¿NO INTERESA ASCENDER EN LA FISCALÍA?

Llama poderosamente la atención la falta de interés que se demuestra en la Carrera Fiscal por ascender a la categoría primera (equiparada a Magistrado del Tribunal Supremo), a juzgar por el magro número de aspirantes a dichas plazas.  Es cierto que cada fiscal puede tener razones para aspirar a una plaza o no.  Pero colectivamente hablando el tema tiene interés.   Hay varias Fiscalías de Sala que han salido a concurso y no cuentan con más aspirante que el titular actual, que en algunos casos lleva ya dos mandatos en el puesto.   Aparentemente, nadie aparte del titular actual tiene interés en someter su mérito y capacidad para dichas jefaturas.  En plazas tan importantes y tan sugestivas desde un punto de vista profesional como la Fiscalía de la Audiencia Nacional o la Fiscalía Antidroga, solo hay 5 y 2 candidatos respectivamente, incluídos los actuales titulares.   Recordemos que pueden solicitar dichas plazas los fiscales que lleven más de 20 años de servicios y de esos hay casi 1000 fiscales.  En la Carrera Judicial, cuando queda vacante una plaza en el Tribunal Supremo, vemos muchos aspirantes para cada plaza y las ternas finales se convierten con frecuencia en ternas de cuatro o cinco candidatos.  ¿Que pasa entre nosotros?  27 Fiscales que aspiran a 10 plazas de Fiscal de Sala ¿porqué tan pocos entre más de 1000 candidatos posibles aspiran a mejorar en la Fiscalía, llegar al cénit de nuestra Carrera, ayudar a cambiar las cosas o a aportar el personal esfuerzo para hacer que las cosas vayan mejor? ¿Es desinterés o hay otras razones? Y si hubiera otras razones, ¿no convendría intentar detectarlas y combatirlas?

POLITIZACIÓN DE LA JUSTICIA, FISCALÍA Y CORRUPCIÓN

La perforación política de la Justicia que padece España desde hace más de 30 años parece estrechamente ligada a la corrupción.  La corrupción necesita para desarrollarse otras cosas (que los partidos políticos también procuran, por cierto, como la politización de los órganos de control administrativo y económico del Estado), pero desde luego el sistema de gobierno del Poder Judicial y de la Fiscalía, así como los aforamientos son factores importantes.   Para politizar la Justicia se precisa utilizar la sintonía ideológica con esos partidos de algunos jueces y fiscales y de algunas asociaciones profesionales de jueces y fiscales.   En la Judicatura está perfectamente claro y en la Fiscalía también.   La Fiscalía es una pieza clave en este entramado de politización y en nuestro caso el sistema electoral para el Consejo Fiscal y la actitud de las asociaciones mayoritarias ha sido crucial.    Dominan el Consejo Fiscal desde los años 80 con una proporción prácticamente inalterada de 6 vocales (AF) y 3 vocales (UPF) estando sus apoyos electorales muy lejos de esos porcentajes.  Pero el sistema electoral fue diseñado entre PP y PSOE, y les conviene a todos ellos.   Además, en el Consejo Fiscal -lo sabemos todos los fiscales- los vocales electos actúan con criterios de apoyo al propio o de intercambio de cromos.  Tras décadas de funcionamiento del sistema actual, la jerarquía dura, la que incluye las jefaturas de las fiscalías más importantes, acaba conformada por fiscales de AF y UPF en su mayoría, pero lo peor es que está conformada con criterios muy conservadores sin voluntad -ni siquiera idea- de cambiar las cosas.

