BONGO (2)

Fiscalía General del Estado.  Año 2317.

- Nunca me gustó ese mono, te lo dije. 

- El problema está en los fiscales; lo han adoptado y están felices.  Se sienten libres, y por tanto se hacen más peligrosos.   ¡Dios, que error!; Bongo ha aceptado casi todo lo que le dicen, les deja organizarse los servicios y les deja trabajar sin interferir;  les ha cambiado el sistema informático: esos cabrones le han convencido de que el sistema Fortuny está anticuado; les deja el coche oficial para ir a juicios; no hacen estadística, viajan al extranjero y retiran acusaciones sin pedir permiso, persiguen a todo el mundo por igual… ¡Funcionan como una auténtica Fiscalía, con independencia!  Y le tienen el despacho lleno de plátanos, ruedas, cuerdas...  ¿Quien se han creído que son?   Han llamado fiscales de otras Fiscalías pidiendo si hay algún pariente suyo disponible... Y por su fuera poco, el mono no devuelve las llamadas al Jefe. 

-  ¡Vaya narices tiene...!  He oído que incluso le ha planteado un art. 27…

- El Jefe no se lo explica, Bongo era de su confianza: ¡estaba tan orgulloso de él en el palco...!; esa relación  también se ha roto.  Cree que alguien le ha quitado el afecto del animal, le ha dado bananas, semillas,  cacahuetes o algo para ponerle en su contra.  Y ahora va y sin más firma la imputación del Presidente de la Caja, como una puñalada; el Ministro ha dicho que o cambia de opinión el mono, o cortará la cabeza del Jefe.  No hay precedentes de una obstinación como la de ese bicho.  ¿Pero es que ese macaco no se da cuenta de que es una cuestión de Estado?   El único acierto fue no asociarle, así no nos mancha nada con tanta indisciplina.  Y no va a ser fácil echarle, se está haciendo muy popular.  ¡Dios, todo son problemas!

- ¡Que pena, con el carrerón que llevaba el monito! Vamos a ver, ¿qué necesitas para echarlo? 

- Bueno, ha de ser un expediente rápido; lo mejor sería resaltar su desobediencia: siempre es bueno aplicar el principio de dependencia sin complejos, y además eso dejará en shock a los fiscales durante un tiempo: ¡se van a enterar con el siguiente Jefe!.  Y por supuesto, en el Consejo sin escándalo, sin oírle siquiera; mejor en secreto.    Ah!, y mejor por unanimidad, sin disidencias, ya me entiendes... ¿Por qué no miras algún precedente en Madre, alguna expulsión así, discreta, sin oír al afectado, mejor sin acta, o con acta secreta...?

- No hace falta Madre: se por donde buscar, je, je, je.

¿PARA QUÉ?

Según parece el FGE ha anunciado hoy que recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que anula la expulsión de un joven fiscal.   Ese recurso solo puede tener dos resultados: o que gane la Fiscalía, o que se desestime el recurso.  Si gana la Fiscalía, ¿que se habrá demostrado?  ¿que se puede echar a un Fiscal por no obedecer una orden ante la cual se plantea y no se tramita la objeción de conciencia del art. 27 de nuestro Estatuto?.   Y si demuestra eso, ¿ese es el modelo de Fiscalía al que vamos?   ¿Una Fiscalía donde los fiscales hayan de tener miedo de ser gravísimamente sancionados incluso cuando, Estatuto en mano, reclaman su disconformidad con una orden?   ¿Que clase de trabajo puede hacerse con ese miedo?  ¿Que garantías le ofrece una Fiscalía así al justiciable, donde la voluntad del de arriba no tiene ni el lastre de una discrepancia motivada?  ¿Que fiscal, a partir de ese momento, va a cuestionar nada relativo incluso a las más pequeñas cosas de nuestro trabajo?  ¿Donde queda nuestra libertad, nuestra creatividad como juristas aplicando la ley? ¿Es ese realmente el modelo de Fiscalía que quiere el FGE?  Yo no lo creo.  Sin embargo, lo que se reprocha a Frago es claro: cualquiera hoy puede leer la Sentencia de la Audiencia Nacional y verá que si no hay castigo es precisamente porque no desobedeció ya que planteó la cláusula del art. 27 y que no se tramitó el procedimiento establecido en dicho artículo.   Y que tampoco infringió la orden de hacer una estadística de faltas de pueblo porque esa orden fue general y escrita (a toda la Fiscalía) , y particular y oral (al interesado) lo que no está incluído en el art. 62.2 del EOMF, que habla de órdenes y requerimientos particulares y escritos con comunicación fehaciente.  Si la Fiscalía gana, el Tribunal Supremo establecerá que por esas faltas un fiscal puede perder su carrera y Frago la perderá.   Pero en ese caso, el legado de este Fiscal General será imperecedero.

