viernes, 2 de julio de 2010
LEY DE HUELGAS Y DESIDIA
La desidia en acometer reformas legales esenciales no es privativa del proceso penal. La regulación de la huelga es algo que llama mucho la atención se mire como se mire. El RD que estudié yo en la Carrera (de 1977) sigue vigente. Y no se ha querido tocar hasta ahora -y ahora ya veremos- porque implica abrir un proceso de negociación con los sindicatos que parece que nadie quiere afrontar. Hace un año nadie sabía a ciencia cierta si los jueces podían o no hacer huelga. Nadie lo ha aclarado, aunque la huelga de febrero de 2009 se produjo. Hoy, otro problema. La huelga salvaje de los maquinistas del metro de Madrid, que han parado la ciudad dos días. Dos días en los que llegar a los trabajos ha sido una aventura muy larga. Y ligado a esto, infinidad de cuestiones por establecer: la regulación de los servicios mínimos, los plazos de preaviso, los interlocutores, las consecuencias de la huelga, los colectivos a los que aplicar la norma... En fin.
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Tienes razón Salvador. Este problema sigue sin resolverse, a pesar de que cada vez que hay una huelga de los servicios públicos vuelve a manifestarse. Ningún Gobierno se ha decidido, o mejor dicho, se ha atrevido a resolverlo. Ahora se dice que no se puede legislar en caliente, como si eso fuera un obstáculo en otros casos. Además, ya han pasado 30 años, con lo que ha dado tiempo suficente para que se "enfríe". Pero creo que pasaran otros 30 y seguiremos igual.
ResponderEliminarBueno, tu mismo planteamiento lleva ínsita la respuesta, Salvador. El coste político que representaría la regulación de todos esos aspectos que planteas (sin olvidarnos de la necesaria tipificación penal de conductas extremas como el deliberado incumplimiento de los servicios mínimos establecidos cuando ello afecte al funcionamiento de un servicio público, no se olvide que estamos ante trabajadores, no ante autoridades ni funcionarios) sería tan sumamente elevado que no merecería la pena a ningún gobierno, por eso todos han pasado de largo. Creo que no hace falta explicar mucho, pues a la vista tenemos numerosos ejemplos, el hecho de que las iniciativas legislativas en este país se acaban decidiendo en su inmensa mayoría en función de la obtención de la mayor rentabilidad política o bien del menor coste político en el caso de aquéllas que no haya más remedio que acometer por narices sí ó sí; recuerdo que en 1.996, casi 20 años después del Decreto Ley de Suarez hice una apuesta con un compañero a que pasaban otros veinte años más y seguiría sin acometerse una iniciativa legislativa en ese sentido y precisamente por dicha razón. ¿Crees que ganaré la apuesta o no?
ResponderEliminarAprovecho para mandar otro fuerte abrazo a Campanilla.
Ganas la apuesta, seguro.
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