EL LÍO DE NAVAJAS

Uno espera que las tortas le caigan a los fiscales desde fuera.  Las sentencias adversas, las críticas de los abogados (incluso las querellas, de vez en cuando), la legítima crítica de los medios... Pero que los palos a los fiscales vengan del número 2 de la Fiscalía, Fiscal General en funciones, y hombre de buen y reconocido talante, es como cuando la mitad del ejército se pasa al enemigo en la batalla.   Estoy de acuerdo con él en que la crítica anónima que ha sufrido es cobarde, pero el desahogo de Luis no hace favor alguno a nadie, y tampoco a él.   

Dice que hay dos fiscales que son esclavos de su ideología e incapaces por tanto de entrar en el asunto que afecta al Gobierno.  Hombre, este es un punto interesante.   ¿Son los únicos esclavos de su ideología, según su punto de vista?  ¿No lo es el Fiscal Jefe de la Secretaría Técnica ascendido vertiginosamente por la Fiscal General en un asunto en el cual ésta no puede actuar?  ¿O es que la causa de abstención alcanza a la FGE pero no a los nombrados digitalmente y que dependen directamente por ella?   Pero no solo eso.  ¿Son solo recusables por contaminación ideológica, los dos señalados? ¿Ningún otro Fiscal de Sala nombrado a instancias de Fiscales del PSOE o del PP, en algún caso de manera escandalosa?  ¿Esos no son recusables con arreglo al criterio de Navajas?   Navajas limita la politización de la Fiscalía a dos personas en un asunto.  Sabe que no es verdad, sabe que la jerarquía de la Fiscalía está politizada hasta la médula y que eso la convierte en una institución muy vulnerable.  Pero además, si nos ponemos en su situación, ¿como diría que es su propia posición?  Finalizó su plazo de nombramiento por cinco años hace casi un año.  Pero sigue en el puesto porque la Fiscal General se lo permite, no sacando la plaza a concurso.  Es decir, que está en funciones, pero vota en el CF, coordina la Fiscalía del TS, y resuelve personalmente asuntos que la propia Fiscal General no puede -por afectar al Gobierno al que pertenecía antes de ser Fiscal General-.   ¿No está también un poco contaminado?  Porque,  ¿qué podría pasar si se enfrentara con la Fiscal General?  Obviamente, que podría ser cesado de sus funciones de manera inmediata sin que por ello la Fiscal General tuviera que forzar para nada la ley.   

La posición del Fiscal de no investigar ninguna de las querellas no es incuestionable.  Es algo muy complejo, pero yo creo que el Fiscal tiene que saber indiciariamente lo que ha pasado antes de tomar posiciones procesales.  Esto para mí es independiente de que el Tribunal Supremo le de o no la razón.  Es mi opinión.   Archivar sin investigar es asumir el riesgo de que haya actuaciones ilícitas que queden impunes.   Otra cosa es archivar sabiendo quién hizo qué, quien sabía qué cuando lo hizo y quien no hizo lo que debería haber hecho si hubiera sabido qué.   Pero para eso hace falta investigar.

Los palos a las fiscalías anticorrupción y nacional, además de ser gratuitos, son injustos y son para mi lo más doloroso.   Se están matando los compañeros para sacar asuntos complicadísimos desde el punto de vista jurídico y combatiendo procesalmente con los abogados mejores de España y en medio de un torbellino mediático.  Y lanza la idea de que en Anticorrupción hay una cola de periodistas para recoger filtraciones, además de sugerir que los cambien cada cinco años, como a los jefes.  ¿Como cree que esto beneficia a los fiscales que lidian con los asuntos?  ¿Cree que esto beneficia su trabajo?   Además, ¿tiene pruebas?  Y luego lo de dar por hecho que un fiscal tenía un affaire con una abogada y que cometió actos ilícitos.  Hombre, el asunto está siendo investigado, pero Navajas lo ha dado por cierto, hasta el punto de que vomitó al conocerlo.  Le comprendo, pero antes hay que saber si es verdad, ¿no? ¿Y la presunción de inocencia?  Por mucho menos condenaron en el TEDH a España por vulnerar la presunción de inocencia de un inculpado.

