LA AF LO HA VUELTO A HACER

Copio el nuevo comunicado de la Asociación de Fiscales apoyando al Fiscal Jefe de Las Palmas.   A estas alturas albergo muy pocas dudas de que la Fiscalía General haga algo para corregir un comportamiento de la Fiscalía que, recordemos, inició una investigación preprocesal para averiguar si una juez que había pedido la excedencia para presentarse a las elecciones había cometido una infracción disciplinaria por no abstenerse en un determinado asunto, y dio publicidad a dicha investigación al comienzo de la campaña electoral.  E l TSJ de Canarias en primer lugar ordenó paralizar la investigación y finalmente consideró que la Fiscalía había vulnerado los derechos fundamentales de la candidata, había incidido en la campaña electoral violentando el principio de neutralidad política e invadido una competencia exclusiva del CGPJ relativo al régimen disciplinario de los jueces.    El CGPJ archivó la denuncia de la Fiscalía, ya pasadas las elecciones.  Quienes luchamos por la despolitización de la Justicia creemos que este es el tipo de cosas que no pueden ocurrir y que si ocurren han de ser corregidas.    Creo que debería por tanto acordarse el cese del responsable de aquella Fiscalía ya que estos hechos son demasiado graves.   La jerarquía de la Fiscalía no parece compartir este punto de vista, y yo creo que esta situación explica perfectamente como están las cosas.    La Fiscalía -recordemos- tiene que actuar en todo caso, por mandato constitucional, con arreglo a los principios de imparcialidad y de legalidad.    Cuando un Tribunal (y no un Tribunal cualquiera)  te dice que la Fiscalía no ha respetado ninguno de los dos principios en una sentencia -desde la óptica personal de quien ha dedicado toda su vida profesional a la Fiscalía y a su despolitización- debería pasar algo.   Lo que ocurrirá probablemente es que habrá recurso, seguramente del abogado del Estado (la Fiscalía en el proceso por derechos fundamentales tiene por misión velar por su respeto, de manera que en este caso se convierte en una parte interesada ya que el reproche de su vulneración recae sobre quien tiene que defender esos derechos, posición procesal que a mi me suena extraña).   Pero eso no cambia nada, la situación anómala para la imagen de la Fiscalía deriva de los hechos no de que una sentencia los considere ilegales, y esos hechos son clarísimos y no son discutidos como dice la sentencia del TSJ de Canarias.  
Ahora la AF, asociación mayoritaria en la Carrera Fiscal, lo vuelve a hacer.  Vuelve a cerrar filas con un asociado suyo responsable según los Tribunales de una vulneración de derechos fundamentales.   Como lo hizo en su día con otro desgraciado asunto en que también había habido vulneración de derechos fundamentales.   Parece que lo importante no es el prestigio del Ministerio Fiscal, ni su neutralidad política, ni la calidad del servicio, ni la independencia del poder judicial, ni los derechos fundamentales de los ciudadanos: lo importante es la jerarquía.   Les digo a los fiscales que me quieran escuchar, les digo a los alumnos del CEJ, le digo a cualquiera que tenga ganas de cambiar la situación de la Fiscalía que habrán de luchar por revertir esta estructura de poder en la Fiscalía; con una jerarquía así no puede haber cambio alguno, ni siquiera interés por la lucha por cambiar nada.   Yo creo que hace falta cambiar muchas cosas en nuestro sistema: que hay que acabar con el control político de la Justicia, que hay que acabar con las puertas giratorias entre política y justicia (si un juez o fiscal se va a la política, no debería poder volver en muchos años), que hay que generar mecanismos seguros y públicos de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía, que hay que volver la mirada hacia las condiciones de trabajo de los fiscales y a los derechos laborales de estos y muchas otras cosas.   Pero también que hay que acabar con este corporativismo que impide darse cuenta de cuando la Fiscalía actúa mal en los casos en que el error proviene de los propios y sin importar entonces las consecuencias para terceros o para la propia institución.    En lugar de analizar que algunos de los males de la Fiscalía ya no son por presiones o influencia gubernamental sino que provienen de nuestra anquilosada estructura, desde la AF se lucha por mantener esa estructura incluso en casos que como este muestran el mal funcionamiento de algunas cosas.    Bueno, os dejo el Comunicado.

Madrid, 16 marzo 2016.

El pasado 7 de marzo, la Sección 2ª de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dictó sentencia estimando parcialmente el recurso contencioso administrativo interpuesto por la magistrada en excedencia Maria Victoria Rosell Aguilar, contra las Diligencias Preprocesales 83/2015 de la Fiscalía Provincial de Las Palmas.

