Si un político, en una cuestión de ética, es sorprendido mintiendo, lo más probable es que su carrera política haya llegado a su fin. Pero si esa mentira la dice como imputado, está en su derecho procesal a hacerlo, y nadie le reprochará nada por ello: si es condenado, tendrá que dimitir; y si es absuelto, aunque lo sea por razones de índole procesal, su mentira nadie la tomará en cuenta.
El efecto perverso de esta situación es que estamos viendo desde hace tiempo que las responsabilidades políticas se terminan dirimiendo como criminales en los Juzgados. Y la Justicia no está preparada para soportar la tensión política de este tipo de asuntos. Muchas cosas deberían ser distintas en este terreno: la dimisión de un político no puede ser entendida por nadie como el reconocimiento de un delito, pero como casi nadie dimite pase lo que pase, si a alguno se le ocurre hacerlo por muchos así se interpretará; el proceso penal ha de respetar en lo posible la dignidad del investigado, pero es muy dificil evitar un juicio paralelo si en juego está también determinada carrera política; y además, la existencia de este tipo de asuntos jurídico-políticos determina la existencia de un sesgo político en la administración de Justicia, que se alienta desde los partidos y desde algunos medios de comunicación. No se; a mi me parece que todo esto debería repensarse un poco. Hasta en ocasiones se me ha ocurrido que no sería descabellado incluir en determinados asuntos una atenuante de dimisión, en la linea de las atenuantes de reparación del daño causado.
Muy bueno... aunque me parece peligroso porque alguno sugeriría que ya puestos ¿por qué no la atenuante de "político"?...
ResponderEliminarLo cierto es que para que se proceda a imputar a un político (igual que a cualquier ciudadano) tiene que haber indicios serios de criminalidad y que esto ya debería bastar para que el político, por dignidad y respeto a los ciudadanos, dimitiera , y de esta forma la Justicia también estudiaría su caso con más tranquilidad.
La idea es original, y es cierto que la Justicia no puede soportar esa presión política y mediática, sobre todo porque independientemente del fallo del Tribunal se le tildará de parcial, bien se dirá que es conservador o progresista según los casos. El problema es que como dice Pepe esa atenuante automáticamente se convertiría en una atenuante de político, lo que supondría un privilegio respecto a los demás ciudadanos. Es cierto que su existencia supondría un incentivo a la dimisión de políticos imputados que efectivamente por dignidad y por la de los ciudadanos debería dimitir, pero no se hasta qué punto habría reparación del daño que diera pie a una atenuante, pues muchos sin arrepentirse dimitirían con el único fin de rebajar su pena e incluso alguno se seguiría declarando inocente y se llenaría la boca diciendo que lo hace por sus votantes. En fin, me parece que el D.Penal no puede premiar aquello que se debería hacer, dimitir en caso de imputación. La solución sería más bien un rechazo total del conjunto de la ciudadanía, los medios de comunicación y sobre todo de sus compañeros políticos, pero esto no sucede así pues se prefiere atacar la imparcialidad de jueces y Tribunales, la cuál dicho sea de paso no siempre es incuestionable.
ResponderEliminarLa tensión va en el oficio...¿o es que es fácil imputar a cualquier otro ciudadano de a pié y no sufrir la tensión de que nadie es perfecto y se puede equivocar en algo tan serio?. Los políticos sufren los defectos de la maquinaria de justicia española, como todos/as.
ResponderEliminara mi me gusta separar la reposnabilidad penal de la politica, son dos cosas distintas, por lo que sería peligroso traer a la penal las consecuencias de la politica.
ResponderEliminarJurista, en la administración de justicia, todo el mundo puede llegar a equivocarse. Es algo con lo que vivimos y que tratamos de minimizar tratando en caso de duda de equivocarnos en favor del reo. Pero lo que aquí se habla es diferente: aquí se trata de que el ambiente en que se administra justicia esté despojado de presiones de los partidos políticos -o de los medios de comunicación afines- para asegurar la eficacia del sistema. Esas presiones que nuestro sistema propicia no deben ser parte del oficio porque son ilegítimas y condicionan la administración de justicia en su conjunto.