Lo que ha dicho Navajas no va a mermar la simpatía sincera hacia quien ha sido mi jefe directo durante varios años, a quien he tenido por un hombre cabal durante muchos años aunque personalmente no le deba nada.  Pero hace tiempo que creo que para hacer las cosas que está haciendo últimamente, yo hubiera preferido haberle hecho una emotiva despedida en febrero.  

LA DENUNCIA CONTRA LAS FISCALES DE PÚNICA

El derecho a la tutela judicial efectiva supone el derecho a obtener una respuesta fundada en derecho a las pretensiones jurídicas que ejercen los ciudadanos.  En este sentido, que un condenado penalmente que está investigado en numerosas operaciones de corrupción denuncie a los fiscales que le acusaron y obtuvieron su condena y además le investigan es algo amparado por derechos constitucionales de las personas, aunque quienes hemos manejado estos asuntos de corrupción ya hemos conocido y sabemos que esas denuncias, en general, no tienen otra finalidad que la de socavar la fortaleza de la acusación con la tratando de debilitar torticeramente a través de la descalificación de las personas los argumentos fácticos y jurídicos de los fiscales.  Y a ser posible quitárselos de encima, lo que desde un punto de vista profesional no deja de ser un cumplido.  

En este caso concreto se  reprocha por el denunciante a las fiscales no haber acusado a una persona (antiguo socio del querellante) cometiendo el delito de no perseguir delitos (al no acusar al ex socio del querellante por un delito de aprovechamiento del secreto proporcionado por un funcionario público), por el delito de prevaricación y por cohecho impropio.  

1) En cuanto al delito de aprovechamiento del secreto que considera el denunciante que debía haberse aplicado por las fiscales, el tipo penal es claro: se castiga al particular que aprovechare para sí o para un tercero el secreto o la información privilegiada que obtuviere de un funcionario público o autoridad.  

En el presente caso, las fiscales no ejercieron acusación sino contra las personas que se aprovecharon del secreto obtenido de un funcionario público.  No se satisfacía las exigencias del tipo el acusar a las personas que se aprovecharon del secreto obtenido de una persona que a su vez lo había obtenido de un funcionario público.   Es decir, el ahora denunciante recibe un secreto de un funcionario, y se aprovecha.  Y por ello es condenado.   Pero a su vez, no siendo funcionario, él mismo le cuenta el secreto a su ex socio.  El ex socio no recibe el secreto de un funcionario.  Los preceptos del Código Penal han de ser aplicados de manera restrictiva analizando con cuidado si los supuestos de hecho están contemplados en la norma penal.  Y en este caso, creo, claramente, que no.  Además, la cuestión se resolvió favorablemente a la tesis de los fiscales en la sentencia que condenó al Sr. Granados.

2) En cuanto al delito de prevaricación omite el  denunciante que los fiscales no dictan resoluciones, sino que ejercen pretensiones.  En este caso concreto, la acusación se ejerció contra las personas que se consideraron responsables del delito que cometió el ahora querellante, y lo hicieron bien puesto que fue condenado por la Audiencia Nacional y ratificada su condena en el Tribunal Supremo.

3) En cuanto al cohecho, resulta indecoroso el esfuerzo por ver una dádiva en beneficio de los fiscales en el hecho de que un acusado decida colaborar en la investigación. 

Veremos el resultado de esta denuncia, pero aquí no puedo hacer otra cosa que expresar mi reconocimiento profesional por las extraordinarias fiscales que están levantando la corrupción sistémica durante unos años que se produjo en diferentes ayuntamientos españoles. 

