LA TRANSPARENCIA DEL CONSEJO FISCAL

El viernes 21 de marzo recibí un correo electrónico con la información que los vocales de la AF hacían de la reunión del Consejo Fiscal celebrada el día anterior.  En el punto cuarto se decía lo siguiente bajo el capítulo "Otras materias":

-Se valoró la reclamación de un fiscal frente a la asignación de trabajo por parte de un Fiscal Jefe.

Ya me extrañó en su día una comunicación tan parca, y si hubiera sido el Consejo anterior hubiera preguntado a qué se refería eso.  Pero confiaba en que los compromisos de transparencia -tan recientes las elecciones- les impedirían ocultar información relevante a la Carrera de lo que se discute en el Consejo.   Ayer el Fiscal afectado (de Las Palmas) me hizo llegar a través de otro compañero la resolución del Consejo Fiscal que desestima su reclamación.  El Acuerdo del Consejo Fiscal es muy interesante por varios motivos.  El problema de fondo era la no asignación por el Fiscal Jefe de un lote de trabajo vacante a un fiscal interesado, sin concurso y sin votación en Junta.  Ese fiscal se considera agraviado y expone su queja al Consejo Fiscal.  Antes de hacerlo, el Fiscal Jefe hace una consulta a la Inspección sobre si el reparto de trabajo es susceptible de recurso administrativo por el interesado, y la Inspección fiscal responde el 27 de noviembre de 2013 lo siguiente:

"... la decisión del Fiscal Jefe puede ser impugnada por el interesado ante el Consejo Fiscal, a modo de recurso de alzada específico del Ministerio Fiscal".

El Consejo Fiscal entró a discutir la cuestión en su reunión de 20 de marzo.   Y se resuelven las siguientes cosas:

- Por un lado, ante la pretensión del fiscal impugnante de que en lugar de haberse adjudicado lotes de trabajo de manera directa debería haberse convocado previamente un concurso interno y una Junta de fiscales, el Consejo fiscal, de modo unánime, afirma que la decisión de reparto de trabajo adoptada por el Fiscal jefe no constituye en si mismo un acto o resolución administrativa susceptible de recurso en la vía administrativa, en los términos del art. 107.1 de la LRJ-PAC, sino únicamente de revisión dentro de la propia organización interna del Ministerio Fiscal, únicamente fiscalizable por los propios órganos de la institución.   Para llegar a esa conclusión se entiende que los cambios en la asignación de bloques de trabajo de unos fiscales a otros no afectan ni a la organización de los servicios ni a la distribución del trabajo entre los fiscales de la plantilla (art. 22.5 EOMF), tratándose únicamente del cambio o no de un bloque de trabajo.

- Consecuentemente, no hacía falta ni Junta ni concurso.  Y considera -por unanimidad- que en esta materia no procede acudir a la norma supletoria y general de la LRJ-PAC atendiendo a la existencia de una específica previsión (art. 22.5 EOMF) y a los principios constitucionales de unidad de actuación y dependencia jerárquica.

- Consideran evidente los vocales del Consejo Fiscal que ese órgano dispone de facultades de control y de revisión del resto de los órganos de la Institución (art. 110 del Reglamento de 1969), si bien únicamente en casos de "falta de equidad" en la distribución del trabajo, que es interpretado en los casos de distribuciones discriminatorias por arbitrarias o por hallarse incursa en manifiesta irracionalidad.  En el caso en cuestión se consideró por once votos contra uno que la decisión del Fiscal Jefe no era contraria a la equidad (ya que el Fiscal quería cambiar de Juzgado por razones de índole personal).

- Se consideran equiparables por el Consejo Fiscal este tipo de decisiones de la Jefatura a las instrucciones u órdenes de servicio a que se refiere el art. 21.1 de la LRJ-PAC, asimilándolas a esas categorías de actos administrativos.  Y por tanto, y al margen de lo que puedan decidir en su día los Tribunales contencioso administrativos, el Consejo por unanimidad considera que no pueden ser fiscalizables en la vía jurisdiccional, de acuerdo con la jurisprudencia que cita el Acuerdo del Consejo.