Esa ausencia de voluntad de evolucionar, de mejorar, de corregir lo que está mal (confrontándose al legislador o al gobierno en las reclamaciones) es otra de las peores consecuencias de la politización de la justicia, pareja e inseparable a la intención de los políticos de controlar la Justicia.  Porque ese conservadurismo en el funcionamiento interno de la institución se ha convertido en una seña de identidad que se transmite de generación en generación de fiscales. ¿Debo recordar que en la Fiscalía el Reglamento es de 1969? ¿Debo recordar que hasta hace muy poco el Consejo Fiscal consideraba que las distribuciones de trabajo que acordaba un Jefe no eran recurribles en los Tribunales y que solo le han convencido los Tribunales?  ¿Debo recordar la opacidad del funcionamiento interno del CF, o de la Fiscalía General? ¿Debo recordar que no está regulado el sistema de comunicación entre el Gobierno y la Fiscalía? ¿Debo recordar que en la institución no existe un sistema de baremo de méritos profesionales, ni existe un proceso de selección que se parezca al sistema de elección de cargos en la Judicatura?  ¿Debo recordar la cantidad de problemas profesionales que no preocupan a nadie para cambiarlos, entre ellos los límites en la carga de trabajo? ¿La falta de garantías profesionales de los fiscales? ¿La falta de protocolos de acoso laboral, de garantías del régimen disciplinario?  En la Fiscalía se sabe bien quien puede influir sobre la carrera de cada quien, y siendo eso así, las mejoras que supongan enfrentamiento o reclamación, es que ni se piden.

En realidad,  ¿para que van a querer cambiar las cosas si ya les va bien a quienes pueden cambiarlas?  El Ministerio -sea conservador o socialista- no quiere cambios internos en la Fiscalía que les hagan perder influencia, los beneficiarios del sistema menos aún, los Fiscales Generales ni lo plantean...  Así que entre todos la Fiscalía toma globalmente -por el peso de la jerarquía- una deriva política que se acepta internamente y que es precisamente lo que consiste la politización.   Y con esa deriva, las reformas procesales que colocan al Fiscal en el centro del proceso penal producen lógicos recelos.  Pero además, se quedan sin resolver infinidad de problemas que hay que resolver.

Me comentaba hace tiempo un ex Fiscal General que no podía nombrar a fiscales para cargos relevantes sin apoyos en el Consejo Fiscal (en realidad si podía, pero es incómodo); y al tiempo me decía que era consciente de que esos apoyos por el sistema electoral vigente solo podían provenir de las asociaciones dominantes en el mismo.  Las mismas asociaciones que viven mejor según gobierne el partido al que se sienten más afín (de esa proximidad hay muchos ejemplos pero pondré uno cercano: el propio Portavoz nacional de la AF deja su puesto hace unas semanas para irse de asesor del Ministro de Justicia, Rafael Catalá).  Hay fiscales que saben que no tienen opciones de salir elegidos para ciertos puestos no obstante sus méritos profesionales: les faltan apoyos políticos.  Y entre ellos algunos, por tanto, no piden plazas.    Otros, méritos al margen, las piden con seguridad  porque tienen esos apoyos políticos -a algunos incluso "se les ofrecen" los puestos- con lo que el sistema perpetúa sus vicios y la coartada intelectual de aquel ex Fiscal General le ayudaba a tranquilizarse: no se cambian las cosas importantes porque hacerlo supondría cambiar ciertas cosas que no se quieren cambiar porque sería incómodo hacerlo.   Como los cambios son incómodos pues no se hacen.

Los partidos son conscientes de la politización (Ruíz Gallardón, 2013: "vamos a acabar con el obsceno espectáculo de los políticos que nombran a los jueces que pueden juzgar a esos políticos") pero hasta ahora desde el poder incumplen sin pestañear promesas electorales y mantienen este sistema que es censurado nacional e internacionalmente.  Mientras, la percepción de los ciudadanos sobre la corrupción alcanzan niveles históricos y nos coloca en el pelotón de cola de Europa.   ¿Y porqué entonces no renuncian a dominar la Justicia, o por lo menos a su capacidad de influir en la misma?    Pues esa es la pregunta.

