viernes, 29 de febrero de 2008

PROGRAMAS ELECTORALES (2): PP

Transcribo a continuación el programa electoral del PP en materia de justicia, extraído de la página web de la citada organización política.

Una Justicia única, independiente, eficaz y responsable
Principios
Desafíos
243. En un sistema democrático la Justicia es la garantía de la protección de las
libertades y de la convivencia.
244. La independencia de los jueces y tribunales es uno de los fundamentos del Estado de Derecho y de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
245. Los españoles tenemos derecho a exigir que la Administración de Justicia sea un servicio eficaz, rápido y responsable. Sólo así los derechos de los ciudadanos estarán plenamente protegidos.
246. La estabilidad y la seguridad jurídica son un elemento clave para la credibilidad de nuestras instituciones y para ampliar las oportunidades económicas de nuestro país en un entorno global.
247. El gobierno ha intentado poner la Justicia al servicio de sus intereses políticos.
Se ha roto el Pacto por la Justicia, se ha desestabilizado el Consejo General del Poder Judicial y el Tribunal Constitucional, modificándose sus reglas de funcionamiento, y se ha instrumentalizado políticamente la labor de la Fiscalía.
248. Se ha abierto un proceso de fragmentación de la unidad del Poder Judicial y se ha cuestionado la igualdad de los españoles en la aplicación de la ley, así como las competencias del Tribunal Supremo en todo el territorio nacional.
249. Se ha puesto en cuestión al juez profesional, sustituido en los proyectos del gobierno por métodos de selección alternativos al mérito y capacidad previstos por la Constitución.

Un Poder Judicial único, con jueces independientes y profesionales
Una Justicia moderna, ágil, especializada y responsable
Una Justicia al servicio del ciudadano y protectora de las víctimas
Un nuevo proceso penal

250. La Justicia padece en la actualidad importantes carencias en cuanto a su agilidad y capacidad de respuesta. Se ha renunciado a llevar a cabo el proyecto de modernización integral de la Administración de Justicia que acordaron los dos grandes partidos nacionales. Tras romper el Pacto de Estado, el gobierno no ha hecho absolutamente nada para avanzar en la agilización de la Justicia, incumpliendo todos sus compromisos y todos los calendarios anunciados.
251. El gobierno no ha aprobado ni una sola de las reformas procesales ni de las reformas penales necesarias.
252. La Fiscalía General del Estado ha sido un puro instrumento político en manos del gobierno.

Objetivos
253. Recuperaremos la confianza de los ciudadanos en la Justicia, evitaremos que se politice y propiciaremos que se respete su independencia e imparcialidad.
254. Defenderemos la unidad del Poder Judicial para toda España, prevista por la Constitución e indispensable para la igualdad de derechos de todos los españoles.
255. Creemos en la necesidad de una permanente adaptación del sistema a la realidad del país respetando el modelo constitucional, los Cuerpos Nacionales y la posición del Tribunal Supremo.
256. Propiciaremos que la Administración de Justicia sea un servicio público de calidad. Dotaremos a los jueces y tribunales de medios adecuados. Desarrollaremos la Oficina Judicial y potenciaremos un uso eficiente de las nuevas tecnologías con el objetivo último de mejorar la atención a los ciudadanos y los servicios de juzgados y tribunales.
257. Consideramos indispensable una reducción en los tiempos de respuesta de la Justicia a los problemas de los ciudadanos. El dinamismo de nuestra sociedad impone una mayor agilidad a la hora de llevar a cabo sus actuaciones.

258. Garantizaremos la seguridad jurídica a través de un marco normativo estable y una Administración de Justicia profesional, especializada y eficaz, que proporcione cohesión y seguridad a un mercado único.

259. Adaptaremos la Justicia a una sociedad más compleja, respondiendo a las necesidades de unos ciudadanos más activos y conscientes de sus derechos.


