martes, 6 de enero de 2009

ESTE AÑO LOS FISCALES SE LA JUEGAN

Estamos viviendo un momento especial en la defensa de la división de poderes. Por supuesto que de ello ya se han dado cuenta algunos (ver las declaraciones del Sr. Blanco, glosadas ayer), pero otros muchos no parece que le den demasiada importancia. Por primera vez desde que yo lo recuerdo, el CGPJ ha roto su insufrible sistema de actuación por bloques políticos y ha actuado de manera más independiente. Eso ha sentado muy mal entre los políticos, claro está. Pero los jueces –que han ejercido con su malestar una indudable influencia en los vocales judiciales del Consejo- han aplaudido ese modo de actuar. Si el CGPJ consolida esas maneras habremos dado un paso enorme a favor de la división de poderes en España y a favor de la independencia de la Justicia. Y sin embargo, los fiscales están callados. Ese silencio, achacable principalmente a las dos asociaciones mayoritarias, acabará pasando factura. Porque ya está bien –el malestar de la APM, asociación mayoritaria de jueces, se hizo patente en un reciente comunicado- de chupar rueda en temas fundamentales y de retribuciones. Si los fiscales se siguen limitando a esperar que los jueces vayan consiguiendo cosas a fin de que luego la normativa sobre equiparación les permita aprovechar los resultados, esa equiparación acabará eliminándose. Y nada le hace más falta a la Fiscalía para ser un mero apéndice del Gobierno que la eliminación de la equiparación entre las carreras judicial y fiscal.

4 comentarios:

Pepe dijo...

Las declaraciones del Sr. Blanco se suman a las del Presidente y Vicepresidenta del Gobierno, así que a estas alturas poco pueden sorprender. Quizás lo más que se puede decir es que reflejan el sentir, más visceral que intelectual, de muchos políticos que creen que el partidismo que rige su vida debe trasplantarse íntegramente a la sociedad. Y la realidad es muy distinta y llena de matices. Y la realidad judicial mucho más.
Y para evitar lo que está pasando en el caso Tirado, sería bueno arbitrar un sistema de control "público" de la responsabilidad de los Jueces. De la responsabilidad por su modo de actuar "funcionarial" y no, claro está, por su actuación jurisdiccional, ya que eso sí atentaría contra la independencia judicial y la separación de poderes. Actualmente se está hablando mucho, debido a la discusión sobre el derecho de huelga de los jueces, de su doble faceta, una como integrantes cada uno de ellos del Poder judicial, ejerciendo la jurisdicción, y en la que han de ser independientes; y otra, como funcionarios, como unos "trabajadores" más que también gozarían de derechos "laborales" y entre ellos el de huelga. Si esto es así, es evidente que en este segundo ámbito , fuera del Poder Judicial en sentido estricto, sí deberían someterse a un sistema de control más riguroso del actual, ya que se trataría de unos "trabajadores" cualificados por su otra faceta, la de integrar un Poder del Estado. La experiencia nos ha demostrado que la Inspección del CGPJ no ejerce bien este control ,lo hace con oscurantismo y casi siempre con una tendencia hacia el favoritismo para los inspeccionados. Por eso, para acallar al Presidente y la Vicepresidenta y a todos sus seguidores que ahora les aplauden y que desprestigian con cada una de sus declaraciones al Poder Judicial, sería conveniente un sistema de sometimiento al control parlamentario de la actuación "laboral" o meramente funcionarial de los Jueces. Así el Sr. Blanco debería callar o , al menos , podría ser contestado , en el Parlamento, públicamente, por el Juez que es objeto de su críticas , con luz y taquígrafos. Y podría a su vez exigir responsabilidad política a todos los que no han puesto, y siguen sin poner, los medios materiales necesarios para que la Justicia funcione.
Los fiscales entre tanto, lo que deberían hacer es denunciar esta falta de medios, criticando las diferentes situaciones en las que se encuentran muchos Juzgados y la Administración de Justicia en numerosos territorios. Pero eso es pedirle peras al olmo, sobre todo desde 2003 con el sistema actual de renovación quinquenal de los jefes que hace que el que se "mueva" no repite en la foto y que existan listas negras de fiscales que nunca serán jefes, precisamente por su actividad crítica o de meros aplicadores de la legalidad. Y las asociaciones mayoritarias lo que quieres es sumar Jefes para así poder tener más "poder" , así que ...así están las cosas.

Salvador Viada dijo...