AÑO IMPORTANTE PARA LA FISCALÍA

Cuando yo jugaba al tenis (y jugué más de cuarenta años) tenía bien claro que si iba perdiendo un partido había que cambiar el modo de jugar.  Si vas ganando sigue igual; si palmas, cambia la táctica.   A veces pierdes igualmente, pero cambiando hay oportunidades de revertir la situación.   En este año clave para la Justicia y para la Fiscalía; con un nuevo FGE (al que conozco desde hace treinta años y que tiene un talante inmejorable) y con un cambio procesal de enorme trascendencia, parece que algunas cosas deberían hacerse de manera diferente a como vienen haciéndose hasta ahora ante la evidencia de que la Fiscalía, en su modo de funcionar internamente desde hace mucho tiempo, no está en condiciones de responder a esos retos por venir. Una Fiscalía moderna, además de medios materiales y personales, va a requerir unos nuevos modos de actuar.  Mayor transparencia, mayor exigencia, transmitir confianza en el fiscal y no desconfianza, apoyar a los más jóvenes, justicia en los nombramientos, retribucion del mérito profesional y erradicación del seguidismo ideológico o asociativo.   La creación de una confianza de arriba a abajo y viceversa; la sensación de que todos desde arriba hasta abajo estamos al servicio de la Justicia y de los ciudadanos y no de egoismos, de partidos políticos o asociaciones; la lealtad a la institución y la no renovación a jefes que no hacen que sus fiscalías rindan, que lastran el funcionamiento de la institución, que no transmiten ilusión a los que llegan o que no cumplen ciertos objetivos; la pérdida del temor a las consecuencias de enfrentarse con la opinión constructiva a la jerarquía; la persecución del acoso laboral (ligado muchas veces a la inexistencia de límites en la carga de trabajo) o la racionalización del sistema disciplinario.  Son mejoras en mayor o menor medida necesarias y en ellas hay que esperar la labor del nuevo FGE. Yo creo que en casi todas las facetas de la vida -pero especialmente en una profesión en la que cada dia hay que decidir con justicia sobre los intereses ajenos- se trabaja más y mejor en un ambiente justo; y se rinde peor en un ambiente intimidatorio.    La Fiscalía debe cambiar poco a poco para crear esas líneas de confianza recíproca en la institución, así como para transmitir la confianza necesaria a la sociedad ante los nuevos retos.   Por lo pronto, que haya fiscales de élite que no pidan plazas importantes porque saben que el mérito aquí vale menos que la influencia política o asociativa es terrible y es muy mal síntoma. 

NOS HEMOS ACOSTUMBRADO AL MAL OLOR

La Exposición de Motivos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es un texto de obligada lectura y retorno.  De ella extraigo un párrafo que creo relevante en los momentos actuales, en el que Alonso Martínez trata de explicar al Rey las razones por las cuales no había reacción al desastroso estado de la Justicia en 1882:

“Quizás se tache de exagerada e  injusta está crítica de la organización de nuestra justicia criminal. ¡Ojalá que lo fuera! Pero el Ministro que suscribe no manda en su razón, y está obligado a decir a V.M.: la verdad tal como la siente; que las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad, y estudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno remedio.  En sentir del que suscribe, solo por la costumbre se puede explicar que el pueblo español, tan civilizado y culto y que tantos progresos ha hecho en lo que va de siglo en la ciencia, en el arte, en la industria y en su educación política, se resigne a un sistema semejante, mostrándose indiferente o desconociendo sus vicios y peligros, como no los aprecia ni mide, el que habituado a respirar en atmósfera mal sana, llega a la asfixia sin sentirla.  El extranjero que estudia la organización de nuestra justicia criminal, al vernos apegados a un sistema ya caduco y desacreditado en Europa y América, tiene por necesidad que formar una idea injusta y falsa de la civilización y cultura españolas”.

El paralelismo entre la necesidad de cambio normativo de hace 130 años y las necesidades del momento actual son evidentes.  El proceso penal  ha de cambiar porque el diseñado de modo transitorio por el legislador del siglo XIX hoy está ya "caduco y desacreditado en Europa y América", ya que no ofrece las garantías que univsersalmente se exigen hoy en el enjuiciamiento penal.   Pero hoy, como hace 130 años, los españoles nos hemos acostumbrado.   Nos hemos acostumbrado no solo a un proceso lleno de vicios y peligros, "como no los aprecia ni mide, el que habituado a respirar en atmósfera mal sana, llega a la asfixia sin sentirla".  Nos hemos acostumbrado a la corrupción, a soportar abusos, a no reaccionar cuando nos agreden.  Los fiscales nos hemos acostumbrado tanto como el que más.  Soportamos la arbitrariedad en los nombramientos (arbitrarios porque no se motivan jamás); soportamos sin reacción la inexistencia de baremos de trabajo con lo que muchos compañeros se tienen que aguantar padeciendo abusos; soportamos la ausencia de transparencia, de normativa administrativa mínima.   Soportamos discriminaciones en las retribuciones (lo que ocurre con las plazas de tercera ocupadas por fiscales de segunda durante décadas y casi 1000 euros menos de retribución mensual es de escándalo); aguantamos un régimen disciplinario vergonzoso que permite -por ejemplo- que el instructor de un expediente a un fiscal sea elegido a dedo por el Fiscal General que finalmente ha de imponer la sanción; soportamos sin reacción la soberbia que impide disculparse a unos compañeros cuando determinan la expulsión ilegal de un fiscal extraordinario; soportamos la inexistencia de una Carrera profesional digna de ese nombre; o la no investigación de los acosos laborales; soportamos los abusos de asociaciones dominantes o la politización de la Fiscalía.   Creo que nos hemos acostumbrado, y creo que hay que decirlo para empezar a reaccionar: "las llagas sociales no se curan ocultándolas, sino al revés, midiendo su extensión y profundidad, y estudiando su origen y naturaleza para aplicar el oportuno remedio". 