Si la Fiscalía pierde no cabrá excusa alguna: los duros términos de la sentencia de la Audiencia Nacional no habrán sido corregidos, con la circunstancia de que entonces nadie podrá pensar que todo ha sido un error, una desmesura inducida en una desacertada espiral de pareceres.  Y en ese caso, el Fiscal General aparecería para siempre asociado a esa derrota en la memoria de la Carrera, entre otros efectos.

Creo que ese recurso -con todo respeto- no debería presentarse, por el bien de la Fiscalía y también por el bien del Fiscal General, al que quiero verlo mucho más que preocupado por la suerte de un joven fiscal que simplemente se ha limitado a defenderse, asociado a cosas importantes que hagan trascendente su memoria en la Carrera y en la Justicia, como mejorar la eficacia de la institución, haciéndola transparente y convirtiéndola en instrumento eficaz en la lucha contra la corrupción; como salvaguardar y proteger su independencia, o mejorar la formación y las condiciones de trabajo de los fiscales y preparar la Fiscalía para los retos de los cambios de procedimiento que nos aguardan.  Puede conseguir todavía esos objetivos y si va tras ello irá acompañado.

COMUNICADO APIF TRAS SENTENCIA DE LA AUDIENCIA NACIONAL (CASO FRAGO)

COMUNICADO DE LA ASOCIACION PROFESIONAL E INDEPENDIENTE DE FISCALES (APIF)

            (En relación con la Sentencia de fecha 1 de octubre de 2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional por la que se anula la resolución del Secretario de Estado de Justicia en la que se imponía al fiscal D. JUAN-ANTONIO FRAGO AMADA la sanción de separación del servicio)

            La Comisión Ejecutiva de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), ha acordado dirigirse a todos los miembros de la Carrera Fiscal, a fin de hacer presente la postura adoptada acerca de lo fallado en la Sentencia arriba referenciada, valorando no solo lo que afecta al caso concreto del compañero favorecido por la citada resolución, sino también, la doctrina general que en ella se consagra y que atañe a un extremo de capital importancia para la futura salvaguarda de las garantías de nuestro común estatuto personal.

            Desde tal perspectiva, queremos hacer las siguientes manifestaciones:

            a) La APIF felicita al compañero por el fallo que ha obtenido de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,  mediante el cual, se ha anulado una resolución de separación definitiva de la Carrera Fiscal dictada por el Secretario de Estado de Justicia a propuesta del Fiscal General del Estado y previo unánime informe favorable del Consejo Fiscal.

            b) La APIF quiere recordar que mediante escrito de fecha 28 de enero de 2013 se pusieron en conocimiento del Fiscal General del Estado, lo que entonces considerábamos como graves irregularidades en la tramitación del expediente sancionador iniciado por la Inspección Fiscal, siendo una de las mas relevantes, la ausencia de las mínimas garantías exigidas por los derechos fundamentales del expedientado, y en concreto, el derecho a no sufrir indefensión del artículo 24.2 CE y la obligada sujeción al principio de legalidad sancionadora del artículo 25 CE, con expresa mención de la falta de proporción que considerábamos en la propuesta de sanción. Es obvio, que al silencio frente a nuestro pertinente aviso, le siguió la renuencia a enmendar una decisión, que ahora, un Tribunal califica como manifiestamente lesiva del principio de legalidad.

