JOSE MARIA CABALLERO PONE EL DEDO EN LA LLAGA (1)

El Fiscal del Tribunal Constitucional Jose María Caballero, gran compañero por demás, envía a Justicia Imparcial un texto extenso en el que señala con todo acierto los principales problemas que afectan a la carrera fiscal en lo que se refiere a la salvaguardia de su imparcialidad. No se trata de una opinión más. Jose María es lo que podríamos llamar un peso pesado en la Fiscalía, que ha desempeñado cargos de gran responsabilidad en la Carrera. Publico su texto en tres entregas, que se iran colocando a lo largo de esta semana, para hacer más sencilla su lectura y asimilación. Y le doy desde aquí las gracias al compañero por la atención que nos presta.


I
La situación que atraviesan la Carrera Fiscal y el Ministerio Fiscal desde hace ya demasiado tiempo, no permiten una actitud pasiva, meramente conformista y resignada. El constante desprestigio de la Institución ante los ciudadanos y el desaliento que en muchos de los compañeros se adivina, obligan a la adopción de una voluntad participativa que se manifieste en el impulso corporativo de quienes mejor conocemos la situación del Ministerio Público, -los propios Fiscales-, cuyo desentendimiento de la cuestión (adviértanse los escasísimos índices de participación en las sucesivas elecciones al Consejo Fiscal), no debiera mantenerse por más tiempo.

II
Sin ánimo de ser exhaustivo, y a título de mero ejemplo, puede traerse a colación como uno de los aspectos en los que con mayor claridad se advierte la preterición de los planteamientos estrictamente profesionales de la Carrera Fiscal, así como la actuación interesada e incluso sectaria de las asociaciones, el relativo a la denominada –nunca mejor dicho- “política” de nombramientos.

Las decisiones adoptadas en ésta materia en el seno del Consejo Fiscal cuyo cese se produjo en el año 2005, así como las del nuevo Consejo constituído el día 13 de julio del mismo año, no han hecho sino reiterar el ya largamente consolidado sistema de provisión de cargos públicos que desde hace tantos años viene imperando en el Ministerio Fiscal. En dicha práctica, es considerado como criterio principal y determinante, -a veces incluso único- para la valoración de los méritos de los candidatos concurrentes, su respectiva adscripción asociativa, reforzándose de éste modo el poder de las asociaciones y de su correspondiente identificación ideológica, que pretendidamente encubierta de modo voluntarista bajo el pretexto de la defensa y promoción de los intereses profesionales de los Fiscales y del mejor cumplimiento de los fines de la Institución en la que servimos, no logra ocultar la realidad de la plena asunción del contenido programático de las dos principales opciones políticas de nuestro sistema parlamentario.
No quiero decir con ello, ni mucho menos, que los compañeros cuyos nombramientos se han ido proponiendo al Ministerio de Justicia, no reunieran los requisitos de mérito y capacidad que los puestos asignados exigen y la Constitución impone como criterio rector; muy al contrario, un somero examen de sus respectivas ejecutorias profesionales, lleva a afirmar sin ambages, la elevada cualificación de la mayor parte de ellos para el desempeño de los cometidos asignados.
Ahora bien, que los propuestos reúnan tales capacidades, no significa que éstas no sean también ostentadas por la mayor parte de los funcionarios que integramos la Carrera Fiscal, y que en principio, cumpliendo las exigencias estatutarias en cada caso, cualquiera pueda tener la legítima aspiración de pretender la plaza a la que opte, en la convicción de que los criterios empleados al valorar sus méritos, serán plenamente objetivos, sin que la fatal incidencia de los postulados ideológicos de las asociaciones, se constituya en elemento condicionante cuando no decisivo.
Urge pues recordar la obviedad de la general vocación de los Fiscales al desempeño de los distintos cargos, limitando el poder de las asociaciones, de modo que éstas –en tanto disponen de un número relativamente escaso de asociados frente a los Fiscales no asociados (30%)-, no continúen imponiendo a toda la Carrera sus candidatos, y que tras cumplir éstos las exigencias de mérito y capacidad –comunes como se ha dicho a la inmensa mayoría de los Fiscales-, no se erija en elemento determinante su adscripción ideológica, por no decir política.

III
Un examen de las decisiones de los distintos Consejos Fiscales, conduce en gran parte a la incredulidad o a la sorpresa, cuando no a la indignación, confluyendo todas éstas expresiones en el desánimo y el escepticismo que en parte significativa de los compañeros se advierte. Esta injusta situación, se ha venido manteniendo invariada a lo largo de los mandatos de los distintos Fiscales Generales, ya fueran éstos nombrados por gobiernos de la derecha o de la izquierda.
Curiosamente, cuando el Fiscal General pertenece a la primera de las referidas adscripciones y en el Consejo ostenta la mayoría la AF, se producen por parte de la UPF agrias denuncias de nepotismo y de servicio al poder, -seguramente justificadas-, imputándose a éste su inadmisible incursión en un ámbito tan próximo e influyente en el Poder Judicial, como lo es el Ministerio Público.
Cuando cambia el Fiscal General y se designa para el cargo a aquel que mejor sintoniza con la izquierda política, y éste hace valer en el seno del Consejo Fiscal el criterio de la habitual minoría de la UPF, la reacción de la Asociación de Fiscales no se hace esperar: el poder ejecutivo ha invadido una vez más la sacrosanta independencia de la Justicia. Es reseñable que tan cínico escándalo no llega nunca a reparar en el protagonismo pretérito de la propia asociación en idéntico comportamiento.

Ahora bien, lo que en éste punto rebasa con creces todos los límites de la ética profesional, es la denominada política de consenso. Los nombramientos se consensúan, y se hace obligado el establecimiento de cuotas, de modo que a mayor representación en el Consejo Fiscal de una asociación frente a la otra, le ha de corresponder mayor número de puestos, sin que ello impida que la minoritaria pueda colocar a sus candidatos. Incluso, cuando se temen las decisiones del algún Fiscal General que amenaza con proscribir a cualquier candidato de la asociación de ideología contraria a la propia, se contemporiza y negocia, proponiendo vergonzantes pactos en los que se acuerda un reparto igualitario de nombramientos, y ocasionalmente, alguna dadivosa cesión para con los aspirantes no asociados. Con ello, se trata de crear una apariencia de actuación democrática, al ofrecer una imagen de sana variedad ideológica, que no se alcanza bien a comprender que sentido pueda tener en lo que debe ser la ordinaria actuación profesional de los Fiscales, siempre alejada de cualquier orientación política y guiada con exclusividad en la aplicación estricta –sin grandes y peligrosos alardes interpretativos- de la Ley.
Pues bien, las votaciones entonces se realizan de consuno y el reparto y préstamo de votos se efectúa con tan acabada aritmética, que las asociaciones resultan plenamente satisfechas, e incluso pueden reservar algún voto de carácter testimonial para aquel candidato –generalmente un buen profesional poco dado a los conciliábulos-, que por no estar asociado o no tener puesto en la ejecutiva de su asociación, recibe como consuelo la dádiva de uno o dos votos perdidos que pretenden dulcificar la afrenta de la que es objeto.
Es lo que en la declaración programática de la Asociación “Foro Judicial Independiente”, -en la que se agrupan los miembros de la Carrera Judicial que rechazan la idéntica política que a éste respecto siguen las tradicionales asociaciones de Jueces en el CGPJ-, se denomina gráfica y expresivamente como “cambio de cromos”. Política ésta, en la que dicha asociación, en aras de la defensa de la dignidad de la función judicial, se niega a cualquier tipo de colaboración.