LA INVESTIGACIÓN DEL FISCAL

Más allá del inmejorable trato personal que siempre han demostrado tanto el Ministro Catalá como su equipo en todas las reuniones que como Portavoz de la APIF he tenido en el pasado, no he visto hasta ahora determinación ni liderazgo en el Ministerio de cambiar las cosas en el proceso penal para que tengamos una Justicia igual para todos y de calidad.  Tenemos un CGPJ diseñado para generar influencia política en la Justicia y no se ha dado paso alguno ni para cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal, ni su Reglamento, ni se ha cambiado nada estructural en la Fiscalía, ni se ha dado paso alguno para despolitizar -cambiando su régimen electoral- al Consejo Fiscal, ni siquiera las declaraciones recientes del Ministro sobre el Ministerio Fiscal o la ambiguedad en materia de eliminación de aforamientos, entre otros aspectos, revelan alguna voluntad de acometer cambios estructurales en la Justicia.
Digo esto porque hace un par de días, el Gobierno -representado por el Ministro de Justicia- anuncia en sede parlamentaria finalmente el cambio necesario en el proceso penal para mejorar la Justicia: la institución de una investigación de los delitos controlada por un Juez de Garantías y a cargo del Ministerio Fiscal en la que la defensa pueda acudir a un árbitro respecto de lo que investiga una parte procesal.   Eso son en España palabras mayores, pero no en medio mundo donde hace mucho tiempo que se han inclinado por esa opción mucho más eficaz y garantista en mi opinión.  Pero si realmente se quiere estar a la altura de esa tarea, que llevo oyendo como música de fondo desde hace más de 20 años, es preciso que el Gobierno se de cuenta de que debe renunciar a tener cualquier influencia operativa sobre el Ministerio Fiscal. No es aceptable que la investigación de los delitos haya de descansar en un Ministerio Fiscal vinculado al Gobierno de turno.   No puede ser, y pretender mantenerlo así es llevar al desprestigio y al fracaso una reforma del calado histórico como la que se pretende.   El problema del Ministerio Fiscal en España está en su historia, siempre asociada -incluso ahora, de manera atenuada- al poder político.   Eso ha de acabarse y han de darse pasos claros en esa dirección.
Hay que dar pasos legislativos empezando por dar la posibilidad real de entrada a la mayoría no asociada  de la Carrera Fiscal en el Consejo Fiscal (para empezar a despolitizar la Fiscalía desde dentro), hay que cambiar el Estatuto del Ministerio Fiscal de manera que se garantice la ausencia de influencia del Gobierno en las actuaciones de la Fiscalía (empezando por los nombramientos), introduciendo en el Código Penal tipos penales que sancionen a cualquier fiscal y singularmente al Fiscal General que incumpla sus deberes de reserva respecto de los asuntos de su competencia, y también a quien le requiera informaciones reservadas; ha de establecerse seguridad juridica a los fiscales en su trabajo, ha de incrementarse la transparencia del Ministerio Fiscal y de la actuación del FGE, incrementarse su vinculación al Parlamento (es lo lógico, si el Fiscal ha de defender la ley que emana del Parlamento, ha de asumir responsabilidades ante el Poder Legislativo), elaborar normas para despolitizar la jerarquía de la Fiscalía, acabar con los saltos de fiscales a la política y retorno posterior a la Fiscalía, y disimular un poco al menos la afinidad con determinados colectivos de fiscales (por ejemplo, el fichaje del Portavoz de la asociación mayoritaria como asesor del Ministro, con todo respeto al compañero que estoy seguro que le animan buenas intenciones, es algo que llama la atención: ni más ni menos que quien ha acudido varias veces al Ministerio para exponer quejas y hacer reclamaciones al Ministro en representación de intereses de los fiscales, es fichado por el propio Ministro como asesor suyo).   Los políticos han de empezar a defender púbicamente su voluntad de despolitizar la Justicia y singularmente la Fiscalía, sin dobles juegos que muchas veces se acaban descubriendo y que devastan su credibilidad y la de las instituciones de la Justicia. 
El reto que el Ministro ha anunciado de cambiar el proceso penal lleva implícito un precio para ser viable, que es la renuncia a influir en la Justicia en la forma actual.   Es un reto histórico que podría suponer el cambio en muchas más cosas en España de las que parece: credibilidad y eficacia en la lucha contra la corrupción, falta de coartada de nacionalistas sobre la politizacón de la Justicia, mayor limpieza en la vida pública, agilización de los procesos, eliminación del factor político en las actuaciones de la Justicia, mayores garantías para los ciudadanos, igualdad real ante la ley...
El PP ha faltado dos veces a su promesa electoral de despolitizar el CGPJ, dos veces en las que con la misma obtuvo mayoría absoluta.   Las dos veces la traicionó incrementando la politización de la Justicia.   Ahora que depende de otros para gobernar escucho al Ministro de Justicia en la esperanza de que a la tercera vaya realmente la vencida.  
  

