CONVOCATORIA DE HUELGA
Las asociaciones abajo firmantes queremos transmitir a la opinión
pública:
1.- En el mes de octubre de 2012, la Comisión Interasociativa de
Conflicto, constituida por todas las Asociaciones de Jueces y Fiscales, a la
vista de los proyectos que el Ministerio de Justicia ponía en marcha a espaldas
de los profesionales, de los ciudadanos y de su propio programa electoral,
inició diversas medidas de conflicto solicitando del Ministerio:
A.- Un incremento
de la planta Judicial y Fiscal conforme a las previsiones establecidas por el
Consejo de Europa. En España hay 10 Jueces por cada 100.000 habitantes,
Moldavia y Albania cuentan con 12, Ucrania 14, Portugal 17, Grecia 20 y
Alemania 25. Estamos en el puesto 36 del ranking europeo, sólo por delante de
Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Malta y Dinamarca, país este último con muy baja
litigiosidad.
B.- La
paralización del Anteproyecto de Reforma del CGPJ, cuyo objeto poco disimulado
era la asunción por parte del Ministerio de Justicia del Gobierno de los
Jueces.
C.- Que se
mantuviera el presupuesto de Justicia en las previsiones del año 2013. Somos
conscientes de la situación de crisis económica que por desgracia atravesamos.
Sin embargo, en España, el presupuesto de Justicia no alcanza el 1% del PIB. La
media europea está entre el 3 y el 4%.
D.- La retirada
del proyecto de Reforma de la LOPJ que afecta al Estatuto profesional de Jueces
y Fiscales. Dicha reforma no sólo no se retiró, sino que se aprobó por Real
Decreto-Ley y se publicó en el BOE de 28 de diciembre. Ello ha supuesto la
supresión automática de entre 900 y 1000 jueces sustitutos y magistrados
suplentes y 300 fiscales, con la correlativa obligación para los jueces y
fiscales (ya tremendamente sobrecargados) de asumir el trabajo de otros órganos
judiciales, lo que ya está provocando suspensiones y agrandando las terribles
dilaciones que, por falta de medios, sufrimos hace años.
E.- Que no se
establecieran tasas judiciales que impidieran el acceso a la Justicia. Las
tasas no sólo se implantaron, sino en unas cuantías de tal entidad que han
impedido e impedirán que muchos ciudadanos puedan acudir a los tribunales para
hacer valer sus derechos. De hecho, desde la entrada en vigor del “tasazo”
hasta el momento presente se ha producido una disminución en torno al 25 % de
litigios respecto al año pasado.
2.- El Ministro de Justicia no sólo no ha atendido ninguna de las
reivindicaciones que se formulaban, sino que ha declarado pública y
reiteradamente que no lo va a hacer. Lejos de asumir su responsabilidad en la
politización del órgano de gobierno de los jueces, el Ministro se ha limitado a
culpar públicamente a las Asociaciones de tal politización; y paradójicamente,
para justificar ante los ciudadanos el incumplimiento de su programa electoral,
ha llegado a afirmar que la elección de los Vocales por las Cámaras
despolitizará el CGPJ.
3.- Determinados acontecimientos que hemos conocido pueden hacer
sospechar el fundamento último de las reformas, el motivo oculto que las guía y
el objeto que pretenden conseguir: dominar el Consejo General del Poder
Judicial, suprimir de facto la independencia judicial (que, como la tutela
judicial efectiva, se convertirá en una mera declaración carente de contenido)
e imponer a los jueces y fiscales un trabajo inasumible que permita crear
espacios de impunidad. Impunidad de la que, por una u otra vía, se han de
beneficiar los diversos implicados en casos de corrupción extremadamente graves
que estamos conociendo.
4.- Y es que, siendo el indulto una medida de gracia excepcional, su
concesión reiterada por parte del Gobierno en contra del criterio del Juez o
Tribunal Sentenciador y Fiscalía a supuestos gravísimos (y especialmente a
políticos condenados por corrupción) tiene un alto coste: el escándalo de la
ciudadanía, que constata la existencia de esos espacios de impunidad.
