jueves, 19 de enero de 2012

DERROCHE DE DINERO PÚBLICO

No puedo estar más de acuerdo con la propuesta que acaba de hacer el Ministro de Economía de castigar penalmente a los gasten más dinero público del que permite el presupuesto.  Algunas cosas han cambiado con la moneda única, y entre ellas, que el control monetario no está en manos nacionales (con la posibilidad de devaluaciones de la moneda o de emisión de moneda).  Ahora hay que someterse a una disciplina presupuestaria que nos imponen desde fuera.  Esos administradores de dinero ajeno que -derrochando el dinero que administran- han puesto a España contra las cuerdas, disparando el déficit, poniendo en solfa la solvencia de nuestro país, comprometiendo incluso el sistema de pensiones, hacen objetivamente un daño mayor que si simplemente robaran el dinero público.  Todo ello es evidente cuando además quienes actúan así lo hacen ocultando la existencia de deudas contraídas, escondiendo facturas o falsificando la contabilidad pública.

No estaría mal tampoco, que los partidos políticos responsables de la colocación de un individuo condenado por corrupción, malversación de caudales públicos u otro delito de corrupción, fueran considerados responsables civiles respecto de las cantidades defraudadas, salvo que ellos mismos hubieran denunciado al infractor. Ello les obligaría a actuar con mucho cuidado a la hora de elegir a quien ha de administrar bienes públicos, y sobre todo excitaría su celo a la hora de denunciar a los corruptos que aparecieran entre sus filas.

Los interventores van a tener que estar ahora muy atentos.

3 comentarios:

Guillermo Díaz Bermejo dijo...

En mi opinión no es necesaria una nueva legislación por dos razones básicas:

Una razón es que en este momento tenemos un Código Penal, donde en su Título XIX referido a los delitos contra la Administración Pública ya se ocupa de los delitos de la "prevaricación de los funcionarios públicos y otros comportamientos injustos", de los delitos de "malversación" en los que el bien jurídico protegido son los intereses patrimoniales del Estado, de las Comunidades Autónomas, de los Ayuntamientos y en general de cualquier otro ente público, tenga o no tenga autonomía administrativa,del "cohecho" propio o impropio y del "tráfico de influencias".

Otra razón es que las Administraciones ya tienen unos funcionarios profesionales (Interventores, Abogados del Estado, Secretarios de Ayuntamiento, Tribunales de Cuentas, etc.etc.). El problema probablemente es que, en la gran parte de las ocasiones, los mecanismos de control y prevención no funcionan debido a que estos funcionarios están, o condicionados por los políticos, o en algunos casos nombrados por criterios político/partidistas y por esta causa no pueden hacen su labor de fiscalización y si esto es así, lo que habría que hacer es mejorar los procedimientos administrativos, para evitar que no se cumplan los controles presupuestarios y para conseguir que no se efectúe ningún gasto que previamente no haya sido controlado y aprobado legalmente.

Así que, no perdamos el tiempo en redactar tanta legislación, que en los últimos tiempos nos hemos pasado con tantas leyes, decretos, leyes, ordenes ministeriales, reglamentos, etc.etc. Las cosas son mas sencillas que todo esto. Por un lado, que los funcionarios profesionales encargados de la intervención y control, empiecen a realizar sus funciones de manera profesional y libre, sin estar condicionados por ningún criterio político/partidista. Por otro, si estos funcionarios encuentran desviaciones, que el Ministerio Fiscal, de oficio, inicie los procedimientos penales que resulten necesarios.

Así de fácil y así de claro.... Otra cosa es demagogia barata.

Anónimo dijo...

Totalmente de acuerdo con Guillermo .
Ya se ha legislado bastante, apliquemos la legislacion vigente, exijamos responsabilidades políticas en las urnas y que cada uno pague sus trajes , sus hipotecas millonarias y demás caprichos. Y ya puestos , que se condicionen los indultos por delitos de corrupción a la devolución de la pasta con intereses .

Salvador Viada dijo...

Anónimo, ¿a quien le vas a pedir responsabilidades políticas si todos hacen lo mismo? Aquí se discute la falta de disciplina en el gasto. Quienes han llevado a España a la insolvencia no son solo del PP, solo del PSOE o solo nacionalistas: son todos. Y no necesariamente han malversado o han cohechado. Sencillamente, se han gastado lo que no tenían. Y lo habrán hecho en gastos que ellos mismos han considerado justificados. Pero nos han endeudado hasta lo inadmisible. Han pedido créditos, han contratado de más, han contratado asesores, han celebrado eventos... Todo eso no tiene que ver -necesariamente- con la malversación, pero lesiona un nuevo bien jurídico recogido en la Constitución desde agosto, que es el equilibrio presupuestario.

Hay que reforzar asimismo los controles del gasto, claro. Pero creo que es Código Penal -tal como está ahora- no ha servido para evitar que todas las administraciones hayan gastado más dinero público del que podían.