LA SALUD, LO MÁS IMPORTANTE (POR PILAR ÁLVAREZ MENÉNDEZ)

Estamos hartos de leer artículos en los suplementos de salud de los dominicales en los que nos recuerdan que la salud es lo más importante y lo que debemos hacer para preservarla, cual tesoro. Y lo malo es que esos artículos tienen razón, la salud es el tesoro más importante con el que contamos. Sin salud difícilmente podremos desempeñar bien nuestro trabajo que es lo único que parece importar. Tampoco quiero llevar a equívoco al lector de estas líneas, a mi me preocupa y mucho la calidad del trabajo y por esa calidad trato también de luchar cada día, pero me preocupa mucho más mi salud y la del resto de mis compañeros. Sin salud difícilmente podrá existir ni calidad ni tan siquiera cantidad en el despacho del trabajo.

No descubro nada del otro mundo si digo que el estrés en el mundo moderno es una de las principales amenazas para la salud de los trabajadores. Especial incidencia tiene ese estrés en las profesiones que acumulan unas grandes dosis de responsabilidad, como lo es sin duda la de Fiscal. Y que conste que no lo digo yo, que por supuesto también , lo dicen todos los médicos, psicólogos y profesionales que escriben esos artículos y lo que es peor, lo dicen las estadísticas si de verdad hubiese interés en realizar estadísticas sobre la incidencia del estrés en nuestras vidas. Pese a este panorama poco o nada estamos haciendo para preservar la salud de los abnegados fiscales cuya labor describía ya la Instrucción 1/2005 “Es de justicia reconocer que esta cuasi estructural situación de indigencia ha obligado al Fiscal a tener que cumplir sus altas funciones supliendo las carencias con un encomiable tesón, diligencia y empeño, sin mas auxilio personal que el brindado por su sentido del deber y sus conocimientos jurídicos y sin mas apoyo material que el aportado por el recado de escribir.” Han transcurrido ya once años desde que se dictó esa Instrucción y en estos años se han ido incrementando nuestras funciones, sin incremento correlativo de plantilla, y se han ido incrementando las fuentes de estrés, como el llamado “expediente digital” y la poca eficacia del programa implantado para lograrlo. Necesitamos un plan de prevención de riesgos del trabajo adaptado a nuestra función en el que se contemple el estrés y el sometimiento a excesivas cargas de trabajo, tanto en lo cualitativo como en lo cuantitativo, como infracción grave que se debe corregir de forma urgente. Pero lo necesitamos para anteayer porque mientras se suceden las informaciones sobre esos compañeros que han sufrido un amago de infarto, o aquellos que se han visto afectados por un ictus y por todos aquellos a los que no queda otra salida, tras sufrir una grave crisis de ansiedad, que darse de baja por sufrir un trastorno mixto ansioso-depresivo que hasta entonces habían tratado de ocultar a sí mismos y a los demás. Patologías todas ellas graves y que no sé si a ustedes les preocupa, pero a mi sí y mucho. Con ello perdemos, temporal o lamentablemente de forma definitiva, compañeros magníficos que luchan día a día por ofrecer el mejor servicio al ciudadano. Lamentablemente estos compañeros se dejan en el camino lo más importante, la salud. No existen cargas de trabajo razonables en muchos destinos, en otros, conjugado o no con lo anterior, la presión a la que se ven sometidos resulta excesiva, como lo resultaría para cualquiera. No somos Superhombres ni Supermujeres, somos  simples seres humanos, y va siendo hora de que pongamos en valor lo más importante la salud de todos.

