52.000 a 0

Esa es la cantidad de dinero que se van a repartir las asociaciones mayoritarias en la carrera fiscal (sin ser ampliamente mayoritarias), que es el total de la asignación ministerial para las asociaciones. 52000 euros. Hay otra asociación, que compite bravamente con las otras dos desde hace seis años, que es la Asociación Independiente. ¿Cuanto dinero se le da a la Independiente? Cero euros. La Independiente pierde por 52.000 a 0. ¿Porqué? Pues porque gobernando el PP, y en un momento simultáneo a la creación de la Independiente (2003) se elaboró una norma que impedía recibir cantidad alguna de dinero público a las asociaciones que no tuvieran un número de asociados superior al 5 por ciento de la carrera fiscal (porcentaje que nunca antes se exigió cuando las otras dos asociaciones comenzaron a implantarse). Claramente, se buscó estrangular el desarrollo de la Independiente, y en eso siguen hoy, gobernando ahora el PSOE. Hoy día, el Ministerio ha desoído las peticiones de la Independiente de recibir unas migajas de la tarta, mientras que las dos asociaciones beneficiarias miraban a otro lado cuando fueron directamente confrontados con ese hecho. Aunque pierde en asignaciones por 52.000 a 0, la Independiente compite con las otras asociaciones supuestamente en condiciones de igualdad (me entra la risa floja). El Ministerio de Justicia (del PP o del PSOE) ya sabemos a quien quiere favorecer. Pero 52.000 a 0 puede ser tambien una medida de compañerismo.

LA FISCALÍA Y LA IMPARCIALIDAD

La imparcialidad es la esencia de la administración de Justicia. No solo en España; lo he visto donde quiera que he visto trabajar a jueces o fiscales. Porque la imparcialidad es la actitud esencial para analizar las pruebas. Pero siendo eso así, y estando claro que todos los fiscales y jueces, en principio, actúan con imparcialidad, la Fiscalía está en España -y también en otros países- en la órbita del Gobierno; lo que no impide, por cierto, a los partidos políticos de la oposición acusar a esos Gobiernos de utilizar como un títere al FGE, como si ellos mismos no lo hubieran hecho antes. ¿Como es posible que todos actuemos con imparcialidad, pero que el Fiscal actúe finalmente en ciertos asuntos en sintonía con la política criminal del Gobierno? La experiencia del pasado "proceso de paz" puede ser un ejemplo, pero podría poner muchos otros. A mi me parece que las obligaciones de actuar con imparcialidad de fiscales y jueces han de trascender al asunto particular que nos ocupa. Creo que hay un deber general -hoy muy poco alentado- de preservar la imparcialidad de la Justicia. Una vez soporté presiones de un político con mucho poder. Por supuesto, le mandé a paseo (y me lo hizo pagar, el caballero); pero pasado el tiempo creo que me quedé corto: no le denuncié como debía haber hecho. Si me pasa otra vez, con la máxima publicidad que pudiera, estoy seguro de que le denunciaría (con las limitadas pruebas que se tienen en esos casos). Creo que la imparcialidad de la Fiscalía es algo que va más allá del comportamiento invididual de cada Fiscal.

EL CONSTITUCIONAL, POR EQUIPOS

Aunque un tipo como José María Brunet suele estar bien informado, yo no puedo afirmar que lo que escribe sobre el fallo del TC sobre el Estatut sea verdad, como es natural. Pero ese artículo me sugiere un par de reflexiones. Por un lado, la "prisa" que se han dado en el Tribunal Constitucional en resolver esta cuestión. Veo noticias en la prensa, que datan de 2007, en las que se aventuran pronósticos sobre la sentencia. Dos años después, parece que esto ya se acaba, pero vamos, no está mal. La otra cuestión tiene que ver con lo que dice Brunet: pactos en el Constitucional sobre la sentencia. No se. Si yo fuera quien tiene que resolver sobre una cuestión tan importante, formaría mis criterios de manera individual: por supuesto podría ser convencido por visiones diferentes de los problemas; pero a mi me costaría pactar lo que no veo claro solo por contrapartidas en otras áreas. Creo que en materia de Justicia y sobre todo en materia de conciencia, yo no trabajo en equipo: trabajo solo. Espero que Brunet no haya acertado en todo lo que escribe.