- Y se desestima la pretensión del fiscal que reclama, el cual (soportando alguna intolerable acusación de deslealtad institucional) no quedó completamente convencido y recurrió en vía contencioso administrativa estando actualmente el recurso en tramitación.

A mi, modestamente, me parece que este tema es de interés capital para muchos fiscales y que no puede sortearse (y más pocas semanas después de las elecciones) con un comunicado en el que únicamente "se valora la reclamación de un fiscal frente a la asignación de trabajo por parte de un Fiscal Jefe", que recuerda a Gila: "Alguien ha matado a alguien...".   Adelanto que no comparto la interpretación que los representantes de los fiscales hacen en relación con el art. 22.5 del Estatuto, y que si creo que debía haberse celebrado una Junta o al menos hacer un concurso de provisión de lotes de trabajo.  En esto estoy de acuerdo con el fiscal que impugna (y con el solitario vocal que le apoyó), porque me parece evidente que la adjudicación de un lote de trabajo a un fiscal es parte de la distribución del trabajo entre los fiscales de una Fiscalía; y me sorprende la interpretación de la posición de los vocales electos sobre el particular ya que no olvidemos que son representantes de los fiscales para defender los derechos de los fiscales.  Una vez más, como el Consejo anterior, se trata a los fiscales en el Consejo Fiscal desde la perspectiva esencial del mantenimiento de la unidad y la dependencia jerárquica, es decir, desde las posiciones de la jerarquía.  Lo advertimos en las elecciones, que esto iba a continuar así, y ahí está otra  vez.   Espero con interés que es lo que nos dicen ahora estos vocales en relación con lo ocurrido con la Fiscalía de Madrid.

CONDENA DEL TEDH A ESPAÑA POR EL DERECHO DE ASILO

El pasado día 22 se hizo pública la sentencia (que no es firme) del Tribunal de Estrasburgo en la que se estima que el sistema de recursos contra las decisiones de expulsión de aquellos solicitantes de asilo, antes de que se resuelva definitivamente su petición, no satisface las exigencias del art. 13 (derecho a un recurso efectivo) en relación con los arts. 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la tortura) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.   La demanda la realizan varias docenas de inmigrantes saharahuis que llegaron en patera a Fuerteventura en 2011-2012, y solicitaron asilo en España por temor a ser represaliados en Marruecos por su participación en los sucesos de Gdeim Izik, que incluyeron las protestas de miles de saharauis y que concluyeron con el levantamiento forzoso del campamento que habían organizado y con la muerte de varios policías marroquíes y varios saharauis.    El TEDH paralizó la expulsión acordada por la Audiencia Nacional, antes de concluirse definitivamente las impugnaciones a la denegación del asilo, en virtud de lo dispuesto en el art. 39 del Reglamento del TEDH.   Ahora, concluye con la condena a España al señalar que es preciso garantizar un examen profundo de las razones fundamentadoras del asilo antes de expulsar al solicitante, no sin reconocer (como ocurre en otros países europeos) las dificultades y riesgos para el sistema judicial que pueden tener un excesivo número de solicitudes de asilo.  La sentencia, que se corresponde con el caso 6528/2011, puede ser consultada en la página web del TEDH.

SE VA A RECURRIR

Tras la votación de la Junta de Fiscales de Madrid parece claro que hay unos fiscales que no se van a aquietar sin más con la distribución de trabajo (y de sistema de trabajo) que con abrumadora minoría en la Junta pretende imponerles el Fiscal Jefe de Madrid.  El tema desde mi punto de vista es sintomático del estado de cosas en la Fiscalía.  Unos jefes que se eligen -en las Fiscalías más grandes e importantes- dentro del limitado círculo de fiscales pertenecientes a las asociaciones que se han repartido los cargos durante treinta años; unas asociaciones que apoyan a sus jefes electos cuando entran en conflicto individual o colectivo con los fiscales subordinados a estos; unos Fiscales Generales que gustosamente aceptan estas reglas puesto que al fin les dan un control seguro no solo en la gestión de la Fiscalía sino de cada uno de los asuntos de la misma, y que ya sean nombrados por PP o por PSOE encuentran apoyo en una asociación en la Fiscalía.  Y además, con nadie ajeno a esa estructura petrificada en la Fiscalía que esté en posición de cambiar las cosas.   El Libro Blanco -sobre el que hablaré en próximos días- expresa claramente esta situación: los males que se aprecian desde la Fiscalía no están en la Fiscalía sino que vienen de fuera, en exclusiva.   Creo que es un gran error de perspectiva, pero no puede ser de otra forma.   No van a reconocer quienes mandan desde hace 30 años en la Fiscalía que han llevado a institución a la situación en que nos encontramos.   No van a reconocer que esa influencia política contra la que se dice que se quiere luchar reclamando más autonomía, la han fomentado desde dentro de la Institución durante muchos años.  Y la solución a ello es -curiosamente- en el Libro Blanco, reforzar el principio de unidad y de jerarquía, en lugar de establecer garantías a los fiscales contra los excesos de la unidad y de la jerarquía.