 La Asociación de Fiscales, ante las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y dentro del escrupuloso respeto a la resolución judicial, manifiesta públicamente su apoyo al Fiscal Jefe Provincial D. Guillermo García-Panasco  Morales  y a la Fiscal Dª Evangelina Ríos Dorado, que han actuado de conformidad a las facultades que al Ministerio Fiscal confiere el art. 124 de la CE, art. 5 del EOMF y la Circular 4/2013 de la FGE.

Observamos con preocupación que ante una sentencia (firme o no) se hagan afirmaciones interesadas e intolerables en un Estado de Derecho, vinculando la actuación legítima del Ministerio Público con criterios e intereses extraprocesales, algo que no puede ser aceptado; resultando, además, chocante que desde otra Asociación de fiscales se pida la dimisión del Fiscal Jefe Provincial por haber ejercido las facultades que la normativa vigente le atribuyen de manera clara y que encuentra acomodo y refuerzo en el anuncio de la Fiscalía General del Estado de recurrir la resolución arriba mencionada.

Por ello, esta Asociación Profesional, velando única y exclusivamente por la integridad de los miembros de la Carrera fiscal, reitera nuevamente no sólo su apoyo a la labor profesional realizada sino que pide a todos los que hasta el presente la han criticado, dejen a la Justicia ejercer su labor sin presiones y sin prejuicios, no olvidando que es nuestro más Alto Tribunal el único que podrá fijar doctrina en cuanto al tema debatido y al que todos los operadores jurídicos deberemos someternos.

Comisión Ejecutiva de la Asociación de Fiscales.

MUJERES ASESINADAS TRAS CONVIVIR CON UN MONSTRUO

Cada vez que en un telediario veo que otra mujer ha sido asesinada por su pareja es como una interpelación directa que siento: ¿que puedes hacer para ayudar a luchar contra esto?   ¿No hay manera de acabar con esta lacra indecente?  ¿Que clase de educación han recibido muchos hombres en España para que puedan llegar a realizar actos así?  ¿Pero que clase de gentuza es capaz de tratar así a su mujer o a la madre de sus hijos? El caso es que los asesinatos no parecen disminuir, sino todo lo contrario.  Hasta 12 mujeres han sido asesinadas este año por violencia machista.   ¿Nos damos cuenta realmente de la gravedad de la enfermedad social en la que vivimos?  Estrangulamientos, disparos, apuñalamientos, ahogamiento...  Doce mujeres asesinadas (8 tan solo en enero), algunas de ellas en presencia de sus hijos y de su propia madre.    El año pasado fueron 64, el anterior 59, hasta 85 en 2010.   Víctimas de personas a las que un día quisieron, a las que tal vez todavía en algún caso querían.     Hay más de 350 denuncias diarias por violencia de género en España.    Creo que estamos ante un problema de primera magnitud, un problema parejo al peor terrorismo en cuanto a sus efectos pero que según el CIS solo es percibido como tal por un porcentaje mínimo de españoles (un 1,6 por ciento).  Yo que todos los recursos que puedan dedicarse a abordar soluciones a este problema hay que considerarlo bien invertido -hay que buscar resultados hasta acabar con esa lacra-, y en cuanto a la Justicia, sabiendo como se que esta es un área de trabajo muy difícil para los fiscales y jueces de trinchera, les rindo aquí mi reconocimiento por su labor.

EL PARALIZADO CÓDIGO ÉTICO DE LA FISCALÍA Y TANTAS OTRAS COSAS

Hace unos meses nos escribieron de la Fiscalía General para que informáramos en la APIF un proyecto de Código Ético para la Fiscalía, que nos vienen reclamando ya hace tiempo desde el Consejo de Europa.   Desde entonces, nada de nada.   En ese código ético -ligado a la transparencia- podían tratarse cuestiones claves para el funcionamiento de la Fiscalía, como por ejemplo considerar infracciones al mencionado Código el no abstenerse los fiscales en ciertos asuntos, o la necesidad de que la agenda del FGE fuera transparente, o que se estableciera la compatibilidad ética para las asociaciones de recibir financiación de entidades bancarias, o la asistencia reiterada de fiscales a palcos,  o conocer donde y quien viaja por cuenta de la Fiscalía y para qué.     Podría establecerse algún tipo de obligación también para los vocales del Consejo Fiscal relacionado con la motivación de sus decisiones y tantas otras cosas.   La FGE aquí está parada.

Como está parada en materias de prevención de riesgos laborales.   Desde que el Ministerio al parecer rehusó firmar un Convenio sobre el particular con la Fiscalía, parálisis.    Nada de nada (o muy poco) sobre transparencia, sobre garantías en el régimen disciplinario de los fiscales aparte de dos novedades, una buena y una mala: la posibilidad de que intervenga un compañero o la asociación del afectado por un expediente disciplinario, como buena; y la práctica de que el FGE elija a dedo al instructor del expediente incluso en los casos en los que la sanción la va a imponer el propio FGE: espero que ese modo de proceder se anule en los Tribunales, donde actualmente se está debatiendo el tema.

