lunes, 30 de junio de 2014

FIN DE LA PAUSA: CURSO APIF

Tengo el encargo de la APIF de dirigir un curso de defensa para los fiscales en el seno de la institución.   Hay mucho que recorrer en ese terreno, ya que la Fiscalía, dejada de la mano de las dos asociaciones mayoritarias durante muchos años, ha abandonado cualquier mecanismo establecido de defensa profesional de los compañeros.  No solo eso: la claridad sobre derechos de los fiscales es nula, como corresponde a una Fiscalía que ha hecho de la opacidad interna una bandera.   Las obligaciones están más claras: haz lo que te dicen tus numerosos jefes y cuidadito.   Pero los derechos no.  Por eso he diseñado un curso para aprender, para que los fiscales empecemos a andar un camino de defensa de nuestros derechos profesionales, y para que en lo que manifiestamente sea un régimen incompatible con los tiempos que vivimos y con la dignidad profesional que hay que suponer que se nos ha de conferir, lo denunciemos y reclamemos su modificación.  Dejo el programa del curso, que se celebrará los días 3 y 4 de julio en el CEJ, señalando que he recibido varias peticiones de compañeros de acudir como oyentes al curso, lo que a mi juicio muestra que cursos como este son absolutamente necesarios.

CURSO DEFENSA DE LOS FISCALES (CURSO APIF)
Fechas: Días 3 y 4 de julio
Lugar: CEJ, C/ Juan del Rosal número 2.
Director del Curso: Salvador Viada Bardají, Fiscal del Tribunal Supremo

Dia 3.
9.15 horas: Recepción y recogida de documentación.
9.30 horas: Sanciones Disciplinarias. Ilmo. Sr. D.  Fausto José Cartagena Pastor, Fiscal del Tribunal Supremo.
10.30 horas: El expediente sancionador: principios generales y tramitación.  Recursos administrativos.  Ilmo. Sr. D. Fausto José Cartagena Pastor, Fiscal del Tribunal Supremo.
12 horas:  El expediente sancionador en la Carrera Judicial.  Ilmo. Sr. D. Luis Vacas.  Inspección del CGPJ.
13.30 horas:  ¿Son recurribles las decisiones del FGE por los Fiscales? Legitimación. Recursos contra decisiones del FGE tras informe del Consejo. Recursos contra sanciones.  Ponente: Ilma. Sra. Dña. ELISA DE LA NUÉZ SÁNCHEZ-CASCADO Abogado del Estado

Día 4.
9 horas:  Los Fiscales y su jerarquía.  Arts. 25 y 27 del EOMF.  Acoso laboral.  Ponente, Ilmo. Sr. D. Juan Antonio Frago Amada.
10 horas:  El papel del Consejo Fiscal como defensor de los derechos de los Fiscales.  Ponente: Ilma. Sra. Dña. Mª ANGELES MARTINEZ MARZAL Fiscal. Fiscalía Provincial Valencia
11 horas: El procedimiento contencioso administrativo. Plazos. Postulación. Competencia. Tramitación y recursos. El procedimiento de vulneración de derechos fundamentales.  Ponente: Ilmo. Sr. D.   JOSE YUSTY Magistrado del Jugado de los Contencioso Advo. nº 3 de Madrid
12.30 horas: Mesa redonda: Situación del régimen jurídico de los funcionarios del Ministerio Fiscal.  Ponentes: Sr. D.   ANTONIO LOPEZ  Fiscal de las Palmas; Sra. Dª Mabel Morán, Fiscalía de Reus; D. Pedro Rubira, Fiscal de la Audiencia Nacional







miércoles, 21 de mayo de 2014

UNA PAUSA

A mi hay algunas cosas profesionales que me afectan bastante.  La noticia de una reunión en Zarzuela en el comienzo de la presente legislatura, publicada en un libro de dos periodistas del periódico El Mundo, para mi es tremenda.  Porque estas cosas colisionan totalmente con la visión del trabajo del Fiscal que yo tengo y con mi idea de lo que tendría que ser la Justicia (buena o mala, pero igual para todos), al margen naturalmente de las decepciones personales.  Ojalá no sea verdad lo que se dice.   Ojalá el contexto se haya desfigurado, al menos en lo que se refiere al Jefe de los fiscales.   Ojalá sea así.    Pero he estado esperando un comunicado de la Fiscalía desmintiendo el hecho, y no llega. Nadie desmiente nada, aunque aún es tiempo.  En tanto llega ese comunicado, creo que necesito un descanso en este blog para pensar sobre el futuro del mismo, sobre su capacidad para ayudar a quienes no estén conformes con lo que pasa en la Justicia y sobre si es realmente útil para luchar por una Justicia mejor.