Hay en Madrid un conflicto grande entre el Fiscal Jefe y los fiscales de la plantilla.  Ha de solucionarse este conflicto con diálogo y con flexibilidad del Fiscal Jefe.   Si no es así, si se pretende mandar en la Fiscalía como se mandaba en la década de los cincuenta del siglo pasado es que no se ha entendido nada.   Pero hay otro riesgo añadido: el utilizar este conflicto para que la asociaciones profesionales guerreen entre si.   Eso sería otro grave error.    Esto ha de solucionarse por la acción de los fiscales de Madrid, apoyados y respaldados por sus asociaciones profesionales.  Hay muchos asociados a la AF en Madrid que deben encontrar apoyo en la AF, en su asociación y en este asunto.    Y el Consejo Fiscal es el órgano de defensa de los fiscales, no de los Fiscales Jefes elegidos por las asociaciones presentes en el mismo.   Se espera mucho de este Consejo y no pueden empezar ahora a trabajar con sectarismo.    Muchos fiscales de Madrid han pedido al Consejo Fiscal la suspensión del acuerdo de distribución de trabajo (una abrumadora mayoría votó en contra de la misma en Junta)  y muchos otros en toda España miran con interés lo que va a pasar aquí.    Ojalá el Consejo Fiscal actúe con responsabilidad y conforme a los compromisos de cada fiscal electo.   Y ojalá el FGE sea sensible a este problema, ojalá se ponga en la piel de los fiscales en dificultades -que son los que luego le sacarán las castañas del fuego y le solucionarán los problemas que vayan apareciendo-,  a quienes se les colocan mandos sin preguntarles nada.  Y después de eso, ojalá empiece a gestionar la elaboración de un sistema de garantías profesionales en todos los ámbitos (promoción profesional, riesgos laborales, recursos contra la arbitrariedad, distribución de trabajo, introducción del diálogo como sistema de solución de conflictos) que haga recordable por los fiscales en términos positivos su paso por la Fiscalía General. Pero si no es así, si se opta por mantener el principio de autoridad, de unidad, de jerarquía contra todo sentido común, este asunto llegará a los Tribunales.  Quizá sea bueno que sea así, ya que en el tinglado que es hoy el sistema de garantías profesionales de los fiscales hay tan pocas cosas ciertas, tan pocos caminos y procedimientos marcados para ejercer derechos y defendernos de su vulneración que quizá haga falta la intervención de los jueces para marcarnos el camino.    Veremos que pasa.

