viernes, 29 de febrero de 2008

PROGRAMAS ELECTORALES (1): PSOE

Extraida de la página web del Partido Socialista, esto es lo que nos promete el PSOE en Justicia, caso de ganar las elecciones. No es fácil resumir su contenido en unas lineas. Por ello, en un comentario posterior haremos un análisis más pormenorizado. Destaca, sin embargo, desde nuestro punto de vista, el propósito de reformar las reglas de procedimiento penal atribuyendo la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal, "con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías". Ese es un cambio muy importante, que ya veremos si luego hay voluntad de hacer y además si es posible. Y también hay que mencionar que no se propone reforma alguna para incrementar la autonomía de la Fiscalía: están contentos con la situación actual. Lo comentaremos más adelante. Ahora, el programa del PSOE:



1.8. LA JUSTICIA: UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA, UN SERVICIO
DEL ESTADO. MÁS LIBERTAD, MÁS IGUALDAD, MEJOR JUSTICIA.
El PSOE quiere que la Justicia funcione mejor. La eficacia de los tribunales, es un imperativo y un pilar de la política social del Estado, de la igualdad de oportunidades, de la garantía de la libertad y de la dignidad, sobre todo, de las personas más desfavorecidas.
La Justicia necesita un cambio profundo. Para conseguirlo, presentamos las siguientes medidas:

Una Justicia más considerada con las personas, más accesible y próxima y más moderna.
- Consagraremos legalmente los derechos de los ciudadanos como usuarios ante la Administración de Justicia.
- Lograremos una Justicia clara y comprensible, de forma que las notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos proporcionen la información necesaria y se redacten en términos sencillos y comprensibles, para asegurar que todos los actos procesales sean inteligibles para las personas, cuidando especialmente los contenidos de sentencias y demás resoluciones judiciales.
- Garantizaremos la puntualidad en los juicios y señalamientos, a cuyo efecto se desplegará un sistema de señalamientos que evitará las suspensiones y retrasos en la celebración de las actuaciones judiciales, concentrando en el mismo día, cuando sea posible, las actuaciones que afecten a la misma persona.
- Aseguraremos que todos los órganos judiciales identifiquen claramente sus horas de audiencia.
- Elaboraremos un sistema integral de responsabilidades de todos los funcionarios y profesionales que intervienen en la Administración de Justicia.
- Promoveremos la creación de un Consejo Consultivo de organizaciones de Usuarios de la Justicia, que integrará a sindicatos, patronal, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y usuarios, asociaciones de víctimas y federaciones de asociaciones de vecinos así como a los profesionales de la Justicia,con el fin de garantizar la participación ciudadana en la evaluación de la
Administración de Justicia y su funcionamiento.
- Desarrollaremos el Plan de Transparencia de la Justicia aprobado en esta Legislatura, para asegurar una información actualizada, rigurosa y debidamente contrastada sobre la actividad y carga de trabajo de todos los órganos judiciales.
- Asimismo, impulsaremos una nueva estructura y organización de la Abogacía del Estado, encargada de la asistencia jurídica al Estado, al Gobierno, a la Administración y al resto del sector público, según un modelo más ágil que incremente los parámetros de eficacia y eficiencia. Con ello se aumentará la calidad en el asesoramiento previo y en la defensa en juicio, lo que contribuirá al ahorro de
recursos públicos, y se garantizará al máximo la legalidad en el actuar administrativo, mediante una asistencia legal integral.
- Potenciaremos el funcionamiento de la Comisión Nacional de Estadística Judicial para permitir contrastar la calidad de la actividad de los órganos judiciales y garantizar, a su vez, el acceso a la estadística judicial a toda persona interesada.
- Garantizaremos que los ciudadanos y profesionales conozcan permanentemente el contenido y estado de los procesos en los que tengan interés legítimo.
Para ello se desplegarán Oficinas de Atención al Ciudadano, que atenderán en jornada de mañana y tarde, así como los sábados por la mañana, permitiendo la consulta telemática del estado del procedimiento.
- Suscribiremos los convenios precisos para conseguir una Justicia accesible para las personas con discapacidad.
- Impulsaremos la agilidad y la rapidez en la resolución de los conflictos y la optimización de los medios personales y materiales existentes.
- Culminaremos la reforma de la Oficina Judicial emprendida en esta legislatura, sustituyendo el viejo y obsoleto modelo por modernos servicios comunes que racionalicen la labor de jueces, secretarios judiciales y del resto de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.
- Relanzaremos la función de las y los Secretarios Judiciales como un pilar fundamental del servicio público de la Justicia. Éstos podrán desempeñar las funciones que no tengan carácter jurisdiccional, ejercidas ahora por los jueces, con el objetivo de que éstos se centren en su función jurisdiccional y agilizar así la Administración de Justicia. Serán competentes, además, para celebrar actos de conciliación.
- Con el fin de garantizar una mayor rapidez en la respuesta judicial de calidad,regularemos la justicia de primer nivel, como primer escalón del servicio público de la Justicia.
- Promoveremos la modificación integral de la Ley de Planta y Demarcación,para adaptarla a las nuevas capacidades de las Comunidades Autónomas.
- Reforzaremos la especialización de los órganos judiciales, para mejorar la eficacia y productividad de los mismos, así como la agrupación de partidos judiciales,como herramienta decisiva para la modernización del servicio público de la Administración de Justicia, sin desatender los servicios de justicia en los municipios más pequeños.
- Reformaremos la Audiencia Nacional para constituirla en órgano judicial especializado y dotarla de mayor eficacia en la investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo, tráfico organizado de drogas, blanqueo de bienes procedentes de dichas actividades, delitos económicos de especial gravedad, delitos cometidos fuera del territorio nacional y delitos cometidos sistemáticamente por organizaciones o estructuras organizadas. A estos efectos, los Juzgados Centrales de Instrucción y las Secciones de su Sala de lo Penal, se multiplicarán en su número y actuarán especializadamente.
- Desarrollaremos un ambicioso Plan de Nuevas Tecnologías en la Justicia, que facilitará los trámites y notificaciones, el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia y la información intra-judicial, en colaboración con las Comunidades Autónomas que tienen competencias asumidas en esta materia.
- Llevaremos a cabo una profunda reforma del Registro Civil que garantice una fácil y accesible relación con la institución registral y un control de legalidad de las declaraciones y títulos que accedan al Registro. En consonancia con las recomendaciones del Consejo de Europa, nos comprometemos también a que los jueces queden progresivamente liberados de tareas no jurisdiccionales, entre
ellas, en su caso, las que conciernen a la llevanza del Registro Civil.

