EL PARALIZADO CÓDIGO ÉTICO DE LA FISCALÍA Y TANTAS OTRAS COSAS

Hace unos meses nos escribieron de la Fiscalía General para que informáramos en la APIF un proyecto de Código Ético para la Fiscalía, que nos vienen reclamando ya hace tiempo desde el Consejo de Europa.   Desde entonces, nada de nada.   En ese código ético -ligado a la transparencia- podían tratarse cuestiones claves para el funcionamiento de la Fiscalía, como por ejemplo considerar infracciones al mencionado Código el no abstenerse los fiscales en ciertos asuntos, o la necesidad de que la agenda del FGE fuera transparente, o que se estableciera la compatibilidad ética para las asociaciones de recibir financiación de entidades bancarias, o la asistencia reiterada de fiscales a palcos,  o conocer donde y quien viaja por cuenta de la Fiscalía y para qué.     Podría establecerse algún tipo de obligación también para los vocales del Consejo Fiscal relacionado con la motivación de sus decisiones y tantas otras cosas.   La FGE aquí está parada.

Como está parada en materias de prevención de riesgos laborales.   Desde que el Ministerio al parecer rehusó firmar un Convenio sobre el particular con la Fiscalía, parálisis.    Nada de nada (o muy poco) sobre transparencia, sobre garantías en el régimen disciplinario de los fiscales aparte de dos novedades, una buena y una mala: la posibilidad de que intervenga un compañero o la asociación del afectado por un expediente disciplinario, como buena; y la práctica de que el FGE elija a dedo al instructor del expediente incluso en los casos en los que la sanción la va a imponer el propio FGE: espero que ese modo de proceder se anule en los Tribunales, donde actualmente se está debatiendo el tema.

Tampoco hay nada de una encuesta de ambiente laboral, ni sobre acoso laboral, ni de evaluación de los fiscales para méritos y promoción, ni un protocolo de entrada de fiscales en la Carrera, ni límites a la carga de trabajo que son esenciales para garantizar una vida profesional saludable y medir las necesidades de personal en las Fiscalías.    Nada de nada.

La pasividad de la Fiscalía General ante la entrada en vigor del nuevo artículo 324 de la LECr., y la gravedad del problema que caía sobre los fiscales ya fue denunciada por la APIF, pidiendo incluso la  dimisión de la Fiscal General.  Por cierto, le pedimos hace ya varios meses también a la Fiscalía General Códigos Penales y leyes de enjuiciamiento para todos los fiscales en razón a la importancia de las reformas del último año, y no ha habido ni Códigos ni siquiera contestación.

Hace unos días nos dio la Fiscalía General una satisfacción al aparecer sumada a la crítica al sistema de Lexnet (en mi Fiscalía, por ejemplo, se ha paralizado el funcionamiento del mismo hasta que se arreglen ciertos desajustes con la firma electrónica), pero se vio pronto enfriada cuando se dijo que lo publicado no era cierto, y se cargó además contra el medio que publicó la noticia.

Con ello quiero resaltar que la parálisis de la Fiscalía es alarmante en cuestiones de régimen interior.  Incluso ante un tema tan grave como el ocurrido en Las Palmas hace unos días y que ha dado lugar a una sentencia de inaudita dureza contra la Fiscalía una vez más por vulneración de derechos fundamentales de una juez candidata a las elecciones, indicando ni más ni menos la ilegalidad de una actuación del Fiscal y señalando la objetiva incidencia de la Fiscalía en la campaña electoral: ¿es posible que tampoco pase nada ahí, ni sanción disciplinaria, ni dimisión, ni remoción del Fiscal Jefe,  ni siquiera explicaciones públicas?.  Solo encuentro una explicación a eso y no me atrevo a escribirla porque espero que haya otra.

Una cosa es que el Gobierno esté en funciones y otra diferente es que ninguna de las reformas prometidas y fundamentales para los fiscales vea en algún momento la luz, o se vea algún progreso.    No nos olvidamos de ello.