Tampoco hay nada de una encuesta de ambiente laboral, ni sobre acoso laboral, ni de evaluación de los fiscales para méritos y promoción, ni un protocolo de entrada de fiscales en la Carrera, ni límites a la carga de trabajo que son esenciales para garantizar una vida profesional saludable y medir las necesidades de personal en las Fiscalías.    Nada de nada.

La pasividad de la Fiscalía General ante la entrada en vigor del nuevo artículo 324 de la LECr., y la gravedad del problema que caía sobre los fiscales ya fue denunciada por la APIF, pidiendo incluso la  dimisión de la Fiscal General.  Por cierto, le pedimos hace ya varios meses también a la Fiscalía General Códigos Penales y leyes de enjuiciamiento para todos los fiscales en razón a la importancia de las reformas del último año, y no ha habido ni Códigos ni siquiera contestación.

Hace unos días nos dio la Fiscalía General una satisfacción al aparecer sumada a la crítica al sistema de Lexnet (en mi Fiscalía, por ejemplo, se ha paralizado el funcionamiento del mismo hasta que se arreglen ciertos desajustes con la firma electrónica), pero se vio pronto enfriada cuando se dijo que lo publicado no era cierto, y se cargó además contra el medio que publicó la noticia.

Con ello quiero resaltar que la parálisis de la Fiscalía es alarmante en cuestiones de régimen interior.  Incluso ante un tema tan grave como el ocurrido en Las Palmas hace unos días y que ha dado lugar a una sentencia de inaudita dureza contra la Fiscalía una vez más por vulneración de derechos fundamentales de una juez candidata a las elecciones, indicando ni más ni menos la ilegalidad de una actuación del Fiscal y señalando la objetiva incidencia de la Fiscalía en la campaña electoral: ¿es posible que tampoco pase nada ahí, ni sanción disciplinaria, ni dimisión, ni remoción del Fiscal Jefe,  ni siquiera explicaciones públicas?.  Solo encuentro una explicación a eso y no me atrevo a escribirla porque espero que haya otra.

Una cosa es que el Gobierno esté en funciones y otra diferente es que ninguna de las reformas prometidas y fundamentales para los fiscales vea en algún momento la luz, o se vea algún progreso.    No nos olvidamos de ello.

¿DEBE CESAR LA FISCAL GENERAL?

El art. 31.1.e del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal establece que el Fiscal General solo podrá cesar entre otras razones cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto.   El Gobierno cesó el día 22 de diciembre, dos días después de las elecciones, continuando en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Gobierno.   No hay previsión en el Estatuto de un cese automático del Fiscal General, por lo que su cese habría de establecerse desde el Gobierno.   En un caso que afectaba a un  Fiscal General anterior, una asociación de fiscales reclamó su cese enérgicamente aunque ahora no hay tanta energía.   Por otro lado, claro está, la Fiscal General -que no ha agotado dos años en el cargo y que por tanto podría ser renovada por un nuevo Gobierno- podría dimitir, pero ya ha descartado esa decisión expresando claramente su voluntad de seguir "en funciones" aunque en plenitud de competencias porque el Estatuto no prevé la situación de "en funciones".     ¿Tiene esto sentido?   En mi opinión, el plazo establecido al Fiscal General garantiza su independencia.   El Fiscal General puede ahora ser cesado en cualquier momento en que el Gobierno en funciones considere que no debe seguir ni un día más: su mando ha caducado.   El sustituto legal del Fiscal General es el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, por lo que en principio no hay -como en el caso del Gobierno- problemas de vacío de poder.    Por tanto la continuidad del Fiscal General es meramente un tema de conveniencia del Gobierno.  ¿Le conviene al Gobierno cesar al Fiscal General, o le conviene permitir su permanencia?  Pensemos que se trata de un cargo de confianza, que fue elegida hace menos de año y medio, que puede haber elecciones en unos meses, -con muchos casos e investigaciones de corrupción en los Tribunales y en las Fiscalías- y que desde el punto de vista gubernamental en funciones puede no ser irrelevante tener a una Fiscal General de confianza en lugar de a un profesional no elegido directamente por el Gobierno.  

La APIF solicitó la dimisión de la Fiscal General hace pocas fechas por entender que había sido incapaz de defender a los fiscales en su pulso con el Ministerio ante la entrada en vigor de la LECr., que exigía un  esfuerzo imposible sin medios añadidos a la Fiscalía.    La Fiscal General se alineó claramente con el Ministerio.    Los Fiscales jefes pidieron 200 sustitutos de refuerzo; la Fiscalía General consideró que 80 era suficiente, y 80 les nombró el Ministerio en funciones, aunque no se yo si ya están en las Fiscalías.