UNA INSTITUCIÓN ANTICUADA

No es un tema de personas.  La Fiscalía española es una institución muy conservadora en sus modos, quizá como mecanismo para asegurar la unidad de actuación, incapaz de adoptar por si misma decisiones organizativas que hagan sentir a los fiscales que la institución corre con los tiempos.  En estos tiempos, y desde hace ya algunos años, muchos cientos de fiscales no pueden moverse de sus destinos.  Es papel mojado el hecho de que sus congelaciones en los destinos duran uno o dos años.  En realidad, son muchos más.  El problema es que -ya digo que desde hace mucho tiempo- el escalafón está lleno, hay tantos fiscales como plazas y por tanto no hay huecos para moverse de un sito a otro.   Yo no se quien fue el genio del Ministerio que concibió la plantilla como si fueramos las sillas de un teatro lleno, pero la realidad es que no se puede salir ni al baño.   Y la Fiscalía General, que podría minimizar los efectos de esta situación, permanece tranquila y pasiva ante este problema.   El Consejo Fiscal, exactamente lo mismo: indiferentes.   Todos quienes podrían arreglar esto no padecen el problema, porque ya están asentandos en sus plazas y lugares.  Pero hay muchos problemas familiares, situaciones de desarraigo, de incomodidad profesional, incluso de salud laboral.   Acaba la Fiscalía General -con la ayuda de la Inspección Fiscal y del Consejo Fiscal- de denegar un traslado por cuestiones de salud a una fiscal que padece una enfermedad seria, a la que el Medico de riesgos laborales del Ministerio aconseja mediante un certificado el no trabajar fuera de su domicilio familiar.   Las soluciones que se le ofrecían, que se le ofrecen a la Fiscalía General, no son satifactorias.   Oiga, que está en juego la salud de un fiscal.    Nada.  La APIF ha propuesto crear una bolsa de titulares que ocupen plazas que actualmente se asignan a sustitutos.   No es ninguna tontería: hay más de mil sustitutos apoyando las necesidades de la Fiscalia.  Pero la Fiscalía General considera que esta solución no es adecuada.   Pero si es adecuado que los dramas de los fiscales se sucedan por la rigidez de la institución.

LA FISCALÍA Y EL JUICIO DEL PROCES

Cada uno tiene una opinión sobre el juicio del proces, sobre la actitud del Presidente de la Sala, sobre lo que se ha dicho por los testigos y peritos, sobre si ha habido o no violencia bastante para constituir un delito de rebelión.   También sobre si los fiscales han estado bien o no, sobre si ha habido algunos más sólidos que otros y demás.  En mi opinión han estado en conjunto muy bien.  Yo sabía que el informe de Fidel Cadena iba a ser una lección magistral de derecho penal y así ha sido.   Un fiscal técnico como he conocido pocos.    También sabía que Javier Zaragoza era capaz de conectar con quien le escucha de manera natural porque tiene un estilo directo muy eficaz en conferencias y sobre todo en las vistas al interrogar y al informar.    Se de la eficacia de Jaime Moreno (otro técnico notabilísimo y muy buena persona además) y de Consuelo Madrigal.  Pero lo que más me ha gustado de la Fiscalía en este caso complicadísimo para llevar ha sido la total autonomía con que estos cuatro pesos pesados han conducido su trabajo en el proceso.   El mérito de ello es suyo y también de la Fiscal General del Estado, que finalmente ha resultado ser lo que uno espera de un Fiscal General, alguien que defienda a los fiscales en su trabajo profesional en lugar de alguien que interfiera en el mismo.   A veces vivimos tiempos buenos en la Fiscalía y arrastrados por el impacto de los malos (que suelen ser más) no los valoramos como se debería.   Estos están siendo tiempos buenos bajo el mandato de Maria José Segarra, que desde un punto de vista profesional se está ganando el derecho a seguir en su puesto.   Y si no sigue por esas cosas de la política, siempre podrá decir que ella dio ejemplo.

CAMBIO PROCESAL EN EL PROGRAMA DEL PSOE

Se puede leer en el programa electoral del PSOE, partido que con toda seguridad va a gobernar España en los próximos años,  entre sus compromisos lo siguiente:

"Aprobar una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal que garantice un proceso penal moderno, democrático y plenamente adaptado a los principios constitucionales, atribuyendo la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal y fortaleciendo las garantías constitucionales".

