LA VERDAD MATERIAL

El períódico ABC publicaba ayer un editorial que venia a subrayar un artículo del catedrático Andrés de la Oliva en el mismo periódico en el que con dureza se critican las reformas que propone el Gobierno en la oficina judicial y en el proceso penal.   Y esas lecturas, que muestran una gran disconformidad con el estado de la Justicia y al tiempo un rechazo a cambiar las cosas, me hacen reflexionar un poco sobre la finalidad del proceso penal: de lo que uno busque en el proceso penal deberá depender su regulación.  Si se trata con el proceso penal de "solucionar conflictos" -mediante la imposición de una pena adecuada, en ocasiones pactada- con la finalidad de dar un buen servicio público, pues uno comprende que el perjudicado pueda otorgar el perdón y tenga un papel relevante, que haya pactos de las penas, rebajas en las mismas por varias razones y principio de oportunidad: los países anglosajones y varios sistemas europeos ya han adpotado ese sistema.   Si de lo que se trata es de averiguar la verdad material de lo ocurrido (en todos los casos y sancionando en consecuencia), lo lógico es conferir independencia al Fiscal, instituir el principio de legalidad, despolitizar la Justicia y eliminar cualquier posibilidad de arreglo con las víctimas, entre otras cosas.

Pero ese último planteamiento choca dia a dia con la realidad: no es posible (ni en España ni en ninguna parte) hoy día el basar un sistema procesal tan solo en la búsqueda de la verdad material para el enjuiciamiento en todos los hechos delictivos que se cometen: hay demasiados casos, demasiados delitos.   Es decir, la Justicia no puede materialmente, llegar a ese nivel de exigencia en el estado actual de las cosas.   Por ello, creo que en realidad no hay alternativa: hay que buscar un sistema más ágil, más rápido, que conserve o incremente las garantías para el reo, y que pueda materialmente absorber la cantidad de casos que hay hoy en España.    Así lo han entendido otros antes que nosotros. 

Nuestro sistema procesal, aparentemente, se construye sobre la búsqueda procesal de la verdad material (recordemos el alegato del Fiscal General el pasado lunes) pero el Fiscal es dependiente del ejecutivo (gracias al PSOE y al PP, ambos por igual), con lo que la búsqueda de la verdad material cuando esta pueda perjudicar al ejecutivo genera fundadas sospechas.  La investigación de los delitos es contradictoria (sin necesidad dogmática), escrita, poco flexible, dependiendo la tutela de los derechos del investigado del Juez de instrucción, que es quien le investiga.   Es decir, la verdad material se busca con defectos técnicos graves y sin medios suficientes, con lo que se acaba colapsando el sistema.  Pero, curiosamente se mantienen las posibilidades teóricas de dificultar la búsqueda de la verdad en los asuntos que afectan a quienes detentan el poder político y también económico, generando además del colapso del sistema, su descrédito.   ¿No ha llegado la hora de repensar algunas cosas?  ¿Vale la pena en realidad conservar este sistema?