A mi modo de ver la posición de la Fiscal General en este momento es respecto del Gobierno absolutamente débil.    La pueden mantener o la pueden cesar.   Además, si se repite el Gobierno, la pueden renovar.  Precisamente por eso, por esa posición de debilidad, por el bien de la Fiscalía, y por el bien de la imagen de la Justicia, yo soy partidario de que no siga.  Aunque ella se sienta cómoda y no crea que la vayan a cesar, el plazo es para inspirar confianza a los ciudadanos y a los fiscales, no por mera confortabilidad del afectado, como ya tuve ocasión de comentar cuando dimitió el anterior Fiscal General.   Por otra parte, tampoco pasaría nada: el Teniente fiscal actual es un fiscal de la máxima competencia, de la máxima.   Si pasados unos meses el Gobierno la quiere renovar, que lo hagan y todos contentos.   Pero ahora está claro que si el Gobierno la mantiene es porque les conviene y continuará mientras siga conveniendo al Gobierno en funciones.   Es decir, una posición muy semejante a la que había cuando el Fiscal General no tenía plazo.    A mi eso no me gusta nada.   En todo caso, está situación habría de preverse legalmente de una vez, vamos, me parece a mi.

80 SUSTITUTOS PARA UNA EMERGENCIA

Cuando yo hacía la mili de sargento de complemento en la localidad de Tarifa recibí una orden de un Comandante del cuartel: "Viada, ha llovido mucho y el campo de futbol está encharcado; elija a cuatro hombres y seque el campo".    ¿Que seque el campo de futbol???  "¡Si, coño, que seque el campo, es una orden!"  Así que me fui a los barracones, y elegí a voleo a cuatro soldados que dormitaban la siesta (era primera hora de la tarde) y les dije: hay que secar el campo:  cada uno una fregona y un cubo, y a secar.   Me miraron a mi y se miraron entre ellos para ver si había bebido, pero hicieron lo que les ordené.    Fuimos los cinco a secar el campo que tenía un palmo de agua ya que no drenaba nada.    Al cabo de dos horas secando no habíamos secado ni 10 metros cuadrados, así que me fui a ver al Comandante y le dije "mi Comandante, necesitamos refuerzos o esto no va a poder ser".    El tio se había olvidado ya del campo de futbol así que me dijo que lo dejara, quiza convencido de lo ridículo de su orden.

La Fiscalía ha de informar cientos de miles de causas en seis meses y se me antoja que es una cosa parecida a la idea de aquel Comandante.    En lugar de cuatro, los refuerzos son de 80 fiscales sustitutos.  ¿Porqué 80?  Porque la Fiscalía lo ha calculado así y ha pedido solo ese número.    Los fiscales jefes pidieron casi 200 (que me parece una petición moderadísima), pero la Fiscalía General ha evaluado la situación y ha decidido que pediría solo 80 fiscales de refuerzo según hoy nos ha informado la Fiscal General a las asociaciones de fiscales que se han concedido a partir del día 11 de enero.

Yo hago un cálculo: si son aproximadamente y tirando por lo bajo 600.000 causas las previas vivas que hay que revisar (la Fiscalía admitía como posible 680.000); si cada fiscal de refuerzo puede despachar, digamos dedicándose a tiempo completo una media de 15 previas cada día (a mi me parecen muchísimas, pero admitamos que se puede); si eso da unas 300 previas revisadas cada mes.  Si el mandato es por seis meses pues salen 1800 previas cada sustituto durante ese periodo.   600.000 previas entre 1800 que despacha cada sustituto, darían un total de 333 sustitutos.   El cálculo es sencillo y es el que tendria que haber planteado quizá el Consejo Fiscal.  Pues no, en Fortuny dan 80.   Si las condiciones de trabajo de los fiscales fueran una prioridad seguro que el cociente les daba algo mas.  Pero no es una prioridad: recordemos que aquí no hay baremos máximos de trabajo, ni normativa de riesgos laborales, ni interés en establecerlos.  Si fuera así, evidentemente no podrían hacer con  los fiscales algo parecido a lo que el Comandante me dijo: secar el campo con cuatro tios.