CLARA VOTACIÓN EN LA FISCALÍA DE MADRID

El art. 22.5 del EOMF dice que corresponde al Fiscal Jefe organizar los servicios y la distribución de trabajo, oída la Junta de Fiscalía.  En la Fiscalía de Madrid el nuevo Fiscal Jefe ha diseñado una nueva distribución de trabajo integral que va a suponer cambios para la práctica totalidad de la plantilla.   La Junta de fiscales de Madrid ha sido oída en votación secreta, y el resultado es muy claro: 135 votos en contra, 20 abstenciones y 20 votos a favor.    No recuerdo nada parecido desde que en Valencia se obligó por la Junta en votación a ir a un Juicio al Fiscal Jefe, y desde entonces ha llovido bastante.  De ese resultado me gusta mucho el hecho de que los fiscales luchemos por defender lo que creemos que es mejor, en lugar de quedarnos quietos y callados.  Creo que ese es el camino, el que marca la plantilla de la Fiscalía de Madrid, cada fiscal, uno a uno, por su iniciativa, convicción y responsabilidad.    A pesar de ese resultado y de la evidencia de que quienes van a tener que sacar el trabajo de la Fiscalía  -la trinchera en términos coloquiales- prefiere no cambiar respecto a como están ahora, el cambio va camino de producirse porque la jefatura se mantiene firme.   La UPF ha hecho un comunicado en Twitter hace un par de horas apoyando a la plantilla.   Y hoy se ha registrado una petición muy razonada firmada por varias docenas de fiscales en la FGE para pedir que el Consejo Fiscal se pronuncie para la suspensión de la distribución de trabajo.    Espero que se imponga el sentido común -la Fiscalía de Madrid es demasiado grande, demasiado importante y demasiado compleja para que uno que acaba de llegar imponga su criterio al resto que se muestra en contra-, y que se inicie un diálogo que permita una solución satisfactoria para todos.   La asociación del Fiscal Jefe podría aquí ayudar a suavizar un poco las cosas, especialmente porque tiene la responsabilidad de ser la que le apoyó para ser elegido frente a algún compañero con mucha mayor experiencia en el ejercicio del cargo y frente a otros también competentes.  

CARTA APIF AL FGE

La APIF acaba de solicitar la intervención del FGE en la situación planteada en la Fiscalía de Madrid, derivada de la nueva organización de la misma que se ha diseñado por la Jefatura.   La carta está colgada en la web de la asociación.    Son muchos los compañeros que llevan viviendo en esa Jefatura momentos complicados, de incertidumbre, que se han prolongado durante muchos meses.   Estoy seguro de que todas las Jefaturas quieren que la Fiscalía funcione bien (y también la de Madrid), pero no lo quieren más que la mayoría de los fiscales que trabajan allí y no mucho más que aquellos a quienes nos preocupa el funcionamiento de la Institución y la situación profesional de los fiscales.   He defendido en público y en privado que las cosas en una Fiscalía funcionan mucho mejor si hay comunicación, confianza y tranquilidad entre la plantilla y la jefatura.   Entre otras razones, ese es un motivo de peso por la cual la plantilla habría de ser oída en el nombramiento de su jefe, y porqué creo que los Decanos han de ser elegidos por las secciones que van a liderar y no por el Fiscal Jefe.   Esas relaciones con la plantilla se fortalecen cuanto mayor sea la capacidad de llegar a acuerdos, a aceptar que la razón no la tiene que tener uno siempre y porque si, porque haya sido elegido por el FGE a veces contendiendo con compañeros mucho más antiguos, con mucha más experiencia o con mucho mejor curruculum.    Por las características de nuestro sistema para designar a los mandos en la Carrera -de confianza con el FGE o con la asociación profesional preponderante-, esa confianza ha de construirse generando auctoritas entre los compañeros mucho más que apoyándose en la potestas derivada del nombramiento.