Como yo soy muy lento pensando, tras el verano, veremos.

Dejo el enlace del segundo boletín de Wikipenal.

martes, 20 de mayo de 2014

¿PERO HACIA DONDE VA ESTO?

Quienes luchan contra la corrupción desde la Policía, desde la Fiscalía y desde la Judicatura, deberían estar absolutamente blindados frente a los ataques de los investigados, y también de los partidos políticos y de sus influencias.   Lo que para los Jueces parece sencillo, porque forma parte de su estatuto como Poder Judicial, ha de garantizarse también para fiscales y muy en particular para los investigadores, para la Policía y la Guardia Civil.   En la Fiscalía y en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado hay dificultades dada la estructura jerárquica de los cuerpos: si los jefes son nombrados por los políticos, los subordinados tienen problemas para investigar a esos mismos políticos.  Pero las dificultades son conocidas, y hay que luchar por vencerlas: hay que crear un estatuto especial protegido para los investigadores de delitos de corrupción.   Que un investigado pueda querellarse contra un policía por calumnias, en razón a un informe que realiza ese policía requerido por el Juez y no haya mecanismo alguno de protección procesal para ese funcionario es absurdo: si el informe es falso o malintencionado es algo a dirimir dentro del proceso en el cual se aporta, no fuera.  Ese funcionario ha de ser protegido por el Juez y por el Fiscal, si no queremos que el miedo se instale en los investigadores de esos delitos y se merme su eficacia.  Y además, ha de establecerse un protocolo de protección de esos funcionarios.   Si a los sacrificios que supone la investigación de estos delitos, la presión que hay que soportar, y las opciones beneficiosas profesionalmente que de vez en cuando se ofrecen como puerta de salida a los investigadores molestos, se suma la posibilidad de tener que pagarse un abogado para defenderse de las imputaciones de las personas mencionadas en los informes policiales, pues apaga y vámonos.

sábado, 17 de mayo de 2014

VII CONGRESO APIF

El sábado día 24 la ASOCIACIÓN PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES celebrará su VII Congreso.   Dejo el orden del día, así como un enlace a la web de la APIF donde encontraréis más información.   Se trata de un Congreso muy importante para nosotros porque vamos a reflexionar sobre la manera que los fiscales podemos empezar a defendernos de los abusos que en ocasiones padecemos.   El curso que organiza la APIF los días 3 y 4 de julio va en la misma línea.    Por supuesto que haremos tiempo para que quien quiera pueda ver la final de la Champions, pero ante todo interesa destacar que cualquier fiscal no asociado está cordialmente invitado a asistir y a exponer lo que considere más conveniente para la mejora del funcionamiento de la Fiscalía y para la mejor defensa de los fiscales.