LA APIF SOLICITA LA DIMISIÓN DE LA FGE

"Tampoco exageres, Salvador, que la Fiscalía no está tan mal", me comentaba esta mañana una compañera del TS.   No creo exagerar si digo que la Fiscalía está mal en muchos aspectos a pesar de tener como componente nuclear a dos mil y pico juristas de primer nivel que son fiscales porque tienen la vocación de serlo a pesar de lo duro que es ganar la oposición.    No exagero si digo que el atraso de la Justicia penal española, que son alrededor de 700.000 asuntos según la última Memoria del Consejo General del Poder Judicial, se ha generado porque el sistema tiene carencias de todo tipo: el proceso penal es decimonónico, contradictorio en la investigación -lo que lo eterniza-, faltan medios materiales, los sistemas informáticos son poco útiles y no están intercomunicados, faltan fiscales y personal auxiliar en la Fiscalía, los esfuerzos políticos en Justicia se han centrado básicamente en politizar de manera eficiente aquellas áreas en las que pudieran producirse problemas para los propios políticos o sus intereses.   No hay cargas máximas de trabajo establecidas ni para jueces ni para fiscales, lo que determina que no sea necesario pensar demasiado donde están los problemas más importantes para equilibrar las plantillas; no hay controles de calidad, ni de eficiencia, ni de evaluación del trabajo; los nombramientos en la Fiscalía son a dedo y sin fundamentar de manera que prima la lealtad al que nombra a otras consideraciones profesionales.    Nadie se ha preocupado de las condiciones de trabajo de los fiscales, de establecer unas retribuciones acorde con el trabajo desempeñado (es ridículo que haya fiscales de segunda categoría cobrando complemento de fiscales de tercera trabajando como de segunda, 800 euros menos cada mes): estas cosas para la Fiscalía General y para la jerarquía de la Carrera no son problemas dignos de atención o al menos para plantarse ante el Ministerio.    Así, que si, la Fiscalía creo que está tan mal como digo.  

Y en estas que estamos se produce una reforma procesal que obliga a un esfuerzo enorme a la Fiscalía, porque se le pide a la Institución que sin medios materiales ni personales añadidos en seis meses ponga al día el atraso estructural de la Justicia española.    Ni más ni menos.   ¿Y que hace la Fiscalía General ante este problema que se viene encima a muchos fiscales?   Mucho menos de lo que habría debido, en mi opinión.    Ni se advirtió de los efectos de la reforma cuando estaba cociéndose, ni se plantó ante la opinión pública, ni se empezó a preparar para lo que venía, ni se solidarizó con los fiscales que pedimos un aplazamiento de la entrada en vigor de la norma para permitir prepararnos para lo que venía.   Por el contrario, acompaña la falta de crítica política -¿quien nos puede defender frente a los políticos sino nuestro Jefe, aunque fuera perdiendo "sintonía" con el Gobierno que lo nombró?- con la exigencia a los fiscales del cumplimiento del trabajo extra (lo cifra en la revisión de 25 causas semanales por Juzgado): ¿sin baremos máximos de carga de trabajo, sin normativa de protección de riesgos laborales, sin personal auxiliar suficiente, sin Instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia para que ayuden a la Fiscalía en esta tarea, sin posibilidad de incorporación inmediata de cientos de fiscales sustitutos de refuerzo (a los que se despidió hace unos meses), sin medios de la Fiscalía en los Juzgados, con fiscales ya sobrecargados de trabajo?.  ¿Sabe la Fiscalía General que "revisar" una causa implica precalificarla para conocer lo que falta por solicitar para poder ir a Juicio?   Y a empezar estas Navidades, que el tiempo apremia...   "No estamos tan mal, Salvador".  Pues yo creo que si, que estamos bastante mal y desprotegidos frente a ciertos abusos.  

Por eso creo que la APIF acierta en su Comunicado.   Consuelo ha sido y es una fiscal como la copa de un pino eso no está en discusión.   Pero en  la opinión profesional de la APIF (que yo comparto) no ha sido ni es la Fiscal General que necesita una Fiscalía devastada por una estructura politizada, por una jerarquía impermeable a las quejas de los de abajo del escalafón, en una Justicia desbordada por los atrasos y en el tránsito necesario a un proceso nuevo que ha de encontrar una Fiscalía con un músculo,  moral,  apertura de miras, independencia y fuerza para poder cumplir con lo que viene. 

Os dejo el Comunicado de la APIF

Desde la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ante el Oficio recibido en el día de ayer en todas las fiscalías de España procedente de la Inspección Fiscal en el que se instaba a los Fiscales Jefes al establecimiento de un Programa de control de la revisión de las causas pendientes por parte de los Fiscales de la plantilla manifiesta:

.-Que una vez más se pone de manifiesto el absoluto desconocimiento que por parte de esa FGE se tiene del trabajo desarrollado hoy en día en las fiscalías por los diferentes fiscales, de la carga de trabajo que cada uno soporta y de los abundantes servicios que hay que cubrir.

.-Que de nuevo se pone de manifiesto la falta de derechos básicos de los fiscales de a pie y la sobrecarga añadida que se les exige desde los órganos centrales de la Fiscalía exigiéndoles que aumenten de forma gratuita y exponencial su carga de trabajo y su carga burocrática, obligándoles a rellenar cada vez más estadísticas y cuadros de control.