Propuestas
Un Poder Judicial único, con jueces independientes y profesionales
262. Reformaremos la Ley Orgánica del Poder Judicial para que el Consejo General del Poder Judicial sea elegido por jueces y no por políticos, posibilitando que doce de sus miembros sean elegidos por y entre jueces y magistrados.
263. Reforzaremos las competencias del Consejo General del Poder Judicial, como órgano constitucionalmente previsto para el gobierno de todo el Poder Judicial,evitando su sustitución por diecisiete Consejos Autonómicos.
264. Fortaleceremos el Tribunal Supremo, órgano jurisdiccional superior y garante de la unidad de criterio en la interpretación de las leyes, agilizando su funcionamiento y potenciando su función unificadora de la doctrina jurisprudencial, a través de un recurso de casación que siente una doctrina común aplicable a todos los españoles y vincule efectivamente a todos los tribunales.
265. Fortaleceremos la Audiencia Nacional, atendiendo a la importante labor que desempeña incrementando sus medios materiales y personales.
266. Reforzaremos las funciones de los Tribunales Superiores de Justicia y las competencias de sus Salas de Gobierno.
267. Reforzaremos el modelo del juez profesional previsto en la Constitución, su carácter nacional y el sistema de acceso objetivo por oposición pública y libre que garantice los principios de mérito y capacidad.
268. Modificaremos la formación en la Escuela Judicial para fomentar el trabajo práctico y la capacidad para dirigir y sustanciar procedimientos, y mejorar los conocimientos relacionados con las exigencias y medios de las sociedades modernas
y con el dominio de las lenguas.
260. Fomentaremos una atención más cercana y personalizada a los ciudadanos en los juzgados. Tanto en lo que se refiere al trato directo como a la utilización de las nuevas tecnologías.
261. Garantizaremos que la Fiscalía General del Estado actúa al servicio de la Ley y del Estado de Derecho.

269. La elección de magistrados del Tribunal Supremo se ajustará a criterios objetivos predeterminados como la antigüedad, la especialización o la trayectoria profesional de independencia.
270. El conocimiento de la lengua cooficial de una Comunidad Autónoma constituirá un mérito para la adjudicación de plazas, pero no un requisito.
271. Reformaremos el Código Penal para reforzar el cumplimiento de las decisiones judiciales y dar adecuada respuesta a su desobediencia.
272. Modificaremos la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para que los recursos de inconstitucionalidad se resuelvan en plazos razonables y que en ningún caso superen el plazo de un año.
273. Recuperaremos el recurso previo de inconstitucionalidad en relación con los Estatutos de Autonomía.
274. Introduciremos el amparo ordinario para garantizar los derechos fundamentales ante los tribunales ordinarios, evitando el atasco y retraso en el Tribunal Constitucional, sin perjuicio de las competencias de este Tribunal en los supuestos de interés constitucional que establezca la ley en desarrollo del artículo 161.1 CE.
275. Reformaremos el Estatuto del Ministerio Fiscal para potenciar su autonomía, fortalecer el papel del Consejo Fiscal revisando su última reforma y asegurar la objetividad en el nombramiento de todos los fiscales y la unidad jerárquica de la Fiscalía en todo el territorio nacional.