viernes, 16 de mayo de 2014

LA SUPRESIÓN DE CATEGORÍAS JUDICIALES

No me gustan muchas cosas del Anteproyecto de LOPJ, que entiendo que en varios aspectos se dirige fundamentalmente (además de reducir el presupuesto de Justicia) a conseguir que nada se escape al poder ejecutivo de lo que se cuece en el poder judicial.   La nueva organización de Juzgados y Tribunales; la instrucción colegiada en casos complejos; el modo de adaptación de resoluciones del TEDH; la jurisprudencia vinculante, los aforamientos y algunas otras cosas pueden entenderse separadamente como portadoras de finalidades distintas.  Pero en conjunto son indicios todos que van en la misma dirección, y por seguir esa línea de análisis, no me gusta demasiado el Anteproyecto.   Pero tiene el Anteproyecto un arma secreta, una bomba para dinamitar resistencias de quienes podrían influir con cierta efectividad: me refiero a la supresión de las categorías judiciales.    No se si obedecerá a lo que yo pienso, es decir, a que el Gobierno tenga un arma apuntando al pecho de la jerarquía en la Fiscalía, pero no hay duda que de todo el Anteproyecto lo que más preocupa a algunos en la Fiscalía es precisamente que se supriman las categorías, y que todos se igualen "por abajo".   En realidad no sería así, ya que los fiscales de tercera categoría verían inmediatamente un beneficio, y se estaría en camino de solucionar problemas que ahora son muy difíciles de solventar, como los ascensos, los concursos, la ocupación de plazas de diferente categoría, el cobrar diferente haciendo el mismo trabajo y muchas otras cosas.   Esos fiscales se igualarían "por algo más arriba".   Pero donde el efecto es más rotundo es en la primera categoría de la Fiscalía. Los magistrados del TS no van a cesar en sus puestos, con categorías o sin ellas.  En la Fiscalía las cosas son distintas.  Debemos señalar que esto no tiene que ver con aumentar la politización de la Fiscalía: es muy difícil profundizar en esa línea.   Pero al ser las plazas de primera categoría renovables cada cinco años pudiera ocurrir de que en un cierto momento fiscales hoy de primera perdieran la plaza que ocupan y por tanto los beneficios económicos ligados a las mismas.   Y -como ocurre hoy- la asignación a esas plazas se realizaría por criterios de confianza del FGE y de la asociación de fiscales dominante políticamente.  En este sentido, el efecto en alterar las reglas del juego en la Fiscalía sería casi neutro: digo casi, porque el hecho de que te pueda cesar un FGE y producirte una pérdida económica importante, algo si que condiciona la actuación de un fiscal.   Pero tampoco hay heroicos actos de rebeldía en estos momentos: aquí se ha echado a un fiscal que no había hecho nada y vulnerando sus derechos fundamentales, ante el silencio de casi toda la Carrera.     Y no podemos olvidar algunos ascensos que ha habido en el pasado, tocados por un aire de escándalo, que sin embargo no son hoy por hoy reversibles.

Yo creo que las categorías en la Carrera Fiscal no se van a eliminar, por lo menos la primera.   Pensemos que si se eliminaran, el mismo FGE, al cesar en su cargo en un año y pico, se encontraría degradado respecto de la situación que estaba antes de ser promovido a su actual cargo.   Pero me preocupa que la resistencia de la Fiscalía a esta reforma de la LOPJ se limite a luchar por el mantenimiento de la categoría primera, en lugar de razonar sobre la situación en la que la entrada en vigor de esa reforma puede dejar a la Justicia.  Veremos.


lunes, 12 de mayo de 2014

RECURSO DE LA APIF CONTRA LA DISTRIBUCIÓN DE TRABAJO DE LA FISCALÍA DE MADRID

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha interpuesto esta mañana recurso de alzada ante el FGE contra la distribución de trabajo acordada por la Jefatura de la Fiscalía de Madrid que fue rechazada por abrumadora mayoría en la Junta de Fiscales celebrada al efecto.   El texto del recurso está colgado en la página web de la asociación.

lunes, 28 de abril de 2014

EL CONFLICTO DE MADRID

El Consejo Fiscal, según nos dicen tanto los vocales de AF como de UPF, no ha votado en favor de suspender la entrada en vigor de la nueva organización de trabajo diseñada por el Fiscal Jefe de Madrid, pese a que una abrumadora mayoría de fiscales de esa Fiscalía votaron en contra y casi un centenar pidió al Consejo Fiscal que lo hiciera.   Los vocales de la UPF se mostraron a favor de la posición de los fiscales de Madrid, y los de la AF en  contra.  Los de la AF, expresan "su preocupación" por la situación pero creen que el Consejo Fiscal no puede solucionar la cuestión por "el limitado ámbito del art. 14 del Estatuto", al igual que el FGE considera que la distribución de trabajo no admite recurso según el art. 24 del EOMF.   Se lanza por la AF una carga de profundidad contra el anterior fiscal jefe (ahora vocal del Consejo) apuntando deficiencias detectadas en una Inspección a la Fiscalía de Madrid en 2013, cosa que niega la UPF.  Total, que los fiscales de Madrid se tragan (eso si, con gran preocupación por parte de los vocales del Consejo Fiscal) el reparto de trabajo con el que no están conformes.   Principio de autoridad y de jerarquía puro y duro.