.-Así mismo se pone de manifiesto un gravoso desconocimiento del texto articulado de la LECR y en especial del artículo 324 en su reciente redacción. La función de instruir corresponde al Juez, como nos recordaba la Circular 5/2015, y el control de los plazos en el Juzgado corresponde a los letrados de la Administración de Justicia, sin olvidar las funciones de los fiscales que son las que son y no otras. En ningún artículo de la Ley de Enjuiciamiento criminal consta que el Fiscal deba constituirse en el Juzgado a revisar expedientes, sin mesa ni ordenador de trabajo y sin personal auxiliar alguno,  ni que los Juzgados deban remitir las causas a Fiscalía para ese pretendido impulso con la pérdida de tiempo que ello supone en el ir y venir de las mismas, cuando  existen plazos tasados de instrucción.

.-El Ministerio de Justicia no ha sacado la prometida instrucción a los Letrados de la Administración de Justicia, seguimos sin disponer ni tan siquiera de un funcionario por Fiscal para el auxilio en el trabajo diario, pero nada importa a la FGE que nos pide heroicidades sin importarle lo más mínimo la salud de sus trabajadores, todos y cada uno de nosotros.

.-Los fiscales de a pie siguen trabajando con plena dedicación y esfuerzo sin que exista estudio de las cargas máximas de trabajo, sin plan de prevención de riesgos,  sin reglamento que regule su función, sin medios adecuados y dignos para trabajar, sin personal auxiliar suficiente, con lotes de trabajo excesivos y obligados a realizar trabajo auxiliar impropio de su función y ahora se les exige un esfuerzo titánico e imposible que de poco o nada servirá salvo para lavar la cara de esta descabellada reforma.

.-En fechas navideñas y cuando se anuncian planes para facilitar la conciliación de los funcionarios de la Administración Central del Estado a los fiscales de a pie se les encomiendan funciones extraordinarias muy difíciles de cumplir, entendemos que con renuncia a los días de permiso merecidamente ganados y como única finalidad para justificar, aún más, la necesidad de que nombren y mantengan los exiguos refuerzos que se prometen de contrario y que en absoluto servirán para dar sentido a una norma de imposible cumplimiento y que desconoce absolutamente el trabajo de los Juzgados y Fiscalías españolas.

.-la revisión de las causas tiene que ser continua por parte de los Juzgados que las tienen a su disposición, el Fiscal no puede dejar a un lado sus funciones ordinarias y ponerse a controlar el trabajo de otros desde la distancia, que es lo que se pretende, camuflando la inutilidad y el despropósito de las reformas llevadas a cabo.

Por todo ello instamos a todos los Fiscales de España y en especial a los Fiscales Jefes, a que manifiesten que lo exigido en el oficio de la Inspección Fiscal de 10 de diciembre de 2015 resulta de imposible cumplimiento y que si de ello depende el nombramiento de exiguos refuerzos, apuesten decididamente por la salud de los Fiscales y renuncien a ellos.

Solicitamos igualmente de forma contundente la inmediata dimisión de la Fiscal General del Estado ante su falta de eficacia para defender las condiciones de trabajo de los fiscales y el buen funcionamiento de la Fiscalía.

Madrid a 15 de diciembre de 2015

La Comisión Ejecutiva de la APIF

DOS CASOS

La Asociación Dignidad y Justicia, que preside el hijo de nuestro inolvidable compañero Luis Portero, acaba de quejarse públicamente  del trabajo del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional en relación con un caso concreto.  Pero en esa queja, critica que "durante los 10 años que han durado sus dos mandatos se han dejado languidecer 379 causas de ETA sin resolver, sin impulso procesal en su inmensa mayoría, lo que hallevado a las reiteradas quejas de Dignidad y Justicia ante el Defensor del Pueblo de España por la situación de todos esos expedientes".    Respeto a quien se queja, a quien no conozco, y en ese respeto incluyo la memoria de su padre que fue un fiscal grandioso.  Pero con esa crítica general no puedo estar de acuerdo.   Javier Zaragoza es un buen fiscal, un buen jefe y un buen tipo.    Le conozco desde hace muchos años, muchos más de los que ha estado expuesto al escrutinio público por razón de los cargos importantísimos que ha ocupado.    Estoy seguro de que muy pocos profesionales, a lo largo de los años de ser analizados en su comportamiento, podrían concitar unanimidad positiva en su trabajo por parte de quienes se ven afectados por él.   Claro que hay aspectos discutibles u opinables en el trabajo de cualquiera, hasta en el trabajo de Messi o de Ronaldo.    Pero muchos de sus compañeros vemos los aspectos profesionales de una gestión.   Nosotros vemos que, a lo largo de los años, las fiscalías de Javier mejoran; que los fiscales, en general y salvo problemas ideológicos de algunos, están contentos con su rectitud; que mantiene su criterio en situaciones complejas; que defiende el trabajo de los fiscales; que corrige errores en privado y que suele tener buen tono.     Además, en mi opinión, el trabajo que ha hecho la Audiencia Nacional en los años que Javier ha dirigido su Fiscalía podrá generar debate, pero en términos profesionales ha sido muy bueno.    Son causas complejas, en las que durante muchos años el trabajo se hacía bajo la amenaza cierta de ser víctima de atentados, en las que hay que hilar fino para evitar prescripciones y en la que se han reabierto numerosos expedientes.   No me inspira nada el corporativismo, este blog creo que acredita modestamente que si hay que criticar, se critica: pero Javier merece un respeto.