Pepe, no puedo estar de acuerdo contigo. Someter el régimen disciplinario de los jueces a las reglas de la política (en el Parlamento se habla de política), además de no conocer un funcionamiento semejante en país alguno del mundo, supondría su definitiva politización. Yo creo que entre todos los males que tiene el Consejo, el peor es que hasta ahora sus vocales eran la voz de su amo... parlamentario. Ahora que parece que esto, quizá tímidamente vaya cambiando, la posibilidad de que sean directamente los partidos políticos los que sancionen a los jueces me parece un sarcasmo. Piensa además que el partido político dominante es el que sostiene además al Gobierno. Y que en la España de hoy es el Gobierno el que manda en el parlamento, y no al reves. ¿Donde queda la separación de poderes si un Juez puede ser sancionado por el Gobierno -a través de la mayoría parlamentaria-? No me convence para nada la idea. Me gusta mucho más el tratar de mejorar la independencia del CGPJ y hacer que funcionen de una vez por todas con arreglo a la ley, e imparcialmente.

Alfonso Pérez dijo...

No será fácil encontrar un mecanismo parecido en ninguno de los países de nuestro entorno. En el nuestro chocaría de manera frontal con el claro texto de la Constitución, que no prevé semejante cosa, afortunadamente, como bien explica el comentario de Salvador Viada. Si en el Antiguo Régimen se dijo que el Parlamento era “la solemnidad del Príncipe”, aquí y ahora no es más que “la solemnidad del Gobierno”, es decir, del partido gobernante. ¿Queremos poner a los jueces en manos de los políticos? En ese momento dejará de haber jueces y se abrirán paso, ebrios de alegría, los funcionarios obedientes. Hay muchos esperando.

La separación entre una vertiente “funcionarial” o “laboral” del juez y otra de titularidad de un Poder del Estado no por difundida resulta más exacta. Se trata de una distinción artificiosa, en gran medida sofística, y -sobre todo- constituye un formidable y solapado peligro para la independencia judicial, que por este camino acabará reducida a la mera facultad de estimar esta demanda o desestimar aquella otra, esto es, a algo muy similar a la simple “autonomía técnica” que tienen, p. ej. un médico o un ingeniero.

La garantía de la independencia debe incluir todo lo que rodea a la actividad judicial y, muy especialmente, la organización auxiliar. En este sentido, la transferencia de la gestión de los medios personales y materiales a las Comunidades Autónomas está suponiendo un duro golpe para la subsistencia de un verdadero Poder Judicial, aunque -por razones que se me escapan- no exista gran contestación frente a ella. En el estado actual de la cuestión, no sé si puede llamarse independiente un juez que carece de cualquier tipo de competencia sobre los medios que utiliza y sobre el personal que (teóricamente) le auxilia en el desempeño de su función. De muestra, un botón: este pasado año 2008, creo que por primera vez, varios juzgados, cuya entrada en funcionamiento estaba acordada para el 30 de diciembre, han tenido que posponerla hasta el mes de mayo, porque la Comunidad Autónoma correspondiente no ha encontrado tiempo ni presupuesto para habilitar los imprescindibles locales. ¿Qué pensarán los magistrados titulares de estos órganos -ya nombrados por el Consejo- acerca de su propia independencia? Un saludo y feliz 2009.

Pepe dijo...

Ya sé que el sistema que planteo, o la idea más bien, puede parecer "arriesgada" por novedosa, pero creo que una de las garantías del sistema de división de poderes es que precisamente dichos poderes se controlan entre sí. Es cierto que el Gobierno, debido al sistema de partidos controla el Parlamento, pero también es cierto que existen unas sesiones de control del Parlamento al Gobierno en las que éste debe dar cuenta de su actuación. Existen las Comisiones de investigación o las comisiones parlamentarias para tratar diversos temas ...En fin, un sometimiento a ese control (no hablo ni siquiera de una potestad disciplinaria sobre los jueces), para casos determinados, de la actividad no jurisdiccional de los Jueces, tampoco me parece una invasión de la independencia judicial. En la Comisión de investigación del 11M comparecieron jueces y fiscales y nadie se rasgó las vestiduras , sino que fue un signo de normalidad democrática. De hecho, gracias a Pilar Manjón quienes quedaron desacreditados finalmente fueron los mismos parlamentarios. La publicidad, mediante luz y taquígrafos de comparecencias parlamentarias, sin intermediaciones de los medios de comunicación,con sus versiones sesgadas e interesadas basadas en declaraciones cruzadas, creo que sería más fructífera y quizás motivaría al CGPJ a actuar de una manera más rigurosa.