Una Justicia moderna, ágil, especializada y responsable
276. Retomaremos el proceso de modernización de la Justicia, los juicios rápidos, la ordenación de la Oficina Judicial y la especialización de los juzgados y los jueces.
277. Dotaremos un Fondo para la Calidad de la Administración de Justicia que permita que la inversión en medios y la proporción de jueces por habitante se equiparen a la de los países más avanzados de la Unión Europea.
278. Propiciaremos que se resuelvan más asuntos y que los tiempos de resolución se reduzcan en todos los órdenes jurisdiccionales, mediante la plena profesionalización de la Justicia, el aumento de la planta judicial y las reformas procesales necesarias.
279. Reduciremos los plazos máximos para resolver los litigios en los distintos procesos y propiciaremos el cumplimiento y puntualidad de los señalamientos.
280. Perseguiremos, como objetivo para la próxima legislatura, que se reduzcan un 30 por 100 los tiempos de respuesta de todas las jurisdicciones y en todos los juzgados de España.
281. Retomaremos el impulso para la implantación de los juicios rápidos penales y su extensión a nuevos delitos de investigación sencilla.
282. Extenderemos los juicios rápidos al ámbito civil en materia de familia y vivienda así como para reclamaciones de menos de 3.000 euros, y plantearemos su extensión a la jurisdicción contencioso-administrativa.
283. Elaboraremos un nuevo mapa judicial, con una racionalización de la planta judicial para todo el territorio nacional en atención a la población real y a las cargas de trabajo, incluyendo medidas para recuperar una primera instancia especializada en litigios de menor cuantía y faltas, servida por jueces profesionales.
284. Diseñaremos una carrera judicial que abra nuevos estímulos profesionales a sus miembros, y aprobaremos un plan personalizado de formación para jueces y fiscales, para su progresión profesional y para su adaptación permanente a los cambios del ordenamiento.
285. Profundizaremos en la Justicia especializada, en todos los órdenes jurisdiccionales, con sistemas objetivos de selección y sobre la base de una acreditada trayectoria de los jueces como generalistas.
286. Implantaremos en todo el territorio nacional la nueva Oficina Judicial, basada en los principios de consenso, homogeneidad, eficacia, agilidad, coordinación y transparencia.
287. Concretaremos y potenciaremos las funciones procesales del Cuerpo Nacional de Secretarios Judiciales y sus competencias como directores de la Oficina Judicial y responsables inmediatos del personal.
288. Afrontaremos la carencia de secretarios y de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia. Formaremos al personal al servicio de la Oficina Judicial en materias de índole organizativa y de recursos humanos, dotándolos de las capacidades necesarias para gestionar el cambio.
289. Desarrollaremos las relaciones de puestos de trabajo acordes con la nueva organización del trabajo judicial, así como el desarrollo de una carrera administrativa que facilite la promoción personal en función del mérito, la capacidad y la especialización.
290. Impulsaremos el Plan Estratégico de adaptación de la Justicia a la actual sociedad de la información y el conocimiento y la utilización de la comunicación electrónica entre las profesiones jurídicas. La meta de la próxima legislatura es el expediente judicial digital.
291. Promoveremos que los operadores jurídicos, en particular abogados y procuradores, estén conectados con la Administración de Justicia a través de instrumentos de comunicación electrónica seguros, que hagan posible la recepción de todas las notificaciones judiciales por vía telemática y la presentación de toda clase de escritos procesales.
292. Generalizaremos el uso de la videoconferencia en todos los partidos judiciales y todas las sedes de las fiscalías de España.
293. Desarrollaremos una red integrada de comunicaciones que conectará todas las unidades de cada sede judicial y las sedes judiciales entre sí, permitiendo además la obtención de una estadística judicial avanzada.
294. Retomaremos los planes plurianuales de inversiones para la mejora y
modernización de las Sedes Judiciales y para el incremento de la seguridad en los juzgados.
295. Acometeremos una reforma profunda de los Registros Civiles, actualmente desbordados por el incremento de la población nacional y extranjera.
296. Fomentaremos la calidad en la elaboración de las normas y la claridad en las resoluciones judiciales, potenciando la Comisión General de Codificación, e impulsaremos la audiencia de los órganos consultivos y las organizaciones sociales en las fases previas de la elaboración normativa.
297. Acometeremos un programa de reformas que refuerce la seguridad jurídica preventiva como medio para combatir la criminalidad organizada y para prevenir el blanqueo de capitales.
Una Justicia al servicio del ciudadano y protectora de las víctimas
298. Incorporaremos a la Ley Orgánica del Poder Judicial, en consonancia con la Ley de Igualdad de Derechos de los Españoles ante las Administraciones Públicas,una Carta de Derechos del Ciudadano ante la Administración de Justicia.
299. Propiciaremos que los ciudadanos puedan conocer en cualquier momento,telemáticamente o mediante llamada telefónica, el estado de tramitación de los asuntos que le afectan o la respuesta a sus quejas o sugerencias.
300. Propiciaremos que la Justicia sea accesible a las personas con discapacidad.
301. Reforzaremos el papel de las víctimas y sus derechos, reformando el Código Penal, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley General Penitenciaria, incorporando nuevos derechos para las víctimas y un mayor protagonismo procesal, de forma que sean necesariamente oídas antes de acordar la libertad condicional de cualquier condenado por delitos graves contra las personas.
302. Consideramos especialmente prioritario el despliegue de las Oficinas de Atención a las Víctimas del Delito en todos los partidos judiciales y la dotación de equipos psicosociales y Puntos de Encuentro Familiar.
303. Adoptaremos las medidas necesarias para que los ciudadanos puedan obtener telemáticamente las certificaciones del Registro Civil y realizar de este modo todas sus gestiones ante el mismo.
304. Impulsaremos medidas para evitar la litigiosidad innecesaria o abusiva.
Pondremos en marcha mecanismos de arbitraje y conciliación para la resolución de conflictos, con técnicas innovadoras en materia de consumo, circulación, relaciones vecinales y reclamaciones de reducida cuantía.
305. Elaboraremos una Ley de Jurisdicción Voluntaria, que descargue a los tribunales de cuestiones que no entrañan controversias jurídicas.
306. Promoveremos una reforma del Jurado, que impulse la confianza de los ciudadanos y los profesionales en la eficacia de una justicia moderna, que se inspirará en el modelo mixto o escabinado, que responde a la tradición jurídica continental europea.
307. Promoveremos un efectivo plan de transparencia judicial que garantice el derecho a recibir información sobre la actividad de todos los tribunales de España y la previsión sobre la duración de cualquier procedimiento que se inicie ante ellos.