Reformas legales al servicio de la seguridad de las personas.
- Con el fin de garantizar el derecho de toda persona a un juicio justo, nos comprometemos a elaborar una nueva Ley Procesal Penal de la democracia adaptada a las necesidades del enjuiciamiento rápido y favorecedora de la mediación cuando la naturaleza y gravedad del delito lo permita. La nueva Ley garantizará,
en todo caso, la doble instancia penal y la revisibilidad de las condenas. Asimismo,apostamos por encargar al fiscal la dirección de la investigación con criterios objetivos, generales, imparciales, homogéneos y estrictamente sujetos al principio de igualdad ante la ley, bajo el control judicial de un juez de garantías.
- Una Justicia de calidad exige leyes que permitan una respuesta rápida en asuntos de escasa complejidad pero de suma importancia para la ciudadanía, y que presentan una gran conflictividad social. En este contexto, apostamos por realizar el esfuerzo de gestión y de medios materiales necesarios para la adecuada aplicación de las leyes procesales existentes, con cumplimiento de los plazos
señalados en las mismas, y establecer nuevos procesos o adaptar los ya existentes,para resolver conflictos derivados del impago de alquileres, de las relaciones de vecindad o del tráfico rodado. Asimismo apostamos por reforzar la calidad de la justicia gratuita.
- Impulsaremos las reformas necesarias del Código Penal para mejorar la eficacia en la lucha contra la delincuencia y dispensar una adecuada tutela a las víctimas del delito, de conformidad con nuestros compromisos internacionales y, especialmente, los derivados de la Unión Europea. Es importante afrontar coordinadamente
con el resto de países la nueva criminalidad organizada ampliando
las posibilidades de decomisar las ganancias ilícitas y asegurando el pago de las responsabilidades civiles. Tipificaremos como delito la asociación para delinquir.
Estableceremos la responsabilidad penal para las personas jurídicas y la lucha contra la corrupción pública y privada para garantizar los derechos de los accionistas, clientes y consumidores. Mejoraremos la protección de la intimidad,especialmente vulnerable por el acceso y la intromisión ilegal en los sistemas de información, los datos o los programas informáticos. Sancionaremos penalmente a los clientes de la prostitución de los menores de edad y el acoso laboral y contractual.
- La lucha contra la criminalidad internacional exige adecuar los supuestos de jurisdicción universal de la Ley Orgánica del Poder Judicial a los convenios y tratados internacionales, para lo que promoveremos su reforma.
- Promoveremos la máxima protección a las víctimas de los delitos, con especial atención a las afectadas por la violencia de género, quienes tendrán conocimiento cabal de las resoluciones judiciales que afecten a su seguridad, a cuyo efecto se continuará el despliegue de las Oficinas de Atención a las Víctimas, que como complemento del despliegue de la Oficina Judicial, asegurarán su protección integral.
- Impulsaremos la celebración de un debate parlamentario de carácter bianual,a iniciativa del Gobierno, sobre las líneas esenciales de la política criminal del Gobierno.