Hay otras conductas profesionales que me cuesta más entender: la apertura de diligencias preprocesales con publicidad por una Fiscalía a una candidata al Parlamento para investigar una infracción disciplinaria (según anuncia en comunicado de prensa la propia Fiscalía) cometida supuestamente antes de pedir su excedencia como juez, en pleno período electoral, me deja estupefacto.    Y que se consienta por la jerarquía, pues también.   No benefician estas cosas nada a una imagen de neutralidad política de la Fiscalía en mi modesta opinión.  

PREMIO BIODIVERSIDAD PARA LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE

Ayer asistí, por la tarde, a la entrega de unos premios que la Fundación BBVA concede para la Conservación de la Biodiversidad a diferentes organizaciones y personas con relevantes méritos en la materia.   En esta Décima Edición, el premio a las Actuaciones en Conservación de la Biodiversidad en España se ha concedido "al Fiscal de Sala, fiscales de Medio Ambiente y Urbanismo y unidades Técnica y Policial" de dicha fiscalía.  Está dotado con una importante cantidad de dinero que se invertirá -según señaló ayer Antonio Vercher, Fiscal de Sala galardonado- en la mejora de los medios técnicos para la realización de su labor.   No hay duda que la red de fiscales de medio ambiente está realizando una importante labor, y con el trabajo de las unidades técnicas y policiales, su eficiacia y su incidencia en los Tribunales es creciente.   Me alegro de verdad y quiero felicitar a los compañeros afectados, y desear que el dinero del premio supla un poco la pobreza de medios a que condena muchas veces la Administración a jueces y fiscales en el cumplimiento de nuestro trabajo.

PREOCUPACIÓN

Estoy preocupado por Cataluña.   No es sólo por mi condición de catalán y español y por el hecho de que el camino del proceso hacia la independencia a mi me obligaria -de derecho- a dejar de ser catalán o dejar de ser español.    Siento un desgarro grande que afecta a mi ánimo, porque yo quiero que a Cataluña le vaya lo mejor posible, y que a España le vaya lo mejor posible y el mejor camino de que eso ocurra es que no haya rupturas, que haya entendimientos y acuerdos   Tengo la sensación de que algunos creen que esto es como si se tratara de un club, en el que te das de baja y adiós.   Pero no es tan fácil.  Hay una gran cantidad de ciudadanos en Cataluña que no están por el proceso.   La ley española no permite esa declaración unilateral y el seguir por ese camino significa inevitablemente buscar el choque de soberanías: la catalana y la española que incluye naturalmente a Cataluña.   ¿Cómo pueden pensar los inspiradores del proceso que un estado puede quedarse mirando mientras una parte relevante de su territorio y de sus ciudadanos, sobre los que ejerce soberanía, decide que a partir de una fecha se auto gestiona, desconoce la soberanía estatal y dice adiós?  ¿Qué ocurre con todos los españoles que consideran a Cataluña una parte de España y que están amparados por la ley en esa creencia? ¿Qué ocurre con los catalanes -como yo- que no somos nacionalistas?.     Tengo además en mi pasado una experiencia que considero globalmente positiva pero que en este momento me asusta: fui fiscal más de tres años en el Tribunal Internacional para la Antigua Yugoslavia.   Vi como el odio fue creciendo poco a poco en las poblaciones, inducido por políticos irresponsables, pero muy eficaces en ello.  Escuché a testigos que no se explicaban cómo empezaron a ver a sus vecinos de décadas como enemigos.    Contribuí a juzgar atrocidades cometidas por personas que pasados los años no podían razonar -salvo acogiéndose al hecho mismo de la guerra- como podían haber llegado a ello.     Todo aquello empezó con unos referéndums, unos referéndums "democráticos", unos referéndums ganados por mayorías amplísimas (bien es cierto que boicoteados por quienes eran contrarios a las declaraciones unilaterales de independencia).     Luego hubo declaraciones unilaterales de independencia, incluso reconocimientos internacionales.   Y luego, cuatro años de muerte e infierno.  

