Vengo argumentando la enfermedad de la politización de la Fiscalía desde hace muchos años, mas de 9 ya en este blog. La politización por parte de la derecha política, pero también de la izquierda (aunque no sería justo si no dijera que el tándem PP- vocales y ejecutiva AF esta ahora en gran sintonia). Esa politización se produce a través del Fiscal General y su permeabilidad variable a las políticas o deseos gubernamentales, y también a través de las asociaciones profesionales afines a las que se necesita para dar una patina de "profesionalidad" a lo que no son en muchas cosas otra cosa que nombramientos deseados o en el mejor de los casos consentidos por políticos. Con eso hemos ido tirando mas de 30 años (pero especialmente desde 2003, en que se hizo un cambio en el Estatuto del Ministerio Fiscal que permitió quitar al Fiscal Jefe Anticorrupción de la época y algunos otros fiscales), en los que se ha creado una jerarquía de la Carrera que no es en términos generales profesionalmente mejor que el resto y que se caracteriza por tener un talante sumamente conservador en relación con el sistema de funcionamiento de la institución. Con eso y un sistema electoral para el Consejo Fiscal diseñado para que nadie más que AF y UPF tengan opciones reales de entrar el mismo en representación de sus compañeros el sistema parecía perfectamente hermético. Una aplicación del sistema D´ont en las últimas elecciones al CF hubiera dado un resultado de 4 vocales AF, 3 UPF y 2 APIF. Pero el sistema electoral del Consejo es un sistema mayoritario, diseñado ad hoc y que la APIF ha pedido cambiar, confiere esas mayorías (6 AF, 3 UPF) de manera permanente e inalterable, treinta años igual, de manera que la dinámica descrita de elección de candidatos por razones políticas o ideológicas no les ofrece problemas. Todo esto ha sido objeto de infinidad de denuncias desde aquí y desde otros sitios, hasta ahora, sin éxito, aunque ahora se va a reformar el Reglamento del Consejo Fiscal y es un buen momento para cambiar el sistema como ha pedido la APIF.
El problema más grave se produce cuando no solo quien realmente decide los nombramientos es un político, para quien los principios de mérito, de capacidad, de valía real del candidato no importan nada. El problema surge cuando el político que decide o influye es un corrupto, o incluso simplemente un investigado por corrupción interesado en un tipo de fiscal o en un fiscal en concreto. El sistema no está vacunado, no está prevenido para esos casos. No hay filtros profesionales que permitieran detener un nombramiento absolutamente irracional o arbitrario frente a otros candidatos. No se bareman méritos, no se motivan los nombramientos, no hay transparencia. Incluso los vocales que tienen que dar su apoyo al candidato en el CF no tienen porque conocer las interioridades de los nombres que se les presentan por el Fiscal General, pero no piden baremos porque les conviene que no los haya: pensemos que hay muchos nombramientos indiferentes a los políticos; en esos casos las asociaciones presentes en el CF mandan. Los Tribunales de Justicia carecen de elementos -porque la ley no los exige- para declarar arbitrario o injusto un nombramiento sobre la base de entender que las cosas funcionan con normalidad, que hay buena fe en el CF, buena fe en el FGE y buena fe en el Gobierno. Y por tanto desestiman las demandas que algunos fiscales han hecho protestando porque les están "robando" sus carreras profesionales. Ahora hemos visto casi pornográficamente como se diseñan los nombramientos clave en la Fiscalía y donde queda esa buena fe.
Por cierto, he de hacer mención a la forma a mi juicio lamentable como se ha tratado a la anterior Fiscal General -que insisto, para mi fue una muy regular Fiscal General, pero que es mi compañera al fin y al cabo durante muchos años-, dandole a entender que seguía, incluso con alguna filtración periodística que ahora se desvela que no era sino una añagaza para confundirla sobre el autor de su caída: no es mucho pedir un poco de clase, ¿verdad?
Pero es que en este caso hemos visto que quienes influyen, dan nombres, recomiendan fiscales para ciertos puestos son investigados por delitos muy graves de corrupción -actualmente en prisión-, que hablan con el Ministro de Justicia sobre esos nombres, que hacen lobby, y lo que es más grave, que consiguen lo que quieren. El ser nombrado a instancias de un corrupto no te hace obviamente un corrupto. Pero cuando ese dato se conoce el nombramiento se deslegitima, por si mismo escandaliza y resta prestigio a una institucion que lo necesita como el aire para servir a la Justicia. Si muchos nombramientos están politizados, estos de ahora están marcados. A los Fiscales Generales es lógico aunque no deseable que se les elija entre los amigos del Gobierno. Para eso ha de cambiar el sistema de elección y hacer que la decisión cuente con una mayoría amplísima en el Parlamento. Pero los puestos profesionales ni es lógico ni es legal. Los puestos profesionales deben nombrarse con criterios profesionales y conforme a baremos profesionales y ese es un deber a respetar por los mismos Fiscales Generales que no deben tener favoritos antes de que salgan los concursos. Que las asociaciones afines en el Consejo Fiscal blanqueen muchas veces designaciones políticas o ideológicas con sus votaciones "profesionales", como se viene haciendo hace décadas, no altera el hecho de que en realidad actualmente no hay garantías profesionales en absoluto. Ha habido nombramientos bajo sospecha en la Fiscalía desde hace mucho tiempo. Pero claro, la impúdica exhibición de estos días creo que aclara cualquier duda de los escépticos.
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