37.000 EUROS POR CABEZA

Al hilo de la dimisión de Carlos Divar, el CGPJ ha hecho público que en 2011, los vocales se gastaron una media de 37.000 euros por cabeza en viajes.  De media.   Considerando que hay convenios con agencias de viajes y cadenas hoteleras, parece una cantidad respetable.   Ojalá se aclare el gasto individual y los motivos relacionados con esos gastos con la misma minuciosidad que se le exige -con toda razón- al Presidente.   Otra cosa sonaría rara.   Podríamos darle vueltas a cómo puede ser, a qué justificación individual se asignan los vocales (más allá de que las reglas que se dieron en el Consejo se lo permitan) para vivir tan alejados del modo de actuar de los jueces o fiscales -y de ellos mismos antes de entrar en esa casa-.  Quizá la sensación de no tener que responder ante nadie, mirándose únicamente en el espejo de otros que hacen lo mismo.  Quizá.

Yo confío en que este modelo de CGPJ, que conduce de manera inevitable a la politización de la Justicia a través de los nombramientos, y que ha demostrado además una sensibilidad perfectamente descriptible ante comportamientos discutibles, de paso de una vez a otro modelo anunciado por el Ministro de Justicia hace unas fechas.  El nuevo modelo quizá sea malo, o corporativista o ineficaz.  Ya veremos.  Pero por malo que resulte, resistirá bien una comparación con el modelo presente.

ESTEBAN Y MELINDA, DE VUELTA A CASA

Hoy parece que todo son buenas noticias.  Esteban, Melinda y sus compañeros del ICC han sido finalmente liberados.  La presión que ejercieron ayer el ICC y diversos embajadores (incluído el español, y de manera determinante el de Estados Unidos)  ha podido torcer al final el curso de los acontecimientos y les han dejado salir.   Me alegro por su liberación, pero lamento enormemente lo que han debido pasar -todos, pero singularmente Melinda- en su forzada estancia en Libia.    Tras 25 días, sus familias y amigos estamos ahora tranquilos.  Una abogada de Zaragoza, Valle García de Novales, a la que no conozco personalmente pero que apenas podía hoy hablar de alegría cuando me daba la noticia, ha sido clave en la coordinación de los esfuerzos de la gente que queríamos ver a Esteban libre, además de su  hermana Ana y su mujer María.   En fin, menos mal que se acabó.

LIBERTAD PARA ESTEBAN PERALTA Y MELINDA TAYLOR

Hace ya más de una semana que Esteban Peralta, profesor universitario español está detenido en Libia. Trabaja para la Secretaría del Tribunal Penal Internacional, que mantiene en estos momentos un contencioso con la justicia de Libia sobre la jurisdicción para juzgar al hijo de Gadaffi.   La Secretaría en nombró de oficio a una abogada para el acusado y se desplazaron a Tripoli Esteban, Melinda Taylor (la letrada australiana) y otras dos personas.  Han sido detenidas y se acusa a Melinda de cargos de traición tras haberse entrevistado con su cliente.  Conozco y simpatizo mucho con Melinda Taylor, la primera colega que conocí cuando en 2003 aparecí en La Haya para trabajar en el ICTY.  Los cargos son increíbles y tan solo pueden obedecer a las presiones para que el Tribunal Internacional decline su jurisdicción en el enjuiciamiento de Gadaffi.   Ella (y la intérprete) son  las principales víctimas de este abuso absurdo.  Esteban es amigo mio y estoy muy orgulloso de él.   Cuando vió lo que estaban haciendo con Melinda decidió voluntariamente quedarse con ella y con la intérprete, y ahora está también privado de libertad, con otro funcionario del Tribunal, que también optó por quedarse con los demás.  Se comportó como un valiente, como un buen compañero y como un gran profesional.  El Ministerio de Exteriores está encima del asunto y ya han hablado con él y con su familia.   Pero no les ponen en libertad.  Amnistía Internacional ha iniciado una campaña para la libertad de los detenidos, y aquí dejo el enlace.   Pido a quien lea esto que se una a las peticiones de libertad.  Es poco lo que podemos hacer pero quizá si ayudar a quien tiene el prestigio y la fuerza de hacer llegar el mensaje contra la injusticia por el mundo.

http://www.amnesty.org.au/action/action/28934/


 Hay también una Plataforma para la Liberación de Esteban Peralta, huérfana de apoyos institucionales hasta la fecha, que recoge información sobre la situación de Esteban.  Y también en el blog ¿Hay Derecho? se puede leer una interesante entrada de Francisco Javier Oñate sobre la falta de pronunciamientos del Ministerio de Exteriores sobre el asunto.