ResponderEliminarSalvador, con todo respeto, me asombra tu optimismo...¿equivocarse a favor del reo?. Eso lo he visto yo en contadísimas ocasiones, por no decir en dos. Y lo cierto es que nadie de los que forman parte del aparato judicial vive en una burbuja,por lo que insisto: no por ilegítimas, las presiones no dejan de ir en el oficio. Como decía Cicerón, el que quiera vivir tranquilo, que se retire al campo.Un saludo.
ResponderEliminarJurista, tu no sabes la cantidad de veces que no se acusa a una persona a pesar de estar convencidos de su culpabilidad. O que se le acusa por menos delitos -o menos graves- de los que se le cree responsable. Las pruebas mandan, pero en caso de dudas, fiscales y sobre todo jueces se equivocan en favor del reo. No tengas la menor duda. Por lo menos no tengas la menor duda de que yo he tenido esa sensación constantemente.
ResponderEliminarEn cuanto a las presiones, a mi me parecen intolerables cualesquiera que se hagan sobre jueces y fiscales para que actúen contrariamente a sus obligaciones. Pero un sistema que las propicia al dirimir junto a la responsabilidad penal la carrera política de Ministros, Presidentes de Comunidades Autónomas o Alcaldes, pues me parece un sistema equivocado. Porque esas presiones se realizan desde quienes conservan un poder indirecto sobre las carreras profesionales y la reputación de esos jueces y fiscales. Esas presiones se dirigen a obtener un trato mejor, poniendo en la balanza el peso del cargo público enjuiciado. No es que se quiera vivir tranquilo: es solo que la ley pueda aplicarse igual para todos. Y gracias por tus comentarios.
el principio in dubio pro reo creo que es el mas arraigado en nuestro sistema penal, y ejemplos tenemos a miles cada día.
ResponderEliminarel problema de los politicos es que se nos olvida que cualquier investigación es secreta para terceros, con lo que al ser tan facil imputar, derecho de defensa, a cualquier se le somete a un juicio publico cada día hasta sentencia; y cuando hay sentencia si es condenatoria el politico ya la tiene amortizada y no sufre pues publicamnete hace años que fue condenado... si es absolutoria el daño a su imagen es el mismo que en caso de condena porque siempre se habrá fallado por ser el juez y fiscal de su ideologia, mas si alguno está asociado. creo que se debería reforzar el caracter secreto y explicar claramnete que la imputación es un beneficio en aras a la defensa y no una lacra.
En fin, en fin...veo que hay cuestiones que todavía levantan ampollas en cuanto se tratan. Salvador y Fiscalillo, sé de lo que hablo, pero en todo caso, me alegra que en el ejercicio de la carrera hayáis visto tantas veces el cumplimiento del principio `in dubio pro reo´. Aún nos quedan esperanzas...y yo que pensaba que todo estaba perdido. Nadie ha dicho que esta profesión fuera fácil en cualquiera de sus variantes: fiscal, juez/a o letrado/a, secretario/a judicial o funcionario/a, pero antes de buscar todas las responsabilidades ahí fuera, estaría bien que antes empezásemos a examinarnos nosotros mismos. Me parece que es un ejercicio de responsabilidad. Un saludo.
ResponderEliminarJurista, puedo cometer muchos errores cada uno de los días, mis escritos es posible que dejen mucho de desear y mis conocimeintos juridicos escasos. de lo que no cabe duda es que en cuestiones facticas siempre que hay duda no acuso.
ResponderEliminarFiscalillo, me tranquiliza saberlo, de verdad. Un saludo.
ResponderEliminarEs lo que siempre debes hacer, Fiscalillo, lo que siempre debemos hacer los Fiscales: si no hay pruebas suficientes, no hay caso. Con eso que dices tienes ya mucho ganado para ser un buen fiscal
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