EL PRESTIGIO DE LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN

Hay cosas que son imposibles.  No se puede pretender atribuir la investigación de los delitos a la Fiscalía si no se transmite pública y notoriamente la idea de que la Fiscalía -con sus particulares características- puede actuar con la misma imparcialidad que cualquier juez de instrucción desde su independencia.  Esa imparcialidad de cada uno de los fiscales en su trabajo está condicionada por la imparcialidad de sus jefes y todos por la imparcialidad del Fiscal General que ha de gozar de total independencia del Gobierno.   Al fin es una cuestión de transmitir confianza y prestigio en la institución.   En mi modestia, cuando veo que es elegido Fiscal Jefe Anticorrupción un fiscal de indudable experiencia pero no conocido en su trayectoria por su dedicación específica a los delitos de corrupción pues hombre, uno se pone a pensar en curriculums, en comparar trayectorias con otros candidatos y bueno, extraña, pero bueno al final quien decide decide y punto, aunque no guste.  Pero más tarde, cuando aparecen en todos los periódicos conversaciones telefónicas transcritas literalmente que evidencian que ese Fiscal Jefe Anticorrupción recién nombrado es el preferido por cierto investigado por corrupción perteneciente al partido que gobierna en España, y que ese dato era conocido antes de su nombramiento por quien lo hizo, pues me cuesta entender como se quiere así transmitir confianza y prestigio a la Fiscalía Anticorrupción -en la que trabajé ocho años- y a la Fiscalía en general.   Pensemos que es un propósito reconocido del Fiscal General del Estado el modificar el proceso penal atribuyendo la investigación al Fiscal.  Pero es que estas cosas necesariamente iban a trascender: se iba a saber que González tenía el teléfono pinchado -por lo que sobre él recaían sospechas muy serias de la comisión de graves delitos-, y que habiendo tenido una de las responsabilidades políticas más importantes en España comentaba con un amigo que había intentado antes colocar a ese fiscal como jefe de Anticorrupción (y es cierto que el actual Fiscal Jefe había pedido la plaza tres años antes aunque no se la dieron); se iba a saber que ese investigado veía su nombramiento como un alivio de su situación procesal.    Alguno pensará que es una cuestión de apariencias, que Moix no tiene responsabilidad en lo que de él opinen unos investigados -y es verdad-, pero las apariencias son muy importantes porque son las que confieren prestigio a la institución y las que en su momento posibilitarían el cambio procesal.   ¿Consideraron los vocales electos por la asociación de fiscales afín al PP cuando en el Consejo Fiscal apoyaron a Moix el modo como  la opinión pública iba a reaccionar ante esas conversaciones cuando se conocieran?  ¿Creían que la situación se iba a entender, a aceptar, a resultar indiferente?  ¿Que no iba a pasar nada?  ¿Que no iba a sufrir el prestigio de la Fiscalía Anticorrupción ante ese hecho?  ¡Por Dios, que son cosas evidentes!.   Yo les pregunto a los vocales electos del Consejo Fiscal -representantes de los fiscales- si el prestigio de la Fiscalía forma parte de sus preocupaciones y creo que deben aclarar si recibieron alguna presión política para que votaran al actual Fiscal Jefe Anticorrupción visto que el nombramiento resultaba tan apreciado desde el poder político.   El hecho de que una de las vocales del Consejo al tiempo que votaba fuera candidata sometiendo su trayectoria al Consejo Fiscal para otra plaza importantísima -que obtuvo-, en este contexto me parece un dato muy grave que debe determinar un cambio en el régimen de compatibilidades en el Consejo Fiscal.  
Cuando en la primera gran actuación en Anticorrupción que afecta al investigado González resulta que la plantilla de la Fiscalía ha de expresar su discrepancia ante una orden del Fiscal Jefe por la nada frecuente vía de utilizar el art. 27 del Estatuto, me da un poco de miedo.    Felicito, agradezco y me solidarizo con el conjunto de fiscales anticorrupción que hicieron mucho el otro día por el prestigio de la Fiscalía.  Por mostrar que hay muchos fiscales en España que tienen el arrojo de defender sus posiciones jurídicas ante la jerarquía.   Por su compañerismo -que tanta falta hace- y por su buen entendimiento del oficio de fiscal.   Por mostrar que no es una quimera que la Fiscalía adquiera el nivel necesario para asumir la investigación.    Pero falta mucho y no va a ser fácil.