EL DEBATE

No lo vi. Hubo una época en que me entretenían esos debates. Pero desde hace tiempo, el ver a dos tipos dándose leña durante ocho horas, pues la verdad es que me aburre bastante. Y además de eso, el tono del lider de la oposición (lo siento, no puedo evitarlo), me resulta muy desagradable. Así que prefiero leer lo que dijeron, pero al día siguiente. Por lo que leo, relativo a Justicia, Zapatero repitió -sin extenderse demasiado- lo que ya sabemos:

"Hay que liberar a la Justicia de tareas que pueden satisfacerse por otras vías; el gobierno está empeñado en un marco de acuerdo con los profesionales. El Gobierno destinará 600 millones para modernizar la justicia en los próximos tres años". Anunció la presentación de la nueva ley de enjuiciamiento criminal, "para aprovechar al máximo las capacidades de fiscales y jueces", y la regulación de los consejos territoriales.

Rajoy le respondió con menor interés aquí que en otras cosas: consideró la reforma de la administración de justicia como una "necesidad imperiosa" y dijo que "se conformaba con que el Gobierno cumpliera sus compromisos presupuestarios de 2004".

El resto del debate entre ellos nada de nada. Realmente, si de lo que se trata es de que las reformas en Justicia vengan acordadas entre dos partidos que se llevan lo bien que se dice que se trataron ayer, pues vamos dados. De todas formas, por seguir en la linea, tratemos de ser positivos: en algo tendrán que gastarse los 600 millones...

Reproduzco a continuación lo que dijo Rosa Díez sobre la Justicia en su turno de intervención al dirigirse al Presidente del Gobierno:

"Usted afirmó en el debate de investidura que era preciso “gobernar mejor el Poder Judicial”. Y por cierto que se han puesto a ello: de acuerdo con el PP han cambiado a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y le han llamado “el gran pacto por la Justicia” a repartirse la tarta del poder entre los dos, dejando a CIU y al PNV que pongan las dos guindas. Y usted, Sr. Presidente, ha tenido la desfachatez de anunciar a través de los medios de comunicación a quien tenían que elegir los vocales como Presidente del máximo órgano de representación de los jueces. Y a eso le llama usted independencia. Pues yo le digo que eso es una vergüenza. O sea, que tampoco hemos avanzado hacia una Justicia independiente como usted nos prometió, sino todo lo contrario."

SI MADOFF FUERA ESPAÑOL

Con ese título publicó hace unos días Martín Pallín un interesante artículo sobre las características de nuestro procedimiento penal. Se queda corto en mi opinión. Aquí las implicaciones políticas y económicas hubieran hecho muy complicada la investigación de los hechos: piénsese en las responsabilidades del Presidente de la Comisión del Mercado de Valores y al Gobernador del Banco de España; el Ministro de Economía dando explicaciones en el Parlamento y diciendo que el asunto está subjudice y que por eso no dice más; los afectados, concentrados en la puerta de la Audiencia Nacional, la oposición señalando que esto es culpa del Presidente del Gobierno y el Presidente del Gobierno diría que esto viene de su antecesor. Documentos sumariales aparecerían en los medios de comunicación, y un día, el Sr. Madoff, sería entrevistado en la misma prisión en jugosa exclusiva del periodismo de investigación. Se descubrirían regalos varios hechos por Madoff y el asunto -antes de decaer mediáticamente- se cobraría unas cuantas piezas menores. Si Madoff fuera español, veríamos cosas que ya han ocurrido antes.

PIRATAS

Parece que va a concluir el episodio jurisdiccional de los piratas como acaban las comedias, feliz aunque un poco forzadamente . Pero hasta que ha llegado a su final, lo ocurrido es un magnífico ejemplo de como en ocasiones se utiliza con demasiada flexibilidad la jurisdicción unirversal, en los términos que comentábamos hace unos días. Porque si hay algo que no se puede hacer en España es perseguir un delito común que no está en el Código Penal: España no reconoce otra fuente en el Derecho Penal que la ley. El principio de justicia universal permite perseguir determinados delitos que están en el Código Penal cuando se cometan en el extranjero; pero el presupuesto es que lo tengamos aquí tipificado. No se porque en 1995 se eliminó la pirataría del catálogo de delitos, aunque convenciones internacionales recogen su existencia; pero no hay duda de que hoy no está (lo he buscado a conciencia, y no he sido el único). Por eso me sorprendo ante los comentarios de ciertos jueces que lo ven de otro modo. Y entonces me pregunto: ¿Que penas impondrían esos jueces a esos piratas? ¿Que procedimiento seguirían? ¿Que tipo penal aplicarían? Está claro que siempre hace falta una pena de referencia, ya que el art. 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos prevé que no se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Entonces, ¿que harían con los piratas?

