INFORME DE NACIONES UNIDAS SOBRE TERRORISMO Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El finlandés Martin Scheinin, en su condición de relator sobre la promoción y la protección de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de Naciones Unidas, ha emitido un informe en el que se reclama al Gobierno español ciertas reformas sobre nuesetro sistema jurisdiccional en la lucha contra el terrorismo, y en particular sobre el papel que al respecto desempeña la Audiencia Nacional. Así, parece que se pide cierta descentralización en la persecución de "algunos delitos de terrorismo" hacia tribunales ordinarios. Se hace asimismo una crítica de la excesiva extensión que a su juicio tienen los tipos que definen el terrorismo, y se incide en el "defecto estructural" de nuestro sistema en relación con la doble instancia.

Yo creo en la eficacia potencial de la Audiencia Nacional para la lucha contra la delincuencia organizada y contra el terrorismo. Me dice mi coblogger Maria Teresa Galvez que la experiencia de centralizar la investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo está implantada en otros paises como Francia, Holanda y Gran Bretaña. Quizá nuestra Audiencia Nacional tiene un ámbito competencial mayor. Pero si se definieran con mayor precisión en la LOPJ los casos que son competencia de la Audiencia Nacional, y se la dotara de los medios necesarios para poder responder con la eficacia y rapidez necesarias a la importancia de los asuntos que desempeña, la valoración de la justicia en España estoy seguro que mejoraría sustancialmente.

No estoy de acuerdo en absoluto con la necesidad de "investigaciones independientes" en casos de tortura en España. Yo no tengo razones para dudar de la diligencia de jueces, fiscales y forenses españoles en la lucha contra ese tipo de delincuencia, y mucho menos para sospechar genéricamente con ningún tipo de connivencia o tolerancia.

Y queda pendiente, no obstante las firmes y reiteradas respuestas que tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo van dando a la cuestión, el problema del "defecto estructural" de nuestro sistema procesal en relación con la doble instancia.

LOS FISCALES Y EL MIEDO

De todos los males que se ciernen sobre los fiscales para perturbar su labor, creo que el miedo es aquel del que más partido se saca para restringir la independencia de criterio. Vaya por delante que yo creo que con miedo no se puede ser un buen fiscal. Un buen fiscal para mi es aquel que por supuesto conoce el derecho, es buen compañero, tiene sentido común, despacha a tiempo los papeles y actúa con independencia en todo momento, y singularmente en los juicios. Pero desde hace algunos años las reformas legales realizadas para organizar la Fiscalía atribuyen poderes cada vez mayores al Fiscal General del Estado y al Gobierno sobre las carreras profesionales de los fiscales, de tal manera que -especialmente cuando se van acumulando los trienios- el peso de esos poderes se hace notar en la actuación de algunos. O en otras palabras, se han creado las condiciones para aprovecharse de nuestro miedo. Por miedo se espera a veces que no se discrepe en las Juntas; o no se alce la voz contra la ruptura de las reglas internas de funcionamiento; o que no se rechazan las órdenes arbitrarias de los jefes; o que no se apoye a compañeros que son injustamente tratados. Pero si se acepta lo anterior, creo que pensando un poco sobre ello se ve que en realidad no hay razones objetivas para temer. ¿Miedo a que? Yo creo que si se piensa bien, mucho no pueden hacernos. Pueden nombrar a otro para un puesto, incluso para el puesto que más podemos querer. Eso es grave cuando encima hay arbitrariedad. Pero los nombramientos no son cosas de todos los días. Pueden hacernos un poco la puñeta en las fiscalías, pero vaya, es muy difícil en ocasiones empeorar la situación de los fiscales. Nos pueden jorobar un poco con la productividad, pero la arbitrariedad tampoco puede ser completa (el jefe también puede tener miedo). Más no pueden hacer. Pueden jugar con nuestra ambición y con el miedo a perder, pero hasta ahí. Somos personas de leyes, y en las leyes encontramos nuestra protección. Yo me he propuesto hace mucho tiempo que el miedo al castigo, el miedo al qué dirán, el miedo a quedarme solo en mis ideas, o el miedo a parecer que no se nada, no me impida hacer y decir lo que creo justo en las ocasiones en que estoy seguro. Claro, no se trata de ser siempre un kamikaze. Pero que la libertad no la quite el miedo. Y creo que individual y colectivamente no nos pueden hacer nada peor que obligarnos como fiscales a hacer (o decir o callar) lo que no debemos.