En Facebook, encontraréis una iniciativa de la Plataforma citada, a fin de poder adherirse a la misma

http://www.facebook.com/plataformaporesteban

CRISIS DE ESPAÑA, CRISIS DE VALORES

Que vivimos una crisis económica sin precedentes no es noticia, y tampoco le llama a nadie la atención la advertencia de que con seguridad seguiremos cayendo por la pendiente durante bastante tiempo.   Pero tan grave como esa crisis es la crisis de decencia cívica en que vivimos.   En algunos casos, podríamos llegar a denominarla corrupción, pura y simple corrupción.   Quizá en otros casos no llegue a eso.   Pero las cosas que hemos visto -en el terreno propiamente de la Justicia- en los últimos tiempos son para pararse y para pensar un poco.   Hemos visto bancos hundidos arruinando a accionistas y descuadrando las cuentas de España, sin que nadie haya sido todavía llamado a declarar, o metido en prisión.  Hemos visto a las más altas autoridades del Estado realizando conductas que han escandalizado a todo el mundo.  Hemos visto como la Justicia no da una respuesta a ninguna de esas conductas, signo inequívoco de que algo no está bien.   He oído argumentos como que no hay que abrir ciertos melones porque entonces será mucho peor: a mi no me asusta profesionalmente el contenido de ningún melón, la verdad; pero no hay duda de que a algunos les preocupa más abrir el melón que no abrirlo.   Vemos a los ciudadanos denunciar y denunciar, y vemos también que quien tiene la obligación de hacerlo va a remolque de la desesperación ciudadana.  He oído discursos de elogios desmedidos hacia personas con comportamientos cuya ejemplaridad está en cuestión.   Sigo viendo despilfarro por todos los lados.   Los viajes -los famosos viajes que ahora escandalizan a todo el mundo- han sido casi un estilo de vida para algunas personas en la judicatura y en la Fiscalía, además de un modo de ganar influencia profesional por quien los gestionaba.   ¿Que pintan fiscales y jueces españoles en lugares como China, Corea, Rusia, o muchos otros países africanos y americanos, en momentos en los que nuestros sueldos se reducen porque no hay dinero para sostener las cuentas públicas?  ¿Porqué se han enviado a fiscales ya retirados a Sudamérica en nombre de la Fiscalía? No hay explicación alguna a todo ese derroche, a todo ese abuso.   Coches oficiales, luces encendidas masivamente en todos los edificios públicos, aires acondicionados cuando no hay nadie que necesite estar fresco...   Nombramientos sin méritos que los justifiquen, sectarismo, sobre la base de "la confianza". Falta de objetividad, de garantías.  Esto no es una crisis económica; esto es mucho más grave.     Porque quienes han de evitar que todas estas cosas ocurran, los vigilantes del sistema, están tan identificados con este ambiente viciado que yo creo que ni se dan cuenta del desastre moral en que vivimos.

IGUALDAD ANTE LA LEY

Desde que ingresé en la Fiscalía, hace ya muchos años, he defendido la necesidad de que el Fiscal fuera independiente del Gobierno.  La razón de esa necesidad es la de que el Fiscal pueda actuar en todo caso con imparcialidad, lo que no es posible si debe obediencia al ejecutivo.  Pero en realidad, tras la imparcialidad, está la satisfacción de otra necesidad más importante, de la que aquella es instrumental: que la ley se aplique igual para todos.  Para todos significa para todos.  Es decir, que nadie, por importante que sea su cargo institucional; por relevante que sea su posición en el sistema financiero; por su condición de ministro o exministro; por su parentesco con tal o cual figura institucional; por su calidad de juez o de fiscal..., nadie está por encima de la ley.   Solo un fiscal imparcial puede garantizar que eso sea así.   Y aún con la imparcialidad, no basta.  Porque el Fiscal ha de ser diligente; ha de investigar: raramente se encuentra lo que no se busca; ha de tomar la iniciativa en la búsqueda de la verdad.   Si no lo hace así, si se limita a esperar a que alguien le haga el trabajo, en mi opinión no cumple con su función de "promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad" que señala la Constitución.  