Estoy de acuerdo con ese cambio siempre que como condición previa se refuerce la posición institucional de imparcialidad del Ministerio Fiscal eliminando la influencia política del Gobierno sobre la institución.   Ese cambio no lo defiende el PSOE; de hecho se ha opuesto al mismo en varias ocasiones defendiendo que el Fiscal debe estar en la órbita gubernamental porque el Gobierno lo necesita como instrumento para realizar su política criminal.   A mi modo de ver, se trata de cosas contradictorias: o el Fiscal investiga los delitos con imparcialidad o es el instrumento de la política criminal del Gobierno.  Pero las dos cosas no.   Asumir que se va a sustituir a los jueces de instrucción independientes en la investigación de los delitos por un órgano del que se defiende su vinculación al Gobierno y todo ello sobre la bandera de fortalecer las garantías constitucionales es como tomarnos un poquito el pelo en mi opinión.   Otra cosa sería que efectivamente el Gobierno declinara en el Parlamento gran parte de sus potestades para elegir al FGE y se modificara el EOMF para fortalecer la independencia del FGE.   En ese caso, si a la dirección de la investigación por el Ministerio Fiscal, y si rotundamente.  Pero de otro modo, párense un momento a pensar qué hubiera sido de todos los casos de corrupción que hemos padecido en estos últimos años si la llave de esas investigaciones estuviera en manos únicamente de un Fiscal dependiente del Gobierno.  

PROYECTO DE REGLAMENTO PARA LA FISCALÍA

Que es necesario acabar con el Reglamento del Ministerio Fiscal de 1969 es una evidencia.  Es un Reglamento inútil por haber sido superado por la normativa vigente, por ser anterior a la Constitución y al Estatuto del Ministerio Fiscal.   Por ello se ha elaborado de manera opaca un nuevo borrador de Reglamento de la Carrera Fiscal con incierto futuro, puesto que va a depender del resultado de las elecciones y la configuración de un nuevo Gobierno.   He leído los primeros Títulos del mismo, ya que la Fiscalía General ha diseñado un sistema periódico de informes sobre el mismo.  Tengo la sensación de que no es un Reglamento elaborado para cambiar la Fiscalía, para dotarla de la agilidad que demanda una institución corta de medios y larga de funciones.   Que se continúan manteniendo, sin contrapeso alguno, la abrumadora e insólita en el derecho europeo comparado estructura jerárquica de la institución en la que más que un Fiscal General hay un virrey con los máximos poderes no aminorado su poder interno por ningún órgano que asuma papeles de codecisión en cuestiones fundamentales, y desde ahí, para abajo todo es jerarquía.   No son tiempos ya para virreyes en tiempos en que la transparencia es ya una obligación legal, en las que el Consejo de Europa y la Unión Europea se preocupan por los sistemas judiciales, en los que está prohibida la arbitrariedad en los poderes públicos y menos en una institución que vuelca su actividad principal en el ejercicio de la acción penal.   No me conformo con que el Fiscal General o la Fiscal General sea mejor que los anteriores.   Creo que es malo para la Justicia y para casi todo (quizá no sea así en la cabina de un avión o en un quirófano) en democracia los poderes absolutos.  Este Reglamento creo que va en esa línea.

DESPERDICIO DE RECURSOS EN LA JUSTICIA

La estructura de los recursos en el proceso penal ha variado sustancialmente en nuestro país desde 2015.   Rige actualmente la doble instancia penal en la generalidad de los asuntos, y además todos ellos tienen potencialmente acceso al recurso de casación con diverso alcance.   Todo está bien y es la respuesta lógica que se da a una exigencia -tanto tiempo postergada- de garantizar un justo proceso.  Pero la realidad es que con este sistema competencial, demasiados jueces invierten demasiado tiempo en la resolución de cada asunto, que tiene ahora dos o tres instancias.  Así, en el caso de delitos castigados con penas de más de cinco años de prisión, tres magistrados conocen del asunto en primera instancia; otros tantos, abordarán el asunto en apelación; y por último, cinco magistrados cerrarán jurisdiccionalmente el asunto en casación.   El mayor atasco o carga de trabajo está ahora en las Audiencias Provinciales, donde se ha mantenido la competencia objetiva para conocer en primera instancia de asuntos con penas que superen el umbral de los cinco años de prisión, y además se añaden las apelaciones de las sentencias dictadas por órganos unipersonales.   Personalmente me parece que al aumetar las garantías incrementando el número de instancias, habría que aumentar las competencias para el enjuiciamiento en primera instancia de los jueces de lo penal (al fin y al cabo, un solo juez, lo que permite más fácilmente la creación de juzgados) y reservar las Audiencias para los delitos más graves en primera instancia y desde luego para las apelaciones.   Que once magistrados (3 AP+3 TSJ+ 5 TS) deban estar encargados de resolver el enjuiciamiento de cada delito castigado con pena superior a cinco años me parece un desperdicio de recursos escasos.  Habría que optimizar recursos, en mi modesta opinión, sin merma de garantías.  Y eso es perfectamente posible hoy día.