LA AUTONOMÍA DEL FISCAL Y EL CRITERIO DE "IDONEIDAD", por María Jesús Moya

La impartición de justicia de manera objetiva e imparcial  que trate por igual a todos los ciudadanos precisa que los jueces sean independientes del poder político.
Como los fiscales constituimos un cuerpo jerarquizado bajo el Fiscal General que se designa a propuesta del Gobierno, no se habla de nuestra independencia del fiscal, sino de su autonomía. Cada uno de los fiscales debe tener garantizada esa autonomía en su labor diaria, para decidir siempre conforme a la legalidad vigente y a la igualdad jurídica de todos los ciudadanos.
Una de las garantías de esta autonomía se recogen en el artículo 5 de la Recomendación 2000(19) del Consejo de Ministros de Consejo de Europa que requiere que el sistema legal de ascensos, y provisión de destinos se realice siempre conforme a méritos profesionales objetivos, a fin de impedir la eventual influencia de intereses particulares de lobbies políticos y, también, proscribir cualquier tipo de discriminación
A pesar de lo expuesto, y de que en el año 2000 nuestro país se comprometió a incluir esta garantía en la regulación legal del Fiscal español, nuestro Estatuto no recoge este principio. Además es práctica habitual adjudicar los destinos no reglados conforme al criterio de “idoneidad” sin más especificación  y conforme a este criterio se deciden los ascensos e incluso, en alguna Fiscalía Provincial, se decide el reparto de los lotes de trabajos individuales
En mi opinión, nuestro sistema se rige por un criterio de “idoneidad subjetiva” porque siempre se decide conforme al criterio personal del fiscal jefe respectivo o del mismo Fiscal General. Con el anterior Consejo Fiscal, se publicaban las motivaciones de los candidatos que se informaban positivamente, estos razonamientos eran tan generales y subjetivos como  “el buen hacer” “la profesionalidad “etc.
En realidad el criterio que debería adoptar la Fiscalía sería el de “discrecionalidad técnica o idoneidad objetiva".  Ese el único criterio que se cohonesta con nuestro sistema constitucional, donde se consagra el acceso a la función pública conforme a los criterios de mérito y capacidad, y se permite controlar judicialmente la legalidad de la actuación de la administración pública.
El Ministerio Fiscal no puede situarse por encima de estas exigencias constitucionales. Las ofertas públicas de empleo deberían ser vinculantes, con especificación de los méritos profesionales requeridos.  Debería existir un baremo de méritos preestablecidos, se debería publicar la lista de candidatos excluidos e incluidos y se debería motivar  la adjudicación de los concursos conforme a este baremo objetivo
La adjudicación de lotes de trabajo dentro de cada fiscalía debería ser equitativo y  conforme a criterios objetivos, y no depender de un criterio tan aleatorio como el gusto personal del fiscal jefe
Este criterio de “idoneidad subjetiva” debería arrumbarse definitivamente de nuestro sistema.  En mi opinión se trata de un atavismo cultural, un vestigio de épocas históricas remotas en las que se concebía a la Administración Publica como una institución patrimonial bajo el dominio del Señor Feudal o del Soberano Absolutista y no como una institución al servicio del pueblo, que lo costea con sus impuestos
El derecho a la promoción profesional y el prestigio profesional de los fiscales no debería quedar al albur de la opinión particular de nuestros superiores jerárquicos que pueden ascendernos o cesarnos libérrimamente.
El lector pensará con razón que esta entrada no tiene nada de original, que me he limitado a exponer principios y conceptos legales básicos y razonamientos obvios. Estoy de acuerdo. Lo que me inquieta es que nunca se hayan aplicado por la Fiscalía y que ningún candidato elegido para el Consejo Fiscal haya hablado de este tema en su programa electoral

REFORMA DE LA JUSTICIA

Leo unas declaraciones del FGE señalando la falta de voluntad de reforma de la Justicia.  Creo que tiene mucha razón en lo que dice y comparto sus preocupaciones.  Sin embargo, la responsabilidad del FGE incluye la reforma del Ministerio Fiscal, al menos en el terreno de sus competencias y posibilidades.  ¿Hay en ese terreno voluntad de reformas?  Porque la Fiscalía es parte principal de la Justicia.   Hasta ahora, las reformas abordadas por el Fiscal General (y lleva dos años) han sido, en mi opinión, modestas.  Insisto, ¿hay voluntad de acometer reformas de cierto calado en la Fiscalía?   Planteo una serie de cuestiones a ser examinadas y luego que cada uno saque sus conclusiones:
¿Está cumpliendo la Fiscalía satisfactoriamente su función en la lucha contra la corrupción?  ¿Es la Fiscalía un baluarte sobre el que se apoyan los más débiles, tales como parados, desahuciados, jubilados, preferentistas..., frente al poder económico?  ¿Es la Fiscalía un referente en la defensa de los derechos humanos? ¿Es la Fiscalía  una institución que inspira confianza en cuanto a su voluntad de aplicar la ley por igual para todos?  ¿Se está preparando la Fiscalía para asumir con plenitud la investigación de los delitos?  En el terreno que afecta a los fiscales, ¿ha habido cambios de algún tipo en la organización de la Fiscalía?  ¿Hay de hace dos años hasta aquí más transparencia en el Consejo Fiscal?  ¿Se ha hecho algo para objetivar los nombramientos?  ¿Se ha hecho algo para reducir la discrecionalidad de la jerarquía?  ¿Se han mejorado las condiciones de trabajo de los fiscales?  ¿Se ha luchado desde la Fiscalía contra la supresión de los fiscales sustitutos? (Recuerdo que más de 200 fiscales enviaron una carta al FGE sobre la supresión de los sustitutos hace varios meses que no ha sido aún ni contestada).  ¿Se ha trabajado en mejorar la distribución del trabajo entre toda la plantilla?  ¿Se ha hecho algo por reformar la Inspección fiscal?  ¿Se ha hecho algo por evitar que vuelvan a vulnerarse los derechos fundamentales de un fiscal, al expulsarlo infringiendo el principio de legalidad?   ¿Se ha mejorado el procedimiento disciplinario?  ¿Se ha exigido alguna responsabilidad por ese hecho?  ¿Se ha trabajado en una normativa sobre riesgos laborales?  ¿Se ha mejorado el sistema informático de la Fiscalía?  ¿Se ha trabajado algo para eliminar la obligación de estadística de los fiscales?  ¿Que pasa con el Libro Blanco? ¿Y con el proyecto de Estatuto que ha elaborado la Fiscalía?