            c) La dureza de los términos empleados en la Sentencia de la Audiencia Nacional, en la que, entre otros aspectos, se reprocha a nuestra Institución el nulo respeto del principio de legalidad, por quien, paradójicamente, tiene como misión constitucional el promoverla, desautoriza la actuación en el caso no solo de la Inspección Fiscal, sino del propio Fiscal General del Estado y de la totalidad de los miembros del Consejo Fiscal, poniendo en  una delicada situación a toda la Carrera Fiscal ante la opinión pública e incrementando los recelos que suscita la atribución al Ministerio Fiscal de la Instrucción Penal en el Proyecto de Código Procesal Penal

            d) La singular actuación del Consejo Fiscal, evidencia una vez más, que lejos de adoptar sus integrantes una posición de control frente a las iniciativas de los órganos de la Fiscalía General del Estado, -tratando con ello de cumplir los cometidos que le asigna el artículo 14.4 del EOMF-, ha vuelto a despreciar su papel de necesario foro activo al que debiera someterse el Fiscal General del Estado para informar regularmente sobre sus decisiones.  Por ello consideramos que el presente Consejo Fiscal está absolutamente amortizado, y por tanto pedimos su disolución inmediata y la celebración de nuevas elecciones.

            e) La APIF quiere también recordar, que el origen de todo el expediente arranca de la actuación de una Fiscal Jefe  desconocedora, como mínimo, de las reglas democráticas de nuestra Carrera. El art. 27 del EOMF es una salvaguarda de la imparcialidad y de la legalidad de nuestra actuación como fiscales, principios consagrados en la Constitución, y la ignorancia expresa por una Fiscal Jefe respecto a un Fiscal de su plantilla del modo de proceder en un caso como el presente, tampoco debe quedar sin consecuencias. Y desde luego consideramos que no debería haber sido promocionada a Fiscal Superior, apoyada por el mismo Consejo Fiscal al que además pertenece.

            f) Nuestro absoluto rechazo a la actuación de la FGE en este caso, no puede tampoco ocultar dos cosas: primera, la desazón que provoca el hecho de que tan palmario error haga que sus consecuencias económicas recaigan sobre todos los ciudadanos, desde el momento en que es al erario público al que corresponderá arrostrar las consecuencias de tal índole al haberse añadido al obligado reintegro de los derechos económicos de los que se había privado durante seis meses al funcionario, el abono de los intereses legales que necesariamente habrán de liquidársele y la condena de la Administración al pago del importe de las costas. Es así, que de las actuaciones temerarias de los poderes públicos resulta finalmente perjudicado todo el cuerpo social.  Y segunda, el enorme daño causado al afectado, un joven fiscal con pocos años de servicio, al que se le priva de su trabajo, de su sueldo, de la cobertura sanitaria para su familia y que ve amenazado su futuro con varias multas añadidas.  De ese daño tampoco nos olvidamos.

           

            g) La APIF manifiesta, en fin, su deseo de que la Sentencia de la Audiencia Nacional sirva de advertencia y precedente que desaconseje en lo sucesivo la búsqueda de sanciones ejemplarizantes con las que disuadir del siempre legítimo cuestionamiento -ex artículo 27 EOMF- de las órdenes de los superiores que por los subordinados se consideren improcedentes o contrarias a la legalidad.

                                               Madrid, a 21 de octubre de 2013

                                               La comisión ejecutiva de la APIF

MENSAJE DE JUAN ANTONIO FRAGO

Escribe un comentario Juan Antonio en la anterior entrada que creo que merece una propia.  Lo transcribo a continuación, y tan solo quiero ahora recomendar encarecidamente la visita de su blog de derecho penal, mucho más complejo y trabajado que éste mío, y desde luego expresión del talento de un fiscal muy culto y conocedor del derecho, cosas que no sobran para el oficio y que visto lo visto hay que empezar a valorar un poco más cuando concurren en un compañero.   Ahí va su mensaje:

Estimados compañeros:

Os quiero agradecer a todos el cariño, afecto y apoyo que me habéis dispensado desde este magnífico blog, que sirvió de fuente de inspiración para el mío.
Aunque ya hice el agradecimiento en el foro de facebook, como he caído en el hecho de que al mismo sólo acceden unos 600 de los 2408 fiscales, quiero que se sepan varias cosas:
1) En primer lugar mi eterno agradecimiento a la APIF, Asociación de Fiscales a la que no estaba afiliado (yo pertenecía a la AF, asociación que abandona a sus asociados y apoya su lapidación), y que redactó dos comunicados en mi apoyo, sin conocerme de absolutamente nada y en un momento en el que no eran precisamente cariñosas para mí todas las miradas, comentarios y actuaciones que recibía desde la carrera, incluso con filtraciones de partes interesadas de mi expediente a la prensa.
2) A mi estimado Salvador Viada, persona que se ha significado en mi defensa de manera reiterada y pública, y sabiendo que lo más fácil en la Administración, y particularmente en la Fiscalía, es dejar correr las cosas y que cada uno salve su pellejo como pueda, él, desde esta tribuna y el otro foro, me ha defendido con uñas y dientes.
3) A los anónimos comentaristas de este blog, que visto lo visto parece que hacen bien en usar la capa de las sombras del anonimato, porque mayoritariamente también me han defendido cuando lo más fácil y más español es usar el anonimato precisamente para atacar a la presa débil.

Mucho se podría hablar de los distintos sujetos/ignorantes en Derecho/sujetos activos de algunos delitos del Código penal que han pasado por mi expediente, pero, si se hace, ya lo haré en mi blog.

Os reitero mi más sincero agradecimiento.

 

VICTORIA DE JUAN ANTONIO FRAGO: SE VULNERARON SUS DERECHOS CONSTITUCIONALES

Esta mañana he tenido una enorme alegría.  El joven fiscal Juan Antonio Frago ha ganado su recurso contra la sanción de separación de servicio que le fue impuesta en un procedimiento que la APIF denunció abiertamente como carente de garantías.   Ahora, tras muchos meses de incertidumbre, con la tensión de luchar contra el aparato de la Fiscalía, un solo fiscal con muy pocos años de servicio ha podido acreditar que la propia Fiscalía vulneró sus derechos constitucionales.    Así, como suena.   Menos mal que hay jueces.   Es momento de alegría para quienes creíamos en su causa.  Ya analizaré en unos días lo ocurrido desde la perspectiva del Consejo Fiscal, de las asociaciones de fiscales representadas en el mismo y del FGE, así como las mejoras necesarias en nuestro procedimiento disciplinario.   Pero hoy quiero decir que tengo un gran alivio, que me acuerdo de su familia, de sus padres que han sufrido todavía más que él; y que me reafirmo en la creencia de que en la Fiscalía y en la Carrera hacen falta cambios radicales.  Los fiscales no podemos seguir así.
En esta dirección encontraréis la sentencia:  http://www.apifiscales.es/

FUNGA.ES

Eduardo Fungairiño es conocido por todos:  es difícil no sentir afecto por él trabajando a su lado.  Lo que quizá no se conozca tanto es que es el mayor experto de la Fiscalía en cuestión de tratados internacionales de cooperación penal.   Se lleva dedicando, con el entusiasmo de un coleccionista, a buscar tratados y convenios vigentes en la materia.  Cooperación, extradición, traslado de personas condenadas, en el ámbito de Naciones Unidas o de la Unión Europea, del Consejo de Europa, bilaterales...  Es difícil saber para el profano qué está en vigor y qué no, pero ahora está al alcance de todo el mundo una herramienta que facilita las cosas.  Hace tiempo me pidió colgar el trabajo que había hecho, un prontuario llamado PACO, en Wikipenal.  Hoy ha mejorado enormemente ese trabajo creando una página web con la siguiente dirección http://www.funga.es/

Incluye los textos, no solo las referencias, diferentes posibilidades de búsquedas, incluso tiene un modo de consultas para solventar dudas, y está completamente actualizado. Eduardo sigue buscando cada día para mejorar su colección.

