martes, 14 de diciembre de 2010

RAZÓN DE ESTADO Y JUSTICIA

Para mi la diferencia más evidente entre un político y un juez y un fiscal está en que el primero considera la razón de estado como factor que inspira su actuación, y nosotros no debemos.  Entiendo que a los políticos no les guste enfrentarse con el gobierno chileno, con el gobierno americano o con el gobierno chino por causas penales que se llevan en nuestro país.  Entiendo que en ciertos momentos les venga bien que las acusaciones contra cierto grupo terrorista o de un cierto colectivo de personas se queden en nada y que en otros momentos convenga todo lo contrario; y lo mismo en relación con las acusaciones de ciertos tipos delictivos.  Ellos piensan en la marcha del Estado (aunque a veces puedan solo pensar en sus pequeños intereses políticos partidistas o personales),  pero nosotros no.  Para nosotros está la ley.  Cierto es que la ley admite interpretaciones (hoy, por ejemplo, hemos discutido en la Fiscalía del Tribunal Supremo una cuestión jurídica sobre el abuso sexual de la que dependía la absolución o la condena), pero nuestro criterio rector es la ley, no el interés de Estado.  La defensa del interés público (art. 124 de la Constitución) es la del "tutelado por la ley".   En mi opinión, el único político que puede influir aplicando el interés de estado en la Justicia es el Fiscal General, pero soportando él mismo el coste.  Cuando veo a fiscales o jueces actuando por razones de estado se me cae el alma a los pies.

6 comentarios:

  1. Efectivamente esa es la única interpretación, conforme a la constitución, posible, pues la razón de estado no cabe en el "interés público tutelado por la ley", pero volvemos a lo de siempre, a la invasión que la política hace sobre la justicia, manifestada en las presiones políticas sobre fiscales, ¿la solución? la tienen los que de ordinario presionan, asi que toca paciencia y resignación..

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  2. Yo no estoy de acuerdo contigo Law, la solución no la tienen los que nos presionan; la solución la tenemos cada uno de nosotros porque es nuestro deber reivindicar cívicamente - con nuestra labor diaria- la dignidad y el respeto a los valores que juramos servir cuando ingresamos en esta carrera
    El paraguas de los intereses de Estado, de la realidad social etc,no son sino meras excusas que disfrazan debilidades humanas como la soberbia y el egoismo de unos pocos, y el miedo que se infunde a la mayoría para que no reaccione y se someta dócilmente

    Si perdemos el miedo, si mantuviéramos una firme postura cívica , mejorarían las cosas.Seguramente conseguiríamos una concepción y estructura diferente del Ministerio Fiscal. Quizás se conseguiría una mayor transparencia en los procedimientos de promoción profesional y adjudicación de cargos

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  3. Cuando se mantiene una postura firme y decidida, y se defiende el principio de legalidad, o que sucede es que...a veces, te expedientan. Saludos

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  4. Siempre hay recurso legal contra los expedientes

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  5. Hombre, Law, ¿cómo no va a caber?, naturalmente que sí, desde el momento en el que en la cúspide de la Administración se sitúan órganos encarnados por políticos que no empecen el carácter de verdaderos órganos administrativos de los primeros, por tanto debiendo servir con objetividad a los intereses generales y con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, lo que ocurre es que “dende chiquitillos” nos enseñan que mientras que el Poder Judicial actúa conforme al principio de legalidad, la Administración actúa también con criterios de oportunidad, y no es que esto me parezca censurable en un plano teórico – o yo al menos no lo aprecio -. Creo que la solución está en todos, no sólo en una de las partes, y deade luego debe ser muy difícil eso de estar cada uno en su sitio, por que por lo visto todo el mundo se apunta al carro de confundir a la fiscalía con la abogacía del Estado; antes de tomar posesión de un sillón azul, deberían darles siquiera una charla acelerada sobre la diferencia (aunque a lo peor ni aún así)

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