"COMO MÁXIMO", CIEN PLAZAS PARA JUECES Y FISCALES EN 2019

Esto parece una broma, pero no lo es.   Después de muchos años de constreñir la Justicia mediante la supresión de jueces y fiscales sustitutos, y la no creación de plazas de jueces y de fiscales, unido al desastre de la Justicia Digital y tantas otras chapuzas que distinguen a nuestro Ministerio de Justicia, parecía que volvía a abrirse la espita para reducir la presión interna.   300 plazas de jueces y fiscales se ofrecieron el año 2018 y parecía lógico pensar que la línea seguiría.  Pues no.  De repente vemos los presupuestos generales que propone el PSOE, y tan solo 100 plazas para jueces y fiscales están previstas para 2019.  Los opositores deben estar desorientados, y quienes servimos a la administración de Justicia, muy cabreados.   Parece evidente que la Ministra no tiene fuerza ni influencia alguna para imponer nada en Hacienda que cueste unos euros para mejorar la Justicia.   Podemos esperar gestos, pero desde luego como al Presidente del Gobierno esto de la Justicia le pilla algo a distancia (salvo claro está, para elegir afines para puestos de gobierno de la Justicia y la Fiscalía, que ahí no fallan), no cabe esperar mejora sustancial alguna durante estos años.  Lamentable.

TRANSMÍTELE QUE YA ESTÁ HABLADO Y QUE NO HABRÁ PROBLEMAS

Reconozco que sigo sorprendiéndome cuando por una vía u otra (últimamente, casi siempre a costa de la publicaciones de intervenciones legales o ilegales en las comunicaciones de ciertas personas) se descubre una nueva interferencia política en la Justicia.   Ahora, tras los casos de Gonzalez-Zaplana-Moix-Alonso; y de Cosido y su pacto para controlar el TS por la puerta de atrás, nos aparece una conversación de la antigua vicepresidenta del Gobierno con un alto cargo del Banco de Santander asegurando que el tema está hablado.  Parece ser que el tema era precisamente el que dio lugar a la denominada "doctrina Botín" (ya es de escándalo que una interpretación procesal como esa tenga apellido), es decir, la insuficiencia de la acción popular para llevar adelante por si sola una acusación penal.   El mismo banco que financia cursos de asociaciones judiciales y fiscales.  A mi todo esto me da mucha lástima, sobre todo.  Ojalá se desmienta, ojalá no sea verdad, ojalá pueda aclararse.  Pero si fuera cierto, creo que hace unos años hubiera reclamado que había que perseguir e investigar hasta el final a toda esa gente que hace daño (desde fuera y desde dentro) a nuestra Justicia.  Ahora, tras constatar que hay gente que mantiene cierto control de la Justicia para cosas como estas (aunque esta en concreto no fuera verdad), y tras comprobar que de manera permanente hay otros pocos pero influyentes que desde las Carreras Judicial y Fiscal aceptan con tranquilidad la situación -asumiendo que las reglas son estas y que ya que no hay forma de cambiarlas mejor participar en ellas obteniendo beneficios profesionales-, solo siento tristeza.   Un periodista me decía el otro día, con mucho desencanto, "¡que ganas de colgar los guantes!".  Ni él ni yo los vamos a colgar hasta que nos jubilemos, aunque solo sea para decir que nos parece muy mal lo que hacen aunque no podamos impedirlo.