INMUNIDADES VARIAS

Una de las más irritantes -para mi- desigualdades en la aplicación de la ley penal que tenemos en nuestro derecho son las inmunidades (dejo de lado las inviolabilidades varias que disfrutan Diputados y Senadores , Defensor del Pueblo, Magistrados del Tribunal Constitucional o Parlamantarios Autonómicos por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones) de que disfrutan por imperativo constitucional los Parlamentarios Españoles. Y no por el hecho de que sea preciso una autorización previa para la inculpación de la Cámara respectiva: el Tribunal Constituciona ha restringido mucho las posibilidades de esas Cámaras de denegar los suplicatorios que les fueren realizados. No. El problema es más grave: no es que no se les puede inculpar; es que como consecuencia de esas inmunidades, no se les puede investigar. Para otro ciudadano cualquiera, pueden adoptarse medidas de investigación que pueden ser necesarias para averiguar los hechos: intervenciones telefónicas o registros domiciliarios; pero también simplemente indagar preguntando a testigos u oficiando a la Policía. Pues bien, para nuestros representantes, eso no se puede (porque se requiere, naturalmente, una inculpación previa que ha de ser autorizada). Produce bochorno ver -como hemos visto en el pasado y vemos también ahora- los "blindajes" de determinadas personas.

No hay justificación dogmática a esas excepciones a la aplicación igualitaria de la ley penal. Pero si además de eso, el sistema permite un CGPJ dominado políticamente por las mayorías parlamentarias, y un FGE nombrado por el Gobierno de turno con poderes plenipotenciarios y sin contrapesos en el Ministerio Fiscal, pues vaya.

EL TRATADO DE LISBOA ENTRARA EN VIGOR A PRINCIPIOS DEL AÑO QUE VIENE

Esa es una opinión muy extendida en ámbitos jurídicos de la Unión Europea. Tras la aprobación por la República Checa, tan solo está pendiente ahora la aprobación del Tratado de Lisboa mediante referendum en Irlanda; y tras las negociaciones entre ese Estado y la UE parece que el pronóstico es favorable a la aprobación. Estamos ante una reforma legislativa mayúscula, que sin temor a equivocarme, será pareja en sus efectos sobre la Justicia a la que pudo tener en la economía la adopción del euro. Además, la entrada en vigor del Tratado coincidiría en el tiempo con la Presidencia española, a partir de enero del año próximo. Tanto el Ministro de Justicia como el Fiscal General han anunciado en diversas ocasiones su voluntad de impulsar la instauración de la Fiscalía Europea, prevista en el art. 86 del Tratado de la UE, consolidado tras la reforma de Lisboa.

Ya se afilan los cuchillos en instituciones europeas para lo que se avecina, especialmente en relación con la toma de posiciones de influencia en relación con esa Fiscalía. El que quiera más información sobre lo que se cuece, puede echar una ojeada a los trabajos del estupendo curso sobre la Fiscalía Europea dirigido por los Fiscales Jorge Espina, destinado en la Secretaría Técnica de la FGE, e Isabel Vicente, actualmente destinada en OLAF.