Hace unos años un fiscal jefe anticorrupción que entendía que la iniciativa en la investigación correspondía al Ministerio Público fue pura y llanamente depurado llegándose a cambiar el Estatuto del Fiscal para poder hacerlo.   Hoy, nueve años después, echo de menos la energía de aquel Fiscal extraordinario.  Y pienso que menos abusos se hubieran cometido si su ejemplo se hubiera generalizado.

DELITOS SOCIETARIOS

Vengo de un curso sobre blanqueo de capitales, organizado espléndidamente por una fiscal a la que yo no conocía, Maria Elena Lorente. Un gran curso, con un nivel muy alto. Ha habido hasta cuatro ponentes de la Fiscalía Anticorrupción, a cual más documentado, eficaz en la exposición y cercano al asistente. La Fiscalía, creo, está en muy buenas manos. Y mientras atendía a sus lecciones, yo pensaba en la falta que va a hacer la competencia (y el coraje) profesional cuando empiecen a abrirse diligencias por delitos societarios contra todas esos administradores de entidades financieras que han estado durante años presentando balances alterados a los accionistas por la existencia de enormes pérdidas contables ligadas a la depreciación de los inmuebles. Entidades que han repartido dividendos y que han presentado su estado financiero como saludable, cuando hoy vemos que hay que inyectar enormes cantidades de dinero que no tenemos para salvarlas de la quiebra, mientras las acciones caen y con ellas caen arruinados muchos pequeños accionistas. Supongo -y espero- que pronto empezará el baile procesal.

ACUERDOS PROCESALES

El acuerdo procesal entre el Fiscal y las defensas puede dar mucho juego.   Vaya por delante que en mi opinión y vista la doctrina Botín establecida por el Tribunal Supremo sobre el papel de la acción popular, ésta no podría obstaculizar un acuerdo procesal entre el Fiscal, el acusado y los perjudicados.

Pero el consenso procesal -desde la perspectiva del Fiscal- requiere en mi opinión el tener claro qué se pretende con él.  La defensa busca un trato ventajoso en la penalidad que se le va a imponer, reconociendo los hechos y "negociando con su libertad" en palabras de Fenech.  El Fiscal, sin embargo, debe ponderar las condiciones del trato desde la perspectiva de la Justicia y sobre la base de las pruebas de que dispone.   Si tiene pruebas sólidas -o si puede conseguir más a corto plazo- la negociación solo puede tener por objeto acortar el proceso, pero no a costa de concesiones excesivas especialmente en casos de corrupción, considerando los tiempos que vivimos.   La pena a imponer podrá ser menor, pero deberá mantener una proporcionalidad con el delito cometido.    Nunca me han hecho gracia (y he sido Fiscal anticorrupción durante muchos años) los acuerdos en los que el acusado elude la prisión a la que el Código Penal le lleva, por el hecho de devolver lo sustraído: recuerdo uno que invirtió lo sustraído en comprar un terreno que al tiempo del juicio valía 10 veces más que lo que sustrajo.  La devolución le permitía seguir forrándose y encima reclamaba no ir a prisión.   En esos casos, ya digo, especialmente de corrupción, la Justicia creo que se desacredita.   Se que no son pocos fiscales opinan lo contrario.  Y quizá razones prácticas abonen la defensa de acuerdos ventajosos para la defensa: se ahorra mucho tiempo, se ahorran varias instancias y además tras el recorrido procesal no hay garantías de que la pena impuesta fuera a ser superior a la conformada.

Yo soy partidario de los acuerdos, pero distinguiendo algunas cosas: a mi modo de ver, si los perjudicados son particulares, el Fiscal ha de tomar muy en serio su criterio sobre el acuerdo, ya que pueden verse afectados en el sentido de no cobrar, o cobrar mucho menos.  Además, los delitos cometidos tienen aquí mucha importancia: los de corrupción -por ejemplo- son delitos que además de ir contra el patrimonio público lesionan otros bienes jurídicos que la reparación no restaura.   También es importante el modo de la devolución del dinero, la cuantía de la misma y la esencia de la confesión (que ha de ser completa y concordante con las pruebas que tiene la acusación).

En defecto de instrucciones generales de la FGE (este me parece un buen campo para que la Secretaría Técnica elabore una doctrina a seguir), si la Fiscalía tiene pruebas sólidas, en casos de corrupción mi opinión es que es no es mala opción llevar al acusado a juicio (ahí habrá de probarse su responsabilidad, se contrastarán los actos realizados por el acusado y otras personas -estableciendo el alcance de la podredumbre del acto-, y se le podrá imponer una pena ajustada a la responsabilidad que se haya declarado)  o al menos negociar pensando solo en la proporcionalidad entre delito cometido -como puede probarlo el Fiscal- y pena.