'AROMAS' DE CORRUPCIÓN

Publicaba La Vanguardia el pasado martes un artículo con el título "Carod no considera "delito" encargar informes a personas vinculadas al Govern". El asunto parece que ya está en manos de la Fiscalía de Barcelona, pero aún así no deja de sorprender la audacia del argumento que el político referido utiliza para justificar los hechos. Hechos que no se niegan, por cierto. A mi me parece que un político es capaz de hablar con ese donaire sobre hechos tales porque sabe que no está Carlos Jimenez Villarejo al frente de la Fiscalía, con las diligencias de investigación preparadas. Con Carlos, con quien trabajé siete años en Anticorrupción, todos sabían que no había despacho oficial, de financiero, Consejero, banquero, político, abogado o funcionario que estuviera potencialmente exento de ser registrado en caso de delito. Por esa manera de ser le echó Michavila (con el apoyo, todavía me averguenza recordarlo, de un sector de nuestra carrera); pero por esa misma manera de ser, por considerar que no hay nadie por encima de la ley, Carlos se convirtió en mi modelo de actuación profesional y un referente en la lucha contra la corrupción. Un abrazo, jefe.

CONDENA DEL TERRORISMO

Quiero expresar la pena que siento por el asesinato del Guardia Civil D. Juan Manuel Piñuel, y mi asombro por el desprecio por la vida de otros (incluidos niños) que muestra esa gente. Lo único positivo de todo esto es la escenificación de la unidad de los partidos contra el terrorismo, necesaria para aislarles de todo apoyo, y poder finalmente llevar hasta el último de ellos a prisión.

LA PONENCIA POLÍTICA PARA EL CONGRESO DEL PP Y LA JUSTICIA

Al margen del enorme lio que tiene el principal partido de la oposición tras su segunda derrota electoral, considero de interés para nosotros el comentar qué es lo que en la ponencia política -la que ahora está en boca de todos por la retirada de Maria San Gil- se menciona sobre la situación de la justicia en España. Porque el resultado de lo que en Valencia se apruebe será probablemente la hoja de ruta del PP durante los próximos años, y eso tiene una importancia general fuera de toda cuestión.

Los ponentes del PP se muestran partidarios de buscar acuerdos de estado con el PSOE y demás fuerzas políticas representadas en el parlamento sobre diferentes materias, y entre ellas, en relación con el funcionamiento de la justicia (puntos 72 a 74).

Además, y bajo la rúbrica "Reformar la justicia para que sea eficaz", en los puntos 163 a 176, se aborda qué es lo que proponen en materia de justicia. Y tras considerar que "el sistema judicial (está) desacreditado ante los ciudadanos", se propone modernizar la justicia, incorporar un sistema informático armonizado, un poder judicial único con jueces independientes y profesionales que debiera garantizar "la estabilidad del CGPJ, la despolitización del Tribunal Constitucional, la no instrumentalización de la Fiscalía General del Estado, y el mantenimiento del Tribunal Supremo con competencias en todo el territorio nacional". Hablan asimismo de impulsar la figura del "juez profesional itinerante" y del "ayudante a la fiscalía".

No me hago ahora una idea de la necesidad del "juez profesional itinerante", que me recuerda a aquellos jueces del lejano oeste que veíamos en las películas, pero me quedo con la figura del "ayudante a la fiscalía", de la que conozco el ejemplo de la fiscalía en Holanda y que funciona bastante bien. No se compromete más en el documento. Se trata de la necesidad de un nuevo proceso penal, pero ninguna pista sobre como quieren que éste sea. Y no se habla de despolitizar la Fiscalía, sino de "no instrumentalizarla". Osea, que parece que esté politizada no importa, pero que a nadie se le ocurra ir más allá. No me parece serio. Pero en fin, es más de lo que comprometían cuando gobernaban, así que hay que saludar el cambio.

¡VAYA PANORAMA PINTA LOPEZ AGUILAR!

Mi compañero y sin embargo gran amigo Valentín Ruiz nos avisa en un comentario a este blog de unas declaraciones del exministro socialista, Lopez Aguilar a Europa Press. Llama la atención la sensación que trasmite de impotencia por los obstáculos que jalonan el camino a la mejora de la justicia, quien ha sido para mi uno de los mejores ministros de Justicia de la democracia (sin que eso lo ponga al nivel de Manuel Alonso Martínez, claro está). Nos dice Lopez Aguilar que "Los intentos de modernizar la Justicia emprendidos en lo últimos ocho años han tropezado con 'dificultades corporativas, estamentales, políticas, de conflictos entre comunidades autónomas y de estas con el Gobierno', así como con la 'confrontación del Consejo General del Poder Judicial con el Gobierno socialista'".


No tengo razones para dudar de que el Sr. Lopez Aguilar está convencido de lo que afirma, pero por mi parte creo que hubiera sido necesario buscar esos consensos que se reclaman. Tratar de consensuar los cambios y las reformas, desde las más simples como las relativas a los nombramientos de los cargos clave o las asignaciones presupuestarias a la justicia, a las más complejas como serían los alcances y limitaciones de las transferencias a las autonomías, las reformas de la LOPJ o del Estatuto del Ministerio Fiscal, y aún la búsqueda de acuerdos sobre el sistema de enjuiciamiento penal que se desea para el siglo XXI. El fracaso pues, es colectivo. Y la solución también ha de ser buscada entre todos.