LA JUSTICIA Y LA UNIVERSIDAD

Si juzgamos por lo que leemos, la Universidad está tan en crisis como la Justicia. Los profesores resaltan la falta de preparación de los alumnos al empezar las carreras, y la falta de interés que se aprecia en muchos de los estudiantes; los alumnos tampoco valoran demasiado bien a los docentes, y en esta situación se anuncia un terremoto con la instauración en España del Plan Bolonia. Vinculado a la Universidad durante muchos años, he de decir que no me parece que las cosas estén ahí tan mal como las pintan. Creo que estos alumnos de hoy -en muchos aspectos- son mejores que lo fuimos los de mi generación: son más abiertos, con una mayor conciencia de la realidad que nos rodea, más libres y también muchos con mejor conocimiento de los idiomas. Muchos de esos alumnos, en mi opinión, serían perfectamente aprovechables si hubiera la posibilidad -que no la hay, y bien que lo siento- de poder trabajar en las Fiscalías y Juzgados, durante cortos periodos de tiempo (dos o tres meses, por ejemplo), como becarios. Se formarían mejor, ayudarían en funciones que hacen hoy agentes, auxiliares u oficiales, pero también ayudarían al Juez o al Fiscal, llegado el caso. Y las ventajas también serían para la Justicia, ya que al coste de un proceso de formación inicial, se trataría de una mano de obra muy valiosa. No se, yo he visto eso ya en el Tribunal Internacional, y funciona muy bien, la verdad. Acaban, por ejemplo, de contratar en Eurojust a dos estudiantes, de Salamanca y Santiago para una práctica en La Haya; a la espera, estudiantes de Madrid. No se porque aquí nadie -ni en la Universidad, ni en la Justicia- se lo llega a plantear.

EL PRINCIPIO DE JUSTICIA UNIVERSAL

Me muestro partidario abiertamente del mantenimiento del principio de justicia universal, por el cual en España es posible la investigación y juicio de determinados delitos cometidos fuera de nuestras fronteras. Se trata, no obstante, de una opción legislativa nacional, ya que hay muchos paises europeos que no reconocen dicho principio de atribución de la jurisdicción, salvo lo dispuesto expresamente en los tratados concertados. Pero me inclino en todo caso a que esa persecución de delitos internacionales se realice conforme a la legalidad internacional y a la vigente en España. Hemos visto algunos ejemplos últimamente en los que ese principio de justicia universal se estira como un chicle para investigaciones o juicios que claramente exceden del marco del art. 23 de la LOPJ o de los tratados internacionales concertados por España. En ocasiones no hay otra explicación a estos excesos que el protagonismo de quienes asumen la investigación. Por loables que sean las intenciones de algunos, un juez o un fiscal estan al servicio de la ley; no pueden hacer lo que quieran, aunque lo que quieran les parezca justo. No pueden incoar diligencias para investigar lo que quieran, ocurran los hechos donde ocurran; no pueden saltarse las normas de reparto; no pueden sacar arbitrariamente del archivo los asuntos que consideran que conectan con los casos que desean investigar. Un juez de instrucción es alguien en quien se depositan responsabilidades muy grandes; pero solo es un juez de instrucción.

CONFLICTOS LATENTES

Entre la crisis económica, los más de cuatro millones de parados y la reciente aparición de la peste porcina, parece que en Justicia las cosas se han sosegado. No es esa la opinión de Jose María Brunet, ni tampoco la mía. Es verdad que el nuevo Ministro es discreto y que el Presidente del CGPJ tampoco es partidario de hacer ruido. Pero las reuniones de jueces y de fiscales en el Ministerio han quedado pendientes de que se ofrezcan soluciones a los conflictos planteados y que -de manera indirecta- determinaron en mi opinión la dimisión del anterior Ministro. Porque hasta ahora, salvo la voluntad ministerial de no cambiar el sistema de ingreso en las carreras judicial y fiscal, todo está en el aire. Habremos de ver en unos días cuales son los proyectos (y el "cronograma" que anunció el Ministro a los Fiscales). Parece claro que en el Ministerio no se quiere adoptar medida alguna -a pesar de tener "una puerta abierta al cambio de modelo procesal"- sin amarrar previamente compromisos políticos con el PP. Parece sensato. Pero yo tengo demasiado interiorizado que cuando ha sido necesario que los dos grandes partidos se pongan de acuerdo en algo para una reforma de peso en Justicia, pues esa reforma no se ha hecho salvo que de la misma derive más poder en la Justicia para los partidos políticos. Es lo único que parece que hasta ahora ha cimentado los acuerdos, lo único que les da pie a ponerse de acuerdo. Y como no quedan para nuestros políticos demasiadas "conquistas" pendientes en ese terreno, pues honestamente desconfío.