  Salvo, claro está, que el acusado con el que se negocia conduzca al Fiscal a tener pruebas contra otro acusado de mayor importancia -como hacen los americanos, y hacíamos en el Tribunal Penal Internacional-.  Pero eso aquí se da poco.

ALFREDO BARDAJÍ

En los años 70 y 80, la Jefatura de Sanidad de Tarragona tenía una vivienda -que a mi me encantaba- para el Delegado Territorial.  Grande y luminosa, un buen piso donde vivía mi tío, Alfredo Bardají, funcionario del Cuerpo Médico Nacional de Sanidad, con su mujer y sus hijos.  Hubo, sin embargo, un conflicto que puso en riesgo su posición y su continuidad en aquella casa.  La Generalitat proyectó un minitrasvase de agua del Ebro para el suministro a Tarragona que en opinión de Bardají podía suponer un riesgo para la población debido a que las aguas del río, en el lugar donde se planeaba el trasvase, venían contaminadas de diferentes productos químicos, y también de mercurio -letal para el ser humano-.   Alfredo Bardají, un hombre muy inteligente, sabía perfectamente lo que le iba a pasar a él si advertía lo que según su opinión experta podía pasar a la población de Tarragona.   Nadie de los que le conocían entonces -sin embargo- dudó de que fuera a hacer otra cosa que cumplir con su obligación: informó contra el trasvase y aconsejó que las aguas se tomaran más arriba del cauce del río donde la contaminación era menor.   Poco después fue destituido por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya, y su confort profesional se vio completamente comprometido.   Como era un buen médico consiguió reorganizar su vida profesional.   Pero nunca he tenido yo, Fiscal durante más de 28 años, un ejemplo más claro de como ha de comportarse un funcionario honesto.   Nunca he dejado de pensar, cuando he tenido que actuar con riesgo profesional (ha habido algunas ocasiones), en el ejemplo de Alfredo Bardají, que falleció anteayer en Tarragona.   He releído las noticias publicadas en la época sobre el episodio que relato, y también sobre las obras que fue necesario luego acometer para intentar corregir el desastre de haber desoído al responsable de la Sanidad en Tarragona.   A nadie se le cayó entonces la cara de vergüenza por aquella destitución, ni reconocieron su arbitrariedad algunos políticos.  Pero el cariño de sus vecinos, de sus conciudadanos, lo sintió mi tío hasta el final.   Para mi, la pérdida de mi tío Alfredo, "mi segundo padre" como me dijo ayer mi prima, ha sido un golpe muy duro.

DEMASIADAS CONDENAS A ESPAÑA EN EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO

En el último año, España ha cosechado siete condenas en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  Algunas de esas condenas tienen que ver con las deficiencias de nuestro sistema procesal penal, en particular referido al hecho de que la casación no admite la práctica de prueba por lo que la condena en el Tribunal Supremo de un acusado absuelto sin oirlo directamente suele entenderse que colisiona el art. 6.1 del Tratado Europeo de Roma de 1950.  Pero también hay otro tipo de condenas que derivan de prácticas deficientes: la sentencia Alony Kate c/ España condena a nuestro país por el hecho de que un magistrado que resolvió un recurso de apelación contra una orden de prisión, fue más tarde ponente de la sentencia -condenatoria- contra el acusado.   Esa sentencia fue, para ese acusado, confirmada en casación e inadmitida ante el Tribunal Constitucional.   Y en Estrasburgo nos condenan por vulneración del derecho a un juez imparcial.  Por idénticas razones, España ya había sido condenada el 26/10/2010 en el caso Cardona Serrat c/ España: otro auto de prisión que confirma la Sala sentenciadora.

En el caso Otegi c/ España, nos condenan -por unanimidad- por violación del derecho a la libertad de expresión (el acusado había sido condenado por el Tribunal Supremo por injurias al Rey), y creo que la sentencia explica muy bien los límites que para el Tribunal de Estrasburgo fija el art. 10 del Convenio.

Las sentencias están en la página del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la mayoría están traducidas al español.