Puedo hacer más preguntas, pero creo que con estas -y cada uno que las responda como crea- nos hacemos una idea de si ha habido o no voluntad de reforma de la Fiscalía.   Me gustaría concluir señalando que creo que ya no hay tiempo, en esta legislatura, de hacer grandes cosas en la Fiscalía.   Pero si de empezar a sentar las bases para mejorar la institución, para mejorar la Justicia a través de la mejora de la Fiscalía, de preparar la estructura del Ministerio Fiscal y la formación de los fiscales para asumir la investigación de los delitos.  Creo que se puede y que la FGE puede contar con la ayuda para ello de muchos fiscales a los que hoy se ignora.   De otra forma, los cuatro años de mandato del presente Fiscal General solo serán recordados por un par de episodios aislados y desafortunados y no por acciones decisivas en la mejora de la Fiscalía, como a mi me encantaría.

LA FISCALÍA DE MADRID

Me escriben varios compañeros para que hable de los tweets de un fiscal de la Audiencia Nacional.  La verdad es que no tengo mucho que decir: se trata de un fiscal que respeto, que hace bien su trabajo, que ha mantenido una línea de independencia y que se ha equivocado gravemente al opinar de manera ofensiva sobre fiscales y jueces de modo anónimo, como ha reconocido en un comunicado disculpándose.   Si hubiera opinado de mi en los mismos términos, seguramente solo me habría enterado por el periódico, ya que la repercusión de lo que hacía como anónimo era mínima.    Y a resultas de todo, el más perjudicado ha sido el protagonista, que ha quedado en evidencia -causando por otra parte gran malestar en la Audiencia Nacional-, al margen de que la Fiscalía actúe o no contra él.   A mi de todas maneras me parecen mucho más graves otras cosas que vemos en la Fiscalía sin escándalo alguno.

Quiero felicitar a Jaime Moreno y a Anselmo Sánchez Tembleque por su ascenso a fiscales de Sala.  El de Anselmo es un ascenso "a la antigua": un fiscal con una larguísima trayectoria, siempre eficaz, siempre con honestidad profesional, siempre apreciado por los compañeros.  En la recta final de su carrera le llega el ascenso merecido, de lo cual me alegro particularmente (especialmente porque el año pasado casi le atropello en el pueblo donde veraneamos los dos).   Jaime es un fiscal brillante, gran preparador de oposiciones -como Anselmo- y un buen amigo.   Le deseo lo mejor.   Y quiero señalar algo que no me acaba de gustar.  En el Comunicado de los vocales de la AF sobre el Consejo percibo que estamos igual que antes: los de la AF consideran mejores a los candidatos de la AF, y los de la UPF a los de la UPF y no sabemos -salvo su militancia- que razones hay para esas preferencias.    Puede que sea solo una cuestión de este nombramiento concreto (el de Jaime no se votó).  Pero aquí se prometió objetividad para todo el mundo y cuando empezamos con los bloques, mal asunto.