¿Es este estado de cosas razonable?  Nadie ha preguntado a los fiscales de Madrid a quíen querían como Fiscal Jefe.  Nadie les preguntó por los proyectos de organización que iban a tener que realizar ellos.   Se les impone un Jefe sin preguntarles si les gustaba o no el que tenían y un programa sin que ellos hayan podido decir que les parece.   Y ahora se les dice -por sus representantes en el Consejo- que con gran preocupación eso si, nada se puede hacer aunque quienes están en Madrid consideren que el sistema los lleva al desastre y perjudica el servicio y la conciliación de su vida familiar.   Todo ello tras la eliminación de un buen número de fiscales sustitutos que aumenta sus cargas de trabajo.     ¿No se da cuenta nadie que con estas medidas se somete a los fiscales, no se les convence, no se pacta con ellos, no se negocia?  ¿No se dan cuenta los vocales de la AF que la preocupación suya tiene una vertiente de frustración para los fiscales que sostienen la mayor Fiscalía de España?  ¿Creen que con "su preocupación" mitigan esos efectos?

En el post anterior me hacía eco del parecer de todos los vocales del Consejo, en un informe remitido a un fiscal de Las Palmas -para desestimar su queja sobre distribución de trabajo- de que naturalmente que tenían facultades para revisar las distribuciones de trabajo en casos de "falta de equidad" (art. 110 del Reglamento).   Si eso es así, ¿como es posible que si la inmensa mayoría de la Fiscalía se opone a un sistema de trabajo digan ahora los vocales que no pueden hacer nada, con gran preocupación, naturalmente?  Están protegiendo de manera objetiva a la jerarquía en un enfrentamiento con los fiscales de a pie.    Y son nuestros representantes.    No es exclusivamente que pueda haber desigualdades en la distribución del trabajo lo que debe atender el Consejo.  Es básicamente el hecho de que la Fiscalía funcione peor, con muchos fiscales agraviados al tener que salir de donde están o no poder ir donde aspiran a ir por razón de unos baremos creados ad hoc por la jefatura.   Es la calidad del trabajo no sólo en la cantidad donde deben entrar los vocales del Consejo Fiscal y donde hay que buscar la falta de equidad.

Estoy mucho más aquí con la posición de los vocales de la UPF, que reclaman un nuevo Estatuto; y creo que es de sentido común que si una distribución de trabajo aparece con 135 votos en contra y tan solo 20 a favor, la cuestión ha de abordarse no solo "preocupándose" mucho en el Consejo sin hacer nada, sino actuando en favor de la abrumadora mayoría.   Aunque el jefe pertenezca a la asociación de la mayoría en el Consejo.    Y quiero rendir tributo a los numerosos fiscales de Madrid, que en lugar de pasar y aceptar con resignación lo que les den, se preocupan -ellos de verdad- por el servicio, se preocupan por su consideración de fiscales más que de peones, y luchan -en vano, según parece, pero "preocupando" mucho al Consejo- ante sus representantes en el Consejo en defensa de sus opiniones.

El curso para aprender los fiscales a defendernos en vía administrativa y jurisdiccional que organiza la APIF en julio parece que es más necesario que nunca.

viernes, 25 de abril de 2014

LA TRANSPARENCIA DEL CONSEJO FISCAL

El viernes 21 de marzo recibí un correo electrónico con la información que los vocales de la AF hacían de la reunión del Consejo Fiscal celebrada el día anterior.  En el punto cuarto se decía lo siguiente bajo el capítulo "Otras materias":

-Se valoró la reclamación de un fiscal frente a la asignación de trabajo por parte de un Fiscal Jefe.

Ya me extrañó en su día una comunicación tan parca, y si hubiera sido el Consejo anterior hubiera preguntado a qué se refería eso.  Pero confiaba en que los compromisos de transparencia -tan recientes las elecciones- les impedirían ocultar información relevante a la Carrera de lo que se discute en el Consejo.   Ayer el Fiscal afectado (de Las Palmas) me hizo llegar a través de otro compañero la resolución del Consejo Fiscal que desestima su reclamación.  El Acuerdo del Consejo Fiscal es muy interesante por varios motivos.  El problema de fondo era la no asignación por el Fiscal Jefe de un lote de trabajo vacante a un fiscal interesado, sin concurso y sin votación en Junta.  Ese fiscal se considera agraviado y expone su queja al Consejo Fiscal.  Antes de hacerlo, el Fiscal Jefe hace una consulta a la Inspección sobre si el reparto de trabajo es susceptible de recurso administrativo por el interesado, y la Inspección fiscal responde el 27 de noviembre de 2013 lo siguiente:

"... la decisión del Fiscal Jefe puede ser impugnada por el interesado ante el Consejo Fiscal, a modo de recurso de alzada específico del Ministerio Fiscal".