CAMBIOS

Yo creo que si se pueden cambiar las cosas en la Fiscalía: lo creía hace cinco años, hace tres y lo creo hoy.  Creo que algunos acumulan ahora mucho poder (un poder interno, claro), pero es un poder que depende de una sola cosa: de que la Carrera se mantenga indiferente a lo que pasa.  El día en que los fiscales digan que quieren influir directamente en las cosas que les afectan, las cosas cambiarán.   El FGE cambia cada cuatro años, con el Gobierno.  La capacidad de influir no está ahí, sino en lo que permanece.   Hay que crear nuevos hábitos de actuación, transparencia en el Consejo Fiscal y en la Inspección, y poco a poco, lo que hoy parece una utopía será una realidad, lo que no significa que no haya nuevos problemas.   Hay que hacer que los Fiscales Generales del Estado se encuentren en un marco de actuación con mucho menos terreno para imponer su criterio y con mucha mayor sujeción a controles internos.  Estoy esperando el proyecto de Estatuto que ha diseñado la FGE y que se anunció en un  Consejo Fiscal hace unas fechas que se distribuiría entre los fiscales.  Si el Estatuto que elabora la FGE incrementa las garantías de los fiscales en su trabajo; potencia la transparencia especialmente en el Consejo Fiscal, si lo regula para hacer que represente a la Carrera y no a las asociaciones; si incrementa la independencia y la transparencia en la Inspección Fiscal; si objetiva la promoción profesional;  si estimula la libertad de los fiscales en los problemas que se enfrentan en el día a día; si asegura la salvaguardia de la conciencia profesional y la defensa de la opinión propia, establece los mecanismos para garantizar la ausencia de arbitrariedad; si elimina la burocracia creciente y simplifica el aparato de la Fiscalía entre otras cosas, tendremos un punto de apoyo muy importante.      Cuanto más sea así el Estatuto, menos opciones habrá de que en el Gobierno se acepte, pero la batalla por la liberación de la Fiscalía habrá comenzado y si es así yo apoyaré a la Fiscalía con todas mis fuerzas.   Si el Estatuto no es así, habrá que pedir que mejore.    Pero lo esencial es otra cosa.   Hay en realidad muy pocos interesados en que esto no cambie nada, y se creen inatacables.   Podemos ganar.

BONGO (1)

Fiscalía General del Estado.  Año 2316.

-Quiere a Bongo.
-¿Quien es Bongo? ¿Es de nuestra asociación?
-Pero, coño, ¡es su mono!
-¿Que quiere al mono para el puesto?  ¿Se ha vuelto loco?
-Exige lealtad, y en este momento se fía más de Bongo que de nadie.
-No le podemos votar en el Consejo, es demasiado.
-Calma, busca si hay algún precedente en Madre.

.........

-Quizá nos sirva esto: mira, hubo a finales del siglo XX un tipo que se llamaba Eligio, o algo así, que hacía lo que le daba la gana con nombramientos y ceses.
-Veamos... Uhmm.... No, no nos vale, ahí el Consejo Fiscal reaccionaba contra los abusos; veo que incluso recurrieron el nombramiento del Fiscal General, que dimitió precisamente por ese recurso.  No..., ya recuerdo.  En aquel tiempo se hablaba del Club del Cero para referirse a nombrados por el FGE con todos los fiscales en contra, incluso los vocales institucionales. No, necesitamos algo distinto, algo más fresco, algo en que el Consejo apoye lo que sea que decida el jefe... ¡Vamos, Vamos!
-Mira, mira aquí, a principios del siglo XXI... Parece que el Gobierno nombró Fiscal General a quien era lider de la mayoría en el Consejo.   Tenían mayoría para hacer lo que querían: nombramientos, ceses, separaciones del servicio.   A veces por unanimidad.  Hasta un par de vocales se presentaron a cargos que debían votarse en el Consejo, ¡y les votaron!.  Y en aquel tiempo, encima, todo era secreto: deliberaciones, votaciones, candidatos, programas de actuación, criterios de evaluación... todo.
-Joder, ¡no me lo puedo creer! ¡Es... perfecto!  ¡Y secreto!  ¿Y los demás fiscales no decían nada?
- Había un foro ... Buscaré si quieres.
- No, déjalo ¿Y nombraron a algún mono? ¿Algún animal, al menos? ¿Algún androide?
-¡No, hombre!.  Siempre humanos; en eso no hay tacha.  Eran otros tiempos.
-Vale, investiga a ver que hicieron; nos puede servir.  Y habrá que pensar en reinstaurar aquello del secreto: investígalo.  Y asocia al mono.
- No se, mejor que entre como no asociado, por las apariencias.  La verdad es que me da pena Bongo.  El trabajo que le espera es muy complejo.
-Bah, no te preocupes; es muy intiutivo, tendrá un gran equipo de fiscales a sus órdenes, y cuando pasen tres meses ya nadie se acordará de como se le nombró.