Precisamente por ello, la apuesta de nuestros gobernantes es reducir el
presupuesto de Justicia, asumir el control de su órgano de Gobierno y reducir
un 25% el número de jueces y fiscales del
país que menos tiene en Europa; y a los pocos que quedan, ponerles a
sustituir en varios órganos y con plena responsabilidad en todos ellos. Así se
ralentizará todavía más la ya de por sí dificilísima investigación de los casos
de corrupción (y también de todos los demás, aunque estos no importen tanto al
Gobierno) y se multiplicará la posibilidad de que el juez y fiscal sobrecargado,
estresado y presionado cometa un error que lleve a frustrar el fin del proceso..El
objetivo que perseguimos es crear las condiciones para que la Justicia se aplique por igual para todos los
ciudadanos sin excepción.
5.- Expresamos nuestra preocupación por el drama social de las
ejecuciones hipotecarias y pedimos soluciones efectivas para la protección de
los afectados.
6.- Nos oponemos a la privatización de los Registros Civiles para
que se siga manteniendo como un servicio público y gratuito, ya que lo
contrario perjudicará a la economía de los ciudadanos.
7.- Lamentamos que el sistema preferido para arreglar los
problemas de la justicia penal sea el endurecimiento de las penas a través de
improvisadas reformas del Código Penal, colapsando así de manera recurrente
fiscalías y juzgados.
8.- Las Asociaciones de jueces y fiscales llevamos meses
intentando negociar con el Ministro de Justicia. Hemos tratado de adoptar
medidas que no supongan quebranto alguno para el justiciable (concentraciones,
paros de una hora...). Ante la incapacidad del Ministro de Justicia para
gestionar la crisis, hemos solicitado ser recibidos por el Presidente del Gobierno,
sin respuesta. Y por ello, sin desearlo pero sin tener otra salida, nos vemos
obligadas a convocar una de huelga de jueces
y fiscales, el próximo día 20 de
febrero, invitando al resto de profesionales de la Justicia a secundarla, con las siguientes reivindicaciones:
1.
Incremento de la inversión
pública en Justicia para que los jueces y fiscales dispongan de los medios
materiales y personales suficientes para poder desempeñar sus funciones de acuerdo
con las elevadas atribuciones constitucionales que tienen asignadas y poder
prestar un servicio público adecuado a la ciudadanía en defensa de sus derechos
fundamentales.
2.- Paralización inmediata del Proyecto de Ley para la reforma del
Consejo General del Poder Judicial, órgano constitucional llamado a garantizar
la independencia de los jueces que, con la proyectada reforma, pasaría a
convertirse en un apéndice del Ministerio de Justicia.
3.- Derogación de la LO 8/2012, a fin de garantizar la tutela
judicial efectiva, y dotación inmediata de presupuesto suficiente para la
designación de jueces y fiscales sustitutos, hasta que se incremente la planta
judicial y fiscal.
4.- Derogación de la Ley 10/2012, o modificación urgente de la
misma, a fin de que las tasas judiciales no supongan vulneración del derecho a
la tutela judicial efectiva de los ciudadanos.
5.- Reforma de la Ley del Indulto, porque en la actualidad
incumple el deber de sujeción al derecho de todos los poderes, propiciando la
discrecionalidad política de forma arbitraria, al no requerir explicación
alguna para su concesión, y dejar sin efecto las condenas.
No obstante, los gravísimos acontecimientos recientes hacen
preciso, en interés de la Nación y de su imagen internacional, un
fortalecimiento del Poder Judicial, como último garante del Estado. Pedimos el
apoyo para esta convocatoria a la Plataforma Justicia para Todos y a los
distintos sectores de la administración de justicia. Por ello, pese a que
consideramos la huelga una medida de conflicto legítima y justificada, estamos
dispuestos a desconvocarla siempre que el poder político abandone toda
tentativa de recortar las competencias del Consejo General del Poder Judicial y
que el Ministerio de Justicia empiece a actuar como un gestor competente,
dotando realmente a la Administración de Justicia de los medios personales y
materiales imprescindibles, que mejoren la paupérrima situación, en vez de
recortar aún más los escasos medios con que contamos.
Madrid, 5 de febrero de 2013
ASOCIACIÓN JUDICIAL FRANCISCO DE VITORIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA
FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE
UNIÓN PROGRESISTA DE FISCALES
ASOCIACIÓN PROFESIONAL INDEPENDIENTE DE FISCALES
Un comunicado excelente.
ResponderEliminarSí, lástima que las asociaciones de la linea ministerial de turno se hayan bajado del burro .
ResponderEliminarClaro que eso mismo da sentido al Comunicado.
Me gustaría saber si es que ellos están contentos con la situación que atraviesa la justicia , o si a ellos les va diferente y porqué cosa.