M.Pilar Álvarez Menéndez

Fiscal, miembro de la Ejecutiva de la Asociación profesional e Independiente de Fiscales.

NECESARIO PARA DESPOLITIZAR LA FISCALÍA

Despolitizar la Fiscalía, es decir, conseguir que los partidos políticos pierdan influencia en el funcionamiento, en los nombramientos, en la información, o en las lealtades ganadas de algunos fiscales de la jerarquía no va a ser cosa sencilla.   Son demasiados años creando una estructura profesional que acepta con tranquilo estado de ánimo que cuando gobierna el PP el FGE es proclive al PP y proclive asimismo a nombrar a compañeros para la jerarquía que comparten ese punto ideológico de vista; y que cuando gobierna el PSOE, pues lo mismo.   Las columnas de esa estructura creada en 30 años de funcionamiento han sido la AF y la UPF, asociaciones profesionales dominantes en la Carrera Fiscal, pero con números de asociados inferior sumadas las dos al tercio de los fiscales de la Carrera.     Y la herramienta de la que se han valido esas asociaciones para influir en los nombramientos de lo que ahora es una jerarquía muy consolidada y formada por los fiscales jefes de las fiscalías más importantes de España ha sido su presencia en el Consejo Fiscal.
El Consejo Fiscal es un órgano de asesoramiento del FGE, pero informa en todos los nombramientos, de manera que los Fiscales Generales al hacer un nombramiento han de contar con un respaldo en el CF, lo que acentúa la influencia de la AF cuando gobierna el PP y de la UPF cuando lo hace el PSOE.   Actúa el CF con una opacidad deliberadamente buscada y mantenida y por tanto muy difícil de corregir.   Se compone de fiscales elegidos por los miembros de la Carrera Fiscal pero -ahí está el truco- a través de un sistema de elección absolutamente injusto.  Es un sistema mayoritario absoluto de manera que al poder elegir en listas abiertas (cada asociación presenta su lista de candidatos) cada fiscal a seis candidatos, la asociación mayoritaria coloca indefectiblemente a seis vocales y la segunda, coloca a tres. No importa nada la gestión realizada por el Consejo anterior, buena o mala.  Siempre es el mismo resultado, seis y tres y así desde hace décadas.   Esas asociaciones, financiadas durante años por el poder político cuentan con una estructura (y con unos fiscales jefes en las fiscalías más grandes o importantes que en bastantes ocasiones les deben el puesto) con la que no pueden competir los fiscales no asociados que quieran ser vocales del Consejo, y tampoco la tercera asociación, la APIF, que nunca ha recibido un euro de subvención de la administración ni por supuesto de entidad privada alguna.  

Si realmente se quiere despolitizar la Fiscalía, proceso que tardará años, es requisito indispensable elegir a un FGE que ofrezca garantías de independencia de todos los partidos políticos.  Es difícil quizá encontrarlo, pero seguro que buscando aparece algún jurista competente, comprometido con su trabajo y no con partido alguno y que esté dispuesto a asumir -ese el propósito de la politización- que no puede haber nadie en mejor posición frente a la ley y frente a la Fiscalía y que el Gobierno, sea el que sea, no puede obtener trato favorable de la Fiscalía en sentido alguno.