No creo que debiera ignorarse que tantas condenas evidencian fallos en nuestro sistema, que también por ahí hace aguas, y en nuestra práctica forense; también debe mencionarse que los instrumentos internos de control de las resoluciones judiciales no son suficientes aparentemente; y quizá debería enfatizarse un poco el hecho de que cada una de esas condenas es analizada por expertos de muchos países que se forman un juicio determinado sobre nuestro sistema de enjuiciamiento.   Pensemos que estamos hablando de un Tribunal de Derechos Humanos, y que nos están condenando.   Las reparaciones a los perjudicados, obvio es decirlo, suelen llegar tarde y desde luego no corrigen ni de lejos el daño causado.

SIN CONVOCATORIA

Tiempos duros para la Justicia.   El Ministerio de Justicia ha acordado no convocar oposiciones de jueces y fiscales el próximo año.   La medida es grave, porque estamos hablando de que ni siquiera se va a reponer la plantilla de las jubilaciones y bajas que se vayan produciendo.   Entiendo perfectamente las razones, pero esta crisis está acabando con demasiadas cosas y no creo que sean las adecuadas.  Menos jueces y fiscales supondrán, si no hay cambios procesales, un mayor atasco del que tenemos.  Alguno dirá que bueno, visto el desastre del sistema que tenemos actualmente -mucho más de un millón de causas penales pendientes en España- un poco de empeoramiento no se va a notar.  Pero yo creo que si se notará, porque las causas penales, cada una de ellas, suponen un problema -muchas veces un drama- para alguna persona.   Y habrá más retraso.  Se me hace evidente -en el ámbito de la Fiscalía- que los fiscales de las Audiencias Provinciales y Fiscalías de Área serán los diréctamente perjudicados por la medida. Dudo mucho que se adelgace en plaza alguna ni el Tribunal Supremo, ni el Constitucional, ni las Fiscalías especiales, ni los adjuntos a Fiscales de Sala, ni de los TSJs. Por otra parte me acuerdo ahora de las vueltas al mundo que algunos se han dado no hace tanto tiempo con cargo a los presupuestos de la Fiscalía; en las plazas de primera creadas a toda prisa y a costa de más plazas de menor rango. Me pregunto también por la coherencia de un sistema que cierra la entrada al ingreso en las carreras judicial y fiscal y permite al mismo tiempo la convocatoria de cientos de plazas de jueces y fiscales sustitutos.  Jueces y fiscales a los que cuando son nombrados se les priva de cualquier vía de incorporación a las carreras o al menos de formación como se hace con los titulares.  Y me pregunto por último si nadie ha pensado en reconducir un poco la magnitud de un órgano como el CGPJ -en mi opinión, mal concebido y demasiado politizado- para reducir su presupuesto a los tiempos dramáticos que vivimos.    Pienso, sin ánimo de comparar, que los vocales del Consejo Fiscal compatibilizan sus funciones en el Consejo con su trabajo como fiscales.  Y están muy honrados de hacerlo.

HACE FALTA QUE VENGA LA APIF

Noto la falta de presencia de mi asociación profesional, la Independiente de Fiscales. Después de haber visto como se han llevado las cosas con el anterior FGE que consideraba razonable la proporción 1-1-1 (es decir, en los nombramientos, un fiscal de la UPF, otro de la AF y otro del resto -el 70 por ciento de la carrera-) y de ver como el PP ha colocado ya a varios fiscales de la AF en puestos de responsabilidad, creo que la Carrera necesita mas que nunca una tercera vía, la de la neutralidad política, la de la defensa de la profesionaidad con independencia de adscripciones. Sin embargo, hay que creer que eso es posible: hay que luchar, hay que sacar una nueva página web (la que tenemos está inactiva desde hace mucho tiempo); hay que estar en contacto con los asociados, ir a las Fiscalías a explicar el proyecto y hay que sacar una publicación electrónica para distribuirla entre toda la carrera. Las cosas no cambian solas, hay que ayudar un poco; y aunque los cursos de la APIF son muy celebrados (el que organiza Pepe Caballero en unos meses tiene el doble de solicitudes que de plazas) hay que hacer más cosas. Tengo afecto por los miembros de la dirección de la Independiente y confío en ellos; se que luchan con un sistema pensado para que no haya nadie más que los afines a un partido o a otro. Se también que para ciertos tiburones ser de la Apif es ser carne de cañón, y se que no hay medios y que a veces cunde el desaliento. Pero no hay que rendirse: hay mucho que hacer para conseguir que algún día en la Fiscalía nadie pueda esperar que le toque la lotería por ser de tal o cual asociación o por ser amiguete de tal o cual gerifalte. Para eso hay que hacer mucho más de lo que ahora se está haciendo, en mi modesta opinión.