos, creado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa en 2005, en su Informe número 13 sobre Independencia, rendición de cuentas y ética de los fiscales (de imprescindible lectura), establecía una serie de líneas en las que debería desarrollarse el conjunto de reglas éticas a que deben someterse los fiscales en el ejercicio de su actuación, y entre esas reglas se apuntaba la necesidad de ser y parecer imparciales en sus decisiones, ser transparentes, evitar conflictos de intereses y cuando exista el riesgo de que eso ocurra, abstenerse en la toma de decisiones; debe evitarse realizar actuaciones políticas que comprometan la imagen de imparcialidad, añadiendose que los fiscales deben ser protegidos frente a las desventajas que pueda causarseles por el respeto a las reglas éticas inherentes al cargo. En la Fiscalía española, yo veo constantes inconsistencias en el funcionamiento de la institución en relación con dichos principios: el reciente caso Stampa es un caso palmario (se extiende una investigación penal a instancias de quien no es superior del Instructor y se declara reservado ese modo de actuar, incluso para que el Consejo Fiscal se pueda pronunciar con conocimiento de causa, y ello con la complacencia de la Fiscal General del Estado, que se permite considerar "difamatorias" las alegaciones de quien se defiende en los Tribunales de la actuación de la jerarquía). Hay más ejemplos: no abstenerse cuando se debe hacer; nombramientos de amiguetes sin considerar el mérito, o adaptando el mérito exigido al que tenga el favorecido; visitas al Fiscal General antes de los nombramientos; asistencia a palcos por parte de fiscales con habitualidad; recepción de financiación de entidades privadas (algo parecido a aquel "querido Emilio"), o candidatos que aspiran a puestos desde el mismo Consejo Fiscal, entre otras prácticas que deberían ser excluidas de una institución que se respetara a si misma y fuera consciente de la trascendencia de su importancia en la vida de los ciudadanos. Ahora hay una oportunidad de ir cambiando las cosas, a través del Comité de Ética, cuyos componentes van a ser elegidos por los fiscales. Cada uno debe reflexionar qué es lo que quiere en ese Comité que puede tener importancia como contrapeso o puede ser un órgano completamente inútil dependiendo del acierto en la elección de los compañeros que deben formar parte del mismo. Yo apoyo a dos desde el convencimiento de que hay que cambiar muchas cosas en esta institución: Santiago Sánchez y Ricardo Montesrej. Es mi elección, con todo respeto por los demás aspirantes. Pero yo quiero luchar por cambiar las cosas y conozco a esos dos compañeros y se que no se van a conformar con lo que hay, sino que lucharán por cambiarlo. Los próximos meses van a ser muy importantes para la Fiscalía si se camina en la buena dirección.