Pero no basta con eso.  Hace falta también despolitizar la propia jerarquía de la Fiscalía, restando  influencia política a las asociaciones, y abriendo el Consejo Fiscal a toda la Carrera.   El Consejo Fiscal ha de ser el órgano de defensa de los fiscales, no el órgano de canalización de influencias de las asociaciones dominantes, en negociaciones de puestos con los sucesivos fiscales generales.    Para ello hay que cambiar la norma electoral del Consejo Fiscal.    Se lo pedí en una reunión al Ministro de Justicia y casi le da un ataque de risa.  Eso no le conviene políticamente al PP ni al PSOE, porque perderían influencia en la Fiscalía, pero eso es precisamente de lo que se trata: de que los partidos pierdan influencia y la ganen los fiscales en el Consejo Fiscal, lo que ha de redundar en un órgano dispuesto a luchar por las necesidades profesionales de los fiscales, a valorar el mérito y la capacidad y no la afiliación ideológica y manteniendo la neutralidad en la contienda política.

Veremos si algo cambia en el futuro o no, y veremos si la despolitización de la Justicia tiene o no algún papel en las negociaciones políticas para la formación del nuevo Gobierno.

ESTO LA FISCALÍA TE LO AFINA

Si hubiera habido transparencia en la Fiscalía, todas las reuniones y conversaciones mantenidas por el FGE  habrían de haber quedado recogidas en un registro y deberían haberse hecho públicas.   Todo esto es tan duro y al tiempo tan cansino.

QUERÍAMOS TANTO A LUIS

Estoy leyendo el último libro de Ernesto Ekaizer sobre la investigación de la causa al extesorero del PP, Luis Bárcenas que lleva el mismo título que esta entrada.  Cada uno se escandaliza por lo que quiere y el libro ofrece un muestrario de conductas bochornosas, éticamente ajustadas a los tiempos políticos que vivimos. Pero a mi -ante la alarma de que realmente sea cierto- me produce una gran tristeza leer los impúdicos tratos entre el Gobierno y el Fiscal General: llamadas de Ministros al Fiscal General a media noche para pedir y obtener información confidencial; documentos llegados de Suiza por vía policial a la Fiscalía que afectan a cuentas corrientes de un dirigente del PP hoy encarcelado, entregados por el Fiscal General al Ministro de Justicia; diseño de estrategias políticas en función de la información que transmite el Fiscal General...  Si los hechos narrados no son ciertos supongo que alguien demandará a Ekaizer porque está atribuyendo delitos cometidos en las más altas instancias de la administración del Estado.   Pero ese libro, que se lee de un tirón, pone de manifiesto la necesidad de regular con transparencia las relaciones entre el Gobierno y la Fiscalía (como nos han pedido desde el Consejo de Europa), y sobre todo de castigar específicamente y con la mayor dureza las conductas de filtración de información del Fiscal General al Gobierno, incluyendo actos así como causa de cese inmediato en el cargo.   Y también la de crear mecanismos independientes en la Fiscalía capaces de investigar si fuera necesario al propio Fiscal General del Estado.

FALTA DE GARANTÍAS PROFESIONALES EN LA FISCALÍA

Estoy muy afectado por la desestimación de un recurso de una fiscal contra una sanción por retrasos en el despacho de los asuntos en un proceso incoado por vulneración de derechos fundamentales que da la razón a la Fiscalía.   Creo que es una sanción injusta y creo que lo es por dos razones fundamentales.   En la Fiscalía no hay baremos máximos de trabajo, de manera que no se puede determinar cuando la carga de trabajo supera lo que puede ser despachado en un plazo de tiempo razonable.   Este es uno de los "regalos" que la jerarquía de la Fiscalía ha ido haciendo a los fiscales: vais a despachar "todo" lo que entre, y si "todo" lo que entra no es posible sacarlo sin calidad o sin renunciar a la vida privada y familiar pues ese es vuestro problema porque nosotros tenemos la opción de abrir expedientes.    En vano se le pide  a la Fiscalía General -incluso ahora, que estamos viviendo la tormenta del 324 de la LECr.- unos baremos, unas cargas máximas de trabajo a partir de los cuales pudiera establecerse si es razonable o no tener retrasos.  La jerarquía permanece quieta, como lo está ante cualquier reclamación profesional o corporativa.

