viernes, 3 de julio de 2009

UNA PROTESTA JUSTIFICADA

Estoy leyendo la Memoria del Fiscal de Extranjería del presente año (ya contaré las razones de tan curioso entretenimiento), y leo la cita de una queja del Fiscal Delegado de Extranjería de Huelva, Miguel Arias Senso, que creo conveniente citar en la medida en que en el ámbito específico de sus competencias, dice -y muy bien dicho- lo mismo que yo pienso sobre la cuestión con carácter general:

..."debemos reclamar la implantación de un sistema informático que permita atender las necesidades de todo tipo –no sólo las estadísticas- de la materia de Extranjería…; si bien lo que en el año 2002 denominábamos necesidad, en el año 2003 urgencia, en el año 2004 nos atrevíamos a calificar de emergencia clamorosa y que en la Memoria del año 2005, 2006 y 2007 ni siquiera adjetivamos, como tampoco lo hacemos este año: Se precisa de forma ineludible un software de gestión específico en esta materia, de forma que pueda centralizarse, gestionarse y analizarse la enorme información dispersa que la problemática de extranjería genera en la actividad del Ministerio Fiscal, cuyo grado de crecimiento puede calificarse de exponencial dada la magnitud del fenómeno y la nueva realidad social que se está configurando…. ¿Hasta cuándo han de enfrentarse las nuevas formas de delincuencia del siglo XXI con formas decimonónicas y manuales de gestión documental?... La especialización del Ministerio Fiscal no pasa sólo porque los Fiscales alcancen un cierto grado de competencia o de conocimientos doctrinales y experiencia en casos prácticos concretos, sino que pasa por dotar a la Institución en su conjunto de las herramientas necesarias para ello: especialización de los Fiscales, especialización de los funcionarios de los cuerpos auxiliares adscritos a la gestión burocrática del servicio, informatización ad hoc diseñada en atención a las concretas necesidades, dado que el uso de procesadores de textos y bases de datos voluntaristas no deja de ser un lamentable consuelo para una Institución cuya misión constitucional de promover la acción de la justicia y de protección de los derechos fundamentales pasa por su privilegiada posición de analista de la información e intérprete de la realidad social."