El discurso de algunos políticos ayer a mi me preocupa, pero estoy seguro de que a otras personas que están convencidas de que el camino de la independencia es posible y sin costes, les va a fortalecer en su idea.  Creo que se está diseñando un choque de trenes en el que no va a ganar nadie.    España tiene que ser un país ejemplar, hay que regenerar muchas cosas en mi opinión, entre ellas acabar con la corrupción, barrer a los políticos corruptos y construir una Justicia eficaz y absolutamente neutral para merecer confianza a todos los españoles: sobre eso hay mucho que hacer.    Y volver a hablar -y a escuchar- entre quienes tienen ideas diferentes haciendo política, poniéndose en el lugar del de al lado, defendiendo lo propio pero buscando puntos de encuentro.    Se hizo ya en la Transición, es decir, que se puede. 

BUENA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL

Leo con satisfacción que por mayoría el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido estimar la recusación de dos de los magistrados que iban a formar Sala en el Caso Gurtel.   Creo que las carreras profesionales de jueces y fiscales impulsadas o sostenidas por afinidades a los partidos políticos son devastadoras para la imagen de la Justicia.  Y creo que gran parte de los peores males de la democracia española están en la perforación política de la Justicia a través de jueces y fiscales (y asociaciones profesionales) afines a los principales partidos.   En este caso concreto me alegro porque el caso para mi era evidente.   No se trata de cuestionar la imparcialidad subjetiva de los afectados, sino la apariencia de imparcialidad.    Y esa en mi opinión no existía.    La abstención voluntaria hubiera sido quizá más deseable y no hubiera obligado a trasladar a compañeros de la Sala la decisión.   Pero finalmente -en reñida votación, es cierto- creo que la Sala de lo Penal ha tomado una postura que es buena para la Justicia.     Ojalá empiece a extenderse la idea de que para juzgar o intervenir en determinados asuntos el haber sido beneficiado o perjudicado directamente por alguna parte interesada es motivo de apartamiento.   Me comentaban el otro día -para oponerse a la recusación- que "o todos o ninguno".   Yo creo que han de ser todos, y si no se puede arreglar alguna de las cosas que ocurrieron en el pasado, hay que empezar a hacer bien las que han de llegar.

LA LINEA APIF FRENTE A LA ASOCIACIÓN DE FISCALES

No quería decirlo yo, ni la APIF ha publicitado, la queja que hemos hecho a la Inspección contra la práctica habitual entre los vocales de la AF en el Consejo Fiscal y la Ejecutiva de esa asociación de estudiar juntos los documentos reservados que se entregan a los vocales del Consejo y que afectan a las carreras profesionales, a las quejas, a los méritos o a las sanciones de los fiscales.  La AF en su último comunicado me releva de la discreción al dar ellos publicidad a nuestra queja.   Esos documentos son reservados para los vocales y no porque lo diga yo, o porque lo diga la APIF.  Son reservados porque lo indica la norma rectora del Consejo Fiscal: el art. 17 del Reglamento de Régimen Interior del Consejo Fiscal dice que "los consejeros tiene obligación de guardar secreto de la materia reservada de que tenga conocimiento en el ejercicio de su función en el Consejo, así como de los debates del mismo.  Se entenderá por materia reservada, toda aquella que, por afectar directa y personalmente a un determinado fiscal no deba ser de general conocimiento, y aquella otra que excepcionalmente, sea declarada como tal por el Fiscal General del Estado, salvo que el Pleno del Consejo se pronuncie en sentido contrario".

Es decir, que cuando los Comunicados de la AF recogen sin complejo alguno que "tras estudiar la documentación recibida" opinan esto o lo otro, lo hacen estudiando una documentación que los fiscales entregamos al Consejo para los vocales, solo para los vocales; no para las asociaciones de esos vocales y por tanto lo hacen vulnerando de manera evidente las normas que rigen el Consejo Fiscal.  No está mal para tratarse de fiscales.   En alguna ocasión, cuando he concursado a alguna plaza, la AF ha opinado públicamente de mi currículum: les trasladé que no podían hacerlo, que era material reservado al que no debían ni siquiera acceder porque era documentación para los vocales, no para ellos.   Pero es que además se jactan, y claro, eso es ya demasiado.   Ese estilo de considerar la Carrera Fiscal como algo en lo que pueden hacer lo que quieran sin límites marca una línea clara, que la APIF denuncia.   No tienen que enfadarse en la AF ni conmigo ni con la APIF, solo tienen que disculparse ante la Carrera y no volver a hacerlo y especialmente no deben volver a filtrar documentación los vocales electos.   Porque los vocales son fiscales elegidos por todos los compañeros y deberían comportarse como tales desde parámetros éticos elementales.  Y además y sobre todo porque la ley les obliga.

Curisosamente, toda la naturalidad que muestran para compartir con la ejecutiva de su asociación la información que llega al Consejo Fiscal se convierte en secretismo para informar a la Carrera (es decir, a quienes les eligen) de lo que hacen en el Consejo de porque votan a quienes votan y de porque no luchan por cuestiones básicas para los fiscales.   Pero eso es otra historia.