Pero en este caso hay otro factor que a mi juicio los Tribunales no han valorado acertadamente: el expediente se instruyó por un fiscal no perteneciente a la Inspección nombrado a dedo por la FGE que fue quien impuso la sanción.   Yo creí que el Tribunal se iba a escandalizar ante este hecho que a mi modo de ver supone abrir la puerta a toda clase de abusos contra los fiscales.    Y desde luego no creí que ese modo de proceder nunca pudiera llegar a hacerse por la Fiscalía General en un expediente disciplinario contra un fiscal, considerando que en esta Carrera no hay garantías internas de funcionamiento: hasta el Consejo Fiscal, en alguna ocasión, ha tenido que preguntar a la Inspección quien era el competente para resolver algún recurso, que tiene tela.    Ante una situación así, que produce una sensación de aplastamiento a los fiscales de a pie por parte de la jerarquía y que extiende la sensación de desprotección que muchos tenemos en nuestro trabajo, el TSJ de Madrid nos dice lo siguiente, apoyándose en el Reglamento franquista y mirando solo que el fiscal elegido fuera ajeno a la inspección pero sin entrar a analizar lo absurdo de que se convalide un sistema en el que quien tiene la competencia para sancionar designa libérrimamente y sin motivación a quien investiga al fiscal expedientado:

SEXTO.- Alega también la demandante que sufre indefensión, en su vertiente de derecho a un proceso con todas las garantías, al no ser nombrado el Fiscal Instructor en el seno de la Inspección Fiscal. Nuevamente cabría indicar que una infracción de procedimiento como la que se invoca únicamente podría dar lugar a un procedimiento por vulneración de derechos fundamentales si fuese causante de indefensión material, sin que la demandante muestre las razones por las cuales la designación de un Instructor fuera de la Inspección Fiscal haya mermado sus posibilidades de defensa.

En cualquier caso, y sin perjuicio de lo que pueda resolverse en el seno de un procedimiento de legalidad ordinaria, si es que llega a tramitarse, cabe aquí resaltar que la demandante no cita precepto legal alguno que apoye su reiterada alegación de que el Instructor debió nombrarse en la Inspección Fiscal, pues el artículo 128 del Reglamento de 1969 no contiene esta prevención, y la figura del promotor de la acción disciplinaria de la LOPJ posee competencia únicamente en relación con jueces y magistrados (art. 605 de la LOPJ). No existe argumento ninguno que permita entender que los miembros de la Inspección Fiscal son el equivalente a la figura del promotor de la acción disciplinaria de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

 Lo siento mucho por la Carrera Fiscal, esto es carnaza para abusos y además no va en la buena dirección para salvaguardar los derechos profesionales de los fiscales, con independencia de la indiferencia que ante la existencia de estas cosas se observa en la Carrera, en la linea del lamento de Martin Niemoller.   Y también lo siento mucho por la compañera afectada, a la que aprecio mucho y con la que comparto un sentimiento de injusticia muy grande.

EL FISCAL SE TENDRÁ QUE JODER

Creo que la grabación de Las Palmas es de las cosas más duras y tristemente plásticas sobre los modos que hay que erradictar de la Justicia que yo recuerdo.   Esa conversación grabada que está en los medios de comunicación es explícita, deja poco margen a la interpretación: recordemos que se graba a un juez concertandose con un investigado para acabar con una parlamentaria y en ella se vierten expresiones tan elegantes como la que da titulo a esta entrada.    Naturalmente la grabación podría estar manipulada, pero creo que hay que investigar a fondo lo ocurrido.    Porque lo ocurrido puede ser constitutivo de delitos graves pero que afectan a una sola persona, o no.    Y ello no se sabrá si no se investiga a fondo.  La Fiscalía -de la que hay que recordar que empezó todo esto al iniciar una investigación que fue declarada ilegal por los Tribunales sin que se tomara medida alguna disciplinaria contra nadie ni se acordara cese de nadie, ni se diera explicación alguna de porque se actuó de aquella manera-, en mi opinión tiene aquí mucho trabajo (muy necesario, muy comprometido con la Justicia y muy interesante).