Una nueva organización del Gobierno del Poder Judicial.
Acabaremos con el bloqueo y el intento de manipulación del Poder Judicial. Por ello,desde el PSOE emprenderemos las reformas necesarias para garantizar que el Consejo General del Poder Judicial desempeñe el papel y las competencias que le corresponden constitucionalmente: gobernar el Poder Judicial para asegurar una respuesta eficiente e independiente a las demandas ciudadanas de Justicia, evitando que se produzcan situaciones de bloqueo institucional como la que hemos vivido en esta legislatura, y modificando el estatuto de los vocales para garantizar el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen atribuidas. A dicho fin, adoptaremos, entre otras, las siguientes medidas: Los vocales del órgano de gobierno de los Jueces
deberán comparecer ante la Comisión de Justicia del Congreso, que podrá emitir observaciones sobre los candidatos que van a ser nombrados, a fin de garantizar su idoneidad e independencia. El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, al igual que cualquiera de los vocales, comparecerán ante las Cortes cada vez que sean requeridos para ello. Para evitar los bloqueos y las manipulaciones del órgano, se establecerá un plazo máximo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial produciéndose el cese automático de sus miembros cuando se rebase dicho
plazo.

Una Justicia adaptada al Estado de las Autonomías.
- Crearemos los Consejos de Justicia en las Comunidades Autónomas de conformidad con el principio constitucional de unidad del Poder Judicial que supondrán, por un lado, una desconcentración del gobierno del Poder Judicial y, por otro, un conocimiento más próximo de los problemas de la Justicia por la ciudadanía, garantizando en todo caso la independencia del Poder Judicial. Los miembros de dichos Consejos no tendrán dedicación exclusiva y serán presididos
por el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Su elección responderá a un nuevo modelo en el que intervendrán las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas en desarrollo de sus previsiones estatutarias.
- Impulsaremos las reformas de las normas procesales, promovidas en la legislatura 2004-2008, para la adaptación de la Administración de Justicia al Estado de las Autonomías y, especialmente, las normas procesales que tienen por objetivo el fortalecimiento de los Tribunales Superiores de Justicia, la reforma modernizadora del recurso de casación y la implantación de la nueva Oficina
Judicial.
- Promoveremos la culminación del proceso de transferencias de competencias en materia de Justicia a todas las Comunidades Autónomas.
- Regularemos el funcionamiento de la Comisión compuesta por el Consejo General del Poder Judicial, el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, para impulsar políticas comunes que permitan optimizar al máximo los recursos desplegados por las diferentes administraciones para un mejor funcionamiento de la Administración de Justicia.
- Las Comunidades Autónomas asumirán un mayor nivel competencial en los medios personales y materiales para la Administración de Justicia, sin perjuicio de las competencias estatales en esta materia.

Una Justicia con profesionales independientes y de calidad.
Los socialistas nos comprometemos a promover el consenso social orientado a reformar el sistema de acceso a la Judicatura, desde la que se ejerce un Poder del Estado que incide decisivamente sobre el modelo de sociedad y sobre la convivencia. Los principios de esta reforma velarán por la igualdad de oportunidades para lo que reforzaremos el sistema de ayudas públicas a los opositores con insuficiencia de recursos.
Nos comprometemos a orientar dicha reforma garantizando la transparencia y la publicidad en la preparación de los exámenes. Además de ello, fortaleceremos las vías complementarias de acceso a la Judicatura que den aprovechamiento a la experiencia jurídica y a la especialización adquirida en el ejercicio de las profesiones del Derecho en aras a la mejora del servicio público de la Justicia y de la tutela judicial de los derechos de los ciudadanos.

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