REUNIONES CON LA MINISTRA DE JUSTICIA

Las asociaciones de jueces y fiscales vienen teniendo reuniones con la Ministra de Justicia reclamando un conjunto de mejoras para la Justicia y retributivas para los colectivos que ya han supuesto la existencia de dos huelgas (una a Catalá y otra hace unos meses a Dolores Delgado).  Personalmente creo que no hay comparación en cuanto al tratamiento que brinda Lola al que ofrecía el desastroso Ministro de Justicia que la precedió.   Dejando de lado lo más importante, que es que ambos han actuado manteniendo políticamente el control del CGPJ con lo que ello significa de politización de nuestros Tribunales, lo cierto es que hay entre ambos algunas diferencias que favorecen a Lola Delgado.  Desde el punto de vista económico no se avanza y quizá no se avance porque la Ministra carece del peso político para prevalecer en el Gobierno sobre esta cuestión.  Pero en otros aspectos no hay duda de que en el Ministerio están haciendo cosas interesantes.   Por increíble que parezca, a diferencia de otros funcionarios, los jueces y los fiscales no habían recuperado los permisos que Catalá nos retiró hace unos años; Lola ha revertido esa situación hace unos días.   Catalá, asimismo, hace un tiempo ante la reclamación de unos fiscales de que se les reconociera un complemento de destino equivalente al de otros compañeros en su misma categoría y Fiscalía, me despachó con un displicente "que recurran".  Bueno pues aquellos compañeros ya recurrieron y ante la evidencia de que han ganado en todas las instancias, la Ministra se ha comprometido a desistir de los recursos que había interpuesto la Abogacía del Estado.   Catalá fue el impulsor de la desgraciada reforma, propia de un amateur bien intencionado o de un profesional mal intencionado, que suponía el acortamiento de los plazos de investigación de las causas criminales, sin añadir medio alguno más para permitir cumplimentar los plazos.   Ahora la Ministra está luchando por anular el art. 324 de la Ley.   Es decir, entiendo que hay una buena predisposición en la Ministra y especialmente en Manuel Dolz, su Secretario de Estado, al que me he referido ya alguna vez aquí, para arreglar esos problemas enquistados.    

Ahora surge otro problema que considero grave y que espero que se arregle pronto: los retrasos indecentes en el abono de las retribuciones de jueces, fiscales y funcionarios de Justicia que padecen una incapacidad temporal durante más de seis meses.   Personas que están afectadas a veces por enfermedades graves y a las que la MUGEJU maltrata con retrasos en los pagos de tres, cuatro o cinco meses.  ¿De que creen MUGEJU y el Ministerio que viven las personas afectas por esta situación?  ¿De las familias, de los ahorros, del aire?  Lola, otro tema del que tienes que ocuparte con urgencia.  

GRAN NOTICIA PARA LA INDEPENDENCIA DE LA JUSTICIA

Acabo de leer que el PP ha conseguido introducir en el Senado la enmienda que permitirá la elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial por los jueces en lugar de por los partidos políticos en el Parlamento.   Con ello aporta la fuerza que tiene en el Senado al impulso que ha insuflado a todo el proceso el grupo político Ciudadanos, que rehusó a participar en el reparto de vocales frustrado por el indecente Whatsapp del Portavoz del PP en el Senado y filtrado a la opinión pública.    El PP ha cambiado de opinión por enésima vez.   Ahora, en la oposición hace lo correcto, justo cuando acaba de trascender -aparentemente- la más vergonzosa de las corrupciones de ese partido en relación con la utilización de la Policía para robar documentos a su ex tesorero.   En fin, es esta la política en nuestro país.  Y siendo esto así, hoy toca la de cal.   La reforma, que muy probablemente no prosperará en el Congreso por no tener mayorías PP y C´s, sin embargo, supone un avance muy grande para la independencia de la Justicia y para la regeneración de nuestra democracia.   Me alegro enormemente porque esto es por lo que muchos llevamos clamando desde hace años.   Quiero acordame aquí  de la asociación Judicial Foro Judicial Independiente, que no se permite jamás flaquear en esto, y también de la Plataforma Civica por la Independencia Judicial y de Hay Derecho, todos infatigables luchadores por esta causa.
Tarde o temprano, también le tocará a la Fiscalía, esa porción de la tarta del poder que retiene el Gobierno para influir en la Justicia valiéndose de las afinidades que tiene dentro de la institución.   Pero está en la naturaleza de la función del Ministerio Fiscal que eso cambie, y estoy seguro de que lo hará.   Hoy es día de satisfacción, y también de acordame de aquellos políticos que renunciaron a participar en el reparto de vocales en el CGPJ, a lo que es más propio del poder en España, es decir, a su ejercicio efectivo donde se pueda, por defender que la Justicia no debe politizarse.   Es tan raro el ejemplo que hay que resaltarlo bien claro.