Pero lo que a mi me parece imprescindible es que para la Justicia las reformas que se hagan lo han de ser desde una perspectiva despolitizadora en el sentido partidista. Porque si no se hace así, si no se enfoca la Justicia como un valor que ha de estar por encima de los partidos y no bajo su influencia, será imposible que todos se pongan de acuerdo. La oposición no estará de acuerdo con lo que decida el Gobierno; se buscarán -y encontraran- afinidades políticas en las carreras judicial y fiscal, utilizando los partidos a las asociaciones mayoritarias a cambio de unos cuantos nombramientos, y seguiremos como hasta ahora. Osea, mal.

EL PRINCIPIO DEL CONSENSO EN EL PROCESO PENAL

La Fiscalía de Málaga, según se lee hoy en el periódico, ha llegado a un acuerdo con el antiguo alcalde de Marbella consensuando delitos y penas. Al hilo de esta noticia, creo que una de las reformas que más necesita nuestra Justicia penal, ha de ser la potenciación del principio del consenso en el proceso. Cada uno tiene su propia experiencia personal sobre el particular. Pero yo, que durante siete años llevé en la Fiscalía Anticorrupción un caso de enorme importancia económica, ví que al cabo del tiempo las penas que fueron impuestas a los acusados no sobrepasaron ni de lejos las que pudieron pactarse antes. Más aún, ni siquiera se recuperó el dinero sustraído que hubieran devuelto con un acuerdo realista los acusados. Creo que nuestro sistema procesal no está preparado para resistir procesos que duran años y años sin que se relaje el rigor en la aplicación de la ley. Creo que puedo argumentar esto con fundamento, y puedo mostrar muchos ejemplos. Y creo que una salida podría ser la búsqueda de acuerdos que incluyeran la responsabilidades civiles: apuesto que los perjudicados estarían a favor. En mi opinión, si no se puede garantizar un juicio en el que se mantenga tensa la exigencia de legalidad a lo largo de los años, debería intentarse el camino más anglosajón de la búsqueda de una pena pactada. Ya se que eso puede producir abusos, y que sería necesario un cambio muy profundo en nuestro proceso penal, en el papel de los intervinientes, y en la propia mentalidad de fiscales y abogados. Pero el ver como el sistema judicial no es capaz de resistir, una y otra vez, en esos procesos económicos complejos que afectan a poderosos, no es como para estar orgullosos. Creo.

MAS SEÑALES DE ALARMA: 270.000 SENTENCIAS PENALES PENDIENTES DE EJECUCIÓN

Hoy nos desayunamos con que según la Inspección del Consejo hay pendientes ese número de sentencias en ejecución; y 1.500.000 de sentencias en todos los órdenes jurisdiccionales. Parece claro que el modelo de gestión de la Justicia penal está agotado. Más medios, más personal, más dinero, mejor sistema informático (o al menos, alguno homogéneo para toda España), un nuevo procedimiento... todo ello es necesario. Pero es que además, tal vez al Consejo le habría venido muy bien haberse dejado de tanta lucha política y haberse dedicado más a trabajar sobre la mejora o el cambio de la gestión de la justicia. Lo peor es la sensación de que esto no importa; me acuerdo ahora, por ejemplo, del Gobierno y de los dos meses de huelga de funcionarios... Hay que tomarse esto en serio de una vez sin esperar a que aparezcan más tragedias que sacuden periódicamente nuestras conciencias. Son los que se nos dicen hoy, datos que revelan casi una emergencia nacional, y sin cargar en absoluto las tintas, son un auténtico escándalo. ¿Le importan realmente estos datos a alguien que pueda arreglarlo?

FELIX PANTOJA PUNTUALIZA LAS OPINIONES SOBRE EL CGPJ

Félix Pantoja es Fiscal del Tribunal Supremo. Está especializado en la justicia de menores -yo siempre le recuerdo en esa labor- y ahí es uno de los referentes del Ministerio Fiscal. Y desde hace unos años es vocal del CGPJ. En una carta que hoy publica El País, reprocha a Perfecto Andrés sus críticas sobre los vocales del Consejo, que comentamos aquí hace unos días.