MINISTERIALES Y ANTIMINISTERIALES

Me llaman y escriben compañeros de diversas Fiscalías (Madrid, Baleares, Valencia, Audiencia Naciomal y alguna otra), señalando la indignación del FGE por el procedimiento del nombramiento de Teresa Gálvez como Corresponsal Nacional de Eurojust dado que no fue notificada la Fiscalía General previamente de dicho nombramiento por el Ministerio.   Incluso en alguna visita reciente a alguna Fiscalía comentó el tema a los compañeros.

María Teresa Gálvez, -para quien no lo sepa- es mi mujer.  El Ministerio la ha nombrado ante la evaluación que se va a hacer de España en esa institución a principios del próximo año, que el Ministerio tiene interés en que salga bien, como persona que conoce la materia y tiene experiencia como muy pocas en esta cuestión.   El nombramiento, como todos los de Eurojust es competencia exclusiva del Ministerio y puede recaer -como así ocurre- en jueces o fiscales.   De hecho, el Ministerio puede cesar sin dar ni razones a todos y cada uno de los miembros del staff de Eurojust, y hacerlo de un plumazo.  En el caso de este nombramiento no lleva aparejado ni cambio de destino, ni relevación de funciones ni retribución añadida.    Pero a juzgar por los emails que le han enviado a mi mujer algunos compañeros de cooperación en la Fiscalía, y por lo que leo que dicen esos compañeros de varios lugares, ha habido una falta grave por parte del Ministerio: no se ha comunicado el mismo previamente a la Fiscalía, lo cual Maria Teresa ignoraba porque no tenía porque saberlo ni podía influir en que se notificara o que no se notificara.   El Fiscal General -afirman algunos de sus subordinados- no sabía nada del nombramiento, y dicen esos subordinados que eso es un atentado contra la autonomía funcional de la Fiscalía en la que mi mujer estaría por en medio al nivel de un infiltrado ministerial.
Si a mi me hubieran nombrado algo así, y hubiera visto la reacción de algunos, hubiera hecho dos cosas: intentar hablar con el FGE, y hablar con el Ministerio.   La fiscal afectada es lo que ha hecho.  El FGE no ha podido contestar a sus mensajes y llamadas.  O sea, que no conoce lo que María Teresa tiene que decir.   En el Ministerio -al nivel que Maria Teresa puede hablar- le dicen que si, que naturalmente, que el FGE fue informado por cortesía institucional con mucha anterioridad al nombramiento, el que aquí se cuestiona y también se notificó previamente al CGPJ el de la Juez que ocupa ahora el puesto de número dos de Eurojust.  Le dan hasta detalles.

Pero no, nosotros somos fiscales.   Debemos creer lo que diga el FGE;  y aunque haya bastante lógica en lo que se dice en el Ministerio… no, somos fiscales.  Yo debo creer al FGE.