El Consejo Fiscal entró a discutir la cuestión en su reunión de 20 de marzo.   Y se resuelven las siguientes cosas:

- Por un lado, ante la pretensión del fiscal impugnante de que en lugar de haberse adjudicado lotes de trabajo de manera directa debería haberse convocado previamente un concurso interno y una Junta de fiscales, el Consejo fiscal, de modo unánime, afirma que la decisión de reparto de trabajo adoptada por el Fiscal jefe no constituye en si mismo un acto o resolución administrativa susceptible de recurso en la vía administrativa, en los términos del art. 107.1 de la LRJ-PAC, sino únicamente de revisión dentro de la propia organización interna del Ministerio Fiscal, únicamente fiscalizable por los propios órganos de la institución.   Para llegar a esa conclusión se entiende que los cambios en la asignación de bloques de trabajo de unos fiscales a otros no afectan ni a la organización de los servicios ni a la distribución del trabajo entre los fiscales de la plantilla (art. 22.5 EOMF), tratándose únicamente del cambio o no de un bloque de trabajo.

- Consecuentemente, no hacía falta ni Junta ni concurso.  Y considera -por unanimidad- que en esta materia no procede acudir a la norma supletoria y general de la LRJ-PAC atendiendo a la existencia de una específica previsión (art. 22.5 EOMF) y a los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

- Consideran evidente los vocales del Consejo Fiscal que ese órgano dispone de facultades de control y de revisión del resto de los órganos de la Institución (art. 110 del Reglamento de 1969), si bien únicamente en casos de "falta de equidad" en la distribución del trabajo, que es interpretado en los casos de distribuciones discriminatorias por arbitrarias o por hallarse incursa en manifiesta irracionalidad.  En el caso en cuestión se consideró por once votos contra uno que la decisión del Fiscal Jefe no era contraria a la equidad (ya que el Fiscal quería cambiar de Juzgado por razones de índole personal).

- Se consideran equiparables por el Consejo Fiscal este tipo de decisiones de la Jefatura a las instrucciones u órdenes de servicio a que se refiere el art. 21.1 de la LRJ-PAC, asimilándolas a esas categorías de actos administrativos.  Y por tanto, y al margen de lo que puedan decidir en su día los Tribunales contencioso administrativos, el Consejo por unanimidad considera que no pueden ser fiscalizables en la vía jurisdiccional, de acuerdo con la jurisprudencia que cita el Acuerdo del Consejo.

- Y se desestima la pretensión del fiscal que reclama, el cual (soportando alguna intolerable acusación de deslealtad institucional) no quedó completamente convencido y recurrió en vía contencioso administrativa estando actualmente el recurso en tramitación.

A mi, modestamente, me parece que este tema es de interés capital para muchos fiscales y que no puede sortearse (y más pocas semanas después de las elecciones) con un comunicado en el que únicamente "se valora la reclamación de un fiscal frente a la asignación de trabajo por parte de un Fiscal Jefe", que recuerda a Gila: "Alguien ha matado a alguien...".   Adelanto que no comparto la interpretación que los representantes de los fiscales hacen en relación con el art. 22.5 del Estatuto, y que si creo que debía haberse celebrado una Junta o al menos hacer un concurso de provisión de lotes de trabajo.  En esto estoy de acuerdo con el fiscal que impugna (y con el solitario vocal que le apoyó), porque me parece evidente que la adjudicación de un lote de trabajo a un fiscal es parte de la distribución del trabajo entre los fiscales de una Fiscalía; y me sorprende la interpretación de la posición de los vocales electos sobre el particular ya que no olvidemos que son representantes de los fiscales para defender los derechos de los fiscales.  Una vez más, como el Consejo anterior, se trata a los fiscales en el Consejo Fiscal desde la perspectiva esencial del mantenimiento de la unidad y la dependencia jerárquica, es decir, desde las posiciones de la jerarquía.  Lo advertimos en las elecciones, que esto iba a continuar así, y ahí está otra  vez.   Espero con interés que es lo que nos dicen ahora estos vocales en relación con lo ocurrido con la Fiscalía de Madrid.