Me preocupa mucho más que la cuestión de los tweets y de los ascensos de ayer la situación de la Fiscalía de Madrid.  He hablado con un vocal del Consejo que me dice que el FGE acordó paralizar ciertas medidas que había acordado el Fiscal Jefe de Madrid ante el malestar de gran parte de la plantilla y el traslado de una queja de los vocales de la UPF.   He defendido aquí que las Fiscalías deben organizarse de manera que la mayor parte de los fiscales estén de acuerdo y a ser posible que trabajen a gusto, sin miedo y con libertad.    Y no me gustan, por considerarlas perjudiciales para el buen funcionamiento de la institución, las imposiciones "sin complejos" del principio de jerarquía.    La sombra del anterior Consejo es alargada, aunque parece que hay ahora disposición a arreglar algunas cosas.

BOLETÍN DE WIKIPENAL

En Wikipenal hemos empezado a editar un Boletín que esperamos que sea mensual.  Está hecho con software libre, e incluye fichas de jurisprudencia y colaboraciones.   Iremos haciendo Boletines monográficos sobre diferentes aspectos de derecho penal o de derechos procesal, con diversas sentencias de cada tema, que puedan resultar de interés para estudiantes y profesionales.   Por supuesto que se admiten ideas y colaboraciones.  El primer Boletín ya está colgado de la web wikipenal.com

LA 51 PROMOCIÓN LLEVA 9 MESES CONGELADA

Yo no se la razón por la cual ni siquiera en aspectos meramente administrativos, meramente rutinarios, esto funciona tan mal.  ¿Como es posible que los jóvenes de la última promoción puedan estar congelados en sus primeros destinos durante mucho tiempo, alrededor de 9 meses extra?  No se trata de que las necesidades del servicio así lo aconsejen.  Ocurre, sencillamente, que no se convoca un concurso de traslado desde el cual puedan afrontar nuevos destinos más cercanos a donde están sus familias, o que les convengan más.    Y además de ellos, muchos fiscales pueden desear cambian de destino, que va para un año desde el último concurso. Nada.   De verdad que son cosas que no se explican.  Ahora parece que algo se va a mover: los vocales del Consejo Fiscal (por ahora con más intensidad los de la UPF) parece que están por agitar esto un poco.   Me felicito de ello.  Pero eso no corrige el hecho de que aquí nadie asume responsabilidad alguna por nada de lo que de malo ocurre en la Fiscalía pero las consecuencias se padecen por el personal.   Alguno dirá que si no se asumió ninguna por echar a un fiscal vulnerando sus derechos fundamentales, esto es de risa.  Pues vale.

AL FIN UNA BUENA NOTICIA

Me gusta el reciente comunicado de los vocales de la UPF.  No solo porque lo que dice lo llevo diciendo yo desde hace muchos años y también porque la APIF lo lleva defendiendo desde su fundación.  Me gusta básicamente porque es la primera propuesta de reforma en muchos años que puede mejorar el funcionamiento del Consejo Fiscal; la primera que nos puede devolver a los fiscales algo que AF y UPF con los sucesivos Fiscales Generales nos han quitado: el Consejo como órgano de defensa de nuestros derechos profesionales y como órgano que sirva para canalizar aspiraciones profesionales.   Solo puede servir para esos fines si es transparente, pero hasta ahora han disfrutado del Consejo para ellos solos y en su particular y recíproco beneficio.    La propuesta en ese sentido es espléndida, pero debe ir acompañada de otras cosas: por ejemplo, que la Inspección ponga de una vez en funcionamiento la pomposamente denominada en el Estatuto "Sección Permanente de Valoración" (art. 13.2), para "centralizar toda la información sobre méritos y capacidad de los Fiscales, con la finalidad de apoyar al Consejo Fiscal a la hora de informar las diferentes propuestas de nombramientos discrecionales en la Carrera Fiscal".   A ver que hace ahora la mayoría (que acusaba a la UPF de oponerse a la transparencia en el Consejo): ya no tienen excusas.   Desde aquí estamos vigilantes.