308. Aprobaremos una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para garantizar la celebración rápida de los juicios penales, recoger las garantías constitucionales e incluir la generalización de la segunda instancia.
309. Se mantendrá un modelo de investigación basado en el Juez Instructor, con plazos tasados, en función de la gravedad. El Juez de Instrucción dará cuenta periódicamente a la Sala de la marcha de la instrucción.
310. Agilizaremos los procedimientos simplificando sus trámites.
311. Adaptaremos el procedimiento para que puedan afrontarse los “macroprocesos” que genera el desarrollo de una nueva delincuencia global.
312. Propiciaremos que el proceso persiga, como en el resto de Europa, la verdad material, con el respeto debido a los derechos fundamentales.
313. Fijaremos por ley los presupuestos para la validez de cada prueba. Es indispensable que policía y juez conozcan con seguridad los requisitos de las mismas, superándose la actual inseguridad jurídica: valor de declaraciones de imputados,intervenciones telefónicas, entradas y registros, apertura de correspondencia, testigos protegidos y agentes encubiertos, periciales y arrepentidos.
314. Modernizaremos la fase de investigación, permitiendo la aplicación de las nuevas técnicas de investigación criminal y la adaptación de los medios de prueba a las últimas tecnologías.
315. Someteremos a plazo la duración de la instrucción, previendo las consecuencias de su incumplimiento. Podrán crearse, cuando el asunto lo requiera, equipos conjuntos de instrucción.
316. Pondremos a disposición de los instructores medios efectivos para investigar los aspectos económicos del delito. Especialmente en operaciones económicas que afectan a varios países.
317. Definiremos de manera precisa los derechos que asisten a los detenidos,imputados y procesados, así como los que asisten a las víctimas y perjudicados -acusación particular- y a la ciudadanía en general -acción popular-.

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