jueves, 24 de abril de 2014

CONDENA DEL TEDH A ESPAÑA POR EL DERECHO DE ASILO

El pasado día 22 se hizo pública la sentencia (que no es firme) del Tribunal de Estrasburgo en la que se estima que el sistema de recursos contra las decisiones de expulsión de aquellos solicitantes de asilo, antes de que se resuelva definitivamente su petición, no satisface las exigencias del art. 13 (derecho a un recurso efectivo) en relación con los arts. 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.   La demanda la realizan varias docenas de inmigrantes saharahuis que llegaron en patera a Fuerteventura en 2011-2012, y solicitaron asilo en España por temor a ser represaliados en Marruecos por su participación en los sucesos de Gdeim Izik, que incluyeron las protestas de miles de saharauis y que concluyeron con el levantamiento forzoso del campamento que habían organizado y con la muerte de varios policías marroquíes y varios saharauis.    El TEDH paralizó la expulsión acordada por la Audiencia Nacional, antes de concluirse definitivamente las impugnaciones a la denegación del asilo, en virtud de lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento del TEDH.   Ahora, concluye con la condena a España al señalar que es preciso garantizar un examen profundo de las razones fundamentadoras del asilo antes de expulsar al solicitante, no sin reconocer (como ocurre en otros países europeos) las dificultades y riesgos para el sistema judicial que pueden tener un excesivo número de solicitudes de asilo.  La sentencia, que se corresponde con el caso 6528/2011, puede ser consultada en la página web del TEDH.

miércoles, 23 de abril de 2014

SE VA A RECURRIR

Tras la votación de la Junta de Fiscales de Madrid parece claro que hay unos fiscales que no se van a aquietar sin más con la distribución de trabajo (y de sistema de trabajo) que con abrumadora minoría en la Junta pretende imponerles el Fiscal Jefe de Madrid.  El tema desde mi punto de vista es sintomático del estado de cosas en la Fiscalía.  Unos jefes que se eligen -en las Fiscalías más grandes e importantes- dentro del limitado círculo de fiscales pertenecientes a las asociaciones que se han repartido los cargos durante treinta años; unas asociaciones que apoyan a sus jefes electos cuando entran en conflicto individual o colectivo con los fiscales subordinados a estos; unos Fiscales Generales que gustosamente aceptan estas reglas puesto que al fin les dan un control seguro no solo en la gestión de la Fiscalía sino de cada uno de los asuntos de la misma, y que ya sean nombrados por PP o por PSOE encuentran apoyo en una asociación en la Fiscalía.  Y además, con nadie ajeno a esa estructura petrificada en la Fiscalía que esté en posición de cambiar las cosas.   El Libro Blanco -sobre el que hablaré en próximos días- expresa claramente esta situación: los males que se aprecian desde la Fiscalía no están en la Fiscalía sino que vienen de fuera, en exclusiva.   Creo que es un gran error de perspectiva, pero no puede ser de otra forma.   No van a reconocer quienes mandan desde hace 30 años en la Fiscalía que han llevado a institución a la situación en que nos encontramos.   No van a reconocer que esa influencia política contra la que se dice que se quiere luchar reclamando más autonomía, la han fomentado desde dentro de la Institución durante muchos años.  Y la solución a ello es -curiosamente- en el Libro Blanco, reforzar el principio de unidad y de jerarquía, en lugar de establecer garantías a los fiscales contra los excesos de la unidad y de la jerarquía.