Entiendo el punto de vista de Félix, que se siente directamente aludido por las críticas y hace protestas de su no dependencia respecto del PSOE. Pero me llama la atención que en su respuesta, al margen de reivindicar su trayectoria, Félix pida lo mismo que Perfecto Andrés. Es decir, la despolitización del Consejo y la supresión de la dependencia política del mismo respecto de los partidos. Y con ello, le da la razón a Perfecto, reconoce la existencia del problema, y se sitúa entre quienes consideramos que ese órgano -el CGPJ- está enfermo y que hay que darle la vuelta a su diseño. En realidad, es algo de sentido común. Solo tomándonos a todos por tontos nos podrán hacer tragar que lo que es adecuado para el partido que gobierna, es lo que es bueno en todo caso para la Justicia. Porque no es así. La Justicia debe ir por otro lado, por la imparcialidad respecto de los contendientes en el proceso. Y el partido político, legítimamente, tiene vocación de poder, de imponerse al contrincante en esa batalla, de gobernar el país y de hacer la política que se corresponde con su ideología, de cambiar la sociedad (o de no cambiarla). La Justicia debería ser un control de su actividad, no un aliado.

Creo, pues, que no hay polémica. Los dos piensan lo mismo (y yo también).

LA CAUSA ESTÁ EN FISCALÍA... O NO

Me alerta mi amigo Pepe Perals de una noticia que publicaba El País del día 1 de mayo, sobre la investigación del Consejo del Poder Judicial al Juzgado que llevaba las denuncias que Sylvina Bassani había hecho contra su exmarido, el cual terminó después con su vida. Confieso que pocos crímenes me afectan tanto como aquellos que se refieren a la violencia machista. Hay en ellos algunos aspectos en el autor que me resultan difíciles de entender (como el desprecio a las consecuencias jurídicas del delito, por ejemplo), junto con otros tan despreciables como el abuso de la fuerza, el desprecio por la vida y la dignidad de la pareja o de los hijos, la demolición psicológica de la víctima o el aprovechamiento de la indefensión de esta. Pero ahora me interesa hacer referencia a la noticia de El País, y en particular a un aspecto que se recoge en la misma. Parece ser que la funcionaria que tramitaba las denuncias, cuando la denunciante le pedía información sobre el estado de la causa, le contestaba que "la tenía el Fiscal", dado que no la encontraba.

A lo largo de los años he visto varios abusos en algunos Juzgados que se realizan utilizando a la Fiscalía. Así, la remisión de multitud de causas "para instrucción" en vísperas de una inspección, o en fechas anteriores a las vacaciones o de cese del titular del Juzgado. Sin duda la picaresca será más rica. Me dice Pepe, y no puedo estar más de acuerdo, que va llegando la hora de que se señale con un código de barras cada causa y que el citado código se facilite a las partes de modo que sea inmediato el determinar donde está en cada momento la causa, pasando las referencias por lectores que estén al alcance de todas las partes. No es tan difícil. De hecho vemos que no hay supermercado que no disponga de dicho servicio. ¡Hay que ver que desidia!

PRIVILEGIOS QUE NO ME GUSTAN

Reproduzco una noticia que lei ayer en ABC:

El Grupo Popular recuerda a Bono que está obligado a proteger a Trillo
30-4-2008 02:58:50
El ex ministro de Defensa Federico Trillo fue el primero que tomó la palabra ayer en la reunión del Grupo parlamentario Popular, y lo hizo para subrayar que el presidente del Congreso, José Bono, está obligado a ampararle como diputado, y no lo está haciendo. Bono, como ex ministro de Defensa, compareció hace un par de semanas ante el juez Grande-Marlaska en el caso del Yak-42, y aseguró que antes del accidente existían al menos 18 quejas sobre las deficiencias de los vuelos militares, en la época en la que Trillo era el máximo responsable. El Grupo Popular expresó su respaldo unánime a Federico Trillo y recordó que Bono tiene el deber de proteger a todos los miembros de la Cámara ante cualquier procedimiento judicial. En la reunión también intervinieron Beatriz Rodríguez Salmones, Gustavo de Arístegui, Andrés Ayala y María Jesús Celinda, para mostrar su apoyo a Rajoy y a la dirección del grupo parlamentario.

Y a continuación, me pregunto: ¿Existe realmente ese deber de protección del presidente de las Cortes a un testigo? Y en el supuesto de que exista, ¿Es razonable que deba existir ese deber de amparo como diputado? Me llama la atención, ya que los privilegios de los diputados son razonables en tanto que permitan preservar su independencia como representantes de los ciudadanos. Pero si de lo que se trata es de preservar una casta, por el mero hecho de serlo y con independencia de que los hechos de que se trata hayan sido realizados al margen de su labor como diputados -como parece ser el caso- pues entonces me parece mal. Me parece contrario al principio de igualdad ante la ley que se ampare a quien está en esa situación (además, me pregunto como se puede amparar a quien está en esa posición de testigo que dispone ya de privilegios en su declaración), y me parece mal también que se exija esa protección por lo que tiene de desconfianza ante la justicia y de demanda de privilegios. Y además me pregunto si se pretende que ese deber de protección que se exige de Bono ha de incluir también que no diga la verdad cuando declara en un procedimiento penal. Todo eso me parece mal. Nada personal, claro está.