Si el Ministerio -cuyo titular es amigo del FGE y que de hecho fue su valedor para que fuera elegido en el cargo que ocupa- le ha ocultado el nombramiento de un fiscal a la Fiscalía General del Estado, es una falta de cortesía indudable; hasta de respeto; si es así, comprendo la indignación del FGE que creo que debe dirigirse con energía contra el autor del agravio, el Ministro -su amigo-, pero no contra María Teresa, que no tiene el poder de informar previamente a nadie, ni capacidad de defensa frente a las imputaciones de ciertos compañeros.   La Fiscalía en ese caso debería -en mi opinión, que naturalmente no pesa nada- recurrir el nombramiento; o mejor, dirigir una carta al Ministro quejándose con contundencia de esa falta de cortesía con la Fiscalía y hacer pública esa carta.     Si el Ministro admitiera la falta, entonces María Teresa -que en su puesto depende del Ministerio- debería dimitir fulminantemente, o al menos yo se lo aconsejaría.   No se ha hecho así en la Fiscalía, que yo conozca, pero ojala el Consejo Fiscal fuerce una acción en tal sentido por nuestra propia dignidad como fiscales; si yo estuviera en el Consejo, vaya si reclamaría una protesta de la Fiscalía ante el Ministro sobre la base de lo que afirma el FGE, a quien disciplinadamente debo creer.

El problema es que este asunto se utiliza por algunos fiscales para arrastrar el nombre de una profesional veterana, leal e intachable, en una cuestión en la que ninguna culpa tiene, dando pábulo a rumores y murmuraciones contra ella en lugar de reaccionar contra quien supuestamente realiza el agravio -en este caso, el Ministro-.  Eso está mal, y estoy seguro que el FGE estará de acuerdo. 

Sin embargo, el Ministerio de Justicia aunque a algunos no les guste, existe y tiene ciertas competencias exclusivas en materias que afectan a la Fiscalía que puede que no debiera tener, pero que la lealtad institucional obliga a respetar hasta que se cambien.  En su funcionamiento actual el Ministerio ha nombrado a la totalidad de los cargos que el FGE ha propuesto, casualmente pertenecientes los de mayor importancia a la asociación que el actual FGE había liderado durante dos décadas, factor que desde luego no contribuye a despolitizar la Fiscalía, en mi opinión.   El Ministerio ha llegado a ceder a la insistencia de la Fiscalía en nombramientos competencia exclusiva del Ministro. Incluso ha echado de la Carrera a quién el FGE ha pedido que echen.  Como bien se yo y padecí en mis carnes, el Ministerio de Justicia puede decidir no nombrar a quien el FGE propone, pero este Ministerio del PP no lo ha hecho jamás: en esto la sintonía es absoluta.   Además, el Gobierno tiene otras competencias como es la de nombrar o proponer a cargos (por ejemplo el del propio FGE) sin que la Fiscalía pueda decir ni mu.     ¿Habría que cambiar eso? Seguramente si, pero es lo que tenemos y disciplinadamente lo acatamos.

Pero, ojo, que quede claro, todos esos nombramientos no pueden servir de coartada para mermar la autonomía funcional del Ministerio Fiscal, que siempre ha de quedar a salvo ante faltas de respeto institucional como la que hemos visto aquí.  Creo que hay que exigir una reparación al Ministro, insisto; que quede claro que la Fiscalía no es ministerial a pesar de algunos se lo deban todo al Gobierno de turno.   Aunque también creo que la reacción de algunos compañeros (mi mujer ha recibido unos emails que dan vergüenza ajena) parece que obedece a otros propósitos diferentes, qué le vamos a hacer.   

Para mi, la razón esencial de reclamar la independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno es la de posibilitar la lucha contra el delito que afecta al poderoso.   No la concibo para otra cosa, y en términos profesionales yo no soy ni ministerial ni anti ministerial, salvo que el Ministerio condicione la lucha imparcial de todo crimen, incluído el del poderoso político o económico; es decir, salvo que se influya políticamente en la actuación profesional de la Fiscalía.    Esa es a mi juicio la cuestión nuclear.   Y por eso creo que la Fiscalía ha de ser independiente y ha de estar despolitizada  ¿Se ponen en peligro esos principios con la Corresponsal de Eurojust, que está a las órdenes de otro cargo ministerial, el Miembro Nacional de Eurojust?

