martes, 7 de enero de 2014

INDEPENDENCIA JUDICIAL Y DEMOCRACIA REAL

Que el poder trata de expandirse es una máxima de la política, y de ahí que las democracias se organicen con contrapoderes, y la importancia del Poder Judicial como contrapoder del Poder Ejecutivo, Legislativo y de los grandes Grupos de Presión que practican lo que se ha venido a llamar lobbying.
Por eso se dice que la calidad de un sistema democrático se mide por la independencia real de los  Jueces y Tribunales, pues cualquier influencia directa o indirecta del poder político o económico en el ámbito de la administración de justicia, pone en riesgo la efectividad de los derechos y garantías de la ciudadanía frente a un ejercicio arbitrario del poder o un abuso de posición dominante.
En España los Tribunales deberían controlar de manera efectiva y sin excepciones la potestad reglamentaria y la actividad administrativa, y por tanto al poder ejecutivo, y a todos los grupos poderosos económicos y asociaciones que tratan en su propio interés y torciendo la norma que nos hemos dado todos, controlar un sector de la economía o una faceta de la vida de los ciudadanos.
Pero la realidad es que nuestros Tribunales no están dimensionados para dicho control, y su independencia se puede fácilmente amenazar.
Actualmente es evidente que ni el Consejo General del Poder Judicial, ni el Ministerio Fiscal vienen ejerciendo su función de garantes de la independencia judicial. De hecho existen personas autorizadas que se atreven a criticar ambas instituciones por lo contrario en muchos casos públicamente conocidos. La inamovilidad judicial para preservar dicha independencia también es relativa, pues el Juez puede ser suspendido o separado de la carrera judicial por muchas causas que no dependen de su profesionalidad o voluntad.
En este contexto político, y en un momento en que han aflorado casos de corrupción que afectan a notables personalidades de la política, de los sindicatos y de la economía, se reforma el Consejo General del Poder Judicial, y se crea la novedosa figura del Promotor de la Acción Disciplinaria, cuando es difícil encontrar un Juzgado en los que no pueda encontrar una causa, que debidamente enfocada, permita inquietar al Juez con un expediente disciplinario. Por ejemplo por retrasos, aunque no exista desatención, y pese a que se ha despojado a los jueces de toda capacidad organizativa en sus juzgados, y no se les dan los medios adecuados para ejercer su función de forma efectiva, aunque se les mantiene en la superior dirección de dichos Tribunales.
Por ejemplo, se ha llegado a sancionar por la Comisión Disciplinaria del Consejo general del Poder Judicial a un Juez Central de lo Contencioso-Administrativo, pese a que el Instructor del expediente sancionador calificó la posibilidad de sancionar a ese Magistrado como una "clara injusticia", pero que efectuaba el pliego de cargos tras tres propuestas de archivo, forzado por la misma Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial para que formulara propuesta de sanción por falta muy grave, sanción que finalmente, tras recurso del propio Magistrado, fue anulada por la sección 7 de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, en su sentencia 3010/2013, de 5 de julio.
Si parece increíble el caso, imagínense la intranquilidad que llevó a su función al Magistrado sancionado, que además de Magistrado puede su salario ser la fuente de ingresos personal y de su familia, y su sentimiento de impotencia e injusticia, que le llevó con mucho esfuerzo, como nos pasaría a cualquiera de los ciudadanos que no tenemos una asesoría jurídica a nuestro servicio, a recurrir la sanción. 
Es más, debería denunciarse con más coraje y fuerza, que muchos de los instrumentos de trabajo necesarios para el desempeño de la función judicial no se les proporciona a los jueces. Por ello vienen siendo suplidos en muchos casos por ellos mismos, a cargo de su sueldo, ante el incumplimiento político de dotarles adecuadamente para el ejercicio de su función, incumplimiento que como se ha venido produciendo desde que ingresan en la carrera judicial con mucho esfuerzo, es asumido incluso voluntariamente por nuestros jueces y magistrados, sin excesivas protestas.
Me refiero no sólo a recursos humanos, como un equipo organizado por ellos, una policía judicial dependiente orgánicamente de los jueces y no del ejecutivo, o peritos adecuados a los asuntos complejos que deben resolver, y dimensionamiento de esos asuntos que les permita tener tiempo adecuado para su estudio y resolución. Me refiero también a medios tan básicos como un portátil moderno, códigos o la propia toga.

Si no resolvemos esta deficiencia democrática grave, acabaremos gobernados por lobbys o grupos de presión, algunos sin escrúpulos.

7 comentarios:

Evenezer dijo...


En todo de acuerdo Salvador . No obstante , añadiría que para intentar resolver esa deficiencia democrática , por ejemplo en los asuntos penales sería necesario un cambio radical en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal con atribución al fiscal de la instrucción penal, con el consiguiente reforzamiento de su imparcialidad , y evitar el intento del control por el poder ejecutivo de la Fiscalía . Obviamente , tus consideraciones sobre la falta de recursos humanos u otros medios básicos en el caso de los jueces , deberían ser tenidas en cuenta para proporcionárselos al fiscal instructor.

Inspector enloquecido dijo...

No, no es Viada el autor. Ya estamos dedicando nuestros mejores inspectores a adivinar quién es el tal FPS y darle cien latigazos por intervenir en este blog.

Ya le dije a nuestro líder supremo que le diese algún carguillo de medio pelo para que abandonase este blog sedicioso, pero no me hizo caso...

Salvador Viada dijo...

Como dice nuestro Inspector Enloquecido, la entrada no es mía, aunque la comparto totalmente. El autor es un magistrado en un órgano unipersonal en Madrid. Saludos

Evenezer dijo...

Pues vale. De acuerdo con FPS, más lo que adicioné .
! Cuidado, FPS, están investigando para fustigarte!.

Anónimo dijo...

Tal y como verá el magistrado que nos ha escrito, en la Fiscalía ha pasado otro tanto con el compañero Frago, expulsado con violación de sus Derechos fundametales, violación cometida por el Inspector, el Consejo Fiscal, el FGE y el ministerio y me parece que no estaré muy equivocado cuando digo que ninguno le habrá pedido perdón.

Salvador Viada dijo...

No se si al magistrado le pidieron perdón. Pero es que los casos, acabo de consultar la sentencia referida al Magistrado, son muy diferentes: al Magistrado le anulan la sanción porque se entiende que el CGPJ no pondera correctamente las prestaciones y los atrasos del juez. Al Fiscal lo echan por faltas de desobediencia grave, cuando no desobedeció a nadie de manera ilícita. Y lo echan tras el voto favorable unánime del Consejo Fiscal, donde se sientan sus compañeros elegidos para defender los derechos de los fiscales. Y resulta que al hacerlo, el Consejo Fiscal, el FGE y el Secretario de Estado vulneran los derechos fundamentales del afectado, según dice la Audiencia Nacional. Como será la cosa, que las acusaciones no recurren la sentencia. En fin, no se que piensa usted, pero a mi me parece de escándalo, y la petición de disculpas es lo mínimo que cabría pedir de los responsables.
Saludos

Anónimo dijo...

Los posts de este blog son acertados y valientes. Ya no sólo de Salvador, también de otras colaboraciones como ésta. Y además este blog tiene cada día parece más visitas, veo que más repercusión y además comienzo a ver sinergias de distintos tipos entre verdaderos demócratas, amantes de la justicia y regeneracionistas para cambiar las cosas a mejor y dar a este país lo que se merece. Los problemas y mentiras se están desempolvando, la opinión pública se está engrasando y los cambios son y serán imparables, le pese a quien le pese. Gracias siempre por tu valentía Salvador y demás colaboradores.