Hay en Madrid un conflicto grande entre el Fiscal Jefe y los fiscales de la plantilla.  Ha de solucionarse este conflicto con diálogo y con flexibilidad del Fiscal Jefe.   Si no es así, si se pretende mandar en la Fiscalía como se mandaba en la década de los cincuenta del siglo pasado es que no se ha entendido nada.   Pero hay otro riesgo añadido: el utilizar este conflicto para que la asociaciones profesionales guerreen entre si.   Eso sería otro grave error.    Esto ha de solucionarse por la acción de los fiscales de Madrid, apoyados y respaldados por sus asociaciones profesionales.  Hay muchos asociados a la AF en Madrid que deben encontrar apoyo en la AF, en su asociación y en este asunto.    Y el Consejo Fiscal es el órgano de defensa de los fiscales, no de los Fiscales Jefes elegidos por las asociaciones presentes en el mismo.   Se espera mucho de este Consejo y no pueden empezar ahora a trabajar con sectarismo.    Muchos fiscales de Madrid han pedido al Consejo Fiscal la suspensión del acuerdo de distribución de trabajo (una abrumadora mayoría votó en contra de la misma en Junta)  y muchos otros en toda España miran con interés lo que va a pasar aquí.    Ojalá el Consejo Fiscal actúe con responsabilidad y conforme a los compromisos de cada fiscal electo.   Y ojalá el FGE sea sensible a este problema, ojalá se ponga en la piel de los fiscales en dificultades -que son los que luego le sacarán las castañas del fuego y le solucionarán los problemas que vayan apareciendo-,  a quienes se les colocan mandos sin preguntarles nada.  Y después de eso, ojalá empiece a gestionar la elaboración de un sistema de garantías profesionales en todos los ámbitos (promoción profesional, riesgos laborales, recursos contra la arbitrariedad, distribución de trabajo, introducción del diálogo como sistema de solución de conflictos) que haga recordable por los fiscales en términos positivos su paso por la Fiscalía General. Pero si no es así, si se opta por mantener el principio de autoridad, de unidad, de jerarquía contra todo sentido común, este asunto llegará a los Tribunales.  Quizá sea bueno que sea así, ya que en el tinglado que es hoy el sistema de garantías profesionales de los fiscales hay tan pocas cosas ciertas, tan pocos caminos y procedimientos marcados para ejercer derechos y defendernos de su vulneración que quizá haga falta la intervención de los jueces para marcarnos el camino.    Veremos que pasa.

viernes, 11 de abril de 2014

CLARA VOTACIÓN EN LA FISCALÍA DE MADRID

El art. 22.5 del EOMF dice que corresponde al Fiscal Jefe organizar los servicios y la distribución de trabajo, oída la Junta de Fiscalía.  En la Fiscalía de Madrid el nuevo Fiscal Jefe ha diseñado una nueva distribución de trabajo integral que va a suponer cambios para la práctica totalidad de la plantilla.   La Junta de fiscales de Madrid ha sido oída en votación secreta, y el resultado es muy claro: 135 votos en contra, 20 abstenciones y 20 votos a favor.    No recuerdo nada parecido desde que en Valencia se obligó por la Junta en votación a ir a un Juicio al Fiscal Jefe, y desde entonces ha llovido bastante.  De ese resultado me gusta mucho el hecho de que los fiscales luchemos por defender lo que creemos que es mejor, en lugar de quedarnos quietos y callados.  Creo que ese es el camino, el que marca la plantilla de la Fiscalía de Madrid, cada fiscal, uno a uno, por su iniciativa, convicción y responsabilidad.    A pesar de ese resultado y de la evidencia de que quienes van a tener que sacar el trabajo de la Fiscalía  -la trinchera en términos coloquiales- prefiere no cambiar respecto a como están ahora, el cambio va camino de producirse porque la jefatura se mantiene firme.   La UPF ha hecho un comunicado en Twitter hace un par de horas apoyando a la plantilla.   Y hoy se ha registrado una petición muy razonada firmada por varias docenas de fiscales en la FGE para pedir que el Consejo Fiscal se pronuncie para la suspensión de la distribución de trabajo.    Espero que se imponga el sentido común -la Fiscalía de Madrid es demasiado grande, demasiado importante y demasiado compleja para que uno que acaba de llegar imponga su criterio al resto que se muestra en contra-, y que se inicie un diálogo que permita una solución satisfactoria para todos.   La asociación del Fiscal Jefe podría aquí ayudar a suavizar un poco las cosas, especialmente porque tiene la responsabilidad de ser la que le apoyó para ser elegido frente a algún compañero con mucha mayor experiencia en el ejercicio del cargo y frente a otros también competentes.