Por cierto, no me divierten nada estas cosas.

¿SE LUCHA BIEN CONTRA LA CORRUPCIÓN?

Siempre se aprende.  Cuando estaba en la Fiscalía Anticorrupción recuerdo una Junta en la que se repartía el caso Banesto.  Carlos J. Villarejo, un fiscal jefe grande como muy pocos, estaba empeñado en asignar dos fiscales al caso con relevación de otras funciones.  Yo me opuse con tal vehemencia -por considerar una distribución inequitativa- que se cabreó conmigo.   Por la tarde le llamé para disculparme por el modo en que le había tratado.   Pasó el tiempo y naturalmente Carlos tenía razón.   El caso Banesto salió bien y la Fiscalía no fue un lastre en el proceso, sino que actuó con eficacia y con brillantez.  

En el Tribunal Penal Internacional encontré un sistema de trabajo distinto: por cierto, ¿sabéis cuantas veces me ha preguntado algún Fiscal General como se trabaja en esos Tribunales?.  Exacto, cero.  No tiene el tema demasiado interés para ellos.   Pero si puedo decir que allí se trabajaba en grupo: varios fiscales, entre 3 y 7, bajo la dirección de uno de ellos que se encargan de sacar un caso complejo, reuniéndose cada dos días, exponiendo resultados, pidiendo cuentas el jefe constantemente, manteniendo la tensión, analizando la posición de las diferentes defensas, explorando debilidades y asegurando fortalezas, en fin, planteando el caso en su integridad.  

Cuando aquí veo que en casos de corrupción complejos hay un solo fiscal, o a veces dos, que no pueden con los cientos de miles de folios que se manejan en esas causas, que desisten de investigaciones porque abordarlas retrasaría años la instrucción, que las acusaciones particulares se anticipan en querellas, diligencias, medidas cautelares, a lo que hace el fiscal, pues me da bastante pena y me avergüenza un poco.   Digo yo, si la gran ventaja de la Fiscalía es la fungibilidad de sus miembros, que pueden por orden del FGE ser asignados a cualquier tarea, ¿no sería una buena idea asignar durante un tiempo, un año o dos, a varios fiscales -incluso de los mas jóvenes- a esos asuntos de corrupción que tienen escandalizada a la opinión pública y en el punto de mira la eficacia de la Fiscalía, bajo las supervisión de uno de ellos, más experto y que conoce el caso y por supuesto bajo las órdenes del Jefe que corresponda?   Digo yo, ¿no hacen eso mismo las mejores defensas?  Digo yo, ¿no tiene nadie nada que enseñarnos sobre como se hacen las cosas en otros sitios?     No diría nada si la Fiscalía fuera la institución más valorada de los ciudadanos en los asuntos contra la corrupción.   O si la corrupción no fuera un problema en nuestro país.    Pero no es el caso.  

JUAN ANTONIO GARCÍA JABALOY

Le debía esta entrada hace tiempo.  Fue el jefe de mi mujer en Eurojust, y ha sido un jefe considerado, educado, correctísimo, confiado y buena persona.  Cuando visité a mi mujer a La Haya (y lo hice muchas veces), le traté particularmente, usé su bicicleta, nos invitamos varias veces y siempre fue un encanto conmigo y con Marieta.   Un día, ya de regreso yo a Madrid, tuve un comentario desafortunado sobre él delante de quien valoro y aprecio mucho menos que a él.   Nunca me dijo nada, pero se que le hirió, y lo entiendo.   Ahora, cuando los equipos de la delegación española en La Haya han cambiado -una Juez de gran prestigio y experiencia, María Poza, ha sido elegida por el Ministerio como número dos de la oficina- me considero en la obligación de resaltar el comportamiento de este compañero que consiguió que la oficina española fuera un lugar muy agradable para trabajar, en el que se formó un auténtico equipo, y donde se luchó con eficacia y sin desmayo contra la delincuencia organizada.